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 ACCIDENTES TRAFICO BAREMO 2012 VAZQUEZ ABOGADOS.
En el Boletin Oficial del Estado del dia de hoy se publica la actualización del Baremo utilizado en accidentes de trafico para calcular las indemnizaciones de las victimas de accidentes con lesiones, fallecimientos, invalidez, secuelas, dias impeditivos, Gran Invalidez, Factores de Corrección. Vazquez Abogados es referente a nivel de reclamaciones por accidentes de trafico, altamente especializados en conseguir las mayores indemnizaciones y defensa de los intereses de victimas de accidentes de trafico, miembro de la Asociación Adevi (Abogados de lasVictimas) y tambien utilizado por analogia en negligencias medicas.
Mas informacion Telefono 609610197 Accidentes Trafico, Negligencias Medicas, Caidas Accidentes Laboral..
Consulte el Baremo Accidentes 2012 pinchando sobre este enlace
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Accidente Laboral Condenado el Servicio Navarro de Salud a indemnizar con más de 138.000 euros a una funcionaria por un accidente laboral
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha condenado al Servicio Navarro de Salud a abonar una indemnización de 138.471,44 euros a una funcionaria de este organismo por un accidente laboral que le provocó una incapacidad permanente.
La sentencia, que estima un recurso de apelación de la funcionaria, da por probado que la demandante, matrona en la unidad de partos del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, intentó el 14 de septiembre de 2006, mientras estaba trabajando, abrir una puerta del centro sanitario con la mano izquierda, al tener ocupada la mano derecha.
Según el fallo, como la parte inferior de la puerta rozaba con el suelo y ofrecía resistencia, notó “un chasquido” en la muñeca que resultó ser una rotura del fibrocartílago triaungular en la muñeca izquierda, lesión por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.
El Instituto Nacional de Seguridad Social, recoge la sentencia, declaró su incapacidad permanente total para ejercer su profesión habitual, además de la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo donde sufrió el accidente.
La funcionaria, al no estar conforme con la declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual, impugnó la misma ante la Jurisdicción Social y el 2 de junio de 2009 el Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona dictó sentencia estimatoria y declaró su incapacidad permanente en grado de absoluta con derecho a percibir la correspondiente pensión vitalicia.
En la demanda, la funcionaria solicitó ser indemnizada con 239.938,7 euros, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona apreció que los 180.600 euros que había percibido ya por el accidente, por parte de una compañía aseguradora y una mutua, eran suficientes para indemnizarla por la incapacidad y las secuelas.
La funcionaria recurrió la sentencia al considerar que quedaban pendientes de indemnizar 138.471,44 euros, una cantidad que, según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, tiene derecho a percibir.
VAZQUEZ ABOGADOS
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Vazquez Abogados Las viviendas “han de estar habitables, y no solo terminadas” para que los promotores inmobiliarios cumplan con los contratos de compraventa, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que ha dado la razón a la compradora de una casa a la empresa “Promovimur, S.L.”.
La sala desestima así el recurso presentado por esta empresa contra una resolución de un juzgado de Primera Instancia de Murcia, que en mayo de 2010 declaró resuelto “por incumplimiento de la demandada” el contrato de compraventa firmado en Alcantarilla en abril de 2006 y condenó a ésta a devolver a la adquirente 25.830 euros, más los intereses legales devengados desde el uno de enero de 2009.
El tribunal indica que según el contrato de compraventa, la promotora se comprometía a terminar las obras el 31 de diciembre de 2008, “añadiendo su enunciado que si no se produjese la entrega en la fecha prevista, la compradora podrá resolver el contrato, previo aviso por escrito con quince días”.
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 MAC ANTHONY REAL ESTATE COURT Pese a las muchas horas de vuelo acumuladas en el cuerpo y los 3.000 euros gastados en los billetes de avión para él y su mujer, John Andrews no perdía ayer la sonrisa cuando se le preguntaba por qué había decidido volar desde Tailandia, donde reside, hasta Marbella. «Quiero recuperar los 30.000 euros que me han estafado», comentaba a las puertas de los juzgados de la ciudad donde, junto a casi medio centenar de afectados, protagonizaba una pacífica concentración.
Todos acababan de aterrizar procedentes de sus ciudades de origen. La mayoría son británicos e irlandeses que un día decidieron confiar en la oferta que la empresa inmobiliaria MacAnthony les puso sobre la mesa: muebles para sus nuevas viviendas (adquiridas también a través de la misma firma) a precios ventajosos. El sistema parecía sencillo. El cliente adelantaba el dinero y MacAnthony actuaba de intermediario con empresas de muebles radicadas en Bulgaria y Turquía, principalmente. Los problemas comenzaron cuando, pasado el tiempo, el mobiliario no llegaba. Y el dinero adelantado tampoco aparecía.
«Cuando llamé para quejarme, la empresa me amenazó con quitarme la casa y me exigió que le pidiera disculpas», comentó John Andrews, que pretendía amueblar su nueva casa en Cabo Verde. En Marruecos puso sus ojos Michel Norcup, inglesa. Allí compró una vivienda que MacAnthony debía amueblarle por 40.000 euros. «La táctica que empleaban era presionarte para que compraras los muebles antes incluso de que terminaran las obras de la vivienda. Así cogían el dinero cuanto antes», afirma.
El negocio de Darragh
Los afectados ratificaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad la querella presentada por estafa y apropiación indebida contra el propietario de la empresa, Darragh MacAnthony, y otros exdirectivos a los que confiaron la compra de muebles para viviendas ubicadas en diversas partes del mundo como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde, Italia, Francia, y Marruecos, donde la inmobiliaria tenía presencia.
Los afectados les acusan de quedarse con entre 500.000 y 600.000 euros de las cantidades que dieron a cuenta -unos 15.000 euros por cabeza-. Los querellantes aseguran que los responsables de la inmobiliaria han dejado sin bienes a la sociedad, y han cambiado su domicilio social a una ‘oficina fantasma’ en Madrid de la que figura como administrador un hombre de 90 años sin actividad conocida.
Darragh MacAnthony es actualmente propietario de un club de fútbol de la Primera División Inglesa, el Peterborough United, y en agosto pasado puso en marcha un nuevo proyecto consistente en financiar nueva ideas empresariales rechazadas previamente por entidades bancarias.
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 NEGLIGENCIAS MEDICAS El fiscal acusa a un cirujano de la muerte de una mujer tras una liposucción. La paciente falleció de un fallo multiorgánico tras las perforaciones intestinales provocadas por la intervención quirúrgica.
Se desplazó a Málaga desde su Ceuta natal para someterse a una reducción mamaria y una liposucción abdominal. Entró en el quirófano del Hospital Doctor Pascual el 7 de noviembre de 2007. Encarnación Salazar, de 44 años y madre de dos hijos, tendría que haberse recuperado en un par de días, pero cinco meses después, en abril de 2008, falleció en el Hospital Carlos Haya a causa de las complicaciones derivadas de la operación de estética.
La familia denunció el caso en el juzgado ya que siempre sostuvo que el fallecimiento se debió a una negligencia médica. El fiscal así lo ha entendido también y ha acusado al cirujano plástico que realizó la intervención de un delito de homicidio por imprudencia, por lo que pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel y a pagar una indemnización de 240.000 euros.
Tras más de un año de parón, a la espera de recibir los informes forenses y toda la documentación médica, el procedimiento echó a andar en el Juzgado de Instrucción número 13 de la capital, que, tras tomar declaración como imputados a tres médicos, dictó auto de apertura de juicio oral. El fiscal, no obstante, acusó sólo al cirujano plástico que le practicó la intervención.
En su escrito de conclusiones provisionales relata que la intervención se llevó a cabo por parte del cirujano acusado «sin la previa realización de una ecografía» con el fin de establecer el grosor de la pared abdominal y la presencia de diastasis de rectos (separación de los músculos del abdomen tras los embarazos, lo que crea una zona de debilidad abdominal). Según el Ministerio Público, durante la operación el médico «manipuló incorrectamente las cánulas de aspiración», que penetraron en la cavidad abdominal de la mujer originándole perforaciones intestinales. Esto le provocó «una peritonitis, arritmia ventricular maligna y un fallo multiorgánico que desembocaron finalmente en el fallecimiento» de Encarnación, lo que se produjo cinco meses después en el Hospital Carlos Haya.
VAZQUEZ ABOGADOS Telefono 952215859 nuestros casi 20 años de experiencia en derecho sanitario y negligencias medicas nos avalan.
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 NEGLIGENCIAS MEDICAS Vazquez Abogados pertenece a la Asociación del Defensor del Paciente, dedicada a la defensa de los intereses de los pacientes y ayuda en negligencias medicas.
Como todos los años se ha publicado la memoria anual, en este caso del 2011, donde se constata un aumento de los problemas en materia de sanidad, aumento del numero de reclamaciones por presuntas negligencias medicas, fallecimientos, etc, con respecto al año 2010.
Defensor del Paciente Malaga 952215859
Adjuntamos el texto integro de la: MEMORIA 2011 DEFENSOR DEL PACIENTE VAZQUEZ ABOGADOS
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 El dueño de Aifos se desdice y afirma ahora que sí hubo pagos a Roca
Ruiz Casado responsabiliza a otro directivo de su empresa y dice que él no autorizó ningún abono sin recibos o documentación
Segunda jornada de declaración en el juicio por el ‘caso Malaya’ de Jesús Ruiz Casado, el dueño de la promotora Aifos, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por delitos de cohecho continuado y fraude.
La Fiscalía Anticorrupción vincula a Aifos con el pago de más de 4,8 millones de euros a Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama de corrupción, para obtener favores urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella. El dueño de Aifos negó ayer una y otra vez la existencia de estos pagos y rechazó que su empresa hubiera contratado a Roca como asesor urbanístico, como el mismo Roca declaró ante el juez hace algunos meses.
Pero Ruiz Casado ha cambiado hoy su declaración, solo 24 horas después, y sí ha dicho hoy que pudo haber pagos en metálico al que fuera asesor urbanístico de Marbella. El letrado José Manuel Delgado, en representación de la Junta de Andalucía, preguntó al dueño de Aifos sobre por qué en su propio escrito de defensa hay referencias a pagos a Roca, cuando él lo negó durante toda la jornada de ayer.
Esa contradicción es la que provocó que el acusado se desdijera. Ruiz Casado explicó que en el informe que ha presentado su defensa se ha detectado “un desfase de 135.000 euros” en las cuentas de su empresa, es decir que esta cantidad de dinero está sin justificar. “Por eso no sé si las instrucciones que yo dí se han cumplido perfectamente”, dijo el presidente de Aifos, que admitió que pudo haber un “descontrol”. “¿Reconoce usted que se han entregado cantidades en efectivo a Roca, con el motivo que sea?”, preguntó el abogado de la Junta de Andalucía. “Reconozco, según las conversaciones que he tenido con García Lebrón (otro directivo de Aifos), que entregó alguna cantidad al señor Roca, provenientes de ese descuadre”. Según el dueño de Aifos, este pago se hizo sin recibo ni documentación, pese a que llevan “solicitando los recibos durante bastante tiempo”.
Patrocinios al Ayuntamiento
El dueño de Aifos ha seguido mostrando hoy a su empresa como una víctima de la “presión” que ejercía el Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca, sobre los constructores que tenían intereses en la ciudad. Y pese a admitir que hubo pagos por parte de Javier García Lebrón, responsable en Andalucía de Aifos, el dueño de la constructora sigue asegurando que él solo autorizó pagos al Ayuntamiento de Marbella para patrocinios de “actos sociales, actos benéficos, carnavales, ferias…” para evitar “enfrentamientos” con el Ayuntamiento que habían tenido en otras ocasiones. “Siempre con toda la documentación y facturas de todos los patrocinios”, dice el presidente de Aifos.
“Entonces no sabía que el señor García Lebrón le pagaba cantidades en metálico a Roca. Y él me decía que pensaba que le darían facturas”, concluyó el presidente de Aifos, responsabilizando al director de su empresa en Andalucía de todos los contactos con Roca. García Lebrón, conocido como ‘Kiko’ García y también imputado, declarará en las próximas sesiones del juicio por ‘Malaya’
VAZQUEZ ABOGADOS DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ADQUIRENTES DE VIVIENDAS DE AIFOS
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 VAZQUEZ ABOGADOS TELEFONO 609610197 Tres años para un ‘kamikaze’ por circular 15 kilómetros en sentido contrario
El acusado llega a un acuerdo con la fiscal, que le rebaja siete años la petición de pena
“No hay ningún tipo de justicia en este país”, dice la víctima, un bombero que quedó incapacitado
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“Le vi venir, pero no me dio tiempo a esquivarle” (26/11/2007)
La Fiscalía de Madrid solicitaba 10 años de prisión para Miguel G.A.. acusado de un delito contra la seguridad del tráfico e intento de homicidio por circular en 2007 durante 15 kilómetros en sentido contrario por la M-30 y colisionar frontalmente contra un vehículo. Su conductor, Gonzalo G.L., un bombero que entonces tenía 31 años, sufre lesiones graves que le impiden seguir ejerciendo su profesión. El juicio, fijado para hoy por la Audiencia Provincial de Madrid, no ha llegado a celebrarse, ya que el abogado defensor y la fiscal hayan han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que el acusado ha recocido los hechos y ha aceptado tres años de cárcel, siete menos de los que se pedían, y la prohibición de conducir durante 10 años.
La Fiscalía le ha retirado el delito de homicidio en grado de tentativa del que le acusaba y se le ha condenado únicamente por un delito de lesiones (dos años) y otro contra la seguridad del tráfico (un año), y se la impuesto además una multa de 2.160 euros. Además, al acusado, que en el momento de los hechos tenía 25 años, se le ha aplicado el atenuante de reparación del daño por haber pagado ya parte de la indemnización que se le pedía. En el escrito de acusación, el fiscal solicitaba una multa de 4.320 euros, privación del permiso de circulación y que indemnizara al afectado con 198.031 euros y a la aseguradora con 6.865 euros.
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 Abogado Penal vazquezabogados.es Investigan la muerte de hombre que fue reducido por la Policía.Los hechos tuvieron lugar en un hotel de Benalmádena · Durante un forcejeo con los agentes, el hombre sufrió una crisis cardíaca y falleció.
La Policía Nacional está a la espera de los resultados de la autopsia y pruebas de toxicología que se practiquen al cadáver de un hombre de 36 años, que falleció el pasado domingo en Benalmádena tras ser reducido por la Policía Local, para determinar las causas de su muerte.
Los hechos ocurrieron por la tarde en un hotel de Benalmádena, al que los agentes acudieron tras recibir una llamada de los trabajadores del establecimiento de que un cliente mostraba actitud violenta y agresiva, según fuentes municipales.
Los policías encontraron a este hombre, natural de Ceuta y residente en Algeciras, que amenazó con tirarse por el hueco de una escalera, por lo que lo sujetaron para evitar que lo hiciera, “siguiendo el protocolo para estos casos de forma estricta”.
Durante el forcejeo, el hombre sufrió una crisis cardíaca y falleció, motivo por el que la Policía Local trasladó el caso a la Policía Nacional, y ésta a la autoridad judicial.
De momento, la Policía está a la espera de los resultados toxicológicos y la autopsia para determinar si el fallecido había consumido o no algún tipo de sustancia estupefaciente.
VAZQUEZ ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO PENAL Y RECLAMACION DE DAÑOS TELEFONO 952215859
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 QUEDÓ PARAPLÉJICO
El Gobierno tendrá que pagar 400.000 euros por un retraso diagnóstico
El Tribunal Supremo considera probado que los facultativos del Hospital Valdecilla tardaron tres años en diagnosticar su enfermedad.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía, que condena al Gobierno cántabro a indemnizar con 400.000 euros a un paciente que quedó parapléjico después de que facultativos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tardaran 3 años en diagnosticar su enfermedad.
La sentencia considera que ha existido “error de diagnóstico y deficiente y escasa práctica de pruebas médicas diagnósticas, a fin de descartar otros diagnósticos”, en el caso de F.J.G.G, quien acudió el 21 de junio de 2001 a las Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla con una fístula arteriovenosa dural medular que se le diagnosticó e intervino en 2004, retraso que generó sus secuelas.
No obstante, desestima la existencia de mala praxis en la intervención quirúrgica del 3 de noviembre de 2004, considerando lo ocurrido como “una complicación posible para este tipo de intervenciones”. “Tampoco se estima la pretensión de falta de consentimiento informado valorando todos los elementos probatorios que se contienen en las actuaciones”, añaden.
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