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www.vazquezabogados.es representa a mas de 40 familias afectadas por el concurso de Aifos y en procedimientos penales para intentar recuperar el dinero abonado a Aifos.

AIFOS INMOBILIARIA CONCURSO ACREEDORES

Cuando Antonio y Erika firmaron en 2003 el contrato de compraventa del dúplex de la promoción Cortijo de Torreblanca (Fuengirola) en el que pretendían formar una familia jamás habrían imaginado que lo que empezó como un sueño acabaría convirtiéndose en su peor pesadilla. Esta pareja respondió religiosamente con los pagos a cuenta hasta desembolsar los 52.000 euros estipulados, pero la promotora Aifos jamás cumplió con su parte. Ocho años después, estos jóvenes han conseguido crear una familia, pero ni han recibido la vivienda ni le han devuelto su dinero. «Nos costó mucho esfuerzo pagar y ahora estamos sin casa y sin dinero, y encima pagando 240.000 euros por otro piso que tuvimos que comprar cuando el primero costaba la mitad», afirma Erika, quien pese a las dificultades y el paso del tiempo, se niega a perder la esperanza de recuperar lo que es suyo. Ésta es una de las historias que se esconden detrás del tormentoso declive de la promotora Aifos, que arrancó con la imputación de su propietario, Jesús Ruiz Casado, en el ‘caso Malaya’, se agravó con la crisis del ladrillo y desembocó en julio de 2009 en un concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de la compañía de hacer frente a los casi 900 millones que adeudaba a bancos, proveedores y clientes.
Dos años después, el horizonte se presenta igual de incierto para las 6.234 personas físicas y jurídicas que figuran en la lista provisional de acreedores de la que es, con diferencia, la mayor suspensión de pagos de una empresa andaluza. Esas son las credenciales de un proceso concursal que ha contribuido sobramanera al colapso del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que tiene el dudoso honor de ser el más saturado del país (solo en los primeros cinco meses de 2011 ha registrado medio millar de asuntos cuando el máximo recomendado para todo el año es de 350) y que además también lleva otros ‘macroprocesos’ como los de Evemarina, Aurigacrown y Borca 2000. «Nos han llegado muchos asuntos que destacan por su complejidad y su conflictividad, pero sin duda el de Aifos es el que más trabajo está generando al juzgado por el elevado número de acreedores», reconoce el magistrado Antonio Fuentes. Aun así, el titular del juzgado de lo Mercantil confía en tener resueltas a lo largo de 2012 las cerca de 700 incidencias presentadas contra el informe provisional de la administración concursal, incluidas las de la propia compañía.
La consecuencia de este volumen de trabajo es que hasta dentro de dos años no se conocerá el informe definitivo de los administradores, documento que recogerá con exactitud el alcance del concurso, aunque no se esperan grandes diferencias con respecto al provisional emitido en febrero de 2010 y que en sus 2.211 páginas contabiliza 6.234 acreedores y deudas por valor de 884.148,82 euros, excluidas las cantidades entregadas a cuenta por los miles de compradores de viviendas que se han personado en el proceso para tratar de recuperar su dinero.
Acuerdo o liquidación
Una vez esté listo el análisis final, el procedimiento avanzará a mayor ritmo, puesto que la Ley Concursal establece un plazo de 40 días para la presentación de un convenio entre empresa y acreedores en el que se establezca un calendario de pagos o una solución similar que satisfaga a los afectados y garantice la viabilidad de la compañía. Si no hay acuerdo, Aifos quedará condenada a la liquidación, de forma que el dinero que se obtenga por la venta de sus bienes se destinará a saldar la deuda con los acreedores, que irán cobrando en orden de prioridad hasta que se agoten los fondos. Los que más posibilidades tendrían serían los créditos privilegiados, entre los que se encuentran los de entidades financieras, Hacienda, Seguridad Social, comunidades de propietarios y la plantilla sumando un total de 643 ,7 millones. Si quedara dinero disponible, pasarían a abonarse los 189,4 millones adeudados a acreedores ordinarios (empresas proveedoras, entre otros), quedando en el último escalafón los catalogados como subordinados, con un montante de 50,9 millones y que incluye a las personas y empresas relacionadas con la sociedad, los intereses y las comunicaciones tardías de crédito.

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Nuestro despacho defiende en la actualidad un colectivo importante de afectados por el concurso de acreedores de Aifos. Ante la dilación de dicho caso en el juzgado, y dificiles perspectivas de cobro en el concurso, consideramos que otra alternativa para esclarecer dichos hechos, solicitar justicia, y tener la posibilidad de reintegro de los pagos efectuados es mediante la interposicion de querella o denuncia penal por presunta apropiacion indebida, etc. En el caso de que esten interesados, como el caso que se comenta en esta noticia, rogamos contacten a la mayor brevedad con VAZQUEZ ABOGADOS.

El fiscal pide cuatro años de cárcel para el dueño de Aifos por apropiación indebida.

El Ministerio Público acusa a Ruiz Casado y a su esposa de no devolver 1,1 millones a un grupo de compradores de una promoción en Casares .
Entregaron una suma de dinero, que osciló entre los 50.000 y 70.000 euros, para adquirir una vivienda en una promoción inmobiliaria que, según creían, se estaba levantando en la localidad de Casares. Las obras de construcción del complejo residencial, a cargo del grupo Aifos, deberían haberse iniciado en noviembre de 2004, pero, seis años y medio después, cerca de una veintena de compradores -la mayoría de ellos, parejas de extranjeros- siguen reclamando la devolución de la cuantía que confiaron a la promotora por unas viviendas que nunca llegaron a percibir. La suma supera los 1,1 millones de euros.
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un presunto delito continuado de apropiación indebida que el Ministerio Público atribuye al propietario de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y a su esposa, Teresa Maldonado, para los que pide una pena de cuatro años de prisión. La acusación particular considera que existe también un supuesto delito continuado de estafa, por lo que solicita un total de ocho años de cárcel para cada uno de los imputados.
Según recoge el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, Aifos desarrolló una promoción inmobiliaria denominada ‘Hacienda Casares’ y dividida en varias fases en la localidad malagueña que da nombre al complejo. Los afectados, entre los que se encuentra también una mercantil, adquirieron entre noviembre de 2003 y junio de 2004 cerca de una veintena de inmuebles, para lo que entregaron diversas cuantías económicas. El resto del importe hasta completar el precio de las viviendas estaba supeditado a la concesión de un crédito hipotecario a Aifos al que se subrogarían los adquirientes.
En los contratos, según destaca el Ministerio Público, se fijaba de manera expresa que las cantidades entregadas serían devueltas con el interés correspondiente en el caso de que los compradores lo solicitaran por incumplirse el plazo de inicio o de finalización de las obras. «La construcción nunca se alzó», señala en su escrito el fiscal, que indica que Aifos no ha podido acreditar que empleara el dinero recibido de los compradores en las necesidades del proceso de edificación. Según el Ministerio Público, si la promotora hubiera abierto una cuenta donde ingresar las sumas recibidas, «sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto». «Mas no lo hizo, ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces», añade el escrito.
Para la acusación particular, los afectados firmaron los contratos de compra e hicieron frente a las obligaciones económicas «bajo un claro y evidente engaño, ya que se les hizo pensar que se estaba construyendo» la promoción. «No había ni licencia de obras», destaca en su escrito la representación legal de los denunciantes, que estima que los hechos, por tanto, son también constitutivos de un presunto delito continuado de estafa. La acusación particular eleva la petición de pena hasta los ocho años de prisión y solicita una multa económica mayor para los dos imputados. Coincide con la Fiscalía al demandar la restitución de las sumas de dinero entregadas por los compradores.

Vázquez Abogados Malaga esta tramitando en la actualidad reclamaciones contra Aifos, recomendando a los afectados iniciar la vía penal por presunta apropiación indebida.Mas info: 952215859
JOSÉ ANTONIO SAU La Fiscalía de Málaga pide tres años de prisión para Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado, matrimonio que administra de forma mancomunada la constructora Aifos, por un supuesto delito de apropiación indebida cometido al quedarse con los 72.131,50 euros entregados por el comprador de una vivienda que jamás se ha construido.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía de Málaga, Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias vendió a Carlos P. V. un inmueble «en fase de proyecto constructivo» que debía ubicarse en el edificio Las Arenas, en la urbanización Hacienda Marina de Benalmádena. La fecha de la adquisición es el 1 de marzo de 2005. Desde ese día y hasta noviembre de 2006, el comprador entregó, «en diferentes momentos y en cumplimiento riguroso por su parte de los plazos establecidos en contrato, la cantidad de 72.131 euros».

Pese a que en ninguna parte del documento se fijó una fecha exacta para la entrega de la vivienda adquirida, los comerciales de Aifos, siempre según la Fiscalía, le dijeron al cliente que «la entrega de llaves estaba prevista para noviembre de 2006, coincidiendo con el último de los pagos parciales que, por medio de la aceptación de letras de cambio, efectuaría el afectado antes de que se entregaran las llaves y se firmara el préstamo hipotecario para el pago de la suma restante».

En agosto de 2007, es decir, casi dos años y medio después de la compra, «el alzado del bloque donde iría ubicada la vivienda no se había iniciado».

El cliente se enteró de que la empresa no contaba, aun en esa fecha, «con la licencia de obras». Debido a ello, «la eventual entrega se dilataría de manera extraordinaria», añade el acusador público.

El comprador entendió resuelto el contrato y reclamó las cantidades hasta entonces entregadas, con los intereses correspondientes. Lo mismo pidió en septiembre.

«Lejos de avenirse los acusados a aceptar la razonable postura del comprador, le ofertan inmuebles en otras promociones, no siendo éstos del interés de quien ha adquirido en un lugar y por un precio concretos», añade.

De la misma forma, «dilataron una solución a la problemática generada, aduciendo que contaban ya con la correspondiente licencia, circunstancia que no se acomoda a la realidad, pues frente a la solicitud, se contestó a Aifos que no se tramitaría la licencia hasta que no se abonaran las tasas correspondientes, que no se hicieron efectivas sino por compensación de un crédito frente al Consistorio benalmadense hasta diciembre de 2008», explica el acusador.

Con posterioridad, indica, «consta certificado por el Ayuntamiento que a finales de 2010 todavía no se habían iniciado las obras, por lo que resulta evidente que el dinero recibido por Aifos del comprador no se ha destinado al fin para el que se entregó».
Eso sí, reconoce el fiscal, no ha quedado acreditado que la promotora no quisiera construir, puesto que contrató a otra mercantil para que urbanizara el sector, con la que, por cierto, mantuvo discrepancias sobre el precio final.

«Ello supuso la dilatación del proyecto, pero no es menos cierto que el comprador es ajeno a tales vicisitudes y que su dinero se esfumó», subraya, al tiempo que apunta: «Aifos no tenía la posibilidad de argumentar que lo ha invertido en un edificio que nunca se acometió».
Los hechos han sido calificados como un supuesto delito de apropiación indebida por el que se solicitan tres años de prisión y una multa de 7.500 euros, amén de una responsabilidad civil de más de 86.000 euros de la que debe responder la sociedad.

AIFOS DENUNCIAS PENALES

Clientes de la promotora inmobiliaria Aifos que entre 2002 y 2003 compraron viviendas sobre plano, que en la mayoría de los casos nunca se llegaron a construir porque la compañía vendió antes de tener los permisos de obras y jamás logró estas licencias municipales, afirmaron ayer que la compañía no les ofreció ningún arreglo hasta que formalizaron las denuncias por presunta estafa, segun recoge Malaga Hoy.

Jesús Ruiz, administrador de Aïfos, y su esposa, Teresa Maldonado, que también ejerció esta función durante algunos años, se sientan en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga acusados de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con estafa por los que la Fiscalía les reclama siete años de prisión a cada uno, además de la indemnización correspondiente las cantidades entregadas a cuenta por las viviendas nunca construidas y 3.000 euros adicionales por daños morales. El fiscal estima el monto de las 16 supuestas estafas en 626.000 euros.

El dueño de la promotora explicó ante el tribunal que siempre tuvo la voluntad de edificar esas promociones radicadas en Rincón de la Victoria y Torrox y contextualizó lo ocurrido como incidentes menores para una compañía que ha llegado a entregar 17.000 viviendas en toda España sin problemas. No obstante, aseguró que cuando surgían impedimentos siempre ofrecía a su clientela la posibilidad de permutar los pisos que querían comprar por otros en otras promociones o devolverles el dinero entregado con creces. Afirmó que llegó a ofertar hasta el triple de las cantidades económicas entregadas a cuenta, pero que estos afectados rechazaban estos arreglos.

Frente a esta versión, los denunciantes que ayer declararon en la vista oral indicaron que sólo tuvieron posibilidad de recuperar su dinero cuando la querella estaba interpuesta y que, en cualquier caso, o se ofrecían las cantidades sin previa consignación notarial o se brindaba la opción de una permuta en zonas que no eran de su interés. (más…)

AIFOS JUICIO

Juzgan hoy al dueño de Aifos Jesús Ruiz acusado de estafar más de 626.000 euros en la venta de pisos. La Sección Primera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy al dueño de la promotora Aifos Jesús Ruiz Casado y a su mujer a los que la Fiscalía malagueña acusa por presuntamente estafar más de 626.000 euros a 30 personas con la venta de 16 pisos en distintas localidades de la provincia sin que nunca se llegaran a construir.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press,los acusados eran los administradores de la empresa dedicada a la construcción Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias y durante 2001 comenzaron la promoción de unas viviendas que se iban a construir en varias localidades.

La acusación pública sostiene que hubo “una publicidad o una oferta en la que se hacían alegaciones falsas de características inciertas sobre la vivienda a construir” y señala que a partir de agosto de 2001 comenzaron a firmar contratos con distintas personas que querían adquirir esas casas “supuestamente en construcción”.

Conforme a esos contratos, el ministerio público indica que los compradores pagaron en las fechas concertadas las cantidades estipuladas “con creencia que se había iniciado la construcción de las viviendas y que se entregarían en un plazo de unos 20 meses, aproximadamente, sin que los acusados hubieran llevado a cabo la obra proyectada”.

“Ni siquiera”, apunta la Fiscalía, habían obtenido la licencia de obras de los ayuntamientos “efectuando los perjudicados diferentes desembolsos que los acusados hicieron suyos en beneficio propio, sin que hasta la fecha se haya realizado construcción alguna ni se haya devuelto cantidad alguna a ninguno de los perjudicados”.

Para el fiscal, se trata de un delito contra los consumidores en concurso medial con otro continuado de estafa y pide para cada uno siete años de prisión, inhabilitación para desempeñar cargos directivos o de administración de sociedades por el mismo tiempo y multas de 8.100 euros por el primer delito y de 18.000 euros por el segundo.

Además, se insta a que indemnicen a cada perjudicado con la cantidad que entregó, de lo que responderá subsidiariamente la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores. También solicita que se sumen 3.000 euros a cada uno de los perjudicados o en su caso a cada pareja por los daños y perjuicios morales.

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