Interesante sentencia que invierte la carga de la prueba a la Administración Sanitaria en un caso anestesia negligencias medicas, lo que favorece a los reclamantes.
Cuando se demanda a la Administración por responsabilidad sanitaria la regla general es que quien reclama debe probar la negligencia. La jurisprudencia admite excepciones como en el daño desproporcionado, donde se presume la mala praxis salvo si se prueba que el resultado no es consecuencia de la actuación sanitaria.
La Sala Contenciosa del Tribunal Supremo ha aplicado el principio de inversión de la carga probatoria al acto anestésico en un fallo en el que exime a los familiares de un paciente de la obligación de probar la incorrecta actuación sanitaria tras los daños producidos por una intubación.
La Sala, que impone a la Generalidad Valenciana una condena de 704.756 euros (más de ciento diecisiete millones de pesetas), estima la reclamación de un enfermo que sufrió una parada cardiaca y una encefalopatía postanóxica tras la intubación para la anestesia en una intervención de hernia umbilical.
El paciente sufrió una encefalopatía postanóxica durante la intubación para intervenir una hernia umbilical, un daño desproporcionado
El enfermo padece una cuadraparesia espástica distónica, dificultad para la expresión y compresión del lenguaje y grave afectación de sus facultades intelectuales. Frente al argumento de la Administración de que la prueba de la relación entre el acto anestésico y el daño correspondía al paciente, los magistrados aclaran que “en aplicación de la doctrina del daño desproporcionado, es a la Administración a la que incumbe probar que el paciente presentaba unas características normales en el cuello y la cavidad oral”.
El Tribunal Supremo aclara que el acto anestésico es “por sí mismo generador de un riesgo para la vida y la integridad física y mental del paciente, y las obligaciones del médico anestesista no difieren de las de otros especialistas médicos, por lo que la responsabilidad es de medios y no de resultado”. Pese a lo alegado por la Administración, el fallo afirma que no se puede compartir que “en los supuestos de daños derivados del acto anestésico, la prueba demostrativa de la mala praxis deba correr a cargo del paciente”.
El fallo se apoya en el informe de la Academia de Medicina de Valencia, que afirma que en el expediente “no aparece ninguna información sobre la traqueotomía de urgencia realizada al no poder intubarle, ni tampoco ninguna descripción minuciosa por fibroscopia de anatomía de laringe o de la epiglotis”. Además, la “imposibilidad de intubar a un paciente de características aparentemente normales de cuello y cavidad oral es extremadamente rara y en general excepcional”.
En consecuencia, “era exigible que la Administración diera una explicación puntual de la dificultad” de la intubación.
BAREMO 2010 VALORACION SECUELAS LESIONES Y FALLECIMIENTOS EN ACCIDENTES DE TRAFICO, NEGLIGENCIAS…
Importante noticia, se acaba de publicar el Baremo Orientador para el año 2010 que sirve para valorar las indemnizaciones que se pueden solicitar por lesiones, fallecimientos, Invalidez, etc en accidentes de trafico y que tambien se aplica por analogia a otros supuestos como negligencias medicas.
Vazquez Abogados especializados en Accidentes de Trafico, Responsabilidad Civil y Penal, Negligencias Medicas, Caidas, Solicitud de Invalidez, Accidentes Trabajo, les proporciona en este enlace el Baremo 2010 Accidentes.
Mas informacion o si necesita consultar su caso e indemnizacion: damian@vazquezabogados.es
Vazquez Abogados, perteneciente a la Asociación del Defensor del Paciente ha conseguido otra resolución favorable a un paciente de Málaga, que acudio al Hospital Concertado Dr. F Pascual, y acabo con un trombo e infarto pulmonar.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha estimado parcialmente la reclamación presentada por mala praxis médica en el hospital Doctor Pascual de Málaga por “no tratar debidamente” un hematoma que derivó en un trombo e infarto pulmonar por coágulo. Así, se ha acordado el pago de 26.928 euros al paciente, según informó ayer El Defensor del Paciente.
Desde este colectivo, que presentó la reclamación bajo la dirección del letrado Damián Vázquez, explicaron a través de un comunicado que el 1 de febrero de 2007 el paciente ingresó en dicho hospital concertado para ser intervenido quirúrgicamente de varices, con ligadura del cayado de vena safena interna y flebectomía por miniincisiones.
Tras finalizar el tratamiento con medicamento anticoagulante, “comenzó a padecer fuertes dolores en su pierna derecha que apenas le permitían caminar”, dirigiéndose por este motivo el día 16 del mismo mes al servicio de Urgencias del mismo centro donde fue atendido por una doctora que, “sin practicarle ningún tipo de prueba o análisis”, le diagnosticó hematoma postquirúrgico y le prescribió un antiinflamatorio y un gel para disolverlo.
El paciente cumplió con el tratamiento, aunque tras varios días sufrió repentinamente un agudo e intenso dolor en la zona izquierda del pecho, dirigiéndose a urgencias del ambulatorio local donde le remiten al Hospital Clínico. Tras dos días en observación y a raíz de las exploraciones practicadas, “se le diagnosticó infarto pulmonar debido a un coágulo desplazado desde la zona en la que se le practicó la cirugía”.
Según pusieron de manifiesto, la resolución estima que la actuación médica del primer hospital “no ha sido correcta por no realizar exploración clínica, analítica de ninguna clase, pruebas complementarias, lo que derivó que un hematoma superficial progresara a una trombosis del sistema venoso, siendo una evidente negligencia médica”.
El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Córdoba ha condenado a un cirujano, R.C.B., a indemnizar con 36.000 euros a una paciente por los daños y perjuicios originados en una operación de pechos, de la que tuvo que ser intervenida en al menos cinco ocasiones, sin que finalmente no se consiguiera el resultado deseado por la denunciante.
Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, con la finalidad de corregir la configuración natural y la asimetría de sus mamas, la mujer acudió a la clínica Alzahar, en Córdoba, demandando la prestación de servicios sanitarios mediante la aplicación de las técnicas quirúrgicas propias de la cirugía estética, sometiéndose a varias intervenciones, que estima la perjudicada que “no se ajustaron a una actuación correcta”.
La mujer, representada en esta causa por el letrado Damián Vázquez, se sometió el 21 de julio de 2003 a una primera intervención para una operación de aumento y elevación de mamas, pero en el proceso postoperatorio, según la paciente, se abrieron las heridas y tuvo que acudir a curas ambulatorias durante tres o cuatro meses hasta que se cerraron y cesó el drenaje.
La disconformidad con el resultado estético de esta operación, ella decidió someterse a una segunda intervención el 29 de septiembre de 2004 para cambiar las prótesis por otras de mayor tamaño, un retoque de cicatrices y liposucción de caderas. En esta ocasión, también en el proceso postoperatorio sufrió la reapertura de las heridas y dolores en la mama derecha con inflamación.
NUEVA PRÓTESIS
Ante la falta de resultado del anterior tratamiento, el 5 de mayo de 2005, se procedió a la explantación de la prótesis colocada en la mama derecha, mientras que, el 19 de julio de ese mismo año, se le volvió a colocar una nueva prótesis, volviendo de nuevo a inflamarse y abrirse las heridas.
De este modo, el 19 de agosto acudió a los servicios de urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba, decidiéndose su ingreso hospitalario para la retirada de la prótesis de la mama derecha, hecho que se produjo al día siguiente en la clínica donde fue intervenida. Pero el 7 de septiembre, ella acudió nuevamente al hospital Reina Sofía, donde le diagnosticaron una infección, por lo que tuvo que recibir asistencia sanitaria.
Por estos hechos, la paciente reclamaba una indemnización de 71.761 euros, aunque finalmente la sentencia estima parcialmente la demanda y condena al cirujano y su aseguradora a 36.000 euros. La resolución judicial expone que “la entidad del perjuicio estético, la necesidad de corregir mediante nueva cirugía el estado de las mamas y el innegable perjuicio psicológico, ligado a las sucesivas intervenciones y explantaciones de la prótesis de la mama derecha, justifican dicha indemnización”.
No obstante, el letrado de la paciente, Damián Vázquez, informó a Europa Press de que, a pesar de que se ha estimado la demanda parcialmente, recurrirá dicha resolución porque entiende que esta actuación tiene que penalizarle con toda la cantidad económica que solicitaban.
NEGLIGENCIAS MEDICAS Tamara y el niño estaban en «perfectas condiciones» cuando ingresaron
Tamara había tenido un embarazo «absolutamente normal», pero un «error» cometido por el equipo médico durante el parto va a hacer imposible que el pequeño Pedro pueda llevar una vida como los demás niños. El bebé nació con una «parálisis cerebral severa» que se podría haber evitado si «la asistencia sanitaria prestada durante el alumbramiento hubiese sido la correcta», sentencia una resolucion judicial.
Tanto el niño como la madre se encontraban en «perfectas condiciones» cuando la joven ingresó en uno de los paritorios del hospital de Basurto para dar a luz. Las complicaciones surgieron durante la preparación al parto. El pequeño sufrió una «asfixia perinatal» que pasó desapercibida para el equipo médico al carecer de vigilancia monitorizada en las dos horas y media previas al alumbramiento. La falta de oxígeno produjo en el bebé «lesiones catastróficas», como una «encefalopatía con grave retraso de crecimiento».
Abogados especializados en Negligencias Medicas contacte Tfno 609610197
El juicio que se iba a celebrar contra el médico de una clínica de Marbella que practicó una liposucción a la esposa del que fuera presidente de la República de Nigeria, Stella Iubayelea Obasanjo, que murió el 23 de octubre de 2006 se ha aplazado para el próximo julio.
Fuentes judiciales explicaron que debido a que uno de los letrados se ha puesto enfermo, el magistrado ha suspendido la vista hasta el próximo 10 de julio.
La fiscalía malagueña ha solicitado, en sus conclusiones provisionales, dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el facultativo por esta muerte y pedirá durante la vista que el médico sea condenado por un delito de homicidio imprudente e indemnice a los herederos con 120.000 euros.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el acusado es especialista en cirugía plástica reparadora y estética y pese a haber realizado más de 300 liposucciones “no controló correctamente la cánula con la que extraía la grasa”, lo que le ocasionó a la mujer cinco incisiones en el hígado y el colon.
La entonces primera dama, que falleció con 59 años, acudió por primera vez a la clínica Holding Clinic de la localidad malagueña de Marbella el 31 de agosto de 2005 para someterse a una operación de cirugía estética.
Según el relato del fiscal, allí fue atendida por el acusado, quien tras hacerle algunas pruebas y preguntas la citó para el 20 de octubre de 2006, donde tras un nuevo examen médico, la primera dama fue convocada a las 8.25 horas del día siguiente.
El médico la sometió a una lipoescultura ultrasónica de abdomen, epigastrio, dorsal, cuello y francos, pero durante la intervención presuntamente “no controló correctamente la cánula con la que extraía la grasa”.
Debido a ello, la mujer sufrió cinco incisiones de hasta 3,7 centímetros de longitud en la cara ventral del lóbulo izquierdo del hígado, y un desgarro de dos centímetros en el colon y otras cuatro punciones más en ese mismo lugar.
Durante el postoperatorio, estas lesiones produjeron a la primera dama una perdida masiva de sangre y la salida de heces en la cavidad peritoneal, además de una parálisis intestinal refleja como consecuencia de la perforación intestinal.
La mujer fue empeorando durante los dos días siguientes a la intervención y acabó desarrollando un cuadro de choque sèptico e hipovolémico y, según el fiscal, “el médico no diagnosticó esta situación” y le administró un tratamiento incorrecto para su cuadro clínico, pese a “presentar claros signos comunes a ello”.
En la madrugada del 23 de octubre, cuando la situación era “crítica” el acusado determinó trasladarla al hospital USP, también ubicado en Marbella, y la primera dama ingresó en dicho centro a las 2.40 horas donde, “a pesar de poner los medios necesarios, no se pudo evitar el fallecimiento, que tuvo lugar a las 3.45 horas”.
Sobre el traslado de la paciente, el fiscal también destaca que en vez de llevarla en algún vehículo de la compañía “Helicópteros Sanitarios”, especializados en este tipo de traslados, el médico determinó llevarla en un vehículo de la propia clínica.
El Defensor del Paciente, que se hace eco del testimonio de la hija del ahora fallecido, explicó en una nota que el paciente se dirigió sobre las 9.00 horas del pasado martes día 14 al centro de salud de San Miguel, en Torremolinos, al objeto de someterse a un control rutinario de glucosa.
Para tal fin, prosigue el escrito, le tomaron la tensión, aunque al comprobar “que la tenía muy alta”, lo derivaron a las urgencias del mismo centro de salud, “dónde le pusieron un tratamiento a base de unas pastillas debajo de la lengua”.
“Al ver que no le baja la tensión lo mandan para casa, aunque tiene que volver en unas dos horas para otra toma de tensión”, volviéndole a poner dichas pastillas, relata la hija en su denuncia, en la que agrega que en ésta ocasión se le hace también un electrocardiograma, aunque “no responde al tratamiento y lo vuelven a mandar a casa con la misma recomendación, es decir, tiene que volver a ir a otro control, vuelve de terceras y lo mismo, pastillas”, reprochó.
Pese a todo ello, detalló que sobre las 19.00 horas lo derivaron al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria “para que sea valorado por especialistas y al ver que no responde al tratamiento en tanto periodo de tiempo y con tanta medicación”.
Tras llegar a este centro hospitalario “sobre las 21.30 horas y con los informes y el electro entregados en el centros de salud de San Miguel de Torremolinos”, le realizan nuevas pruebas, entre ellas, una radiografía, una analítica y una nueva toman la tensión, que sigue muy alta”, por lo que le vuelven a administrar “la pastilla y diazepan”.
Aún con todo, los resultados de las pruebas “son normales”, siendo el “único signo la tensión elevadísima” que sigue teniendo el enfermo, aunque con el diazepan “le baja un poco”.
Ya sobre las 3.30 horas de la madrugada recibió el alta, si bien aún “con la tensión alta, pero con el argumento tranquilizador del médico que le comenta que su cuerpo está acostumbrado a esa tensión”. No obstante, a las 8.00 horas de la mañana siguiente se produce el fallecimiento en su domicilio mientras dormía, siempre según el relato del familiar. (más…)
Casi 2000 años de condena para el anestesista Juan Maeso, por contagio de hepatitis a pacientes. www.vazquezabogados.es Abogados especializados en negligencias medicas. Tfno 952215859
Almost 2,000 years for the doctor who negligently infected patients with hepatitis
• 25 Feb 2009 •
ELEVEN years after the case first came to light, the Supreme Court has rejected Dr Juan Maeso’s appeal against a 1,933-year prison sentence. The mammoth sentence was passed on the 67-year-old anaesthetist by the Valencia High Court in 2007 after he was found guilty of infecting 275 patients with hepatitis C and causing the deaths of four.
The ruling was welcomed by a spokeswoman for Maeso’s victims, Amparo Gonzalez, who said those she represented had taken the news “with calm satisfaction”, in the knowledge that justice had been done. Counsel for the Prosecution and those representing the plaintiffs applauded the Supreme Court decision. Before Juan Maeso was linked to the high number of hepatitis cases diagnosed in and around Valencia, the divorced father of three was regarded as one of the region’s most distinguished anaesthetists. He was so skilled that he had earned himself the nickname of ‘Porcelain Hands’, because of his gentle touch when giving injections.
Patients grateful not to wince at the hypodermic needle could not guess that hepatitis-carrying Dr Maeso was addicted to opiates and habitually injected himself with a drug, a form of morphine called Dolantina, intended for them. Neither did 275 patients know that they would contract hepatitis through the same doctor who said that his life’s ambition was to control and prevent pain.
Between 1988 and 1997, when Maeso was an anaesthetist at Valencia’s ‘La Fe’ hospital and three private hospitals – the Casa de Salud, Virgen del Consuelo and Quiron clinics – he regularly consumed drugs destined for patients. Towards the end of 1997, doctors employed by companies providing medical cover for Telefonica and Iberdrola employees in the Valencia region noticed a rise in hepatitis C cases amongst patients who had been treated at the Casa de Salud clinic. An official review of hygiene and sterilising methods followed and tests for hepatitis C amongst the clinic’s employees led to Maeso. He was suspended in 1998 and dismissed two years later, after further cases were detected amongst his patients at the three other hospitals.
After the outbreak was traced back to Maeso, medical staff told investigators they had noticed that some of his patients were not sufficiently sedated during operations. Several of Maeso’s patients recalled that the anaesthetic had appeared ‘not to work’ and some remembered coming round immediately after an operation, while still in the theatre. One patient told how Maeso took a hypodermic from his pocket and, after giving him the injection, walked away with the syringe concealed in his hand.
When he came to trial in September 2005, Maeso claimed that, far from him infecting patients, he had been infected by one of them – “it happens all the time,” he said – and argued that he was a scapegoat, chosen to conceal shortcomings in the health service.
When a guilty verdict was reached in 2007, Maeso’s defence team launched the appeal which was rejected last week, bringing to an end the nine-year-long case. Insurance companies and the regional health service will meet the compensation costs of 20,374,065 euros, which Maeso was ordered to pay his victims and, despite the apparent severity of his 1,933 year sentence, this will be reduced to 20 years, the maximum time that can be served in a Spanish prison.
The bogus doctor, Pierre Albrecht, who was employed to carry out plastic surgery in a Marbella clinic on a basis of qualifications which were later found to have been forged, was sentenced by a Marbella Court in November. An explicit adendum to the sentence, by Judge Julian Cabrero Lopez, expressly prohibits him from practising medicine anywhere in Spain.
The forged certificates were found to be a reproduction of those of a doctor who qualified in France in 1989, and who appears in Albrecht’s CV as the tutor who guided him throughout five years of study in aesthetic medicine. Albrecht had been practising in Marbella since 1997 and is thought to have operated on hundreds of people.
According to El Confidencial, since his sentence, nobody has seen or heard of Albrecht, not even the Marbella Clinic, where he practiced.
Since our article appeared in the EWN January 8 edition, we have received several calls from people who claim to have fallen victim to the man some have dubbed the ‘jet-set butcher.’
There has been much talk about a ‘pressure group’ of his victims but little in the way of details on who they are or how to contact them. After some research, we found out that the English-speaking Malaga-based law firm of ‘Vasquez Abogados’ is dealing with several cases relating to Albrecht’s activities.
If you are a victim, you can contact the lawyer, Francisco Damian Vazquez Jimenez, on (952) 215 859 or visit www.vasquezabogados.es for more information.
We would like to invite readers or victims to send us any information regarding this case to alfredo@euroweeklynews.com writing ‘Albrecht’ on the subject line. We would also ask anyone who has a
legally-owned photograph of Pier Albrecht to email it to us at the address above.
Un hombre al que tuvieron que extirparle un pulmón como consecuencia de haberle dejado una gasa olvidada dentro en una intervención practicada en el año 1973 en el Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid, deberá ser indemnizado con 90.151 euros.
Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que estima “la relación causal entre los daños sufridos por el paciente y la deficiente actuación de los servicios sanitarios públicos”, según la asociación El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos han tramitado la defensa del afectado. (más…)
Interesante sentencia que invierte la carga de la prueba a la Administración Sanitaria en un caso anestesia negligencias medicas, lo que favorece a los reclamantes.
ELEVEN years after the case first came to light, the Supreme Court has rejected Dr Juan Maeso’s appeal against a 1,933-year prison sentence. The mammoth sentence was passed on the 67-year-old anaesthetist by the Valencia High Court in 2007 after he was found guilty of infecting 275 patients with hepatitis C and causing the deaths of four. 
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