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QUEDÓ PARAPLÉJICO
El Gobierno tendrá que pagar 400.000 euros por un retraso diagnóstico
El Tribunal Supremo considera probado que los facultativos del Hospital Valdecilla tardaron tres años en diagnosticar su enfermedad.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía, que condena al Gobierno cántabro a indemnizar con 400.000 euros a un paciente que quedó parapléjico después de que facultativos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tardaran 3 años en diagnosticar su enfermedad.
La sentencia considera que ha existido “error de diagnóstico y deficiente y escasa práctica de pruebas médicas diagnósticas, a fin de descartar otros diagnósticos”, en el caso de F.J.G.G, quien acudió el 21 de junio de 2001 a las Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla con una fístula arteriovenosa dural medular que se le diagnosticó e intervino en 2004, retraso que generó sus secuelas.
No obstante, desestima la existencia de mala praxis en la intervención quirúrgica del 3 de noviembre de 2004, considerando lo ocurrido como “una complicación posible para este tipo de intervenciones”. “Tampoco se estima la pretensión de falta de consentimiento informado valorando todos los elementos probatorios que se contienen en las actuaciones”, añaden.

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El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha sido condenado al pago de una indemnización de 132.000 euros por omisión de medios diagnósticos y falta de consentimiento informado a la familia de un paciente que falleció en abril de 2002, tres días después de recibir el alta en el hospital Povisa de Vigo.

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Santiago de Compostela condena al Sergas a indemnizar con dicha cantidad a los familiares de P.T.A., de 59 años y natural de O Morrazo, quien ingresó en el servicio de endocrinología de Povisa para ser tratado de una diabetes mellitus insulinodependiente y de hipoglucemia.

Según informa el Defensor del Paciente en un comunicado, P.T.A. recibió el alta tras varios días ingresado y falleció en su domicilio.

Entonces, sus familiares alegaron que hubo error de diagnóstico y falta de consentimiento informado, así como omisión de los medios adecuados para el tratamiento del paciente.

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Institut Català de la Salut (ICS) a pagar 30.000 euros a una paciente a la que le fue diagnosticado erróneamente un tumor cancerígeno en el abdomen.

Según informa el Defensor del Paciente, la mujer, de 42 años, acudió al Hospital de Mollet (Barcelona) el 15 de diciembre de 2004 con fuertes dolores en el abdomen y, tras realizarle varias pruebas, se la operó para abrir el abdomen por una laparotomía, pero la cirujana la remitió al Hospital de Sant Pau alegando que tenía una masa tumoral –cáncer– que le ocupaba todo el vientre.

Las pruebas que se le realizaron en el segundo hospital demostraron que no había ningún tumor ni cáncer y que con un análisis de marcadores tumorales se hubiera evitado la intervención y las cicatrices.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 15 de Barcelona denegó la indemnización, por lo que la afectada recurrió ante el TSJC.

Ahora, el alto tribunal considera que “aparece una ausencia de prueba analítica con marcadores tumorales, o la realización de una biopsia (..) que a groso modo permite obtener síntomas físicos de utilidad en el diagnóstico”, por lo que obliga al ICS a indemnizar a la víctima.

Condenan al SAS por confundir un infarto con una crisis de ansiedad
El Servicio Andaluz de Salud tendrá que indemnizar con 200.000 euros al marido y los dos hijos de una mujer de 43 años que falleció en Jerez en 2007.
Un juzgado ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con casi 200.000 euros al marido y los dos hijos de una mujer de 43 años que falleció en Jerez de la Frontera después de que le diagnosticaran una crisis de ansiedad cuando padecía un infarto, ha informado el Defensor del Paciente.

Los hechos ocurrieron en julio de 2007 cuando la mujer, M.A.P., de 43 años, acudió al servicio de urgencias del ambulatorio de Montealegre, en Jerez de la Frontera, porque sufría un dolor intenso en el brazo izquierdo y una sensación muy extraña en el centro del pecho, según un comunicado del Defensor del Paciente.

El médico que la atendió le realizó un electrocardiograma y, tras estudiarlo, diagnosticó «erróneamente» que tenía una crisis de ansiedad, le recetó un ansiolítico y le dijo que podía irse a su domicilio.
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NEGLIGENCIAS MEDICAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha indemnizado con 56.084 euros a una mujer (T. N. C.) que ha quedado afectada con una cirrosis hepática irreversible como consecuencia de un retraso de diágnóstico al demorarle las pruebas para detectar su enfermedad.

Según informó este lunes la asociación El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos han llevado el caso, el SAS ha dictado una resolución en la que estima parcialmente la reclamación  interpuesta por la paciente por un defectuoso tratamiento médico recibido.
De acuerdo con la citada asociación, la mujer fue atendida por una elevación de enzimas hepáticas para estudio de transaminasas, sufriendo una demora y un retraso injustificado en el diagnóstico por no realizarle pruebas como la ecografía, que hubiera detectado el nivel de transaminasas, con lo que le ha quedado una cirrosis hepática irreversible de por vida.
Los hechos se remontan a julio de 2006, cuando la paciente fue a un centro de salud aquejada de nauseas y vómitos, y el médico de familia le solicitó analítica en la que se detectan cifras altas de transaminasas, por lo que es derivada a Digestivo. En un nuevo análisis se vuelven a detectar transaminasas altas, por lo que le hacen una ecografía, en la que no se detecta nada patológico.
Según El Defensor del Paciente, en los meses siguientes continuaron haciendo a la paciente controles de sangre, todos ellos con resultados anómalos, pero hasta diciembre de 2008 no vuelven a hacerla una ecografía abdominal, después de derivarla de manera extraoficial al servicio de Digestivo del Hospital Puerta del Mar, Hospital de Día de Cádiz.
Tras esta ecografía la diagnostican una hepatopatía crónica de probable origen autoinmune, que en pruebas posteriores se confirma que está en un estadio de cirrosis, por lo que es tratada con inmunosupresores y corticoides. Además, desde junio de 2009, la paciente está siendo atendida de manera continuada por la Unidad de Salud Mental de un Transtorno Adaptativo.
El SAS reconoce que existió un retraso en el diagnóstico y tratamiento de la hepatopatía de origen autoinmune presentada por la paciente, que no fue diagnosticada, por lo que no se inició tratamiento específico hasta enero de 2009.

NEGLIGENCIAS MEDICAS MALAGA

La afectada recibirá cien mil euros por las secuelas del tratamiento, que no habría sido necesario de haberse detectado el tumor a tiempo.

Ha librado dos batallas. La primera, contra el cáncer, la está ganando. De la segunda también ha salido victoriosa. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) le ha dado la razón a la reclamación que presentó al considerar que los médicos tardaron demasiado en detectarle el tumor. La paciente recibirá una indemnización de 106.203 euros por las secuelas que le ha dejado la enfermedad.

La afectada es una mujer de 45 años que prefiere preservar el anonimato. Su calvario comenzó en 2002. La mujer acudió entonces a su médico de cabecera al observar que le había salido una llaga en la vulva. El facultativo la remitió a los servicios especializados, donde le diagnosticaron una úlcera genital.

Le prescribieron un tratamiento con un fármaco, pero la dolencia no remitió. Más bien todo lo contrario. A partir de ese momento comenzó un periplo por varios hospitales donde repitieron el mismo diagnóstico: herpes genital.

En noviembre de 2005, los médicos descubrieron que, en realidad, la paciente tenía un cáncer de vulva en grado tres, con afección ganglionar. «Fue un mazazo. Se me vino el mundo encima, porque no lo esperaba. No podía esperar esa noticia tras haber ido tantas veces a los médicos. Pensaba: ‘Si yo no me he dejado y he ido un montón de veces a los hospitales, ¿por qué me pasa esto a mí?», cuenta la mujer.

Asegura que le costó mucho asimilarlo, sobre todo cuando le explicaron en qué consistía el tratamiento. Con 41 años, tuvo que someterse a una vulvectomía radical -cirugía para extirpar los genitales femeninos- y a sesiones de radioterapia. «Me he quedado sin mis partes íntimas, con lo que eso conlleva a todos los niveles», añade la paciente, casada desde hace quince años.

Ha respondido al tratamiento. «Quiero hacer una mención al equipo de Oncología de Carlos Haya que me atendió; gracias a ellos estoy viva». Ahora pasa revisiones periódicas para controlar la enfermedad.

Tras superar el trance, se puso en manos del Defensor del Paciente, que la asesoró en la segunda batalla que emprendió. El abogado de la asociación en Málaga, Francisco Damián Vázquez, presentó en 2007 una reclamación en el Servicio Andaluz de Salud al entender que hubo una dilación en el diagnóstico del cáncer.

Se abrió una investigación. El SAS recabó la historia clínica de la paciente. En la resolución se cita un informe de uno de los hospitales donde la atendieron, en el que se dice que la paciente fue tratada correctamente y precisa que el diagnóstico del herpes vulvar estaba bien encaminado y que el carcinoma «pudo asentar sobre esa lesión».

Sin embargo, el dictamen médico del Servicio de Aseguramiento y Riesgos del SAS fue contundente: «Es comprensible que haya existido un error en el diagnóstico en las primeras ocasiones [...] pero lo que no es comprensible es el empecinamiento diagnóstico en considerar la lesión genital como infección herpética». A juicio de este departamento, el cáncer pudo haberse detectado en fase uno o dos, en lugar del grado tres que finalmente sufrió.

El SAS reconoció que no se habían puesto a disposición de la paciente todos los medios diagnósticos necesarios, lo que «ha modificado sobremanera el pronóstico de la enfermedad». Admitió las secuelas y el perjuicio estético, y estimando parcialmente la reclamación de la afectada. «Lo importante es que no vuelva a ocurrir», concluyó ella.

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