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NEGLIGENCIAS MEDICAS El fiscal acusa a un cirujano de la muerte de una mujer tras una liposucción. La paciente falleció de un fallo multiorgánico tras las perforaciones intestinales provocadas por la intervención quirúrgica.

NEGLIGENCIAS MEDICAS Vazquez Abogados pertenece a la Asociación del Defensor del Paciente, dedicada a la defensa de los intereses de los pacientes y ayuda en negligencias medicas.

Como todos los años se ha publicado la memoria anual, en este caso del 2011, donde se constata un aumento de los problemas en materia de sanidad, aumento del numero de reclamaciones por presuntas negligencias medicas, fallecimientos, etc, con respecto al año 2010.

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Adjuntamos el texto integro de la: MEMORIA 2011 DEFENSOR DEL PACIENTE VAZQUEZ ABOGADOS

PROTESIS PIP ANÁLISIS: ¿Qué soluciones exigen las afectadas?; por Damián Vázquez.
Entrevista Integra Diario La Razon
6 Enero de 2012 Damian Vazquez
–Después de que la Unión Europea haya acordado este registro de afectadas, ¿en qué cambia su situación?
–A partir de ahora se sabrá con certeza el número de personas afectadas a nivel de toda Europa, no sólo en Francia. Los casos estarán controlados. Y se trabajará para darles solución. Lo cierto es que es un escándalo a nivel europeo. Incluso hay hombres afectados, lo cual es sorprendente.
– La UE hablaba ayer de «fraude». ¿Se puede hablar también de negligencia?
–Los cirujanos dicen que no tienen por qué asumir los costes de estos implantes, aunque algunas asociaciones opinan lo contrario… En todo caso, se ha utilizado material industrial, impensable para el consumo humano. La empresa fabricante había actuado bajo varios nombres… Desde luego, el caso es para iniciar acciones penales, por delitos contra la salud pública, fraude y estafa. Nosotros solicitaremos que se les devuelva a las afectadas el importe de las prótesis y de la primera intervención; que se les costee la nueva prótesis y la consiguiente intervención; que se las indemnice por los días que han permanecido impedidas; y daños por las secuelas psicológicas, pues las afectadas pueden presentar síndromes postraumáticos.
–¿Podemos hablar de una cifra aproximada a la hora de cuantificar la indemnización?
–Hace unos años tuvimos un caso similar y llegamos a un acuerdo con la empresa fabricante. Por aquel entonces, la cifra fue de entre 15.000 y 20.000 euros, lo cual sería un estándar de mínimos. Sin embargo, PIP es una empresa desaparecida, en quiebra y con su dueño en busca y captura. Desgraciadamente, el caso actual ha ocurrido en época de crisis y pocas pueden permitirse quitarse estos implantes por la vía privada.

Damián Vázquez
Abogado especializado en Derecho Sanitario

Fuente: http://www.larazon.es/noticia/9151-analisis-que-soluciones-exigen-las-afectadas-por-damian-vazquez

NEGLIGENCIAS MEDICAS La Fiscalía de Málaga ha abierto una investigación por posible negligencia médica tras la muerte de una mujer de 30 años por un derrame cerebral, después de que acudiera varias veces a diversos centros sanitarios por dolores de cabeza, donde le diagnosticaban migrañas y jaquecas. Según la denuncia presentada por la Asociación del Defensor del Paciente contra el Hospital Clínico de Málaga, facilitada a Efe, el dolor de cabeza que presentaba la mujer, y por el que se personó en el centro el 3 de octubre, fue diagnosticado de ataque de migraña. Asimismo, al tener también la tensión un poco alta, la versión de los facultativos en la denuncia alega que realizaron una radiografía, una analítica y un electro, aunque los familiares ni la fallecida recibieron nunca ningún documento sobre aquellas pruebas. La mujer estuvo durante un año con fuertes dolores de cabeza y se trasladó en “innumerables ocasiones” al centro de salud de Alozaina (Málaga), donde le diagnosticaban migrañas y jaquecas, sin que le realizaran ninguna prueba que verificara otra patología, y sólo le suministraban medicación para lo mencionado, según la denuncia. La mujer falleció el pasado 13 de octubre, en el Hospital Costa del Sol de Marbella, tras acudir al centro el día anterior y ser citada al siguiente -el día del fallecimiento- para realizar unas pruebas. En el centro, la mujer cayó de repente en presencia de la madre y el médico por un derrame cerebral, según el escrito presentado por la familia a la Asociación del Defensor del Paciente.

El calvario de Antonio comenzó cuando tuvieron que amputarle parte de la pierna derecha por problemas circulatorios. Tras la operación es ingresado en la clínica grancanaria de La Garita. Allí sufre varias caídas que le provocan una necrosis en el muñón. Su situación empeora tanto que tienen que trasladarle al hospital Insular donde, según su familia, no recibe la atención médica necesaria.

Finalmente tienen que extirparle la pierna hasta la cadera, una operación que, según su hermana, podría haberse evitado. La familia ha denunciado al Servicio Canario de Salud que la ha admitido a trámite y está investigando los hechos.

VAZQUEZ ABOGADOS EXPERTOS EN NEGLIGENCIAS MEDICAS Condena por no diagnosticar una patología frecuente y grave. El TSJ de Madrid ha condenado al Sermas a indemnizar con 314.267 euros a los padres de un bebé que nació con un retraso neuronal por pérdida de oportunidad.

La sentencia recoge que existían indicios suficientes para haber tratado antes la patología de la gestante. La preeclampsia es una enfermedad que aparece durante los meses de gestación y puede dejar importantes secuelas en el feto si no se trata a tiempo. Prever su aparición es algo que no está en manos de los médicos, pero sí identificar sus síntomas. Este razonamiento simplifica la obligación de medios que impera en los juicios médicos y que está detrás del fallo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar con 314.267 euros a los padres de un bebé que nació con un retraso neuronal. La sentencia considera que la gestante no recibió la correcta atención sanitaria, pues se retrasó el diagnóstico de una preeclampsia cuando concurrían todos los síntomas de esta enfermedad, que el fallo califica como “una enfermedad frecuente y potencialmente grave”. El informe de la perito especialista en Pediatría no encuentra ninguna justificación para que los facultativos dieran el alta a la gestante cuando tenía hipertensión y proteinuria (proteína en la orina en una cantidad elevada y permanente), que, según asegura la facultativa, “se considera como punto de corte para hacer el diagnóstico de preeclampsia”. En definitiva, el perito concluye en su informe que “la embarazada presentaba los criterios diagnósticos de una enfermedad frecuente y potencialmente grave, la preeclampsia, y ese diagnóstico no se realizó”. Un protocolo sin vigencia Los magistrados admiten el razonamiento de la médico especialista, en contra de la valoración que presentaron en el juicio la inspección médica y el jefe del servicio de Obstetricia y Ginecólogía del hospital madrileño donde ocurrieron los hechos. Los facultativos de la Administración hicieron una defensa de la actuación médica “basándose en un protocolo de actuación que no estaba vigente en el momento en que ocurrieron los hechos”. La sentencia aclara que lo que se compensa es la pérdida de oportunidad y no el retraso que sufre el menor. Si se hubiera iniciado antes el tratamiento con corticoides, el menor habría tenido más posibilidad de nacer sin ningún retraso neuronal, reconocen los magistrados. “Existe daño antijurídico y relación de causalidad con la actuación del servicio, no en cuanto a causalidad directa, como también afirma la perito, sino respecto de la pérdida de posibilidad de haberlo evitado, pérdida de expectativas que se cifran en el informe pericial en un cincuenta por ciento [...]; la indemnización no ha de reparar el daño sino la pérdida de la posibilidad de haberlo evitado”, señala el fallo. La sentencia del TSJ de Madrid no es firme y admite recurso. VAZQUEZ ABOGADOS NEGLIGENCIAS MEDICAS EMAIL: damian@vazquezabogados.es

Condenado el SAS por una negligencia que provocó la parálisis cerebral de una niña

Debe abonar casi un millón de euros y una pensión vitalicia a la menor de 6 años, que según la sentencia, no fue asistida correctamente en el parto.

Según ha contado el propio padre de la niña, su esposa llegó al Virgen del Rocío de parto un Miércoles Santo, y no recibió ningún tipo de atención durante horas. Era un embarazo gemelar. Una de sus hijas nació en la propia cama, y la segunda ya en el paritorio, pero con lesiones cerebrales por falta de oxígeno.

El Servicio Andaluz Andaluz de Salud ha sido condenado a pagar casi un millón de euros y una pensión vitalicia a una niña de 6 años, que sufre parálisis cerebral a consecuencia de la atención recibida en el parto en 2005.

Según ha contado el propio padre de la menor, Eduardo Contreras, su esposa, que llegó al Virgen del Rocío de parto un Miércoles Santo, no recibió ningún tipo de atención, naciendo una de sus hijas en la propia cama y la segunda, que padeció falta de oxígeno, nació con lesiones cerebrales ya en el paritorio tras horas de estacia en el hospital.

A pesar de la sentencia favorable, Eduardo, junto a la Asociación el Defensor del Paciente, se lamentan que desde la sanidad andaluza se haya prolongado el proceso con recursos judiciales, a pesar de las recomendaciones del Consejo Consultivo para que pagaran, así como de la propia aseguradora.

Desde el SAS ya han recurrido la sentencia ante el TSJA al contar con un informe del Hospital que confirma que los profesionales que participaron en el parto actuaron conforme al procedimiento.

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El Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez ha sido entrevistado en directo esta mañana por el programa de Antena 3 Television ESPEJO PUBLICO, en relación a la posible negligencia medica del caso aborto de un niño en Málaga, ya que advirtieron a los padres de malformaciones, llevandose la sorpresa de que les llega una carta a su domicilio indicando que la autopsia del feto indicaba que el niño estaba sano y sin malformaciones.

Puestos los hechos en conocimiento de la Fiscalia de Málaga, y solicitado explicaciones por los padres, se ha enviado un segundo informe de autopsia donde se desdicen de lo anterior.

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NEGLIGENCIAS MEDICAS MALAGA El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue una posible negligencia médica ocurrida en Málaga en el caso de una mujer que abortó aproximadamente a los seis meses de gestación tras informarle de que el feto sufría “una malformación fetal grave” y, después, supo, mediante una carta, que el bebé estaba “completamente sano o no tenía tanta gravedad como para tener que interrumpir” el embarazo.

Desde el Defensor del Paciente han explicado a través de un comunicado que los hechos comenzaron día 17 de mayo, cuando la mujer acudió a realizarse la segunda ecografía. El resultado de la prueba fue de “alguna anomalía”, además de que el ginecólogo les dijo que el bebé “estaba dormido” y que por la postura “no lo veía bien” y le propuso repetir la ecografía.

En esa repetición, les comentaron que “tampoco veía claro al bebé”. De hecho, el médico le explicó que “el corazón latía correctamente y lo demás estaba bien”, pero insistía en que “el problema parecía estar en las extremidades inferiores”.

Por ello, volvieron a repetir la ecografía y les citaron para el día 1 de junio, aunque la adelantaron para el 31 de mayo. En esta ocasión los ginecólogos les informaron en el diagnóstico que el bebé sufría la “llamada artrogriposis múltiple congénita” y les explicaron “la gravedad” de la enfermedad.

Según ha informado el Defensor del Paciente a través de un comunicado los médicos les dijeron que “esta enfermedad era muy difícil de detectar”, pero que “si ya la detectaba la ecografía, posiblemente, el grado que desarrollaría sería muy elevado debido al que el bebe, según los médicos, nunca movió los pies ni las manos”.

Tribunal médico

Ante estos hechos les recomendaron hacer una amniocentesis y empezar el protocolo para interrumpir el embarazo, sin que les señalaran, según han precisado, “un solo porcentaje de error al diagnostico”, por lo que tomaron la decisión de interrumpirlo, para que un tribunal médico les permitiera abortar pasadas las 22 semanas.

Así, y aunque la pareja fue informada de que, como manda el protocolo, el tribunal médico le haría una ecografía para confirmar y contrastar el diagnostico, “eso no fue necesario”, se basaron sólo en el informe de la doctora y “con una llamada telefónica” les citaron a principios de junio para acudir a Sevilla para interrumpir el embarazo.

En el informe que recibieron se reflejaba una “malformación fetal grave sin posibilidad de tratamiento” y los afectados lo entregaron al hospital Virgen de la Victoria, donde la mujer ingresó por urgencias para expulsar el feto.

Tras estos hechos, la mujer se encontraba de baja médica por depresión y cuando, según relata el Defensor del Paciente, intentaban “dejar esta tragedia atrás” recibieron por correo ordinario una carta del hospital Virgen de la Victoria, del servicio de anatomía, que contenía un informe en el que, al parecer, se interpretaba que “el bebé estaba completamente sano o no tenía tanta gravedad” como “les habían hecho creer para llegar a interrumpir el embarazo”.

Más tarde y “buscando consuelo” acudieron a la médica de cabecera, ya que estaban citados para el alta médica, y les informó de la carta para ver “si hay algún indicio de la enfermedad que diagnosticaron en su día”, pero la doctora indicó que, al parecer, “no hay ninguna anomalía en el bebé”

Los afectados aún tienen pendiente una cita el próximo 26 de julio para recoger los resultados de la amniocentesis, y, donde esperan alguna explicación al respecto. Desde la Asociación del Defensor del Paciente esperan “la depuración de responsabilidades que puedan derivarse de este penoso caso”.

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FUENTE EL MUNDO NEGLIGENCIAS MEDICAS

Vazquez Abogados como continuación a la anterior noticia difunde la publicación en el Diario El Mundo. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), indemnizará con 169.619 euros al marido e hija de una paciente fallecida el 13 de julio de 2008 en el Hospital Clínico de Málaga tres semanas después de que se le practicara una histerectomía -extirpación del útero-, en la que sufrió un desgarro de recto.

La resolución, facilitada a Efe por la asociación Defensor del Paciente,estima la reclamación de responsabilidad patrimonial contra el SASpresentada por la familia de la fallecida, S.L.C.

El dictamen del Servicio de Aseguramiento y Riesgos del SAS reconoce que “el factor más importante que determina el éxito de su tratamiento es su reconocimiento precoz” y subraya la importancia de la observación sistemática y cuidadosa del postoperatorio.

Añade que la lesión sufrida por la paciente, no es “una pequeña perforación que hubiese podido pasar desapercibida”, sino que debería haberse detectado antes de finalizar la intervención, lo que “podría haber evitado el desarrollo de la peritonitis fecaloidea y la desgraciada evolución posterior”.

La paciente se sometió el 20 de junio de 2008 a una operación en la quese le extirpó el útero y el ovario derecho -meses antes se le habían quitado las trompas de Falopio y el ovario izquierdo- , y fue trasladada a planta, donde empezó a ingerir líquidos y dieta blanda.

No obstante, poco después comenzó a sentirse mal, tuvo fiebre, bajada de tensión y se le empezó a hinchar el abdomen, síntomas que se fueron agravando en días sucesivos, en los que no se le realizó prueba diagnóstica alguna, hasta que el día 25 de junio, tras la insistencia de su marido por la gravedad de su estado, el personal de enfermería dio la voz de alarma, señala el reclamante.

Ese día se le realizó una radiografía y ecografía de la zona abdominal y se preparó para una intervención urgente, al sufrir un importante desgarro de recto.

Uno de los cirujanos que intervinieron a la paciente informó a los familiares de que la causa de dicha complicación se debía a una lesión producida al realizar la anterior intervención, y que además no le habían colocado el colon en su sitio, lo que le había ocasionado una peritonitis fecaloidea, con gran infección en la pared del estómago.

La paciente estuvo ingresada diecisiete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con un empeoramiento progresivo de su estado, fue nuevamente intervenida el 12 de julio, y después sufrió un importante deterioro respiratorio que agravó su situación, hasta que falleció al día siguiente.

La resolución del SAS admite la relación de causalidad entre el funcionamiento de la administración y el fallecimiento de S.L.C., y fija unaindemnización total de 169.619,14 euros para el marido y la hija de ambos.

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