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DEFENSOR PACIENTE MALAGA 952215859 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contra una sentencia dictada en septiembre de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Sevilla por la que se le condenaba a abonar 60.000 euros a una paciente a la que tuvieron que extirpar un pecho debido a que no se le detectó un cáncer a tiempo.

Según el Defensor del Paciente, lo “verdaderamente novedoso” es que el TSJA impone al SAS las costas del recurso.
Según detalla el Defensor del Paciente en un comunicado y conforme a las mencionadas sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, la historia se remonta a octubre de 2004, cuando la denunciante, de 34 años de edad, en una autoexploración se autodetectó y palpó un pequeño bulto en la mama derecha, acudiendo inmediatamente a su ambulatorio, en la capital gaditana, que le mandó una cita con el especialista para que le realizara una mamografía. Realizada la prueba, se le dijo que no había ningún problema y la emplazaron a una nueva revisión a los seis meses.
Seis meses más tarde, la reseñada acudió nuevamente a consulta y se le realizó una nueva mamografía, diciéndole en este caso que regresara dentro de un año. Fue entonces, ya en septiembre de 2006 cuando se le realizó una exploración visual y manual, remitiéndola al Hospital Puerta del Mar para que en Urgencias le realizaran una mamografía y una ecografía. Inmediatamente, fue derivada a la Unidad Clínica de Patología Mamaria, siendo diagnosticada de un carcinoma de mama que ya presentaba una masa de 15 por 12 centímetros.
Según la sentencia, a partir de entonces, la paciente fue sometida a tratamiento de quimioterapia para reducción del tumor, siendo intervenida en enero de 2007, practicándole una mactectomía radical modificada derecha.
El Defensor del Paciente ha resaltado que la sentencia se basa en que no se valoró que la paciente acudió por “iniciativa propia” al autodetectarse un bulto, y también que se produjo “un retraso en el seguimiento de la paciente, de al menos cada seis meses”.

Vázquez Abogados Especialistas en Reclamaciones Medicas considera incomprensible que continúe durante tantos años la lista de espera para pacientes de obesidad morbida con esperas de 2 años. Otros pacientes han confiado en nosotros para presentar reclamaciones contra el servicio andaluz de salud por hechos similares.
Mide un metro con 52 centímetros y pesa 138 kilos. Su Índice de Masa Corporal (IMC) es de 59,7 . Por encima de 40 se considera ya obesidad mórbida. A sus 45 años, Paqui Bueno ha seguido sin éxito miles de dietas. Pese a las recomendaciones de dietistas y endocrinos, no logra rebajar ni un gramo. Y el peso ya le ha empezado a pasar factura. Tiene colesterol e hipertensión. «El día a día es una dificultad; no puedo dormir bien porque me asfixio, necesito a alguien para poder vestirme, no puedo doblar la cintura, mi hija me ayuda a quitarme los zapatos porque se me hinchan los pies», explica.
En los últimos meses, los problemas de esta malagueña de 45 años, que regenta una tienda de arreglos de moda, han ido a peor. Sus huesos no pueden soportar tantos kilos. A pesar de su edad, tiene artrosis, y deben ponerle una prótesis en la rodilla. Pero según explica, su traumatólogo cree que la prótesis no aguantará lo suficiente.
Paqui está pendiente de una operación de reducción de estómago. Ahora los especialistas deben estimar si su caso es susceptible de pasar por el quirófano. «Yo ya no puedo comer menos. Mi cuerpo está acostumbrado a ingerir mucha cantidad de comida y si no me dan dolores de cabeza y mareos», indica.
Sin embargo, los médicos son tajantes. No hay milagros inmediatos para los casos de obesidad mórbida y antes de pasar por el bisturí es necesario un examen psicológico favorable. Y eso, supone tiempo. «La reducción es una parte más del tratamiento, no el fin último; antes es preciso que el paciente sea consciente de su enfermedad y que exista un compromiso de que va a cambiar los hábitos poco saludables que le han llevado a esta situación», explica José Luis Gallego, cirujano responsable de las operaciones de cirugía bariátrica en el Hospital Carlos Haya.
Cada año se operan en el complejo sanitario una media de 50 personas. La lista de espera de dos años se debe, según indican las fuentes hospitalarias al protocolo establecido por la Unión Europea. Actualmente, 75 pacientes aguardan su turno.
Exámenes psicológicos
Aunque se han logrado reducir los plazos -hace un lustro la media de espera era de al menos cuatro años-, no parece suficiente para casos como el de Paqui. Los médicos le han dicho que si no pierde kilos pronto podría quedar postrada en una silla de ruedas. Cuando Paqui se ha dado cuenta de que debía cambiar su forma de vida ya era demasiado tarde. Empezó a ganar peso después de su tercer embarazo. «Me cambió el metabolismo», explica. Paqui se queja de que los usuarios que han podido operarse por la privada lo han hecho en apenas unas semanas.
Desde Carlos Haya, sin embargo, indican que el hospital debe seguir todos los pasos necesarios y no precipitarse porque los pacientes con obesidad mórbida son de alto riesgo debido a las complicaciones originadas por su exceso de peso. En muchos casos, también se rechaza a los pacientes. «En más del 80% de los casos que se operan hemos conseguido cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto, pero algunos vuelven a ganar peso con los años», indica Juan García Arnés, endocrino. Y es que, según los expertos, estas personas deben seguir dieta de por vida.fuente diario sur.
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Cuatro médicos y cuatro ortopedas sevillanos han sido condenados a penas de uno y dos años de cárcel por una estafa de 105.997,55 euros al Servicio Andaluz de Salud en recetas de sillas de ruedas, zapatos y otros productos ortopédicos.
Los hechos fueron denunciados por Salud a la Fiscalía de Sevilla en abril de 2006, cuando la Inspección de Servicios Sanitarios detectó la presunta dispensa irregular de productos como sillas de ruedas, tobilleras, zapatos y fajas ortopédicas en dos ortopedias de Sevilla y de la zona del Aljarafe que suministraban a usuarios del Centro Periférico de Especialidades Virgen de los Reyes.
La denuncia de la Fiscalía recogía los nombres de usuarios de residencias de ancianos y de empleados de una empresa de distribución de bebidas que supuestamente habían retirado productos ortopédicos recetados por facultativos que no les correspondían o que no les habían atendido. Una vez logradas las prescripciones, las ortopedias facturaban al SAS los productos con un justificante en el que supuestamente estaban falsificadas las firmas de los beneficiados, según la denuncia.

La acusación retiró su petición de que fuesen inhabilitados para el ejercicio de su profesión y aplicó las atenuantes de reparación del daño, puesto que el SAS fue indemnizado antes del juicio.
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NEGLIGENCIAS MEDICAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha indemnizado con 56.084 euros a una mujer (T. N. C.) que ha quedado afectada con una cirrosis hepática irreversible como consecuencia de un retraso de diágnóstico al demorarle las pruebas para detectar su enfermedad.

Según informó este lunes la asociación El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos han llevado el caso, el SAS ha dictado una resolución en la que estima parcialmente la reclamación  interpuesta por la paciente por un defectuoso tratamiento médico recibido.
De acuerdo con la citada asociación, la mujer fue atendida por una elevación de enzimas hepáticas para estudio de transaminasas, sufriendo una demora y un retraso injustificado en el diagnóstico por no realizarle pruebas como la ecografía, que hubiera detectado el nivel de transaminasas, con lo que le ha quedado una cirrosis hepática irreversible de por vida.
Los hechos se remontan a julio de 2006, cuando la paciente fue a un centro de salud aquejada de nauseas y vómitos, y el médico de familia le solicitó analítica en la que se detectan cifras altas de transaminasas, por lo que es derivada a Digestivo. En un nuevo análisis se vuelven a detectar transaminasas altas, por lo que le hacen una ecografía, en la que no se detecta nada patológico.
Según El Defensor del Paciente, en los meses siguientes continuaron haciendo a la paciente controles de sangre, todos ellos con resultados anómalos, pero hasta diciembre de 2008 no vuelven a hacerla una ecografía abdominal, después de derivarla de manera extraoficial al servicio de Digestivo del Hospital Puerta del Mar, Hospital de Día de Cádiz.
Tras esta ecografía la diagnostican una hepatopatía crónica de probable origen autoinmune, que en pruebas posteriores se confirma que está en un estadio de cirrosis, por lo que es tratada con inmunosupresores y corticoides. Además, desde junio de 2009, la paciente está siendo atendida de manera continuada por la Unidad de Salud Mental de un Transtorno Adaptativo.
El SAS reconoce que existió un retraso en el diagnóstico y tratamiento de la hepatopatía de origen autoinmune presentada por la paciente, que no fue diagnosticada, por lo que no se inició tratamiento específico hasta enero de 2009.

NEGLIGENCIAS MEDICAS

Ante las consultas recibidas por personas que pueden estar afectadas por la enfermedad de las vacas locas, que tarda incluso años en reproducirse, reproducimos la noticia dada en su dia por el viceconsejero de Salud, Ignacio Moreno reconoció hace tiempo  que en Andalucía, entre los años 1996 y 1997, fueron 92 los pacientes tratados con Amerscan Pulmonate II, un radiofármacos elaborados con plasma sanguíneo procedente de un paciente británico enfermo del mal de las vacas locas (una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt Jacob). Los pacientes fueron tratados en los hospitales públicos Virgen de las Nieves de Granada y Carlos Haya de Málaga. El fármaco en cuestión, utilizado también en no menos de 20 centros sanitarios de todo el Estado, se utilizaba para diagnosticar tromboembolismo pulmonar, una grave dolencia respiratoria. La sospecha de que podía estar contaminado obligó a las autoridades sanitarias estatales a retirarlo en noviembre de 1997.

Desde entonces, según la Consejería de Salud, todos los enfermos tratados con Amerscan han tenido un seguimiento exhaustivo y periódico sin que hasta el momento se haya detectado en ninguno de ellos la menor anomalía. En Salud aseguran que, probablemente, este seguimiento va a realizarse durante toda la vida.

El SAS recuerda también que no se conoce en el mundo ningún caso declarado de esta enfermedad del que pueda decirse que el contagio se ha producido por vía sanguínea.

La confusión y, en todo caso, la información poco clara, parece ser, sin embargo, el principal argumento de políticos y responsables sanitarios a la hora de hablar de esta enfermedad.

A las distintas cifras facilitadas en días pasados sobre el número de pacientes tratados en Andalucía con Amerscan, ahora se añade, y se asegura, que el ‘informe confidencial y exhaustivo de julio de 2000 [ver El País de ayer], elaborado por el Ministerio, en el que se recomendaba informar a los pacientes afectados de la situación, no llegó nunca a la sanidad andaluza’, afirman en la Consejería.

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VAZQUEZ ABOGADOS NEGLIGENCIAS MEDICAS 952215859 DEFENSOR DEL PACIENTE

Los pacientes malagueños aguardan más tiempo para ser operados que los demás andaluces, con una demora media de 58 días, dos más que la andaluza, que está situada en 56. Y eso que en un año se ha logrado reducir en cuatro días el periodo de permanencia en la lista de espera, cifra que a finales de 2009 era de 62 días. La demora media malagueña (los citados 58 días) solo la comparte Granada. El resto de provincias tienen unas registros mejores.

La información sobre las listas de espera fue ofrecida ayer por la consejera de Salud, María Jesús Montero, que aportó datos a 31 de diciembre de 2010. En el caso de los seis hospitales públicos de Málaga, en esa fecha, había 11.808 enfermos pendientes de ser intervenidos de alguno de los 700 procedimientos quirúrgicos para los que Salud garantiza un tiempo máximo de demora de seis meses (180 días). A esos cerca de 11.808 pacientes hay que sumar otros 1.888 que también deben ser operados pero que, de momento, están en lo que se llama situación transitoria no programada por motivos médicos que desaconsejan la intervención o por haber solicitado ellos que se les aplace de forma temporal pasar por un quirófano

Aunque a lo largo del pasado año los centros hospitalarios públicos malagueños han conseguido rebajar en cuatro días el tiempo medio para una operación, Málaga sigue en la última posición (junto a Granada) en los retrasos para ser intervenido. En una situación algo más positiva se encuentran Córdoba, con 51 días, Jaén (52), Cádiz (53), Huelva (54), Sevilla (55) y Almería (57).

Carencias importantes

Los datos expuestos ayer ponen de nuevo de relieve que Málaga precisa recibir un impulso decidido por parte de la Consejería de Salud para salir de la cola andaluza en la que se halla. El número de camas es insuficiente -sobre todo en Carlos Haya y el Clínico-, las urgencias soportan una gran presión asistencial, hay un aumento progresivo de la población malagueña, un crecimiento de las expectativas de vida (mayor envejecimiento) y la necesidad de construir otro hospital en la capital que cubra con garantías la demanda sanitaria de los ciudadanos en los próximos años. Los usuarios son los que más sufren estas carencias, ya que deben soportar las demoras mayores de Andalucía para pasar por un quirófano.

Si el panorama de las listas de espera quirúrgicas de los hospitales públicos malagueños es mejorable, no lo es menos el de los plazos para ser visto por primera vez en una consulta externa de especialista. En ese apartado, Málaga también está en la cola. Ocupa, junto con Sevilla, el último puesto, con 48 días de demora – dos por encima de la media andaluza- y dos menos de los que tenía hace un año, cuando el tiempo medio que transcurría para que un paciente fuese visto en una primera consulta especializada era de 50 días. A 31 de diciembre pasado había 40.533 malagueños pendientes de ser atendidos,

En ese sentido, la consejera de Salud recalcó que en ningún caso se llega a los 60 días, que es el tiempo máximo establecido en un decreto de garantías para ser recibido por primera vez por los médicos especialistas. Montero también indicó que en las listas de espera quirúrgicas tampoco se supera el periodo tope marcado, que para unas operaciones es de 180 días y para otras de 120.

El tercer aspecto en el que María Jesús Montero incidió fue el de la lista de espera de las pruebas diagnósticas. En el caso de Málaga, el plazo es de 21 días, cifra igual a la media andaluza. El número de pacientes malagueños que aguardaban una prueba al finalizar 2010 se elevaba a 3.584.

El tercer aspecto en el que María Jesús Montero incidió fue el de la lista de espera de las pruebas diagnósticas. En el caso de Málaga, el plazo es de 21 días, cifra igual a la media andaluza. El número de pacientes malagueños que aguardaban una prueba al finalizar 2010 se elevaba a 3.584.

Carlos Haya. Tiene una demora media de 57 días y 4.662 pacientes en lista de espera.

Clínico. Los pacientes aguardan de media 65 días para ser operados. Su lista de espera es de 3.038 enfermos.

Costa del Sol. 57 días y 1.772 pacientes.

Comarcal de Ronda. 50 días y 625 pacientes aguardando pasar por el quirófano.

Comarcal de Antequera. 54 días y 764 enfermos

Comarcal de Vélez. 58 días y 697 pacientes en lista de espera.

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas y desmantelado una organización, dedicada a defraudar televisión digital mediante servidores trucados, que operaba en las provincias de Ciudad Real, Huelva, Málaga, Murcia, Sevilla, Valladolid, Alicante, Castellón y La Coruña, según ha informado el Ministerio del Interior.

Además de los detenidos, la Policía Nacional ha imputado a otras dos personas y ha practicado cinco registros, en los que se han intervenido 18 descodificadores, ordenadores y otro material informático y electrónico. De esta manera, culmina una operación que comenzó el pasado mes de julio con la detención e imputación de más de un centenar de personas en un macrooperativo coordinado por la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Comisaría General de Policía Judicial.

Al igual que en la primera parte de la investigación, los ocho detenidos este miércoles se dedicaban a defraudar la televisión digital de pago mediante el sistema denominado ‘cardsharing’, una modalidad de “pirateo” de contenidos televisivos y de pago a través de Internet que permitía a los arrestados redistribuir la señal proveniente de servidores trucados a su red de usuarios.

En este aspecto, los detenidos captaban a sus clientes mediante la

publicación en foros de mensajes en los que ofertaban completos contenidos audiovisuales de pago, sin autorización de sus titulares legítimos, a cambio de una cuota mensual de 15 euros.

La investigación se ha centrado en esta ocasión en un grupo de ‘servers’ que operaban en las provincias de Ciudad Real, Huelva, Málaga, Murcia, Sevilla, Valladolid, Alicante, Castellón y La Coruña, sobre los que se pudo confirmar que redistribuían de forma ilícita la señal de las plataformas digitales.

‘MODUS OPERANDI’ DEL ‘CARDSHARING’

La modalidad de pirateo denominada ‘Cardsharing’ alude a la distribución a través de Internet de señales de televisión de pago sin la autorización de su titular, a cambio de cuotas económicas mensuales que cobran a cada uno de los usuarios suscritos.

Mediante una tarjeta legítima adjunta a un ordenador personal o ‘dreambox’ conectado a Internet, se proporciona la palabra de control legítimamente descifrada a otros receptores que solicitan la información. De este modo, tienen acceso a los contenidos de pago como si estuvieran empleando su propia tarjeta de abonado.

Así, por un lado se encontraban los servers, personas que accedían de forma lícita a la señal, como abonados de las diferentes plataformas, los cuales redistribuían la señal de manera ilegal y sin ningún tipo de autorización de los titulares, cobrando a cambio de este servicio una cuota de 15 euros mensuales a cada usuario.

Por otro lado, dichos usuarios accedían a la red ilícita de forma privada y restringida, gracias a referencias de abonados anteriores u otras personas que formaran parte de la red. Para visualizar el contenido de las televisiones de pago los usuarios no necesitaban estar suscritos a ninguna señal legal, ni siquiera disponer del descodificador proporcionado por estas compañías. Únicamente requerían el uso de una antena parabólica, una conexión a Internet y el descodificador “pirata”.

A través de estas conexiones los servers transferían los archivos que permitían descodificar el contenido de pago codificado que se capta a través de la parabólica, supliendo así las tarjetas de abonado legales. El descodificador era configurado de forma remota por los ‘servers’, que controlaban de esta forma el número de clientes y la programación a la que accedían.

La operación ha sido coordinada por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial y en ella han participado agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía Occidental y Oriental, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Murcia y Galicia.

VAZQUEZ ABOGADOS ha participado en la defensa de casos similares.

Un joven de 25 años que desde el pasado mayo está en lista de espera para ser operado de columna en el Hospital Clínico de Málaga ha recurrido a la asociación El Defensor del Paciente, la cual ha responsabilizado a la sanidad andaluza de las posibles secuelas por la tardanza en esta intervención.

El paciente sufre además otras dolencias por las que requiere de determinadas pruebas diagnósticas, y hasta que no disponga de ellas no podrá ser intervenido quirúrgicamente, según han dicho a Efe fuentes del Hospital Clínico, que han añadido que se trata de agilizarlas.

El joven, J.I.R.G., ha recurrido a la asociación “tras no obtener respuesta” a las reclamaciones que efectuó el pasado septiembre y octubre, y debido a que su situación se ha complicado en los últimos meses, ya que sufre patologías “colaterales” como problemas digestivos, de vejiga y próstata.

En el escrito que ha remitido a El Defensor del Paciente, el paciente se queja de la ”excesiva pasividad, falta de coordinación e interés”que han mostrado tanto los médicos como los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), señala en un escrito.

Él mismo define su estado como “lamentable”, ya que está encamado todo el día, precisa inyecciones diarias en su domicilio para calmar los dolores y ha tenido que abandonar sus estudios de electrónica.

Además de la intervención quirúrgica que precisa, que se debe a una lesión que sufre desde que tenía 17 años a consecuencia de un forcejeo mientras jugaba al fútbol, el paciente está en lista de espera para que se le practiquen pruebas por las otras dolencias mencionadas.

Para dichos estudios ha sido citado el próximo 28 de enero, con lo que “habrán pasado 195 días sin tener ninguna mejoría”, indica.

El Defensor del Paciente ha dirigido una carta a la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, en la que pide que se agilicen las pruebas y advierte de que “si por la lentitud y pasividad” del hospital el paciente sufriera algún tipo de secuela, ”será responsabilidad de la sanidad andaluza”.

NEGLIGENCIAS MEDICAS MALAGA

La afectada recibirá cien mil euros por las secuelas del tratamiento, que no habría sido necesario de haberse detectado el tumor a tiempo.

Ha librado dos batallas. La primera, contra el cáncer, la está ganando. De la segunda también ha salido victoriosa. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) le ha dado la razón a la reclamación que presentó al considerar que los médicos tardaron demasiado en detectarle el tumor. La paciente recibirá una indemnización de 106.203 euros por las secuelas que le ha dejado la enfermedad.

La afectada es una mujer de 45 años que prefiere preservar el anonimato. Su calvario comenzó en 2002. La mujer acudió entonces a su médico de cabecera al observar que le había salido una llaga en la vulva. El facultativo la remitió a los servicios especializados, donde le diagnosticaron una úlcera genital.

Le prescribieron un tratamiento con un fármaco, pero la dolencia no remitió. Más bien todo lo contrario. A partir de ese momento comenzó un periplo por varios hospitales donde repitieron el mismo diagnóstico: herpes genital.

En noviembre de 2005, los médicos descubrieron que, en realidad, la paciente tenía un cáncer de vulva en grado tres, con afección ganglionar. «Fue un mazazo. Se me vino el mundo encima, porque no lo esperaba. No podía esperar esa noticia tras haber ido tantas veces a los médicos. Pensaba: ‘Si yo no me he dejado y he ido un montón de veces a los hospitales, ¿por qué me pasa esto a mí?», cuenta la mujer.

Asegura que le costó mucho asimilarlo, sobre todo cuando le explicaron en qué consistía el tratamiento. Con 41 años, tuvo que someterse a una vulvectomía radical -cirugía para extirpar los genitales femeninos- y a sesiones de radioterapia. «Me he quedado sin mis partes íntimas, con lo que eso conlleva a todos los niveles», añade la paciente, casada desde hace quince años.

Ha respondido al tratamiento. «Quiero hacer una mención al equipo de Oncología de Carlos Haya que me atendió; gracias a ellos estoy viva». Ahora pasa revisiones periódicas para controlar la enfermedad.

Tras superar el trance, se puso en manos del Defensor del Paciente, que la asesoró en la segunda batalla que emprendió. El abogado de la asociación en Málaga, Francisco Damián Vázquez, presentó en 2007 una reclamación en el Servicio Andaluz de Salud al entender que hubo una dilación en el diagnóstico del cáncer.

Se abrió una investigación. El SAS recabó la historia clínica de la paciente. En la resolución se cita un informe de uno de los hospitales donde la atendieron, en el que se dice que la paciente fue tratada correctamente y precisa que el diagnóstico del herpes vulvar estaba bien encaminado y que el carcinoma «pudo asentar sobre esa lesión».

Sin embargo, el dictamen médico del Servicio de Aseguramiento y Riesgos del SAS fue contundente: «Es comprensible que haya existido un error en el diagnóstico en las primeras ocasiones [...] pero lo que no es comprensible es el empecinamiento diagnóstico en considerar la lesión genital como infección herpética». A juicio de este departamento, el cáncer pudo haberse detectado en fase uno o dos, en lugar del grado tres que finalmente sufrió.

El SAS reconoció que no se habían puesto a disposición de la paciente todos los medios diagnósticos necesarios, lo que «ha modificado sobremanera el pronóstico de la enfermedad». Admitió las secuelas y el perjuicio estético, y estimando parcialmente la reclamación de la afectada. «Lo importante es que no vuelva a ocurrir», concluyó ella.

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Puede consultar el texto de la noticia en Diario Sur