El juzgado de lo Social número 3 de Valladolid ha condenado al sistema de salud de Castilla y León, el Sacyl, a pagar 33.597 euros a la familia de una menor que precisó tratamiento con la hormona del crecimiento, tras quedar acreditado que el medicamento le fue prescrito por un médico de la sanidad pública.

“Es claro que se trata de una prestación farmacéutica en el marco de un tratamiento prescrito por un servicio público -el Clínico de Valladolid-“, aunque su financiación le fue denegada en virtud de una resolución del Comité Asesor sobre la Hormona de Crecimiento, cuya decisión no puede anteponerse al derecho de la paciente a contar con el fármaco prescrito, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.

El caso, llevado por el Defensor del Paciente, afecta a una niña que en el momento en el que le fue prescrito el tratamiento por el servicio de endocrinología pediátrica del Clínico de Valladolid tenía trece años, y que merced a la medicación paso de medir 139,6 centímetros a 151,8, en el 2010.

A pesar de la insistencia del médico asistencial solicitando el protocolo de la hormona al comité asesor, este denegó el tratamiento, pero, viendo la necesidad del mismo, el médico asistencial lo prescribió.

Desde el Defensor del Paciente se ha recordado, en un comunicado de prensa, que “una vez más se reconoce que el tratamiento prescrito, no encontrándose excluido de la financiación por el sistema público de seguridad social, y obedeciendo su prescripción a los criterios esenciales sobre el uso racional de este tipo de prestaciones sanitarias, debe ser cubierto por el sistema público de salud”.

Esta sentencia, “al igual que las anteriores establece que son los facultativos los que han de prescribir los tratamientos médicos y farmacológicos que estimen oportunos, y siendo estos prescritos, acordes con los criterios de racionalidad, y no estando excluida su financiación por el sistema público de seguridad social, han de estar cubiertos por éste, independientemente de su aprobación o no por comités asesores de ciertos medicamentos”.

Desde la citada asociación se ha recordado que “a pesar de las reiteradas sentenciasfavorables a los derechos de los pacientes en casos similares, incluso al pronunciamiento del Tribunal Supremo, el Sacyl, sigue oponiéndose al reintegro de gastos por este tipo de tratamiento y obligando a los padres de los pacientes a acudir los tribunales en defensa de sus intereses”.

VAZQUEZ ABOGADOS DEFENSOR DEL PACIENTE