Propofol Muertes Negligencia Medica Endoscopia

Abogados Malaga — Thu, 10 Mar 2011 14:07:13 +0000

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Se extienden los casos de afectados por el Propofol por toda españa. La reutilización de viales unidosis causó otro brote mortal en Ourense
Un paciente falleció y 10 resultaron infectados al ser sedados con Propofol contaminado – La Xunta no prevé prohibir esta mala práctica a los médicos.

La reutilización de envases unidosis del anestésico Propofol provocó el pasado mes de septiembre un brote infeccioso en el Complexo Hospitalario Ourensano (Chou) que causó la muerte a un paciente de 46 años e infectó a otros 10, dos de los cuales requirieron ser ingresados en la UCI. El uso en más de un paciente de los envases de este anestésico diseñados para un solo uso también ha provocado en Cataluña en los últimos tres añosun brote idéntico -en el que murió otro paciente y resultaron infectados otros cuatro por la bacteria seudomona- y varios contagios de hepatitis C, aunque la Generalitat se ha negado a informar del número total de contagiados y de los hospitales que incurrieron en esta mala práctica.

Todos los afectados en Galicia y Cataluña eran pacientes que iban a ser sometidos a una endoscopia, intervención que requiere una pequeña cantidad de Propofol. Pese a que el fabricante indica en el prospecto que cada vial de 20 y 50 mililitros es “de un solo uso” y que cualquier “cantidad sobrante debe ser desechada”, los centros aprovecharon el anestésico de viales ya abiertos.

La mala práctica que supone reutilizar un vial unidosis es condición necesaria, pero no única, para que se produzca un brote. Antes de ello, los viales ya habían sido objeto de otra mala praxis que posibilitó su contaminación: la no desinfección del vial (lo que facilitó la presencia de bacterias) o la reutilización de agujas que habían pinchado con anterioridad a un enfermo portador de hepatitis C. La contaminación del Propofol es uno de los principales riesgos de este fármaco, presentado en una solución sin antimicrobianos que contiene grasas.

En contra de lo hecho por la Generalitat, que ha lanzado una alerta a todos los hospitales de esta comunidad para que extremen los controles y que los viales sean utilizados una sola vez, la Xunta de Galicia deja esta decisión en manos de los médicos. “Cada profesional decide qué dosis utiliza y lo que ha ocurrido en el hospital orensano ha sido algo puntual”, sostiene un portavoz de la Consejería de Sanidad. La Xunta sí reconoce “el mal uso” del sedante que se produjo en Ourense y que hizo posible “la contaminación” de al menos un vial.

El fallecido en el Chou era Manuel Castro Otero, un concejal del PSOE en Castrelo do Val (Ourense), que acudió al centro a someterse a una rutinaria colonoscopia. A los pocos minutos de inyectarle el Propofol de un vial que antes había sido utilizado en otro paciente empezó a sufrir convulsiones y murió por un “fracaso funcional multiorgánico”. El informe de la autopsia, solicitado por los familiares, confirma que la causa de la muerte fue una bacteria (no precisada por la Xunta) que contaminó el Propofol.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) sostiene que ha abierto una investigación interna para depurar posibles responsabilidades administrativas, al margen de las penales que han iniciado los familiares en los tribunales, pero insiste en que no es necesario indicar a los profesionales cuál es el protocolo y cómo debe de ser utilizado el anestésico.

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Negligencia Medica Anestesia Encelofatia Postanoxica 704.756 € Indemnizacion

Abogados Malaga — Fri, 05 Feb 2010 14:00:03 +0000

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Interesante sentencia que invierte la carga de la prueba a la Administración Sanitaria en un caso anestesia negligencias medicas, lo que favorece a los reclamantes.

Cuando se demanda a la Administración por responsabilidad sanitaria la regla general es que quien reclama debe probar la negligencia. La jurisprudencia admite excepciones como en el daño desproporcionado, donde se presume la mala praxis salvo si se prueba que el resultado no es consecuencia de la actuación sanitaria.

La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha aplicado el principio de inversión de la carga probatoria al acto anestésico en un fallo en el que exime a los familiares de un paciente de la obligación de probar la incorrecta actuación sanitaria tras los daños producidos por una intubación.

La Sala, que impone a la Generalidad Valenciana una condena de 704.756 euros (más de ciento diecisiete millones de pesetas), estima la reclamación de un enfermo que sufrió una parada cardiaca y una encefalopatía postanóxica tras la intubación para la anestesia en una intervención de hernia umbilical.

El paciente sufrió una encefalopatía postanóxica durante la intubación para intervenir una hernia umbilical, un daño desproporcionado

El enfermo padece una cuadraparesia espástica distónica, dificultad para la expresión y compresión del lenguaje y grave afectación de sus facultades intelectuales. Frente al argumento de la Administración de que la prueba de la relación entre el acto anestésico y el daño correspondía al paciente, los magistrados aclaran que “en aplicación de la doctrina del daño desproporcionado, es a la Administración a la que incumbe probar que el paciente presentaba unas características normales en el cuello y la cavidad oral”.

El Tribunal Supremo aclara que el acto anestésico es “por sí mismo generador de un riesgo para la vida y la integridad física y mental del paciente, y las obligaciones del médico anestesista no difieren de las de otros especialistas médicos, por lo que la responsabilidad es de medios y no de resultado”. Pese a lo alegado por la Administración, el fallo afirma que no se puede compartir que “en los supuestos de daños derivados del acto anestésico, la prueba demostrativa de la mala praxis deba correr a cargo del paciente”.

El fallo se apoya en el informe de la Academia de Medicina de Valencia, que afirma que en el expediente “no aparece ninguna información sobre la traqueotomía de urgencia realizada al no poder intubarle, ni tampoco ninguna descripción minuciosa por fibroscopia de anatomía de laringe o de la epiglotis”. Además, la “imposibilidad de intubar a un paciente de características aparentemente normales de cuello y cavidad oral es extremadamente rara y en general excepcional”.

En consecuencia, “era exigible que la Administración diera una explicación puntual de la dificultad” de la intubación.

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