Desgraciadamente como casi todos los veranos ha ocurrido otro accidente de avion con fallecidos, en este caso un Airbus, con mas de 150 personas a bordo, en Pakistan. Adjuntamos video de la noticia

Un avión se estrella en Pakistán con 152 pasajeros a bordo

Un avión comercial pakistaní con más de 150 personas a bordo se ha estrellado este miércoles en las colinas cercanas a la capital, Islamabad [ver mapa], según ha confirmado un portavoz de aviación a Reuters, y la Policía ha declarado que espera que pocos hayan sobrevivido.

“Había 146 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Estamos recopilando información”, ha señalado Shah Mubarik, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil del país.

Los equipos de rescate han recuperado, hasta el momento, al menos seis supervivientes que se encuentran heridos y también entre 45 y 50 cadáveres, según informan fuentes oficiales.

“Los cinco heridos han sido trasladados en helicóptero a un hospital de Islamabad”, ha indicado el ministro del Interior pakistaní, Rehman Malik, quien ha añadido que “estamos tratando de obtener información sobre los pasajeros pero, verdaderamente, esto ha sido una tragedia”.

El fuego y la niebla dificultan las tareas de los equipos de rescate, que trabajan entre el fuego y la niebla excavando con sus propias manos para encontrar a posibles supervivientes. El lugar del accidente, en una colina, no tiene acceso por carretera y el personal de emergencia sólo puede llegar a través de helicópteros.

El aparato siniestrado, un Airbus 321, de la compañía privada AirBlue, cubría la ruta entre la ciudad paquistaní de Karachi (sur) e Islamabad, informan los canales de televisión del país. Según Express TV llevaba 152 personas a bordo -aunque otras cadenas dicen que este dato está por determinar- y se ha estrellado en las Colinas de Margala, donde caía una fuerte lluvia y había niebla en el momento del siniestro.

Malas condiciones meteorológicas
El avión perdió el contacto con la torre de control a las 6.43 hora española peninsular. “Estaba lloviendo. Ví al avión volando muy bajo desde la ventana de mi oficina”, señala el testigo Khadim Hussain a Reuters.

La televisión paquistaní Aaj ha mostrado imágenes de al menos un helicóptero suspendido sobre lo que parece ser el lugar del accidente, donde una gran columna de humo y llamas se elevaba desde la colina. Por el momento se desconoce la causa del accidente.

“No estoy sorprendido por lo ocurrido”, ha declarado Ahmed Fairuz, un pasajero que espera en el aeropuerto internacional de Islamabad a que salga su vuelo. “El tiempo es bastante malo como para volar”, ha añadido mientras observa en una de las pantallas de televisión imágenes del siniestro.

El último accidente de avión en Pakistán ocurrió el 10 de julio de 2006 y en él murieron 45 personas.

El accidental más letal de un Airbus civil tuvó lugar en septiembre de 1992 cuando un avión de la compañía francesa se estrelló en Katmandú, la capital nepalí, matando a 167 personas.
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Según han informado a Efe fuentes del caso, la Fiscalía de Guipúzcoa reclama dos años de cárcel y tres de inhabilitación para estas cuatro facultativas por un delito de imprudencia profesional grave con resultado de lesiones graves, mientras que la acusación particular, que ejercen los padres del niño, eleva su petición de pena hasta los tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación.

En la segunda jornada del juicio, celebrada hoy, han declarado la madre y el padre del pequeño, que ahora tiene once años y es un “gran dependiente” físico, aunque conserva intactas su facultades intelectuales.

Durante la vista, ambos progenitores han recordado cómo su hijo nació la madrugada del 30 de septiembre de 1999 en un centro médico privado donostiarra y que el parto se desarrolló sin problemas, aunque posteriormente les llamó la atención el color amarillento que presentaba el bebé, si bien los servicios médicos les dijeron que no se preocuparan porque se debía a una “ictericia fisiológica”.

Según su testimonio, antes de abandonar la clínica volvieron a comentar a una de las doctoras que el color amarillo del pequeño se había intensificado, pero ésta le quitó importancia y les prescribió como única recomendación que lo colocaran cerca de la ventana para que le diera el sol.

Además, han explicado que en este centro no se les facilitó informe alguno al dar de alta al bebé y les comentaron que la cartilla infantil del niño era suficiente a estos efectos.

Ambos progenitores han recordado asimismo que durante el parto nadie les preguntó por sus antecedentes familiares, aunque los servicios médicos del centro ya conocían con anterioridad que el padre había sufrido la extracción del bazo de pequeño y que había padecido una anemia hemolítica.

El padre ha precisado además que, hasta que el bebé desarrolló la enfermedad, él desconocía que podría transmitir esta dolencia a sus hijos.

Una vez en casa, la madre se percató de que el niño dormía demasiado y que no comía cuando le daba pecho, por lo que decidió acudir a otro pediatra que comprobó que la ictericia había “impregnado todo el cuerpo” del bebé y les dijo que acudieran al Hospital Donostia donde le fue practicada una “exanguinotransfusión” de urgencia porque tenía un índice de 31,4 mg. de bilirrubina en sangre.

La testigo ha comentado que su hijo pasó casi una semana en la UVI en la que tuvo una gran subida de “fiebre” y también “hipotermia” pero logró “salir adelante”, aunque le quedaron graves secuelas en el aparato locomotor por afectación cerebral.

La madre ha indicado que el niño necesita el apoyo de una persona durante todo el día, ya que se desplaza en una silla de ruedas porque sólo puede caminar de la mano de un adulto y si se le suelta cae al suelo, además tiene una “gran dificultad” en los brazos, así como en el control muscular de la cabeza.

Ha explicado que el pequeño necesita ayuda para comer y vestirse y ha avanzado que su futuro pasa por una silla motorizada y la ayuda de una persona. Ha comentado asimismo que, aunque su escolarización hasta ahora es normal, encuentra grandes dificultades porque necesita programas específicos para el ordenador que utiliza.

El juicio continuará mañana con la declaración de varios peritos, tras lo que quedará suspendido hasta septiembre, para que las partes tengan tiempo de valorar una de las pruebas documentales presentadas en la vista.

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Ante los incumplimientos de dicha promotora en la entrega de viviendas, VAZQUEZ ABOGADOS va a interponer una nueva demanda contra la misma, complejo Arenal Golf, en defensa de compradores de vivienda, exigiendo la devolución de todas las cantidades abonadas, mas un 10% de penalización, existiendo sentencias en los Juzgados de Málaga que amparan dicha reclamacion.

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Salió de la discoteca con una amiga y se dirigió a los aparcamientos en busca de su vehículo. Por el camino, observó que dos jóvenes les seguían. Oyó que empezaban a insultarlo, pero no hizo caso. Cuando se subió a la moto y se colocó el casco, comenzó la agresión.

Los golpes le hicieron caer. Ya en el suelo, la víctima, un hombre español de mediana edad, escuchó los insultos que proferían los agresores, dos jóvenes a los que conocía de vista del pueblo. Según consta en su denuncia, le gritaron: «Maricón de mierda, maricona, maricona».

El afectado no encuentra motivo ni explicación al ataque más allá de su orientación sexual, ya que ni siquiera los había visto antes en la discoteca ni había discutido con ellos. La agresión, que tendría un cariz homófobo a tenor de los insultos, le ha dejado secuelas permanentes en el ojo derecho, en el que prácticamente ha perdido la visión.

El suceso, que ocurrió en 2004, acaba de ser enjuiciado en el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga. Respecto a la responsabilidad criminal, los acusados se han conformado con penas de un año y seis meses de prisión para cada uno de ellos. Además, el magistrado les ha condenado a indemnizar con 137.438 euros a la víctima por responsabilidad civil sobre las lesiones sufridas, aunque a este respecto la sentencia es recurrible, según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso SUR.

Los hechos sucedieron el 2 de octubre de 2004 en los aparcamientos del centro comercial El Ingenio, en Vélez-Málaga. Según la denuncia de la víctima, a la que asiste el despacho Vázquez Abogados, uno de los jóvenes se abalanzó sobre ella y empezó a propinarle patadas y puñetazos mientras la insultaba.

Cuando estaba en el suelo, el otro chico se acercó al afectado y, según su versión, le lanzó varias patadas al tiempo que jaleaba a su amigo. La víctima recuerda en su denuncia que le dijo: «Dale más fuerte, muérdele, muérdele». El otro chico le hizo caso y le dio un bocado en un brazo.

Tras el ataque, el afectado acudió al centro de salud de Torre del Mar acompañado por su amiga, que fue testigo de los hechos. Los médicos vieron que tenía contusiones en la cara, el cuello, los costados y las rodillas, y un hematoma en un brazo.

Sin embargo, esas lesiones se complicaron en los días siguientes y la víctima sufrió un desprendimiento de retina en el ojo derecho, que requirió tratamiento quirúrgico. Aunque el afectado padecía un glaucoma crónico previo, el juez establece en su sentencia que la agresión le provocó secuelas añadidas, que le han dejado prácticamente sin visión en ese ojo, lo que -según el magistrado- supone una merma en las posibilidades de hacer una vida normal.

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Marsans esta en una situación dificil, con solicitud de concurso de acreedores en su contra, y con reclamaciones de acreedores y clientes con problemas en sus viajes.

VAZQUEZ ABOGADOS esta especializado en derecho concursal y derecho consumidores. Mas informacion: damian@vazquezabogados.es

Algunas noticias relacionadas con MARSANS:

El tiempo corre en contra de Viajes Marsans y de sus propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, desde que la titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 admitió la solicitud de concurso necesario de acreedores contra la agencia presentada por la naviera Grimaldi, a la que se suma la de cinco firmas hoteleras de Canarias.

Por eso, el grupo turístico ha decidido cambiar de estrategia ante una situación que se torna cada día más irreversible. En vez de esperar a que el proceso judicial se desarrolle por sí mismo, Marsans ha optado por pasar a la acción y quemar su último cartucho.

Así, la compañía está intentando llegar a un acuerdo con sus acreedores para sortear el concurso necesario y, posteriormente, presentar la suspensión de pagos voluntaria. Aunque pueda parecer una actuación a la desesperada, el matiz entre necesario y voluntario entraña grandes diferencias. En caso de que el proceso iniciado por Grimaldi siga adelante, la juez determinará la sustitución de facultades de los administradores mercantiles (Pascual y Díaz Ferrán), de tal forma que su firma no sería necesaria y no tendrían capacidad para tomar decisiones.

Además, su situación patrimonial se podría ver comprometida. Por ejemplo, en otra petición posterior de concurso necesario, la de Mapa Tours, se pide a la jueza que decrete el embargo preventivo de los bienes de los actuales administradores y de los anteriores. Este tipo de actuación se da cuando los acreedores temen que, durante el proceso, los administradores puedan realizar ventas de activos de la compañía y salden cuentas que están avalando personalmente.

Además, si finalmente es concurso necesario, desaparecería la opción de tramitar una propuesta anticipada de convenio de acreedores.

Consideración
Según el artículo 22.1 de la Ley Concursal, el concurso de acreedores tendrá la consideración de voluntario cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la del propio deudor. En los demás casos, el concurso se considerará necesario.

De ahí que Marsans parta con desventaja porque, aunque presentara hoy mismo concurso voluntario, el necesario de sus acreedores ya ha sido admitido a trámite. El escenario varía si, por ejemplo, el grupo turístico lograse llegar a un acuerdo con sus proveedores. A Grimaldi le adeuda 64.734 euros (sumando las obligaciones de la matriz y de sus filiales Tiempo Libre, Viajes Crisol y Rural Viajes), mientras que las cinco hoteleras de Canarias reclaman 280.000 euros. Si Marsans lograra hacer frente a estos pagos, podría aducir que no es insolvente y que no hay un sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones, para a continuación presentar el concurso voluntario, lo que daría más margen de maniobra en la empresa a sus actuales administradores.

Cábalas aparte, lo cierto es que el proceso sigue su curso y, una vez que la jueza traslade a Marsans la solicitud del concurso (previsto para estos días), los deudores tendrán un plazo de cinco días para pronunciarse. En caso de que se opongan al proceso, la juez convocaría una vista oral para determinar su procede o no continuar con el concurso.

Díaz Ferrán, copropietario del grupo y presidente de la patronal empresarial CEOE, afirmó ayer que él “simplemente es un accionista de Viajes Marsans” y que la responsabilidad de negociar una posible venta del grupo turístico le corresponde a su socio, Gonzalo Pascual, “el presidente ejecutivo y director general de la compañía”, en declaraciones que cita Europa Press. Díaz Ferrán apuntó, además, que “cualquiera sabe” si finalmente habrá un comprador que asuma la deuda de 300 millones de Marsans y salve a la empresa del concurso de acreedores. Ambos socios podrían haber hecho llegar un informe al Gobierno advirtiendo de que, de tener lugar, la caída de Marsans supondría un impacto económico de casi 200 millones para las arcas públicas, de los que la mayor parte correspondería al pago de indemnizaciones del Fogasa y otras prestaciones. El documento apunta que la situación financiera de la firma es de “quiebra inminente”.

Abono
Por otra parte, el Grupo Marsans prosiguió ayer con el abono de las nóminas de mayo y completó el 41,40% de los pagos, según fuentes sindicales. A pesar de que la compañía se encuentra en una casi total inactividad, Marsans confía en continuar asumiendo los sueldos en los próximos días, gracias a los ingresos obtenidos por empresas que ya no son clientes, pero que pagan a 60 y 90 días.

Ayer, las páginas web de Viajes Marsans, su filial en Portugal, Rural Tours y Viajes Crisol se encontraban fuera de servicio por razones operativas, tal como sucedió cuando la patronal aérea Iata retiró a la compañía su licencia para emitir billetes de avión (el pasado 20 de abril).

En relación a la noticia publicada en Diario Sur en la que se informa que se ha doblado el desahucio de viviendas ocupadas ilegalmente, por parte del Instituto Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, de viviendas pertenecientes al Ayuntamiento o a la Junta de Andalucia, Vazquez Abogados especializados en derecho del consumidor e inmobiliario, comunica que ante cualquier resolución o comunicacion por parte del Ayuntamiento, existen unos plazos para interponer recursos o presentar alegaciones y evitar de esa forma el lanzamiento de la vivienda.

A titulo de ejemplo un Juzgado de Málaga ha dado la razon recientemente a unos ocupantes de este tipo de viviendas y ha impedido que el Ayuntamiento efectue el desahucio y lanzamiento solicitado.

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Sentencia TSJ Andalucia Málaga. El Ayuntamiento de Málaga se enfrenta a una avalancha de reclamaciones del dinero que ha cobrado en los últimos siete años por las operaciones de compraventa de derechos edificatorios que retomó a finales de 2003 pese a que la aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) no las permite desde ese mismo año. Así lo se recoge un fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)  y que ha obligado al equipo de gobierno a poner en cuarentena el cobro de estos derechos para las licencias de obra en los suelos de la ciudad consolidada.

Abogados y promotores consultados señalaron que, a raíz de darse a conocer la sentencia del alto tribunal andaluz, han sido muchos los clientes y compañeros de profesión que se han interesado por indagar en este asunto para interponer la correspondiente reclamación al Consistorio. El fin de estas demandas es que les devuelva el dinero que les cobró por unos derechos para edificar que, según se desprende del pronunciamiento del TSJA, Urbanismo no les debería haber limitado.

Según la información recabada de los últimos presupuestos de la Gerencia de Urbanismo, los ingresos por el cobro de lo que el Ayuntamiento ha considerado hasta ahora como excesos de lo que a un promotor o particular le corresponde edificar en un solar de la ciudad consolidada ascienden a unos cinco millones de euros en los últimos seis años. No obstante, de plantarse reclamaciones, esta cantidad podría aumentar considerablemente si se le aplica el interés legal del dinero en el tiempo transcurrido. Pueden ser muchos los promotores que van a reclamar las cantidades cobradas por el Ayuntamiento. La sala del TSJA lo dice bien claro. Si la Gerencia de Urbanismo ha hecho algo que no es de ley tendrán que retrotraer la norma y acatar las consecuencias.

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Casi el 80% de las separaciones y divorcios en la capital se resuelven de forma amistosa. Este porcentaje se sitúa 20 puntos por encima de la media nacional. La clave está en las medidas implantadas en los juzgados de familia de Málaga para favorecer el entendimiento en parejas en proceso de disolución, sobre todo cuando hay hijos menores de edad. “Y si el consenso total no es posible, al menos procuramos alcanzar acuerdos parciales”, matiza el titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Málaga José Luis Utrera, impulsor de esta nueva cultura del divorcio.

Lograr acuerdos en una pareja que se rompe significa menos incumplimientos de las medidas que se pactan en los convenios de separación y menos costes emocionales para todos, incluidos los niños. También menos litigiosidad y, por tanto, menos colapso judicial. Para conseguir este objetivo los tres juzgados de familia de la capital (los únicos especializados en la provincia) emprendieron hace casi una década un plan en tres direcciones para asentar la cultura de los acuerdos entre los ciudadanos, la abogacía y en el propio sistema judicial. Ahora aquel programa cosecha frutos en las estadísticas pero también en el reconocimiento público. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de premiar al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Málaga que dirige el juez Utrera, con un accésit que le distingue como el juzgado más transparente del país por su programa de gestión de conflictos familiares.

El camino hacia la transparencia lo comenzó a andar en 2000 cuando Utrera implantó unas tablas para establecer las pensiones alimenticias de los menores en función de los ingresos familiares. Se establecía así un criterio objetivo frente a la discrecionalidad del Código Civil cuando habla de “acomodación a las circunstancias y necesidades”, lo que daba lugar a respuestas judiciales diferentes en supuestos muy similares. Las tablas tienen la bondad de disminuir la litigiosidad puesto que tanto las familias como los abogados saben de antemano hasta dónde pueden llegar sus aspiraciones económicas.

Ese año comenzó también a funcionar el servicio de mediación intrajudicial, inicialmente atendido por el equipo técnico del juzgado que dirige la psicóloga María Ángeles Peña y después por las organizaciones La Mitad del Cielo y Asociación Solucion@. Aquí se trata de buscar el acuerdo in extremis, aún cuando los cónyuges hayan comenzado el proceso de separación enfrentados. En 2004 los juzgados de familia establecieron un nuevo sistema de reparto de los asuntos que desde entonces se distribuyen en función de la inicial del primer apellido de la madre, de esta forma se garantiza que un mismo juez resolverá todos los procedimientos de una misma familia.

En 2005 diseñó el Decálogo del Buen Divorcio, línea de información dirigida a las familias para afrontar los costes emocionales de las rupturas. El objetivo es evitar los “efectos perniciosos de un mal divorcio”. Esta iniciativa se ha completado con guías de buenas prácticas para cónyuges, abogados y miembros del sistema judicial, que contienen criterios orientadores con el fin de “dar una cierta unidad en los procesos ante las distintas interpretaciones” que surgen. Además desde 1999 los juzgados cuentan con un punto de encuentro familiar gestionado por la asociación Mujer Siglo XXI, espacio en el que son recogidos los hijos de padres enfrentados o en el que se producen determinadas visitas a menores. Este servicio ha disminuido los incumplimientos de sentencias y, por tanto, también la litigiosidad.

Todo este abanico de medidas se ha visto reforzado con infraestructuras propias, como una sala de vistas especial y dependencias para exploración de menores y mejoras en la gestión del equipo técnico.

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Según los resultados del estudio, un 29% de los encuestados afirma que el principal motivo, en la elección de un especialista es la reputación del médico, seguido de la capacidad del centro para generar confianza, que alcanza un 22%. Por sectores, los jóvenes y solteros consideran más las recomendaciones del centro con un 19% y un 20% respectivamente.

El 21% de los encuestados afirma que asiste “como mucho” una vez al año a la consulta; amas de casa y pensionistas son los segmentos que más acuden al centro médico. Por otra parte, un 54% de los pacientes señala que no solicitan una segunda opinión tras un diagnóstico, pero el 14% las mujeres reconoce que siempre la pide y el 44% solo lo hace “en ocasiones”.

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Consumidores que en su momento firmaron contrato con la Cooperativa Geseduma, para la compra de vivienda, y que decidieron darse de baja por retraso en la entrega de las viviendas, se han dirigido a Vazquez Abogados (Telefono 952215859) para que les asesoren y estudiar la posibilidad de recuperar las cantidades abonadas, que pueden rondar los 82.000 €, ya que hasta la fecha solo le han abonado una cantidad a cuenta.

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