VAZQUEZ ABOGADOS DEFENSOR PACIENTE MALAGA La Fiscalía pide investigar la muerte de una mujer diagnosticada de migraña La hermana de la fallecida denunció que esta última pasó aproximadamente un año con fuertes dolores de cabeza y acudió en “innumerables” ocasiones a los centros de salud de Alozaina y Tolox.

La Fiscalía ha remitido al Juzgado Decano de Málaga una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente sobre la muerte de una mujer que falleció tras ser diagnosticada de migraña, jaqueca y tensión alta, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de negligencia.

VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA La fiscalía investiga en Andalucía una posible estafa en programas de videntes

Las diligencias se abren en Málaga, donde se cree que se originan muchas de esas emisiones – Hay sospecha de contenidos perjudiciales para los menores.

La Fiscalía de Málaga investiga posibles delitos en algunas cadenas de televisión que emiten programas de videncia y esoterismo fuera del horario permitido. El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, ha abierto diligencias a raíz de la información recopilada por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que ha iniciado decenas de expedientes por emisión de contenidos que vulneran la ley, pero está encontrando dificultades para sacarlos adelante por la complejidad de la identificación de los responsables de los programas.

Precisamente, la localización de esos responsables de las emisiones y saber desde donde trabajan es la primera labor que tiene por delante el fiscal. El Audiovisual ha detectado que en Málaga se concentran muchas de las emisiones irregulares, por eso las indagaciones ha empezado por esa fiscalía. Pero si durante la investigación se detecta que hay programas radicados en otras provincias, se derivará la información a la fiscalía correspondiente.

Por la documentación que le ha hecho llegar el CAA, Morales tiene ya una línea de investigación marcada y cree que pueden existir indicios de distintos delitos. El primero, en relación a los contenidos. “Hay que certificar si los contenidos de estas emisiones pueden ser perjudiciales para menores e incluso para mayores o personas más vulnerables”, explica el fiscal. La Ley General de Comunicación Audiovisual prohíbe los contenidos esotéricos y de paraciencias entre las siete de la mañana y las diez de la noche y su emisión se considera una infracción grave para la que se prevén multas de entre 100.001 y 500.000 euros.

El fiscal indagará también si estos programas están cometiendo estafa. En algunos casos, no advierten debidamente de que las líneas telefónicas a las que tienen que llamar los espectadores que quieran hacer una consulta a los supuestos videntes son de tarificación adicional, con un coste muy superior al de las llamadas convencionales. Además, algunas de estas emisiones mantienen al espectador en espera al teléfono durante varios minutos, lo que encarece el precio de la llamada. En estas líneas, la facturación se reparte entre la empresa y el proveedor de telecomunicaciones, por lo que si la demora es premeditada, se podría agravar el delito de estafa.

Morales considera que la justicia tendrá también que tomar medidas si, como parece haber constatado el Consejo Audiovisual, muchos de los canales emiten sin licencia. El organismo cuenta con un sistema de seguimiento de medios que capta, graba y analiza las emisiones de 67 televisiones con licencia y 64 sin título que les habilite para emitir, pero que han invadido frecuencias de TDT libres. Según el análisis realizado por el órgano regulador, el 53% de esos 64 canales ilegales se dedica casi en exclusiva a programar consultas con videntes o espiritistas. Además, el CAA ha advertido de la posibilidad de que los responsables de algunos de estos canales hayan cometido delitos de amenazas o coacciones cuando se ha intentado acceder a los centros desde los que emiten.

La fiscalía entiende, además, que si la Administración (el CAA en los casos de televisiones andaluzas) ha requerido a alguna de las cadenas que interrumpa sus emisiones de videncia en horario infantil y no lo ha hecho, podría igualmente existir un delito de desobediencia.

“No es una investigación sencilla”, admite el fiscal jefe de Málaga, que espera que en las próximas semanas se pueda empezar a localizar, con la ayuda de la policía, la Guardia Civil y el Registro Mercantil, a los responsables de las emisiones para llamarlos a declarar. Si los indicios de delito se confirman y la fiscalía decide remitir el caso al juez de instrucción, Morales no descarta pedir medidas cautelares que podrían contemplar el cierre preventivo de algunos de estos canales.

El CAA impuso el pasado octubre una sanción de 300.001 euros al canal autonómico adjudicado a Avista Televisión Andalucía (del grupo Vocento) por la difusión de contenidos esotéricos en el programa Contigo. Entre octubre y abril de este año, se constató la difusión de 150 emisiones de Contigo en dicho canal.

La Fiscalía potenciará la sección civil creando una nueva especialización dentro de este área, dedicada especialmente a la atención de las quejas y los problemas jurídicos de los consumidores y usuarios, según ha informado el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales.

Morales ha explicado, en una entrevista con Europa Press, que se centrará en la protección de los derechos de lo consumidores y usuarios de forma que se iniciarán los trámites incoando diligencias de investigación en la Fiscalía, que, según los casos, “se remitirán a los correspondientes juzgados para continuar la investigación”.

Ha explicado que esta especialización se estructurará a nivel nacional, aunque en el ámbito provincial están previstos encuentros con los responsables de la Junta de Andalucía con competencia, fundamentalmente Sanidad, aunque, según ha señalado, “también con Turismo por la competencia en cuanto a la organización de viajes”.

Ha manifestado que esta especialización se enmarca dentro del área de civil, en concreto en la relacionada con la protección de víctimas, que cuenta con un fiscal encargado, al tiempo que ha indicado que se establecerán reuniones periódicas con responsables de asociaciones relacionadas con esta materia.

La Fiscalía General del Estado dictó a finales del pasado año una circular en la que se concluía que el ministerio fiscal está legitimado por diferentes legislaciones y normativas en materia de consumo para “tomar la iniciativa en el ejercicio de la acción colectiva de cesación”.

Asimismo, en dicho escrito se precisa que el ministerio público podrá personarse y ser parte en defensa del interés social en determinados procedimientos colectivos. Además, se determina que en las fiscalías cuyo volumen de trabajo los justifique, se designará un fiscal.

Éste realizará tareas de coordinación de las diligencias informativas y los procedimientos judiciales de esta naturaleza en el ámbito civil, “a fin de facilitar su registro y el seguimiento de las intervenciones del ministerio público y de las resoluciones que los órganos judiciales adopten en los procedimientos”.

CAMBIOS EN LA FISCALÍA

En opinión del fiscal jefe, “los grandes cambios” para la Fiscalía “ya se han producido” con la creación de especialidades. Así, ha afirmado que a las que ya existían, como siniestralidad laboral, medio ambiente o drogas, se han unido otras como la de delitos tecnológicos, seguridad vial y protección de víctimas.

Ha precisado que “como se van ampliando los campos de especialización, en una sociedad tan global como ahora, en la que no sólo los cambios sociales sino sus consecuencias económicas, jurídicas, sociales, van en constante evolución, se necesita una adaptación constante”.

Como ejemplo, el responsable de la Fiscalía malagueña ha puesto las nuevas tecnologías, “porque una parte importante de la economía, del comercio y también ya de los trámites jurídicos se realizan de esta forma”, por lo que ha considerado que “es una materia en la que tenemos que estar atentos”.
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El Defensor del Paciente, que se hace eco del testimonio de la hija del ahora fallecido, explicó en una nota que el paciente se dirigió sobre las 9.00 horas del pasado martes día 14 al centro de salud de San Miguel, en Torremolinos, al objeto de someterse a un control rutinario de glucosa.

Para tal fin, prosigue el escrito, le tomaron la tensión, aunque al comprobar “que la tenía muy alta”, lo derivaron a las urgencias del mismo centro de salud, “dónde le pusieron un tratamiento a base de unas pastillas debajo de la lengua”.

“Al ver que no le baja la tensión lo mandan para casa, aunque tiene que volver en unas dos horas para otra toma de tensión”, volviéndole a poner dichas pastillas, relata la hija en su denuncia, en la que agrega que en ésta ocasión se le hace también un electrocardiograma, aunque “no responde al tratamiento y lo vuelven a mandar a casa con la misma recomendación, es decir, tiene que volver a ir a otro control, vuelve de terceras y lo mismo, pastillas”, reprochó.

Pese a todo ello, detalló que sobre las 19.00 horas lo derivaron al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria “para que sea valorado por especialistas y al ver que no responde al tratamiento en tanto periodo de tiempo y con tanta medicación”.

Tras llegar a este centro hospitalario “sobre las 21.30 horas y con los informes y el electro entregados en el centros de salud de San Miguel de Torremolinos”, le realizan nuevas pruebas, entre ellas, una radiografía, una analítica y una nueva toman la tensión, que sigue muy alta”, por lo que le vuelven a administrar “la pastilla y diazepan”.

Aún con todo, los resultados de las pruebas “son normales”, siendo el “único signo la tensión elevadísima” que sigue teniendo el enfermo, aunque con el diazepan “le baja un poco”.

Ya sobre las 3.30 horas de la madrugada recibió el alta, si bien aún “con la tensión alta, pero con el argumento tranquilizador del médico que le comenta que su cuerpo está acostumbrado a esa tensión”. No obstante, a las 8.00 horas de la mañana siguiente se produce el fallecimiento en su domicilio mientras dormía, siempre según el relato del familiar.

Por todo ello, la asociación el Defensor del Paciente entendió que dicho relato “es lo suficientemente esclarecedor” como para solicitar a la Fiscalía de Málaga que abra una investigación de oficio y se depuren las responsabilidades que pudieran derivarse de este caso.