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Europa Press Abogados Malaga

La familia del preso que falleció el pasado lunes en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre -Málaga- ha solicitado en los juzgados de la capital malagueña que se investiguen los hechos y que se realicen las diligencias necesarias al respecto, en concreto que se tome declaración a los responsables de su custodia, así como al compañero de celda.

El letrado Damián Vázquez, que ejerce la acusación en nombre de los padres y hermanas del fallecido, ha señalado que se ha presentado una denuncia. En concreto, este escrito va contra “los responsables del centro penitenciario de Málaga y centro penitenciario de Melilla”, de donde procedía el interno, que iba a ser trasladado en los próximos días a la prisión Puerto III, en Cádiz.

No obstante, este documento, al que ha tenido acceso Europa Press y dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, se interpone también contra “cualquier persona o entidad que resultara responsable” de estos hechos ocurridos “y contra Instituciones Penitenciarias (IIPP)”, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Según se relata en el escrito, el joven falleció el pasado lunes, día 15, “mientras se encontraba ingresado en calidad de preso en el centro penitenciario de Málaga”, por lo que se considera que “estaba bajo guardia y custodia de Instituciones Penitenciarias” y se estima que de estos hechos “pueden desprenderse responsabilidades penales, incluso de homicidio imprudente”.

Así, en la denuncia se señala que las primeras investigaciones e informes forenses señalan que la muerte “no ha sido natural”, sino “por reacción adversa a sustancias psicotrópicas”, al tiempo que se apunta a que podría llevar en su cuerpo cápsulas con sustancias estupefacientes, lo que es “del todo incomprensible”, al estar bajo “el control” de IIPP y “en particular” de la cárcel malagueña.

Por esto, se insta a que se inicie la investigación de los hechos y a que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecerlos, como las declaraciones ya dichas; solicitando, además, que se remita al juzgado el informe o investigación realizados por el centro penitenciario malagueño y el atestado de las fuerzas de seguridad que actuaran.

Funcionarios de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre hallaron en la madrugada del lunes a este interno, de origen marroquí, muerto en su celda, en el módulo de ingresos. Según indicaron fuentes sindicales a Europa Press, se actuó “con celeridad extraordinaria y cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos”.

Además, apuntaron a que “no se puede escanear el cuerpo de una persona, salvo que tengamos informaciones certeras al respecto y siempre que exista una autorización judicial” y, señalaron que, en este caso, “no había, además, nada que indicara que fuese necesario realizarlo”.

Mas informacion Diario El Mundo.

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MALAGA VAZQUEZ ABOGADOS

Hoy el Diario Sur publica una entrevista al padre del fallecido en la prision de Malaga, acompañado de su Abogado Damian Vazquez, especialistas en derecho penal Telefono 952215859.

Puede leer el texto completo de la noticia en este enlace Diario Sur

En el dia de hoy se presenta denuncia ante los Juzgados de Malaga para averiguar los hechos.

Negligencias Medicas

Condenan a un Cirujano a indemnizar con 36.000 € a una paciente.

Fuente Europa Press:

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Córdoba ha condenado a un cirujano, R.C.B., a indemnizar con 36.000 euros a una paciente por los daños y perjuicios originados en una operación de pechos, de la que tuvo que ser intervenida en al menos cinco ocasiones, sin que finalmente no se consiguiera el resultado deseado por la denunciante.
Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, con la finalidad de corregir la configuración natural y la asimetría de sus mamas, la mujer acudió a la clínica Alzahar, en Córdoba, demandando la prestación de servicios sanitarios mediante la aplicación de las técnicas quirúrgicas propias de la cirugía estética, sometiéndose a varias intervenciones, que estima la perjudicada que “no se ajustaron a una actuación correcta”.
La mujer, representada en esta causa por el letrado Damián Vázquez, se sometió el 21 de julio de 2003 a una primera intervención para una operación de aumento y elevación de mamas, pero en el proceso postoperatorio, según la paciente, se abrieron las heridas y tuvo que acudir a curas ambulatorias durante tres o cuatro meses hasta que se cerraron y cesó el drenaje.
La disconformidad con el resultado estético de esta operación, ella decidió someterse a una segunda intervención el 29 de septiembre de 2004 para cambiar las prótesis por otras de mayor tamaño, un retoque de cicatrices y liposucción de caderas. En esta ocasión, también en el proceso postoperatorio sufrió la reapertura de las heridas y dolores en la mama derecha con inflamación.
NUEVA PRÓTESIS
Ante la falta de resultado del anterior tratamiento, el 5 de mayo de 2005, se procedió a la explantación de la prótesis colocada en la mama derecha, mientras que, el 19 de julio de ese mismo año, se le volvió a colocar una nueva prótesis, volviendo de nuevo a inflamarse y abrirse las heridas.
De este modo, el 19 de agosto acudió a los servicios de urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba, decidiéndose su ingreso hospitalario para la retirada de la prótesis de la mama derecha, hecho que se produjo al día siguiente en la clínica donde fue intervenida. Pero el 7 de septiembre, ella acudió nuevamente al hospital Reina Sofía, donde le diagnosticaron una infección, por lo que tuvo que recibir asistencia sanitaria.
Por estos hechos, la paciente reclamaba una indemnización de 71.761 euros, aunque finalmente la sentencia estima parcialmente la demanda y condena al cirujano y su aseguradora a 36.000 euros. La resolución judicial expone que “la entidad del perjuicio estético, la necesidad de corregir mediante nueva cirugía el estado de las mamas y el innegable perjuicio psicológico, ligado a las sucesivas intervenciones y explantaciones de la prótesis de la mama derecha, justifican dicha indemnización”.
No obstante, el letrado de la paciente, Damián Vázquez, informó a Europa Press de que, a pesar de que se ha estimado la demanda parcialmente, recurrirá dicha resolución porque entiende que esta actuación tiene que penalizarle con toda la cantidad económica que solicitaban.

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Hoy se publica en el diario ADN SEVILLA una nueva noticia sobre el caso de Legionelosis en Sevilla, con posible fuente de contagio en el Hotel Macarena.

Bacteria en el Hotel. La junta pide al fiscal que investigue. El Macarena critica que nadie le ha informado del protocolo a seguir. Cuatro días después de que la Delegación de Salud confirmara que el brote de legionela que causó 3 muertes y 18 afectados empezó en el Hotel Macarena, un portavoz del centro de la cadena Tryp denunció ayer: “No nos consta notificación oficial de la Junta, ni de ninguna otra administración”.

La dirección del centro lamentó “desconocer el protocolo” que debe aplicar y denunció que no sabe nada de “la notificación a la Fiscalía”, aunque siempre se han mostrado “dispuestos a colaborar”. La Delegación de Salud está recabando datos para depurar las responsabilidades, que podrían ser “incluso penales”, ya que murieron tres pacientes.

Damián Vázquez, abogado experto en responsabilidad sanitaria, explicó a ADN que los afectados pueden reclamar responsabilidad penal si el hotel hubiese cometido una imprudencia. “En el caso de que la empresa hubiese descuidado las revisiones de la torre de refrigeración o aplicado mal la ley, podría tratarse de un delito de homicidio por imprudencia y la acusación podría reclamar penas para los culpables que podrían superar los dos años de prisión”, dice Vázquez.

Desde el hotel se quejan de que no han podido hacer un análisis de contraste de la muestra porque “el funcionario que las tomó no les entregó ninguna”, provocando su “indefensión”. Añaden que siempre han seguido “los protocolos de control y mantenimiento de forma impecable”.

La delegada de Salud del Ayuntamiento, Teresa Florido, consideró “extraña” la crítica del Macarena ya que “cuando se abrió expediente sancionador, se le notificó y la semana pasada los técnicos municipales volvieron al hotel para inspeccionar las torres”. Florido atribuye la responsabilidad al hotel “porque la ley le obliga a controlar sus torres”.

La Delegación de Salud rehusó ayer hacer declaraciones ya que no ha recibido “reclamaciones de la empresa”.