CONCURSO ACREEDORES VAZQUEZ ABOGADOS JUZGADOS MERCANTIL MALAGA
El inicio de la ansiada recuperación económica tampoco ha llegado en 2012 que, por contra, continúa llevandose por delante a amplios sectores de la actividad productiva malagueña. Cuando parecía que la situación de los dos juzgados mercantiles de la provincia era difícil de empeorar, una nueva oleada de casos de empresas en crisis han ahogado aún más estas oficinas judiciales inundadas por montañas de papel. Y es que en el primer trimestre del año han recibido ya prácticamente la mitad de las demandas de concursos de acreedores de todo 2011. La enorme carga de trabajo disminuye cada vez más la capacidad de respuesta judicial necesaria para salvar los negocios con problemas de solvencia y para que sus acreedores puedan cobrar.
Desde su creación (en 2007 el Mercantil número 1 y en 2009 el número 2) estas oficinas judiciales están batiendo todos los récords. El primer registro que pulverizan es el módulo que marca como aconsejable el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fija en 20 concursos de acreedores por juzgado y año. En el ejercicio pasado, los dos mercantiles malagueños recibieron más de un centenar cada uno, es decir, quintuplicaron la carga de trabajo considerada idónea para dar una respuesta judicial satisfactoria. Dos juzgados, cuatro jueces Los dos magistrados titulares del Mercantil 1 y el Mercantil 2, Antonio Fuentes Bujalance y Rocío Marina Coll, respectivamente, reciben el apoyo de otros dos jueces de refuerzo por periodos de seis meses prorrogables. Aún así no pueden con todo el trabajo que diariamente les cae encima y que, lo que es peor, no para de crecer. Hace tres años el CGPJ puso negro sobre blanco y en su memoria anual recogió que eran necesarios nueve juzgados mercantiles más para Málaga. «Puede que no sean necesarios nueve juzgados completos, pero sí más jueces que puedan ir dictando autos y resolviendo», explica Rocío Marina. «Aunque sabemos que estamos en crisis y que va a ser muy difícil que se gaste dinero en esto…», se lamenta. Su compañero, Antonio Fuentes Bujalance subraya la necesidad «urgente» de dotar de más medios a la jurisdicción mercantil, porque «dentro de estos juzgados están en juego decenas de millones de euros de la economía de la provincia», en referencia a las empresas, trabajadores y acreedores que han acudido a la vía judicial para encontrar una salida a su delicada situación financiera. Los dos jueces afirman que con esta carga de trabajo «difícilmente podemos darle una salida». La respuesta ágil que necesitan las empresas es «imposible de dar en las actuales circunstancias», aseguran los dos magistrados, que tardan una media de seis meses en resolver los incidentes de los acreedores. En una primera oleada de la crisis, en 2008 y 2009, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria llevó a los juzgados mercantiles a empresas promotoras y constructoras en situación de insolvencia. El caso más sonado fue el del grupo Aifos, con más de 1.500 acreedores. A continuación cayeron sus proveedores: hormigón, cristalería, fontanería, áridos, andamiaje, marquetería…y un largo etcétera. «Muchas de estas empresas trabajaban en exclusividad con una constructora de la que dependía toda su facturación y fueron arrastradas en su caída. Acudían al concurso como acreedores para cobrar, pero al final ellas con sus deudas acababan también arrastrando a otros negocios más pequeños. Es una cadena», describe Marina Coll. A lo largo de 2010 y 2011 llegaron a los juzgados cientos de personas físicas. Gente con nombre y apellido que no podía con la hipoteca y de esta forma pretendían paralizar los pagos y evitar el desahucio, cosa que no conseguían al ser la casa hipotecada su único bien con el que responder. Desde finales de 2011, un nuevo tsunami arrecia otra vez. Esta vez, son empresas dedicadas de todo tipo de actividad, las que llaman ya a las puerta de los saturadísimos juzgados mercantiles, que, de seguir al ritmo del primer trimestre del año, pueden doblar su actual volumen de trabajo.
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