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NEGLIGENCIAS MEDICAS Vazquez Abogados pertenece a la Asociación del Defensor del Paciente, dedicada a la defensa de los intereses de los pacientes y ayuda en negligencias medicas.

Como todos los años se ha publicado la memoria anual, en este caso del 2011, donde se constata un aumento de los problemas en materia de sanidad, aumento del numero de reclamaciones por presuntas negligencias medicas, fallecimientos, etc, con respecto al año 2010.

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Adjuntamos el texto integro de la: MEMORIA 2011 DEFENSOR DEL PACIENTE VAZQUEZ ABOGADOS

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Una mujer se vio obligada a interrumpir su embarazo ante un diagnóstico de lesiones graves en el feto que después otro informe consideró “completamente sano”

La Fiscalía de Málaga ha apreciado un posible delito de aborto por negligencia médica y así ha remitido al juzgado decano la denuncia de una mujer que se vio obligada a interrumpir su embarazo ante un diagnóstico de lesiones graves en el feto que después otro informe consideró “completamente sano”.
El Ministerio Público envía este caso al juez según consta en un documento remitido hoy a Efe por la asociación el Defensor del Paciente, donde se explica que una mujer tras acudir a varias ecografías tuvo que abortar al diagnosticar “malformación fetal grave sin posibilidad de tratamiento”.
Los hechos comenzaron el pasado mayo, cuando a la mujer le realizaron una ecografía donde el ginecólogo no encontró ninguna anomalía pero que, por la postura del bebé no podía verlo bien, por lo que decidieron repetir la prueba.
Tras varias ecografías, los médicos diagnosticaron que el bebé padecía una enfermedad llamada “Artogriposis múltiple congénita” y que, posiblemente “el grado de desarrollo sería muy elevado debido a que él bebe nunca movió los pies ni las manos” y que podría sufrir problemas cardíacos e incluso otra discapacidad.
Una vez detectada la enfermedad, los médicos recomendaron hacer un amniocentesis y empezar el protocolo para interrumpir el embarazo, ya que “todo estaba muy claro y no dieron ningún porcentaje de error”, según ha informado el Defensor del Paciente.

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CIRUGIA ESTETCIA NEGLIGENCIAS MEDICAS El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander ha condenado a un instituto de cirugía plástica de esta ciudad a indemnizar con 30.361 euros a una chica por las secuelas que le quedaron tras someterse a un aumento de mamas, ya que no se le informó debidamente de los riesgos de la operación.

   Tras la intervención quirúrgica, en mayo de 2006, la paciente, que tenía por entonces 22 años, presentó ‘doble surco’ o ‘doble burbuja’ en una de las mamas, deformidad que no pudo corregirse en sucesivas operaciones.

   Según la sentencia, difundida este martes por el Defensor del Paciente y recogida por Europa Press, la joven –que también se sometió a una adominoplastia– no recibió información “suficiente y adecuada” sobre los riesgos y complicaciones de la operación del aumento de mamas.

   En el caso de la abdominoplastia, la paciente fue correctamente informada, ya que se le expresó “claramente” y se le incidió en el riesgo de que surgieran problemas con la cicatriz, como finalmente ocurrió.

   La joven se sometió a tales intervenciones por el complejo que padecía por el escaso desarrollo de sus mamas, especialmente la derecha, así como por el aspecto que ofrecía su abdomen.

   Antes de la operación, se le diagnosticó asimetría mamaria y mamas tuberosas, y se le advirtió de que esto supondría un mayor trabajo quirúrgico, pero no se le “habló” de los riesgos de los resultados. Sí se le mencionó la posibilidad de que fuera necesaria una segunda intervención para efectuar retoques en función de cómo quedara la primera.

   De hecho, un mes después de la operación, la chica solicitó otra intervención puesto que no estaba satisfecha con los resultados, ni del aumento de mamas ni de la adominoplastia. Así, en noviembre fue intervenida de nuevo, y le sustituyeron las prótesis mamarias por otras de mayor tamaño.

   Pero, a los cinco meses, en abril de 2007, comenzó a notar un empeoramiento de los resultados. Acudió a la consulta y le propusieron una tercera intervención, de reducción mamaria y corrección de la cicatriz en el abdomen.

   En agosto le indicaron que los resultados de las operaciones podían considerarse satisfactorios en un 70 por ciento pero la joven, descontenta con los mismos, se sumió en una crisis de ansiedad y angustia y acudió a otra consulta, donde le aseguraron que el resultado de las intervenciones era “claramente mejorable”.

FALTA DE INFORMACIÓN

   Por todo lo anterior, la paciente alegó falta de información sobre el proceso quirúrgico, técnicas, alternativas, complicaciones y riesgos, por lo que reclamó una indemnización de más de 84.600 euros, derivados del importe de las operaciones realizadas y de la necesaria para mejorar los resultados, de los días de hospitalización y curación, y de las secuelas que le quedaron, tanto perjuicios estéticos como daños morales.

   La sentencia, –que señala que tanto el aumento de mamas como la adominoplastia son intervenciones de cirugía plástica, es decir, medicina satisfactiva, voluntaria e innecesaria pero en las que la información al paciente tiene aún más relevancia– destaca que en el caso de la primera operación no se comentó a la paciente la posibilidad de que se produjera ‘doble burbuja’ o ‘doble surco’, mientras que en la segunda la información suministrada fue “adecuada y suficiente”.

   Con ello, el juzgado entiende que el doctor encargado de la operación privó a la joven de la “libertad de decidir”, ya que si hubiera sido consciente de la posibilidad de que apareciera el ‘doble surco’ podría haber decidido no someterse a la intervención o buscar otras opiniones.

   Por ello, condena al centro de cirugía plástica y a sus responsables a indemnizar con la cantidad de 30.361 euros a la paciente.

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El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha sido condenado al pago de una indemnización de 132.000 euros por omisión de medios diagnósticos y falta de consentimiento informado a la familia de un paciente que falleció en abril de 2002, tres días después de recibir el alta en el hospital Povisa de Vigo.

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Santiago de Compostela condena al Sergas a indemnizar con dicha cantidad a los familiares de P.T.A., de 59 años y natural de O Morrazo, quien ingresó en el servicio de endocrinología de Povisa para ser tratado de una diabetes mellitus insulinodependiente y de hipoglucemia.

Según informa el Defensor del Paciente en un comunicado, P.T.A. recibió el alta tras varios días ingresado y falleció en su domicilio.

Entonces, sus familiares alegaron que hubo error de diagnóstico y falta de consentimiento informado, así como omisión de los medios adecuados para el tratamiento del paciente.

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Defensor del Paciente Malaga 95215859/915223001
Una mujer que abortó por un error médico en Málaga denuncia al hospital por negligencia
Los facultativos recomendaron interrumpir el embarazo porque interpretaron que el feto tenía supuestas malformaciones.
El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue una posible negligencia médica ocurrida en Málaga en el caso de una mujer que abortó aproximadamente a los seis meses de gestación tras informarle de que el feto sufría “una malformación fetal grave” y, después, supo, mediante una carta, que el bebé estaba “completamente sano o no tenía tanta gravedad como para tener que interrumpir” el embarazo.

Desde el Defensor del Paciente han explicado a través de un comunicado que los hechos comenzaron día 17 de mayo, cuando la mujer acudió a realizarse la segunda ecografía. El resultado de la prueba fue de “alguna anomalía”, además de que el ginecólogo les dijo que el bebé “estaba dormido” y que por la postura “no lo veía bien” y le propuso repetir la ecografía.

En esa repetición, les comentaron que “tampoco veía claro al bebé”. De hecho, el médico le explicó que “el corazón latía correctamente y lo demás estaba bien”, pero insistía en que “el problema parecía estar en las extremidades inferiores”.

Por ello, volvieron a repetir la ecografía y les citaron para el día 1 de junio, aunque la adelantaron para el 31 de mayo. En esta ocasión los ginecólogos les informaron en el diagnóstico que el bebé sufría la “llamada artrogriposis múltiple congénita” y les explicaron “la gravedad” de la enfermedad.

Según ha informado el Defensor del Paciente a través de un comunicado los médicos les dijeron que “esta enfermedad era muy difícil de detectar”, pero que “si ya la detectaba la ecografía, posiblemente, el grado que desarrollaría sería muy elevado debido al que el bebe, según los médicos, nunca movió los pies ni las manos”.

Ante estos hechos les recomendaron hacer una amniocentesis y empezar el protocolo para interrumpir el embarazo, sin que les señalaran, según han precisado, “un solo porcentaje de error al diagnostico”, por lo que tomaron la decisión de interrumpirlo, para que un tribunal médico les permitiera abortar pasadas las 22 semanas.
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid reconoció la responsabilidad de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León después de que en el Hospital Clínico de Valladolid se operara a un niño sin estar informados de que era hemofílico, hechos por los que Sacyl deberá indemnizar a su familia con 3.000 euros, según informaron los servicios jurídicos del Defensor del Paciente, encargados de llevar el caso.

Los hechos se remontan al 26 de enero de 2001, cuando al pequeño Iván, de 4 años, se le practicó una denoidectomía (escisión de vegetaciones adenoides) con anestesia local en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. La analítica preoperatoria realizada el 19 de diciembre de 2000 evidenció un alargamiento del TTPA, por lo que se ordenó su repetición. Los nuevos análisis arrojaron unos resultados que a la hematóloga encargada de ellos le hicieron sospechar que padecía una posible hemofilia, por lo que anotó en la hoja de resultados: “Sospecho hemofilia, debe ser citado a mi consulta. No intervenir de momento”.

Sin embargo, esta advertencia no fue comunicada a los cirujanos que debían operar al menor, por lo que se realizó la intervención quirúrgica el 26 de enero de 2001 sin adoptar ninguna medida de tipo preventivo.
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Condenan al SAS por confundir un infarto con una crisis de ansiedad
El Servicio Andaluz de Salud tendrá que indemnizar con 200.000 euros al marido y los dos hijos de una mujer de 43 años que falleció en Jerez en 2007.
Un juzgado ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con casi 200.000 euros al marido y los dos hijos de una mujer de 43 años que falleció en Jerez de la Frontera después de que le diagnosticaran una crisis de ansiedad cuando padecía un infarto, ha informado el Defensor del Paciente.

Los hechos ocurrieron en julio de 2007 cuando la mujer, M.A.P., de 43 años, acudió al servicio de urgencias del ambulatorio de Montealegre, en Jerez de la Frontera, porque sufría un dolor intenso en el brazo izquierdo y una sensación muy extraña en el centro del pecho, según un comunicado del Defensor del Paciente.

El médico que la atendió le realizó un electrocardiograma y, tras estudiarlo, diagnosticó «erróneamente» que tenía una crisis de ansiedad, le recetó un ansiolítico y le dijo que podía irse a su domicilio.
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Vazquez abogados negligencias medicas. Asociación defensor del paciente.
Acuerdan indemnizar con 120.000 euros a los padres de un bebé que murió por demorar una cesárea
Los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente y la Compañía Mapfre Seguros de Empresas, como aseguradora de la Fundación Jiménez Díaz, han alcanzado un acuerdo indemnizatorio de 120.000 Euros para los padres de H.P.O.C., bebé que falleció a los 7 meses de vida.

Se trata de un caso ocurrido en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, hospital en el que, según este colectivo, se permitió un parto vaginal de “elevadísimo riesgo” con rotura de útero a la parturienta, que produjo una parálisis cerebral infantil (tetraparesia espástica) y encefalopatia hipoxico-isquemica severa en su bebé, causándole la muerte a los pocos meses de su nacimiento.

“Además de una negligente atención en el parto, hubo un retraso en la ejecución de una cesárea que era necesaria y tenía que haberse realizado con semanas de antelación”, ha asegurado El Defensor del Paciente.

Doña M.C.C.S., de 40 años de edad, quedó embarazada por tercera vez en enero de 2009 “transcurriendo dicho embarazo dentro de la normalidad”. “Estando de 39 semanas de gestación se le realizan nuevos estudios que establecen que hay una sospecha de feto macrosómico y cesárea anterior; es decir, con un riesgo importante de rotura de útero”, han explicado.

Según este colectivo, “con fecha 27 de agosto de 2009 y debido a la situación de feto macrosómico y cesárea anterior de la madre, lo cual unido establece un riesgo importante de rotura de útero, además de cérvix desfavorable, se decide cesárea programada, y aún estando la paciente ya a término (39 semanas), se recomienda dicha cesárea para una o dos semanas más tarde, quedando pendiente de concretar día”.

“El día 31 de agosto de 2009, M.C.C.S. ingresó en el Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid por comienzo del trabajo de parto, practicándole cesárea a las 12.25 horas del día siguiente. El neonato fue trasladado al Hospital Universitario Gregorio Marañón, tras sufrimiento fetal por rotura uterina de la madre. Entonces el recién nacido es diagnosticado de síndrome hipóxico isquémico, fracaso multiorgánico, encefalopatía hipóxico-isquémica severa, epilepsia secundaria, falleciendo finalmente el día 6 de abril de 2010″, han añadido.

Pasados unos meses del nacimiento del bebé con las secuelas anteriormente apuntadas, los padres acudieron a El Defensor del Paciente en busca de ayuda, y a través de sus servicios jurídicos, se interpuso una reclamación patrimonial el día 8 de febrero de 2010 ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, transcurridos los seis meses de silencio administrativo, se elevó al Tribunal Superior de Justicia.

La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, remitió ayer una carta a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, en la que el reclama la retirada del mercado de la vacuna contra el cáncer de útero. En la misiva se recuerda que la Agencia de Medicamentos de EE UU ha rechazado el uso de la vacuna contra el virus del papiloma humano de la marca Gardasil para mujeres entre 27 y 45 años. Flores recordó a la ministra que la aplicación de la vacuna ha provocado ya 21.292 notificaciones de reacciones adversas en todo el mundo.
En este sentido, en la carta se recuerda también que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) tiene solicitada una reunión para analizar los efectos adversos en España. Hasta el 15 de septiembre de 2009 se habían registrado 508 notificaciones de sospechas de reacciones adversas asociadas a las vacunas contra el VPH. “Lo que nos preocupa es que en Europa y concretamente en España se ha ampliado el uso del Gardasil para mujeres hasta los 45 años”, sentenció Flores.

Cuatro médicos y cuatro ortopedas sevillanos han sido condenados a penas de uno y dos años de cárcel por una estafa de 105.997,55 euros al Servicio Andaluz de Salud en recetas de sillas de ruedas, zapatos y otros productos ortopédicos.
Los hechos fueron denunciados por Salud a la Fiscalía de Sevilla en abril de 2006, cuando la Inspección de Servicios Sanitarios detectó la presunta dispensa irregular de productos como sillas de ruedas, tobilleras, zapatos y fajas ortopédicas en dos ortopedias de Sevilla y de la zona del Aljarafe que suministraban a usuarios del Centro Periférico de Especialidades Virgen de los Reyes.
La denuncia de la Fiscalía recogía los nombres de usuarios de residencias de ancianos y de empleados de una empresa de distribución de bebidas que supuestamente habían retirado productos ortopédicos recetados por facultativos que no les correspondían o que no les habían atendido. Una vez logradas las prescripciones, las ortopedias facturaban al SAS los productos con un justificante en el que supuestamente estaban falsificadas las firmas de los beneficiados, según la denuncia.

La acusación retiró su petición de que fuesen inhabilitados para el ejercicio de su profesión y aplicó las atenuantes de reparación del daño, puesto que el SAS fue indemnizado antes del juicio.
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