Accidente Laboral Condenado el Servicio Navarro de Salud a indemnizar con más de 138.000 euros a una funcionaria por un accidente laboral
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha condenado al Servicio Navarro de Salud a abonar una indemnización de 138.471,44 euros a una funcionaria de este organismo por un accidente laboral que le provocó una incapacidad permanente.
La sentencia, que estima un recurso de apelación de la funcionaria, da por probado que la demandante, matrona en la unidad de partos del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, intentó el 14 de septiembre de 2006, mientras estaba trabajando, abrir una puerta del centro sanitario con la mano izquierda, al tener ocupada la mano derecha.

Según el fallo, como la parte inferior de la puerta rozaba con el suelo y ofrecía resistencia, notó “un chasquido” en la muñeca que resultó ser una rotura del fibrocartílago triaungular en la muñeca izquierda, lesión por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

El Instituto Nacional de Seguridad Social, recoge la sentencia, declaró su incapacidad permanente total para ejercer su profesión habitual, además de la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo donde sufrió el accidente.

La funcionaria, al no estar conforme con la declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual, impugnó la misma ante la Jurisdicción Social y el 2 de junio de 2009 el Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona dictó sentencia estimatoria y declaró su incapacidad permanente en grado de absoluta con derecho a percibir la correspondiente pensión vitalicia.

En la demanda, la funcionaria solicitó ser indemnizada con 239.938,7 euros, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona apreció que los 180.600 euros que había percibido ya por el accidente, por parte de una compañía aseguradora y una mutua, eran suficientes para indemnizarla por la incapacidad y las secuelas.

La funcionaria recurrió la sentencia al considerar que quedaban pendientes de indemnizar 138.471,44 euros, una cantidad que, según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, tiene derecho a percibir.
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Vazquez Abogados Las viviendas “han de estar habitables, y no solo terminadas” para que los promotores inmobiliarios cumplan con los contratos de compraventa, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que ha dado la razón a la compradora de una casa a la empresa “Promovimur, S.L.”.

La sala desestima así el recurso presentado por esta empresa contra una resolución de un juzgado de Primera Instancia de Murcia, que en mayo de 2010 declaró resuelto “por incumplimiento de la demandada” el contrato de compraventa firmado en Alcantarilla en abril de 2006 y condenó a ésta a devolver a la adquirente 25.830 euros, más los intereses legales devengados desde el uno de enero de 2009.

El tribunal indica que según el contrato de compraventa, la promotora se comprometía a terminar las obras el 31 de diciembre de 2008, “añadiendo su enunciado que si no se produjese la entrega en la fecha prevista, la compradora podrá resolver el contrato, previo aviso por escrito con quince días”.

La Audiencia afirma que “constituye un dato incuestionado que no ya al demandar, en 19 de febrero de 2009, sino al tiempo de recurrir la sentencia, en julio de 2010, aún no se ha obtenido la licencia de primera ocupación, lo que arruina la tesis de la promotora acerca de que las obras se terminaron en diciembre de 2008″.

El tribunal concluye que “cuando se adquiere una vivienda no se piensa en un edificio terminado, sino en una casa habitable, algo imposible en aquellas fechas al carecer de la correspondiente cédula”.

Al desestimar su recurso, la Audiencia ha condenado a la empresa al pago de las costas causadas por el mismo.

MAC ANTHONY REAL ESTATE COURT Pese a las muchas horas de vuelo acumuladas en el cuerpo y los 3.000 euros gastados en los billetes de avión para él y su mujer, John Andrews no perdía ayer la sonrisa cuando se le preguntaba por qué había decidido volar desde Tailandia, donde reside, hasta Marbella. «Quiero recuperar los 30.000 euros que me han estafado», comentaba a las puertas de los juzgados de la ciudad donde, junto a casi medio centenar de afectados, protagonizaba una pacífica concentración.

NEGLIGENCIAS MEDICAS El fiscal acusa a un cirujano de la muerte de una mujer tras una liposucción. La paciente falleció de un fallo multiorgánico tras las perforaciones intestinales provocadas por la intervención quirúrgica.

NEGLIGENCIAS MEDICAS Vazquez Abogados pertenece a la Asociación del Defensor del Paciente, dedicada a la defensa de los intereses de los pacientes y ayuda en negligencias medicas.

Como todos los años se ha publicado la memoria anual, en este caso del 2011, donde se constata un aumento de los problemas en materia de sanidad, aumento del numero de reclamaciones por presuntas negligencias medicas, fallecimientos, etc, con respecto al año 2010.

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Adjuntamos el texto integro de la: MEMORIA 2011 DEFENSOR DEL PACIENTE VAZQUEZ ABOGADOS

El dueño de Aifos se desdice y afirma ahora que sí hubo pagos a Roca

Ruiz Casado responsabiliza a otro directivo de su empresa y dice que él no autorizó ningún abono sin recibos o documentación

Segunda jornada de declaración en el juicio por el ‘caso Malaya’ de Jesús Ruiz Casado, el dueño de la promotora Aifos, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por delitos de cohecho continuado y fraude.

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Investigan la muerte de hombre que fue reducido por la Policía.Los hechos tuvieron lugar en un hotel de Benalmádena · Durante un forcejeo con los agentes, el hombre sufrió una crisis cardíaca y falleció.

La Policía Nacional está a la espera de los resultados de la autopsia y pruebas de toxicología que se practiquen al cadáver de un hombre de 36 años, que falleció el pasado domingo en Benalmádena tras ser reducido por la Policía Local, para determinar las causas de su muerte.

Los hechos ocurrieron por la tarde en un hotel de Benalmádena, al que los agentes acudieron tras recibir una llamada de los trabajadores del establecimiento de que un cliente mostraba actitud violenta y agresiva, según fuentes municipales.

Los policías encontraron a este hombre, natural de Ceuta y residente en Algeciras, que amenazó con tirarse por el hueco de una escalera, por lo que lo sujetaron para evitar que lo hiciera, “siguiendo el protocolo para estos casos de forma estricta”.

Durante el forcejeo, el hombre sufrió una crisis cardíaca y falleció, motivo por el que la Policía Local trasladó el caso a la Policía Nacional, y ésta a la autoridad judicial.

De momento, la Policía está a la espera de los resultados toxicológicos y la autopsia para determinar si el fallecido había consumido o no algún tipo de sustancia estupefaciente.

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QUEDÓ PARAPLÉJICO
El Gobierno tendrá que pagar 400.000 euros por un retraso diagnóstico
El Tribunal Supremo considera probado que los facultativos del Hospital Valdecilla tardaron tres años en diagnosticar su enfermedad.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía, que condena al Gobierno cántabro a indemnizar con 400.000 euros a un paciente que quedó parapléjico después de que facultativos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tardaran 3 años en diagnosticar su enfermedad.
La sentencia considera que ha existido “error de diagnóstico y deficiente y escasa práctica de pruebas médicas diagnósticas, a fin de descartar otros diagnósticos”, en el caso de F.J.G.G, quien acudió el 21 de junio de 2001 a las Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla con una fístula arteriovenosa dural medular que se le diagnosticó e intervino en 2004, retraso que generó sus secuelas.
No obstante, desestima la existencia de mala praxis en la intervención quirúrgica del 3 de noviembre de 2004, considerando lo ocurrido como “una complicación posible para este tipo de intervenciones”. “Tampoco se estima la pretensión de falta de consentimiento informado valorando todos los elementos probatorios que se contienen en las actuaciones”, añaden.

El paciente acudió el 21 de junio de 2001 al Servicio de Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla “con dificultades para caminar, dolor dorso lumbar y pesadez en piernas”, ocasión en la que se le diagnosticó una infección urinaria.
Dos días después, el paciente fue observado por una doctora del centro, que solicita la realización de una RM cervico dorsal, que muestra hallazgos sugestivos de mielitis transversa, por lo que recomienda un control evolutivo del paciente.
Después el afectado es remitido a otros médicos y sometido a varias pruebas hasta que, el 22 de octubre de 2004, es diagnosticado de malformaciones arteriovenosas e ingresado en el citado hospital, el 2 de noviembre de 2004, para ser intervenido, al día siguiente, de su fístula A-V dorsal.
Tras esta intervención, el paciente presenta, según sus médicos, una “disminución de fuerza en ambos miembros inferiores, de predominio proximal, con buena movilidad distal”. “Por otro lado –continúa el texto–, el paciente presenta globo vesical importante” e imposibilidad para orinar.
El paciente pasa a planta, donde, según los facultativos, “presenta como incidencia especial una descompensación diabética con hiperglucemia y cetoacidosis”. Sin embargo, poco después F. J.G.G. debe ser trasladado al centro de parapléjicos de Toledo debido a las secuelas generadas por el retraso diagnóstico.
La sentencia dice que, “si bien al inicio hubo una correcta actuación médica, siendo cuestionable la no realización de punción lumbar o no, a partir del momento de la segunda resonancia magnética, en mayo de 2002, se debió realizar otras pruebas para asegurar el diagnóstico”.
Además, señala que no se tuvo en cuenta que, en las fístulas arteriovenosas durales medulares, pueden darse procesos estabilizadores y que su evolución clínica característica desemboca en un deterioro neurológico progresivo que, fundamentalmente, afecta a las funciones motoras, así como a la función de los esfínteres, tanto urinarios como fecal.
Así, el TS llega a la conclusión de que “admite reproche” el retraso del año 2002 al 2004 de la realización de pruebas que descartasen la mielitis postinfecciosa y encontrasen la fístula arteriovenosa dural medular, tardanza que consiste “en practicar la arteriografía muy posteriormente a lo deseado”. Este retraso ha supuesto, señalan, una pérdida de oportunidades para el paciente para reducir el riesgo de quedar parapléjico.

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PROTESIS PIP ANÁLISIS: ¿Qué soluciones exigen las afectadas?; por Damián Vázquez.
Entrevista Integra Diario La Razon
6 Enero de 2012 Damian Vazquez
–Después de que la Unión Europea haya acordado este registro de afectadas, ¿en qué cambia su situación?
–A partir de ahora se sabrá con certeza el número de personas afectadas a nivel de toda Europa, no sólo en Francia. Los casos estarán controlados. Y se trabajará para darles solución. Lo cierto es que es un escándalo a nivel europeo. Incluso hay hombres afectados, lo cual es sorprendente.
– La UE hablaba ayer de «fraude». ¿Se puede hablar también de negligencia?
–Los cirujanos dicen que no tienen por qué asumir los costes de estos implantes, aunque algunas asociaciones opinan lo contrario… En todo caso, se ha utilizado material industrial, impensable para el consumo humano. La empresa fabricante había actuado bajo varios nombres… Desde luego, el caso es para iniciar acciones penales, por delitos contra la salud pública, fraude y estafa. Nosotros solicitaremos que se les devuelva a las afectadas el importe de las prótesis y de la primera intervención; que se les costee la nueva prótesis y la consiguiente intervención; que se las indemnice por los días que han permanecido impedidas; y daños por las secuelas psicológicas, pues las afectadas pueden presentar síndromes postraumáticos.
–¿Podemos hablar de una cifra aproximada a la hora de cuantificar la indemnización?
–Hace unos años tuvimos un caso similar y llegamos a un acuerdo con la empresa fabricante. Por aquel entonces, la cifra fue de entre 15.000 y 20.000 euros, lo cual sería un estándar de mínimos. Sin embargo, PIP es una empresa desaparecida, en quiebra y con su dueño en busca y captura. Desgraciadamente, el caso actual ha ocurrido en época de crisis y pocas pueden permitirse quitarse estos implantes por la vía privada.

Damián Vázquez
Abogado especializado en Derecho Sanitario

Fuente: http://www.larazon.es/noticia/9151-analisis-que-soluciones-exigen-las-afectadas-por-damian-vazquez