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NEGLIGENCIAS MEDICAS MALAGA El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue una posible negligencia médica ocurrida en Málaga en el caso de una mujer que abortó aproximadamente a los seis meses de gestación tras informarle de que el feto sufría “una malformación fetal grave” y, después, supo, mediante una carta, que el bebé estaba “completamente sano o no tenía tanta gravedad como para tener que interrumpir” el embarazo.

Desde el Defensor del Paciente han explicado a través de un comunicado que los hechos comenzaron día 17 de mayo, cuando la mujer acudió a realizarse la segunda ecografía. El resultado de la prueba fue de “alguna anomalía”, además de que el ginecólogo les dijo que el bebé “estaba dormido” y que por la postura “no lo veía bien” y le propuso repetir la ecografía.

En esa repetición, les comentaron que “tampoco veía claro al bebé”. De hecho, el médico le explicó que “el corazón latía correctamente y lo demás estaba bien”, pero insistía en que “el problema parecía estar en las extremidades inferiores”.

Por ello, volvieron a repetir la ecografía y les citaron para el día 1 de junio, aunque la adelantaron para el 31 de mayo. En esta ocasión los ginecólogos les informaron en el diagnóstico que el bebé sufría la “llamada artrogriposis múltiple congénita” y les explicaron “la gravedad” de la enfermedad.

Según ha informado el Defensor del Paciente a través de un comunicado los médicos les dijeron que “esta enfermedad era muy difícil de detectar”, pero que “si ya la detectaba la ecografía, posiblemente, el grado que desarrollaría sería muy elevado debido al que el bebe, según los médicos, nunca movió los pies ni las manos”.

Tribunal médico

Ante estos hechos les recomendaron hacer una amniocentesis y empezar el protocolo para interrumpir el embarazo, sin que les señalaran, según han precisado, “un solo porcentaje de error al diagnostico”, por lo que tomaron la decisión de interrumpirlo, para que un tribunal médico les permitiera abortar pasadas las 22 semanas.

Así, y aunque la pareja fue informada de que, como manda el protocolo, el tribunal médico le haría una ecografía para confirmar y contrastar el diagnostico, “eso no fue necesario”, se basaron sólo en el informe de la doctora y “con una llamada telefónica” les citaron a principios de junio para acudir a Sevilla para interrumpir el embarazo.

En el informe que recibieron se reflejaba una “malformación fetal grave sin posibilidad de tratamiento” y los afectados lo entregaron al hospital Virgen de la Victoria, donde la mujer ingresó por urgencias para expulsar el feto.

Tras estos hechos, la mujer se encontraba de baja médica por depresión y cuando, según relata el Defensor del Paciente, intentaban “dejar esta tragedia atrás” recibieron por correo ordinario una carta del hospital Virgen de la Victoria, del servicio de anatomía, que contenía un informe en el que, al parecer, se interpretaba que “el bebé estaba completamente sano o no tenía tanta gravedad” como “les habían hecho creer para llegar a interrumpir el embarazo”.

Más tarde y “buscando consuelo” acudieron a la médica de cabecera, ya que estaban citados para el alta médica, y les informó de la carta para ver “si hay algún indicio de la enfermedad que diagnosticaron en su día”, pero la doctora indicó que, al parecer, “no hay ninguna anomalía en el bebé”

Los afectados aún tienen pendiente una cita el próximo 26 de julio para recoger los resultados de la amniocentesis, y, donde esperan alguna explicación al respecto. Desde la Asociación del Defensor del Paciente esperan “la depuración de responsabilidades que puedan derivarse de este penoso caso”.

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Fallece una mujer de 34 años tras una operación de cirugía estética de pecho

La paciente murió ayer en el Hospital Carlos Haya, donde ingresó la semana pasada tras una intervención realizada en una clínica privada.

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NEGLIGENCIA MEDICA MALAGA

Recibió el alta tres veces en las 48 horas previas a su muerte. Tenía dos años y ocho meses. Las idas y venidas a urgencias no sirvieron para evitar que Claudia falleciera a causa de una septicemia, que es una infección generalizada en la sangre provocada por una bacteria.

Su madre, Fanny Morón, pide que se analice la actuación médica que se llevó a cabo con su hija. Ha remitido su caso a la Asociación del Defensor del Paciente, que a su vez lo ha puesto en manos de la Fiscalía de Málaga. Fuentes judiciales confirmaron ayer a SUR la apertura de diligencias para investigar lo ocurrido.

La primera vez que Fanny llevó a su hija al médico con los síntomas de la enfermedad fue el 15 de octubre. Acudió al centro de salud de Cártama, localidad a la que se había mudado la familia -el matrimonio, Claudia y el hermano de esta, de 11 años- hace unos meses.

La pequeña tenía diarrea y náuseas. «Me dijeron que le diera suero y agua, y la mandaron a casa», cuenta Fanny, que tiene 30 años. A partir de aquel día, la niña sufrió episodios intermitentes que se fueron subsanando. Hasta el 10 de noviembre. Al ver que los cólicos no remitían, la madre volvió a llevarla esa noche al ambulatorio. El diagnóstico fue el mismo: gastroenteritis.

Durante las 48 horas siguientes, Fanny visitó las urgencias tres veces más para saber qué le pasaba a Claudia. La primera fue el día 12 por la mañana. «Mi hija despertó con la boca morada, así que la llevé al Hospital Materno. Volvieron a decirme que era gastroenteritis». Y el tratamiento, idéntico. «Suero y agua, y a casa», recuerda la madre.

Fanny regresó a Cártama para seguir cuidando a su hija, pero el estado de la pequeña no mejoró. Por la tarde, la fiebre le subió por encima de 40 grados y la mujer decidió llevarla otra vez al centro de salud. «El médico puso en el parte que tenía fiebre, petequias -mancha interna en la piel, debida a un derrame interno de la sangre- y dolor».

Fanny asegura que le dio el alta sin más. SUR intentó ayer recabar, sin éxito, la versión del facultativo aludido por la afectada. No obstante, desde la dirección del distrito sanitario del Guadalhorce sostienen que el médico, al ver los síntomas de la niña, la derivó al Materno, por lo que piensan que el procedimiento fue correcto. Asimismo, mostraron su pesar por lo ocurrido y expresaron sus condolencias a la familia.

El siguiente problema con que se encontró la madre fue, precisamente, cómo desplazarse al hospital. Su marido estaba en ruta -es repartidor- y su hermano y su cuñada, que también viven en Cártama, se encontraban en esos momentos en El Palo. «Le pedí al médico que me pusieran una ambulancia, pero se negó pese a que había una aparcada en la puerta del centro de salud», afirma la mujer. «Tengo un testigo -añade- que dice que la ambulancia no salió en todo el día». Según el distrito sanitario, el facultativo asegura que no se le solicitó dicho servicio.

«Salí corriendo por Cártama con mi niña, que estaba lacia, en brazos. Me puse a llamar puerta por puerta, desesperada. Pensé que tenía que ser grave, pero luego creí que no debía de serlo tanto porque en ese caso le habrían puesto una ambulancia», relata angustiada la madre. «Perdí dos horas buscando alguien que me llevara al Materno. Al final me tuvo que llevar la hermana de una vecina».

Fanny considera que la dejaron «tirada». «Si me hubieran puesto una ambulancia, mi hija habría llegado antes al hospital, con sus vías puestas, o le habrían hecho un análisis de sangre por el camino». Lo cierto es que, según la mujer, que aporta informes de todas sus visitas a los médicos, a la menor no le hicieron ningún análisis hasta que ya fue demasiado tarde.

La noche del día 12 de noviembre, cuando llegó con su hija al Materno, el personal de urgencias vio desde el primer momento la gravedad del caso. «Me quitaron a la niña de las manos rápidamente; luego me dijeron que mi hija tenía una enfermedad que le había afectado al corazón».

El hermano de Fanny, Juan Enrique, asegura que los especialistas del Materno llegaron a doblar turnos para intentar salvar a la pequeña. «Queremos agradecer el esfuerzo que hicieron. Se portaron increíblemente bien», dicen. Claudia sobrevivió 17 horas. Falleció el día 13 de noviembre. «La persona que vino a comunicárnoslo lo hizo llorando, y eso que no era su familia», recuerdan.

Una pediatra del hospital le comunicó que la niña había ingresado muy mal. «Por si me servía de consuelo, me dijo que, si se hubiese salvado, me habría llevado la cabeza y el tronco, porque había que amputarle las piernas y los brazos. Pero esa cabeza y ese tronco eran mi hija, la hubiera seguido queriendo igual, hubiese pagado una prótesis… Habría hecho lo imposible», concluye.

Fanny clama justicia y apunta al médico que, sostiene, le negó una ambulancia «a la que todos tenemos derecho». «Si se hubiera actuado bien, yo no estaría ahora poniendo reclamaciones, pero es que con mi hija no se ha hecho todo lo posible. Yo no quiero dinero ni nada. Yo ya he perdido lo más grande de mi vida».

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Un juzgado ha condenado al servicio andaluz de salud a pagar 850.000 euros por lesiones causadas a un bebe en un parto de 1981. La negligencia medica causo daños cerebrales irreversibles al niño en el hospial san juan de dios de antequera.
Si se hubiera realizado una cesarea se hubiera evitado el sufrimiento neurologico del feto.
Por fin se ha hecho justicia despues de tantos años. En la actualidad su hijo tiene 29 años.
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Tres personas han sido detenidas y otra imputada por los presuntos delitos de intrusismo profesional, lesiones, estafa, contra la salud pública y radiaciones ionizantes por imprudencia al ejercer como médicos odontólogos sin titulación en dos clínicas dentales.

La operación se ha desarrollado en las localidades malagueñas de Ronda y Cortes de la Frontera, donde los tres detenidos, A.F.C., A.H.M.G. y A.G.A., trabajaban sin titulación, ha informado hoy la Guardia Civil en un comunicado.

La cuarta persona implicada era la propietaria de una de las clínicas, por lo que se le considera presunta autora por colaboración necesaria para la comisión del delito.

En esta actuación de la Guardia Civil han sido inspeccionadas dos clínicas dentales en las cuales se ejercía de forma irregular la activad profesional.

El delito de lesiones se le imputa a uno de los detenidos por tratar a un paciente que, posteriormente, tuvo que ser atendido por el servicio de urgencias del centro médico de Cortes de la Frontera por problemas derivados de una intervención efectuada en la clínica.

Igualmente, se le imputa a otro de ellos un delito por manipular un aparato de radiaciones ionizantes sin ninguna titulación que le habilitara.

En estas clínicas dentales se dispensaban además medicamentos caducados, incluso desde hace doce años, supuestamente con el desconocimiento del paciente, por lo que también a dos de estas personas se le imputan sendos delitos contra la salud pública.

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La afectada recibirá cien mil euros por las secuelas del tratamiento, que no habría sido necesario de haberse detectado el tumor a tiempo.

Ha librado dos batallas. La primera, contra el cáncer, la está ganando. De la segunda también ha salido victoriosa. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) le ha dado la razón a la reclamación que presentó al considerar que los médicos tardaron demasiado en detectarle el tumor. La paciente recibirá una indemnización de 106.203 euros por las secuelas que le ha dejado la enfermedad.

La afectada es una mujer de 45 años que prefiere preservar el anonimato. Su calvario comenzó en 2002. La mujer acudió entonces a su médico de cabecera al observar que le había salido una llaga en la vulva. El facultativo la remitió a los servicios especializados, donde le diagnosticaron una úlcera genital.

Le prescribieron un tratamiento con un fármaco, pero la dolencia no remitió. Más bien todo lo contrario. A partir de ese momento comenzó un periplo por varios hospitales donde repitieron el mismo diagnóstico: herpes genital.

En noviembre de 2005, los médicos descubrieron que, en realidad, la paciente tenía un cáncer de vulva en grado tres, con afección ganglionar. «Fue un mazazo. Se me vino el mundo encima, porque no lo esperaba. No podía esperar esa noticia tras haber ido tantas veces a los médicos. Pensaba: ‘Si yo no me he dejado y he ido un montón de veces a los hospitales, ¿por qué me pasa esto a mí?», cuenta la mujer.

Asegura que le costó mucho asimilarlo, sobre todo cuando le explicaron en qué consistía el tratamiento. Con 41 años, tuvo que someterse a una vulvectomía radical -cirugía para extirpar los genitales femeninos- y a sesiones de radioterapia. «Me he quedado sin mis partes íntimas, con lo que eso conlleva a todos los niveles», añade la paciente, casada desde hace quince años.

Ha respondido al tratamiento. «Quiero hacer una mención al equipo de Oncología de Carlos Haya que me atendió; gracias a ellos estoy viva». Ahora pasa revisiones periódicas para controlar la enfermedad.

Tras superar el trance, se puso en manos del Defensor del Paciente, que la asesoró en la segunda batalla que emprendió. El abogado de la asociación en Málaga, Francisco Damián Vázquez, presentó en 2007 una reclamación en el Servicio Andaluz de Salud al entender que hubo una dilación en el diagnóstico del cáncer.

Se abrió una investigación. El SAS recabó la historia clínica de la paciente. En la resolución se cita un informe de uno de los hospitales donde la atendieron, en el que se dice que la paciente fue tratada correctamente y precisa que el diagnóstico del herpes vulvar estaba bien encaminado y que el carcinoma «pudo asentar sobre esa lesión».

Sin embargo, el dictamen médico del Servicio de Aseguramiento y Riesgos del SAS fue contundente: «Es comprensible que haya existido un error en el diagnóstico en las primeras ocasiones [...] pero lo que no es comprensible es el empecinamiento diagnóstico en considerar la lesión genital como infección herpética». A juicio de este departamento, el cáncer pudo haberse detectado en fase uno o dos, en lugar del grado tres que finalmente sufrió.

El SAS reconoció que no se habían puesto a disposición de la paciente todos los medios diagnósticos necesarios, lo que «ha modificado sobremanera el pronóstico de la enfermedad». Admitió las secuelas y el perjuicio estético, y estimando parcialmente la reclamación de la afectada. «Lo importante es que no vuelva a ocurrir», concluyó ella.

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Puede consultar el texto de la noticia en Diario Sur

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Las nuevas tecnologías nos hacen mas fácil la vida a los abogados y sus clientes a la hora de reclamar mediante una notificacion fehaciente a la parte contraria, para lo que habitualmente se usa el burofax. Existen otros medios como los SMS al movil  o los correos electrónicos certificados.

Manuel hacía tiempo que peleaba por cobrar una cuantiosa deuda de un escurridizo moroso en Lérida. Ni los burofax, ni las llamadas, ni las cartas certificadas, ni las visitas a su domicilio eran efectivas para lograr su propósito. Al deudor parecía habérselo tragado la tierra. Ni siquiera había logrado su primer objetivo: demostrar, con una notificación válida para la justicia, que el individuo en cuestión estaba enterado del dinero que se le exigía. Hasta que la tecnología acudió en su auxilio. Él fue uno de los primeros en España en utilizar un sms certificado, un simple mensaje de texto en el móvil, para comunicar al demandado que se le requería el pago de la deuda, requisito previo para que se pueda iniciar un proceso judicial por impago. Y el juzgado de primera instancia número dos de Lérida aceptó el sms como prueba en un juicio civil que acabó con la condena del acusado. (más…)

Vazquez Abogados, perteneciente a la Asociación del Defensor del Paciente ha conseguido otra resolución favorable a un paciente de Málaga, que acudio al Hospital Concertado Dr. F Pascual, y acabo con un trombo e infarto pulmonar.

Texto de la noticia en DIARIOSUR y MALAGA HOY

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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha estimado parcialmente la reclamación presentada por mala praxis médica en el hospital Doctor Pascual de Málaga por “no tratar debidamente” un hematoma que derivó en un trombo e infarto pulmonar por coágulo. Así, se ha acordado el pago de 26.928 euros al paciente, según informó ayer El Defensor del Paciente. 

Desde este colectivo, que presentó la reclamación bajo la dirección del letrado Damián Vázquez, explicaron a través de un comunicado que el 1 de febrero de 2007 el paciente ingresó en dicho hospital concertado para ser intervenido quirúrgicamente de varices, con ligadura del cayado de vena safena interna y flebectomía por miniincisiones. 

Tras finalizar el tratamiento con medicamento anticoagulante, “comenzó a padecer fuertes dolores en su pierna derecha que apenas le permitían caminar”, dirigiéndose por este motivo el día 16 del mismo mes al servicio de Urgencias del mismo centro donde fue atendido por una doctora que, “sin practicarle ningún tipo de prueba o análisis”, le diagnosticó hematoma postquirúrgico y le prescribió un antiinflamatorio y un gel para disolverlo. 

El paciente cumplió con el tratamiento, aunque tras varios días sufrió repentinamente un agudo e intenso dolor en la zona izquierda del pecho, dirigiéndose a urgencias del ambulatorio local donde le remiten al Hospital Clínico. Tras dos días en observación y a raíz de las exploraciones practicadas, “se le diagnosticó infarto pulmonar debido a un coágulo desplazado desde la zona en la que se le practicó la cirugía”. 

Según pusieron de manifiesto, la resolución estima que la actuación médica del primer hospital “no ha sido correcta por no realizar exploración clínica, analítica de ninguna clase, pruebas complementarias, lo que derivó que un hematoma superficial progresara a una trombosis del sistema venoso, siendo una evidente negligencia médica”.

El Diario ADN publica en su edición de Málaga en el dia de hoy la siguiente noticia:

La Asociación del Defensor del Paciente insto ayer a Salud a que inicie una investigacion por la muerte en agosto de un paciente de 65 años en Carlos Haya, achacada a que el enfermo fue derivado una y otra vez.