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Cada semana unas treinta familias se ven obligadas a dejar su vivienda por una orden judicial de desahucio en Málaga. Aunque la mayoría de los desalojos se deben al impago de las rentas de alquiler, cada día son más los embargos de los bancos por préstamos hipotecarios no satisfechos. Estos desahucios representa ya más de una tercera parte del total.
Durante el primer semestre del año los juzgados del partido judicial de Málaga -que engloba además de la capital a otros quince municipios con una población de más de 600.000 habitantes- recibieron 600 demandas de embargo de viviendas por ejecuciones hipotecarias y casi las mismas (611) que de desahucios por impago de alquileres. Estas elevadas cifras son prácticamente iguales a las registradas durante el mismo periodo del año 2010, lo que confirma que la salida de la crisis económica, la gran culpable de esta situación, no se vislumbra a corto plazo.
La velocidad de los embargos sentenciados choca, no obstante, con los limitados recursos humanos para ejecutarlos.El Servicio Común de Actos y Comunicaciones (SCAC), dependiente del Juzgado Decano de la capital que se encarga de realizarlos no tiene hueco ya en la agenda de lanzamientos (desahucios) hasta enero de 2012, según explica su secretaria Pilar Martín. Al SCAC le hacen falta más funcionarios, no solo para los desahucios sino para todas las notificaciones judiciales que generan los órganos judiciales malagueños.
La comisión judicial que practica los desalojos está formada por un gestor y un funcionario del cuerpo auxiliar. Está presente también el procurador de la parte demandante y un cerrajero. «Normalmente los desahucios se desarrollan sin incidentes, por lo que no se precisa de intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», añade Martín.
Pero el panorama puede cambiar si el Movimiento 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aumentan su presión sobre las viviendas embargadas por los bancos. De momento en apenas un mes, los ‘indignados’ han conseguido aplazar dos desalojos, uno en Rincón de la Victoria y otro en Torre del Mar.
La PAH viene reclamando desde hace un año un cambio legal para que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda hipotecaria contraída con él. De momento, la Audiencia Provincial de Navarra ya ha dictado una sentencia en ese sentido.
En Málaga, la segunda provincia del país con mayor índice de desempleo, el drama de la pérdida de la vivienda ha golpeado desde finales de 2007 a algo más de cuatro mil familias en la capital. Los juzgados, sin embargo, no han dictado, de momento, ninguna resolución a favor de la dación en pago de la vivienda. «Es posible que se haya presentado alguna demanda en ese sentido, pero la sobrecarga de trabajo puede haber retrasado una valoración de los jueces sobre esta cuestión», aclara el magistrado Joaquín Delgado, presidente en funciones de la Sección 4ª de la Audiencia de Málaga.
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Diariocordoba.com

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Córdoba ha condenado a un cirujano, R.C.B., a indemnizar con 36.000 euros a una paciente por los daños y perjuicios originados en una operación de pechos, de la que tuvo que ser intervenida en al menos cinco ocasiones, sin que finalmente no se consiguiera el resultado deseado por la denunciante.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, con la finalidad de corregir la configuración natural y la asimetría de sus mamas, la mujer acudió a una clínica, en Córdoba, demandando la prestación de servicios sanitarios mediante la aplicación de las técnicas quirúrgicas propias de la cirugía estética, sometiéndose a varias intervenciones, que estima la perjudicada que “no se ajustaron a una actuación correcta”.

La mujer, representada en esta causa por el letrado Damián Vázquez, se sometió el 21 de julio de 2003 a una primera intervención para una operación de aumento y elevación de mamas, pero en el proceso postoperatorio, según la paciente, se abrieron las heridas y tuvo que acudir a curas ambulatorias durante tres o cuatro meses hasta que se cerraron y cesó el drenaje.

La disconformidad con el resultado estético de esta operación, ella decidió someterse a una segunda intervención el 29 de septiembre de 2004 para cambiar las prótesis por otras de mayor tamaño, un retoque de cicatrices y liposucción de caderas. En esta ocasión, también en el proceso postoperatorio sufrió la reapertura de las heridas y dolores en la mama derecha con inflamación.

Ante la falta de resultado del anterior tratamiento, el 5 de mayo de 2005, se procedió a la explantación de la prótesis colocada en la mama derecha, mientras que, el 19 de julio de ese mismo año, se le volvió a colocar una nueva prótesis, volviendo de nuevo a inflamarse y abrirse las heridas.

De este modo, el 19 de agosto acudió a los servicios de urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba, decidiéndose su ingreso hospitalario para la retirada de la prótesis de la mama derecha, hecho que se produjo al día siguiente en la clínica donde fue intervenida. Pero el 7 de septiembre, ella acudió nuevamente al hospital Reina Sofía, donde le diagnosticaron una infección, por lo que tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Por estos hechos, la paciente reclamaba una indemnización de 71.761 euros, aunque finalmente la sentencia estima parcialmente la demanda y condena al cirujano y su aseguradora a 36.000 euros. La resolución judicial expone que “la entidad del perjuicio estético, la necesidad de corregir mediante nueva cirugía el estado de las mamas y el innegable perjuicio psicológico, ligado a las sucesivas intervenciones y explantaciones de la prótesis de la mama derecha, justifican dicha indemnización”.

No obstante, el letrado de la paciente, Damián Vázquez, informó a Europa Press de que, a pesar de que se ha estimado la demanda parcialmente, recurrirá dicha resolución porque entiende que esta actuación tiene que penalizarle con toda la cantidad económica que solicitaban.

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