El acusado de la estafa piramidal de Herrero Brigantina huye a Colombia con 27 millones y 20 coches

Juan Gonzalez Herrero y su mujer establecen una red societaria paralela en Miami. Han desviado mas de una veintena de automoviles de alta gama.

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Juan González Herrero, presidente de Grupo Herrera Brigantina, podría haber huido a Colombia con 27 millones de euros y 20 vehículos de alta gama, y es que  González Herrero y su mujer podrian habían establecido una red societaria paralela a la actividad de correduría de seguros en Miami a la que habrían transferido los activos de la correduría.

La correduría arrastra centenares de denuncias de asegurados a los que se vendió productos con altos intereses y que no han podido recuperar su dinero.

La DGSFP revoco el pasado mes de octubre la licencia a la correduría de seguros de Grupo Herrero Brigantina, tras identificar «sospechas de anomalías contables en el sector asegurador, un incumplimiento sistemático de las normas de gobierno corporativo y una falta de comunicación sobre cambios en la propiedad de la empresa«.

Además, el pasado mes de junio, el órgano de control asegurador ya revocó la autorización para operar a 6 entidades ligadas a Grupo Herrero Brigantina.

Para entender la presunta estafa piramidal de Herrero Brigantina es fundamental remontarse al año 2018, fecha en la que Juan González Herrero, máximo responsable de la firma de inversión con sede en Ponferrada, comenzó a fichar a agentes de otra entidad aseguradora.

«Gente que no era trigo limpio», como relata a este medio una persona que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que cuenta con documentación que está incluida en el procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional por la denuncia de extrabajadores de Neonova Investors S.L, del grupo Herrero Brigantina, y que se encuentra en plena investigación.

En ese entonces, determinados agentes que estaban en Nationale-Nedernalanden (NN) abandonaron esta empresa para incorporarse a Herrero Brigantina, detectándose la caída de pólizas en una y su entrada en otra, lo que conllevó, según el denunciante, «el uso ilícito de datos personales robados de NN por antiguos agentes». Datos «especialmente protegidos» y que los estaban utilizando para hacer negocio luego con Herrero Brigantina,« una figura que está en el Código Penal».

Y es que, según el artículo 11.1 de la Ley 26/2006 y ahora el artículo 141.4 del RD-ley 3/2020, «los agentes de seguros no podrán promover el cambio de entidad aseguradora en todo o en parte de la cartera de los contratos de seguros por ellos distribuidos. Tampoco podrán realizar, sin consentimiento de la entidad aseguradora, actos de disposición sobre su posición mediadora en dicha cartera».

Sin denuncia a las autoridades competentes

«¿Por qué no lo denunció esta entidad aseguradora?», se pregunta esta persona que añade que NN fue informada y, de hecho, remitió comunicaciones oficiales a sus exagentes, pero no lo denunció ante las autoridades competentes, a pesar de que la normativa obliga a ello. «¿Por qué? Porque, entre más razones, no quería que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) revisara las ventas fraudulentas, con perjuicio conocido a los clientes, de estos agentes y tener que revertirlas e indemnizar a sus propios afectados».

Estos hechos también están denunciados ante la Agencia Española de Protección de Datos «por el encubrimiento del robo de datos personales» y otra anterior por la recogida de datos personales «con doloso ocultamiento de la verdadera finalidad». Denuncias que siguen en curso pero sobre las que no se ha solicitado información adicional al respecto.

Además, el denunciante, en conversaciones con esta periodista, asegura que se está preparando otra denuncia contra esta aseguradora por una serie de supuestos engaños masivos a los clientes «en relación al contrato de prestación de servicios telemáticos y los efectos que este engaño tiene sobre la proposición de ventas que no se corresponden con la realidad».

«Protegida» por la DGSFP

«La DGSFP tiene una denuncia mía y una solicitud de reunión presencial con sus Inspectores para ampliar los hechos denunciados. No obstante, la DGSFP ignora todas mis peticiones. Mi impresión es que esta entidad aseguradora estaba de alguna forma protegida por la DGSFP ya fuera intencionadamente o por falta de recursos e interés de sus Inspectores. Veremos si dentro de 3 años y medio sale la DGSFP con que las prácticas que se estaban haciendo no estaban amparadas por la normativa», asegura.

Con todo ello, considera que si Juan González Herrero es culpable de la presunta estafa «que lo pague, pero que la visión global es que algo que se detectó en su momento se podía haber parado y hay más responsables que lo podían haber evitado, sobre todo para aquellos pequeños inversores». También llama a luchar por el dinero estafado ya que «hay vías para reclamar al Estado, a Nationale-Nederlanden y a Herrero Brigantina y a otros responsables la devolución de lo que les defraudaron».

La Audiencia Nacional investiga por presunta estafa piramidal al conglomerado leonés de inversión Herrero Brigantina, que habría recaudado más de 40 millones de euros entre 2021 y 2022 con productos que prometían hasta un 50% de rentabilidad en diez años. La empresa, que anunció su salida a Bolsa a inicios de 2023, habría utilizado presuntamente sin permiso el aval de las aseguradoras AXA, Generali, y Plus Ultra (Occident, GCO), entre otras, para colocar sus productos de inversión, convenciendo a los clientes de que contaban con el respaldo de grupos aseguradores del primer nivel. Sin embargo, cuando los clientes solicitaron los rescates totales o parciales de sus inversiones, la compañía no efectuó los reintegros. Según la propia compañía, contaría con hasta 35.000 clientes en sus soluciones de inversión, planes de pensiones, hipotecas y préstamos con cantidades por afectado de hasta 600.000 euros.

Un juzgado de Salamanca pidió hace un año a la Audiencia Nacional que investigara una supuesta estafa en Herrero Brigantina tras una denuncia de la empresa Neonova Investors. El magistrado sospechaba que la firma había desviado fondos para ampliar la red de oficinas, retribuir a clientes anteriores y conseguir un beneficio para sus directivos. Esto habría derivado en casos de particulares que no han recibido las cantidades prometidas por la correduría o que habían tenido que recurrir a los tribunales para rescatar su dinero. El caso recayó inicialmente en el juzgado de Pedraz, que devolvió la instrucción al juzgado de Salamanca. No obstante, tras un informe de la Fiscalía la actuación de Herrero Brigantina finalmente está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

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