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Posible Decreto para legalizar viviendas rurales e ilegales.

Las hay aisladas en el campo y agrupadas en diseminados rurales. Igualmente, hay algunas que fueron levantadas por sus propietarios para crear una familia y otras concebidas como segunda residencia e incluso para el turismo rural; las hay con vistas al mar y mirando a la sierra; también hay finalizadas y otras que se han quedado a medio hacer; están las que se construyeron en zonas protegidas y aquéllas en la que la calificación ambiental del terreno llegó a posteriori; y por último, las que durante décadas han poblado los montes en suelo no urbanizable. El perfil de la vivienda irregular en la provincia es tan amplio y variado como complejo es el proceso para dar solución a las cerca de 50.000 casas sobre las que pesa la espada de Damocles de las impugnaciones de licencias, las multas coercitivas y la amenaza de una posible demolición desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002, con la que la Junta quiso poner freno a las construcciones indiscriminadas en el campo.

La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los ‘campitos’ de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección. (más…)

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La crisis ha tocado techo. Al menos, en los juzgados de Marbella. Tres de cada cuatro litigios presentados en los órganos judiciales de Primera Instancia de la ciudad están directamente relacionados con la morosidad, pero los números registrados en 2010 poco tienen que ver con el incremento de asuntos registrados en los últimos años. Todo lo contrario. Las reclamaciones de cantidad y ejecuciones por impago siguen copando casi el 75 por ciento de las cerca de 16.100 nuevas causas civiles que entraron en los juzgados el pasado año, pero la cifra de litigios de este tipo refleja un ligero descenso respecto al ejercicio anterior por primera vez en el último lustro.

Los juzgados constituyen un fiel reflejo de la realidad económica, cuya frágil situación ha disparado en los últimos años el volumen de asuntos civiles vinculados a la morosidad. Las ejecuciones hipotecarias, uno de los litigios tipo en época de depresión financiera, se multiplicaron alrededor de un 500 por ciento entre 2006 y 2009. Lo mismo ha ocurrido con los pleitos por reclamación de cantidad o las ejecuciones de pólizas bancarias, según los datos del Decanato de Marbella. Los litigios por impago siguen colapsando los órganos judiciales de Primera Instancia. Sin embargo, su crecimiento parece haberse detenido para iniciar un ligera curva descendente.

«Cada año existe más litigiosidad, eso es imparable, pero no puede haber una progresión geométrica continua», explica el juez decano de la ciudad, Ángel Sánchez, que recuerda que «tanto de 2007 a 2008 como de 2008 a 2009 se produjo un incremento brutal» en el número de asuntos ingresados en los juzgados como consecuencia directa de la precaria situación financiera. «La crisis económica y los litigios derivados de la crisis no han desaparecido, pero los números de 2010 sí ofrecen la sensación de que no se ha seguido agravando», destaca el magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella.

Hace cinco años, la cifra de ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles registradas en los órganos judiciales de Marbella ascendía a 140 y su crecimiento ha sido imparable hasta el pasado ejercicio. En 2007, este tipo de asuntos se elevó a 260 y un año después se duplicó hasta alcanzar los 540. En 2009 se registraron 730 ejecuciones de hipoteca.El número de litigios ante el impago de propietarios de viviendas se situó en el año que acaba de concluir en torno a los 700. El primer descenso desde 2006, aunque, eso sí, con un volumen de asuntos que multiplica por cinco los registrados entonces.

Las ejecuciones de pólizas bancarias -de créditos, préstamos o leasing- han experimentado una situación idéntica. Los juzgados de Primera Instancia de Marbella han pasado de tramitar 160 asuntos de este tipo en 2006 a cerca de 700 en 2009. En este caso, la caída en 2010 ha sido significativa. El pasado año se registraron 560 ejecuciones de pólizas bancarias, según los datos del Decanato. También han descendido de manera apreciable los juicios moritorios -por reclamaciones de cantidad-, que en 2010 alcanzaron la cifra de 870 por juzgado, frente al millar del ejercicio anterior.

Cada uno de los siete órganos de Primera Instancia tramitó en 2010 alrededor de 2.300 asuntos nuevos, de los que cerca de 1.700 se correspondieron con pleitos de morosidad. En dicho segmento no se enmarcan los desahucios, aunque constituyen otro de los elementos en el barómetro judicial de la crisis económica. Su progresión no ha sido paralela a los litigios por impago, dado que, aunque pudiera parecer la contrario, no han registrado un incremento desmesurado en los últimos años. Sin embargo, sí coincide su caída a lo largo de 2010, ejercicio en el que se registraron cerca de 60 desahucios frente a los 75 de 2009 y a los 73 de 2008.

Las cifras no dejan lugar a dudas. El volumen de procedimientos judiciales derivados de la crisis alcanzó su máximo histórico en 2009, un registro que no se ha reeditado en los últimos doce meses. Los interrogantes surgen a la hora de descubrir los motivos e interpretar el carácter del descenso de cifras.

Una cuestión «compleja», a juicio del juez decano, que apunta la posibilidad de que la propia crisis haya motivado la reducción de los litigios por morosidad registrada en 2010, al dispararse en los últimos años los procedimientos por impago. Es decir, ha sido tan cuantioso el número de procedimientos de este tipo entre 2007 y 2009 que la evolución no podía mantenerse.

«Aquellos que han ido entrando en morosidad hipotecaria durante los años anteriores ya no han entrado este año y, llevándolo al absurdo, de seguir la misma progresión llegaría un punto en el que ya no habría hipotecas que impagar», indica Sánchez. El magistrado señala además la caída en la concesión de hipotecas por parte de las entidades bancarias y la firma de menos contratos de alquiler como otros de los posibles elementos que hayan incidido en el descenso de ejecuciones hipotecarias y de desahucios durante 2010.

Si tiene un procedimiento judicial en Marbella contacte:

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El juicio que se iba a celebrar contra el médico de una clínica de Marbella que practicó una liposucción a la esposa del que fuera presidente de la República de Nigeria, Stella Iubayelea Obasanjo, que murió el 23 de octubre de 2006 se ha aplazado para el próximo julio.

Fuentes judiciales explicaron que debido a que uno de los letrados se ha puesto enfermo, el magistrado ha suspendido la vista hasta el próximo 10 de julio.

La fiscalía malagueña ha solicitado, en sus conclusiones provisionales, dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el facultativo por esta muerte y pedirá durante la vista que el médico sea condenado por un delito de homicidio imprudente e indemnice a los herederos con 120.000 euros.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el acusado es especialista en cirugía plástica reparadora y estética y pese a haber realizado más de 300 liposucciones “no controló correctamente la cánula con la que extraía la grasa”, lo que le ocasionó a la mujer cinco incisiones en el hígado y el colon.

La entonces primera dama, que falleció con 59 años, acudió por primera vez a la clínica Holding Clinic de la localidad malagueña de Marbella el 31 de agosto de 2005 para someterse a una operación de cirugía estética.

Según el relato del fiscal, allí fue atendida por el acusado, quien tras hacerle algunas pruebas y preguntas la citó para el 20 de octubre de 2006, donde tras un nuevo examen médico, la primera dama fue convocada a las 8.25 horas del día siguiente.

El médico la sometió a una lipoescultura ultrasónica de abdomen, epigastrio, dorsal, cuello y francos, pero durante la intervención presuntamente “no controló correctamente la cánula con la que extraía la grasa”.

Debido a ello, la mujer sufrió cinco incisiones de hasta 3,7 centímetros de longitud en la cara ventral del lóbulo izquierdo del hígado, y un desgarro de dos centímetros en el colon y otras cuatro punciones más en ese mismo lugar.

Durante el postoperatorio, estas lesiones produjeron a la primera dama una perdida masiva de sangre y la salida de heces en la cavidad peritoneal, además de una parálisis intestinal refleja como consecuencia de la perforación intestinal.

La mujer fue empeorando durante los dos días siguientes a la intervención y acabó desarrollando un cuadro de choque sèptico e hipovolémico y, según el fiscal, “el médico no diagnosticó esta situación” y le administró un tratamiento incorrecto para su cuadro clínico, pese a “presentar claros signos comunes a ello”.

En la madrugada del 23 de octubre, cuando la situación era “crítica” el acusado determinó trasladarla al hospital USP, también ubicado en Marbella, y la primera dama ingresó en dicho centro a las 2.40 horas donde, “a pesar de poner los medios necesarios, no se pudo evitar el fallecimiento, que tuvo lugar a las 3.45 horas”.

Sobre el traslado de la paciente, el fiscal también destaca que en vez de llevarla en algún vehículo de la compañía “Helicópteros Sanitarios”, especializados en este tipo de traslados, el médico determinó llevarla en un vehículo de la propia clínica.