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Accidente Laboral Condenado el Servicio Navarro de Salud a indemnizar con más de 138.000 euros a una funcionaria por un accidente laboral
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha condenado al Servicio Navarro de Salud a abonar una indemnización de 138.471,44 euros a una funcionaria de este organismo por un accidente laboral que le provocó una incapacidad permanente.
La sentencia, que estima un recurso de apelación de la funcionaria, da por probado que la demandante, matrona en la unidad de partos del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, intentó el 14 de septiembre de 2006, mientras estaba trabajando, abrir una puerta del centro sanitario con la mano izquierda, al tener ocupada la mano derecha.

Según el fallo, como la parte inferior de la puerta rozaba con el suelo y ofrecía resistencia, notó “un chasquido” en la muñeca que resultó ser una rotura del fibrocartílago triaungular en la muñeca izquierda, lesión por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

El Instituto Nacional de Seguridad Social, recoge la sentencia, declaró su incapacidad permanente total para ejercer su profesión habitual, además de la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo donde sufrió el accidente.

La funcionaria, al no estar conforme con la declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual, impugnó la misma ante la Jurisdicción Social y el 2 de junio de 2009 el Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona dictó sentencia estimatoria y declaró su incapacidad permanente en grado de absoluta con derecho a percibir la correspondiente pensión vitalicia.

En la demanda, la funcionaria solicitó ser indemnizada con 239.938,7 euros, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona apreció que los 180.600 euros que había percibido ya por el accidente, por parte de una compañía aseguradora y una mutua, eran suficientes para indemnizarla por la incapacidad y las secuelas.

La funcionaria recurrió la sentencia al considerar que quedaban pendientes de indemnizar 138.471,44 euros, una cantidad que, según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, tiene derecho a percibir.
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NEGLIGENCIAS MEDICAS Vazquez Abogados pertenece a la Asociación del Defensor del Paciente, dedicada a la defensa de los intereses de los pacientes y ayuda en negligencias medicas.

Como todos los años se ha publicado la memoria anual, en este caso del 2011, donde se constata un aumento de los problemas en materia de sanidad, aumento del numero de reclamaciones por presuntas negligencias medicas, fallecimientos, etc, con respecto al año 2010.

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Adjuntamos el texto integro de la: MEMORIA 2011 DEFENSOR DEL PACIENTE VAZQUEZ ABOGADOS

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 50.000 euros a unos padres que atribuyen la muerte de su hija a “la deficiente asistencia sanitaria que le fue prestada”.

Según una sentencia notificada en julio y facilitada hoy a EFE por el Defensor del Paciente, el TSJ reconoce el derecho a la percepción de 50.000 euros como indemnización, que deberá pagar la Conselleria de Sanidad y solidariamente la entidad aseguradora Zurich España.

Los padres exigían la responsabilidad patrimonial a Sanidad porque alegaban que la atención médica “no fue correcta”, ya que “a pesar de los síntomas que presentaba no se le practicaron las pruebas para establecer un diagnóstico, que de haberse hecho a tiempo hubiera permitido aplicarle el tratamiento necesario”.

Por su parte, la Conselleria alegó que no existían requisitos para reconocer la responsabilidad patrimonial de la administración, “pues no se ha acreditado la existencia de la relación de causalidad” entre la asistencia sanitaria recibida y la muerte de la niña.

Ante esto, el TSJ ha dictado que “el daño indemnizable no es la muerte, sino la pérdida de la oportunidad de recibir el tratamiento correcto” y por ello ha condenado a la Conselleria a pagar 50.000 euros, más de la mitad de los cerca de 121.000 que exigían los padres.

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Un juez reconoce como accidente laboral la leucemia contraída por plaguicidas.
Un juez de lo social de Barcelona ha reconocido como accidente laboral la leucemia que una trabajadora de la limpieza, ya fallecida, contrajo debido a su exposición a productos plaguicidas.

En su sentencia, el juzgado de lo social número 12 de Barcelona estima la demanda presentada por el viudo de la trabajadora contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Mutua Fremap y reconoce su derecho a cobrar la pensión correspondiente por accidente laboral.

La mujer trabajaba desde el año 1992 en el servicio de limpieza de una empresa que realizaba unos seis tratamientos anuales con plaguicidas en su edificio.

En noviembre de 2006, según cree probado el tribunal, se realizó una fumigación en la sede de la empresa para eliminar insectos que provocó a la mujer distintas molestias, como dolor de cabeza, picor de ojos y garganta y dificultades para respirar.

A los pocos meses de esa exposición a plaguicidas, añade el juez, la fallecida presentó un proceso tumoral de origen tóxico por el que se le concedió la invalidez permanente y que le acabó provocando la muerte en junio de 2008.

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La Audiencia de Málaga ha condenado a una mujer a pagar una multa de 180 euros por llevar suelto por una urbanización de Marbella (Málaga) a su perro, que mordió al can de un vecino. Además, deberá indemnizar al dueño del perro herido con 250 euros por daños morales y 199 euros por los gastos de asistencia veterinaria que requirió su perro por las heridas sufridas.

La Audiencia estima así el recurso de apelación interpuesto por el dueño del animal lesionado contra la sentencia de un juzgado marbellí, que absolvió a la mujer al entender que no había resultado probado que dejase al perro suelto de forma intencionada para que mordiese al otro.

Los hechos sucedieron en octubre del 2009 cuando el hombre paseaba a su perro por la urbanización sujeto “en cumplimiento de lo acordado por la junta de propietarios”. El animal fue atacado por el can de la denunciada que estaba suelto. El fallo, al que tuvo acceso Europa Press , condena a la mujer por una falta contra los intereses generales recogida en el Código Penal referida a los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejen sueltos.

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Negligencia medica
La negligencia del centro de diálisis de Tarragona que el año pasado infectó a al menos siete pacientes de hepatitis C, la variante más grave del virus, costará a la clínica 52.000 euros por cada persona afectada. La cifra se ha pactado en un acuerdo extrajudicial entre la empresa, concertada por la Generalitat y gestionada por la multinacional alemana Fresenius, y cinco de las personas afectadas por la infección. Se trata de los pacientes representados legalmente por la asociación El Defensor del Paciente, que ha pactado esta cantidad con la aseguradora del centro de hemodiálisis, HDI Seguros. El Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona, sin embargo, mantiene abierta la causa penal por el suceso para investigar si los hechos son constitutivos de delito. El contagio se produjo supuestamente porque el centro incumplió reiteradamente las normas de uso de un autocoagulante empleado en para realizar la diálisis.
La ficha técnica de esta sustancia, la heparina, subraya la obligación de inyectar a cada paciente envases de una solo dosis y uso individual. El centro, en cambio, suministraba el mismo frasco a diversos enfermos aparentemente para reducir costes. Si se extrae heparina de uno de estos envases con una aguja que ha tenido contacto con un portador del virus C, todo el frasco queda contaminado y la infección vírica se contagia al resto de los pacientes, como ocurrió con al menos siete personas en la clínica de Tarragona. Fresenius gestiona otra media docena de centros de diálisis concertados por el Servicio Catalán de la Salud que, tras conocer lo ocurrido, fueron inspeccionados por la Generalitat.
“No se preocupen, morirá antes”
Los afectados del centro de Tarragona, en su mayoría personas de avanzada edad, fueron informados del contagio por el propio centro el pasado 3 de diciembre. La variante C de la hepatitis es la que provoca efectos más graves -cirrosis o cáncer de hígado en sus casos más extremos-, pero éstos suelen tardar 20 años o más en aparecer. La clínica esgrimió este factor para tranquilizar a los pacientes infectados y quitarle hierro a la negligencia clínica. “No se preocupen: la enfermedad no llegará a afectarle porque morirá antes”, explicaron los doctores a los afectados, según el relato de los pacientes.
Los afectados lamentan el modo con que se les notificó el alcance de la negligencia y sostienen que esta ya ha comportado graves perjuicios para su salud. A uno de los infectados, un hombre de 61 años, la infección le obligó a posponer el trasplante de riñón tras cuatro años y medio en lista de espera.
El mismo tipo de negligencia ya ha causado otros brotes de hepatitis C: en 2003, el Hospital de Alcorcón (Madrid) infectó a siete pacientes oncológicos. La Comunidad de Madrid indemnizó a cinco de ellos con 138.000 euros. Otro, mucho más joven, recibió una cantidad superior, y los familiares de la última, que murió poco después por el tumor que padecía, recibió una indemnización inferior.

VAZQUEZ ABOGADOS especialistas en derecho daños, accidentes de trafico, seguros e invalidez se hace eco de la noticia de posibles cambios legislativos en el sector asegurador, con importancia para los afectados por un siniestro.

El Gobierno plantea en el anteproyecto de la nueva ley del contrato de seguros que en los de accidentes se reconozca el derecho del asegurado a que la compañía le cubra su invalidez si ésta aparece en los dos años siguientes al suceso.

El anteproyecto de Ley será presentado próximamente en la Junta Consultiva de Seguros, órgano asesor del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de ordenación. No obstante, el sector calcula que no entraría en vigor antes de 2012.

El documento establece también que, en los seguros por daños, el cliente ya no tendrá sólo cinco días desde la declaración de un siniestro para notificar los daños, sino que dispondrá de todo un mes.

Otras medidas incluyen que las aseguradoras podrán tener un plazomáximo de dos meses para presentar una propuesta de indemnización a un cliente desde que le comunica un siniestro y, posteriormente, cinco días para pagarle dicha compensación.

Tal y como está redactado este artículo, se entiende que dichos plazos son aplicables a todos los ramos del sector.

El anteproyecto incluye también nuevos plazos cuando un cliente no pague las primas de una póliza. El texto propone que la nueva ley exija a las aseguradoras que avisen a los clientes que no abonen la primera prima (o la única) en un plazo de 15 días, frente a los seis meses que recoge la normativa actual.

En el supuesto de que no se abonaran las primas siguientes, se sustituye el actual plazo de seis meses por uno de tres para suspender la cobertura del contrato.

Informar al cliente de forma más clara

En cuanto a las coberturas sobre personas, en las que se incluyen losseguros de vida, accidente y enfermedad, entre otros, el anteproyecto mantiene la prohibición de contratar una póliza para cobrar una indemnización en el caso de muerte sobre personas con capacidad “modificada”.

Para garantizar una mejor comprensión de los productos de vida, el documento exige que se facilite al tomador la información específica que le permita comprender adecuadamente los riesgos de su inversión.

En el caso concreto de las pólizas en las que el asegurado asume el riesgo de inversión, la compañía le tendrá que informar de forma clara y precisa de que el dinero que recibirá depende de las fluctuaciones de los mercados financieros.

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VAZQUEZ ABOGADOS ESPECIALISTAS RECLAMACION ACCIDENTES DE TRAFICO

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó hoy al Gobierno la revisión urgente de las indemnizaciones económicas a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre todo de aquellos casos en los que la persona damnificada queda en situación de discapacidad, ya que son “muy inferiores” en cuantía a la media de las compensaciones europeas.

En este sentido, la organización señaló que estas indemnizaciones no se revisan desde 1995, puesto que el Estado simplemente “se ha limitado” a actualizarlas con arreglo a la inflación, y ahora “no alcanzan a reparar los efectos económicos de todo tipo que el accidente representa para las víctimas y sus familias”.

“La insuficiencia del baremo actual de indemnizaciones por accidentes ha sido señalada incluso por la Fiscalía de Seguridad Vial, por lo que existe una gran coincidencia en plantear una completa revisión de estas tablas, para que se acerquen a las necesidades actuales de las víctimas”, explicó en una nota de prensa el comité.

Asimismo, CERMI exigió ser la plataforma representativa de las personas con discapacidad y sus familias en el  proceso de revisión del baremo, junto con las demás instancias con interés directo en esta materia, para que la voz de la discapacidad “sea escuchada y tenida en cuenta”.

De esta forma, según la organización, “el nuevo cuadro indemnizatorio no sólo ha de ser digno y suficiente, sino que ha de ir orientado a dar cobertura y apoyo de todo tipo a las víctimas, de tal forma que puedan reincorporarse activamente a la vida en comunidad potencien al máximo su autonomía personal”.

Vazquez Abogados se une a dicha reclamación solicitando que se eleven las indemnizaciones a las victimas de accidentes de trafico para reparar integramente el daño causado.

Contacto: damian@vazquezabogados.es

VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA ESPECIALISTAS EN DERECHO PENAL. TELEFONO URGENCIAS ASISTENCIA AL DETENIDO 609610197

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Vazquez Abogados Málaga, ejercitara la acusación particular en nombre de los familiares del preso fallecido en Málaga, toda vez que estaba bajo la guardia y custodia de Instituciones Penitenciarias cuando ocurrio dicho fallecimiento, dandose la circunstancia que es el segundo preso fallecido en el centro penitenciario de Málaga por causas no naturales.

Funcionarios de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga) hallaron muerto la pasada madrugada en su celda, en el módulo de ingresos, a un interno de origen marroquí.

El cadáver fue encontrado sobre las 04.00 horas. Se trataba, según señalaron a Europa Press desde la cárcel, de un interno que llegó el pasado sábado, procedente de Melilla, a la prisión malagueña, donde iba a permanecer de manera provisional, ya que en los próximos días estaba previsto su traslado a Puerto III (Cádiz).

Tras el levantamiento del cadáver y el análisis de la celda, se procedió a su traslado para efectuarle la autopsia, según detallaron las fuentes consultadas, que apuntaron que, aunque se desconocen las causas del fallecimiento, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Al respecto, desde el sindicato de prisiones Acaip señalaron en un comunicado que “algunas fuentes apuntan al abuso en el consumo de drogas” como causa de la muerte.

Mas informacion en:

Diario Sur

La Opinion de Malaga

Malaga Hoy

Diario Tanger

• El mineral  se usó en astilleros y fábricas de uralita durante 50 años.
• Los trabajadores ignoraban sus efectos cancerígenos y letales.
• Nuestro país registrará más de 120.000 afectados en 2020.

Las partículas se filtraban a través de los poros de la piel. Envolvían la comida de los operarios. Y se incrustaban entre las fibras de sus uniformes. Inhalaban estas moléculas 43.200 segundos al día, 4.300 minutos a la semana y 2.760 horas al año.

Eran los sesenta, y los trabajadores ignoraban los efectos cancerígenos y letales del material con el que cohabitaban en los astilleros y las fábricas de uralita.Al principio no había información sobre el amianto. Después se ocultó. “Las empresas que distribuían el mineral despegaban las etiquetas en las que se alertaba de su peligrosidad”, explica José Luis Castro. 

La biografía de este ex operario ferrolano de Bazán –hoy Navantia– ilustra un problema que ha germinado en España, pero todavía no ha estallado. La exposición ininterrumpida al amianto durante 30 años en las calderas le ha secado los pulmones. Ha demandado a la empresa. La empresa ha recurrido. Y desde hace 5 años espera junto a una máquina de oxígeno la sentencia del Supremo. 

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