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El titular del Juzgado de instrucción número 2 de Sant Feliu de Llobregat ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor detenido por circular ebrio por la autopista AP-2 sextuplicando la tasa máxima permitida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

   El juez atribuye a Adam K., de 45 años, un delito de conducción temeraria y ahora las diligencias seguirán su trámite habitual en el juzgado de Sant Feliu.

   Los sistemas de emergencia recibieron diversas llamadas el sábado alertando de la presencia de un camión de gran tonelaje en la AP-2 que conducía de forma “errática y peligrosa” y que ya había provocado hasta dos accidentes con otros vehículos.

   Al llegar a la zona, los agentes comprobaron que había una retención de vehículos porque circulaban a velocidad muy lenta por detrás del camión para evitar accidentes.

   La patrulla consiguió finalmente, mediante el sistema de luces y sirenas policiales, que el conductor parara el camión en el lateral de la vía y que saliera de la cabina, cuando confirmaron que presentaba evidentes síntomas de intoxicación etílica.

   En el control dio una tasa de alcohol en sangre de 0,90 mg/l, seis veces más de lo permitido, y comprobaron que había circulado un tramo sin una rueda.

VAZQUEZ ABOGADOS RECLAMAMOS DEUDAS A LA ADMINISTRACIÓN. Tfno 952215859. La crisis del ladrillo y la falta de liquidez de las administraciones públicas han dado pie a un binomio fatal para las pequeñas y medianas constructoras de la provincia. Ante el parón del sector inmobiliario, la única vía de subsistencia estaba en la obra pública, pero este clavo ardiendo al que se agarraron para mantenerse a flote también puede ser el que les acabe condenando a la extinción. El desplome generalizado de las inversiones en infraestructuras es algo que veían venir, pero lo que realmente está conduciendo a medio millar de empresas malagueñas al borde de la quiebra son los impagos por los trabajos realizados a cuenta de los organismos públicos. El grifo empezó a cerrarse en 2008. Desde entonces, la deuda de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con las constructoras no ha parado de crecer hasta alcanzar en la actualidad la cifra récord de 327 millones de euros.

Según los datos que maneja la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), la morosidad del Ejecutivo autonómico está ya en 170 millones, el grueso acaparado por las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente para la mejora de carreteras y actuaciones hídricas como la puesta en marcha de depuradoras, aunque también hay colegios que ya están operativos sin que aun se haya abonado su edificación. En el caso de las actuaciones municipales pendientes de pago, que van desde la creación de parques públicos hasta la remodelación de calles, suponen un montante de 157 millones. En cuanto al Gobierno central, afirman que la incidencia en este sentido es mínima ya que al tratarse de pymes no tienen capacidad para aspirar a los grandes contratos del Ministerio de Fomento. Desde la patronal apuntan que directamente afectadas hay unas 70 empresas, aunque a partir de ahí se forma una cadena de subcontrataciones e impagos que acaba arrastrando a unos 500 negocios, algunos de los cuales ya se han acogido a la Ley Concursal. Precisamente por este bola de nieve, resulta complicado poner número a los trabajadores que podrían verse abocados al paro si los entes públicos no saldan sus deudas con los contratistas, aunque según el presidente de los constructores, José Prado, podrían ser unos 4.500. «Si por cada millón de euros que se invierten en infraestructuras se crean 14 empleos de media, la ecuación es sencilla», afirma Prado, quien advierte de que las arcas públicas también tendrán que hacer frente a los cuantiosos intereses de demora. De hecho, con base a lo estipulado en la Ley de Morosidad, la deuda se incrementa mensualmente por encima del millón de euros tanto para la Junta como para el conjunto de los consistorios. Además de esta losa de 327 millones, otra carga cada vez más insoportable la aporta la obligación de pagar el IVA de las facturas que no han cobrado. «El problema es que cuando se extiende un certificado de obra, aunque no se cobre, hay que abonar el 18% del IVA, así que encima que las arcas están vacías, tienen que endeudarse para pagar los impuestos. Esto es lo que verdaderamente está destrozando a las empresas», se lamenta el responsable de la ACP. Calendario de pagos En su defensa, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez, argumenta que si se está acumulando la deuda es porque también se está invirtiendo. «Hay que ser conscientes de que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más inversora en los últimos cinco años, permitiendo acometer obras muy necesarias para la región», advierte. Además, recalca que la política que está aplicando el Gobierno autonómico cuando no puede hacer frente a los plazos es la negociación de un calendario de pagos que, a su juicio, «se está cumpliendo, aunque lo ideal es que se hiciera con una mayor agilidad». En cualquier caso, insiste en la intención de la Junta de mantener ese espíritu inversor en el próximo ejercicio, poniendo como ejemplo «los 110 millones de euros en los presupuestos de 2012 que garantizarán la continuidad de las obras del metro de Málaga». «Si hay tanta deuda es porque también se está invirtiendo mucho», incide. En cuanto a los ayuntamientos, desde la patronal aseguran que la morosidad está prácticamente generalizada, aunque con la positiva excepción del de la capital, «el único que paga en tiempo y forma». En el lado negativo, destacan Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria, todos con deudas acumuladas por encima de los diez millones de euros. Este periódico se puso en contacto ayer con los distintos gobiernos municipales, aunque ninguno hizo valoraciones al respecto. Quien sí que tiene palabras para los alcaldes de la provincia es Violeta Aragón. La secretaria general de la ACP les insta a que «no se escuden en que las deudas son de la anterior legislatura para no pagar». En este sentido, se muestra comprensiva con los ciertos retrasos que se puedan producir en aquellos ayuntamientos que han cambiado de manos tras las elecciones del 22 de mayo debido a las auditorías internas que están acometiendo para ponerse al día de las facturas pendientes. Aun así, subraya: «El único problema es que no hay dinero, y eso lo utilizan como excusa para ir dilatando los pagos». Igualmente, los constructores también exigen el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que en su modificación de julio de 2010 incorpora la obligación de las administraciones de crear registros municipales de facturas que permitan a los empresarios una mayor planificación de sus cuentas al conocer el orden que ocupan sus certificados de obras.

Vazquez Abogados ha gestionado reclamaciones contra la Empresa Publica de Emergencias Sanitarias, 061, demora en traslado en ambulancias, que en el peor de los casos acaba con la vida del afectado, ya sea por una asistencia medica o un accidente de trafico, como el sucedido hace poco en Málaga, concretamente Ronda, donde tardaron mucho tiempo en acudir a auxiliar a la victima, que finalmente fallecio, comentandose un posible fallo en la coordinación de los servicios o reducción de personal.

Solo una de cada diez peticiones de asistencia diaria que se realiza al 061 en la provincia responde a una emergencia; es decir, a una situación en la que la vida del paciente corre peligro inminente, mientras que la mitad de las 650 asistencias que realiza al día son calificadas como urgencias (el paciente necesita atención médica que no se puede demorar, pero su vida no corre peligro). En el 41% de los casos se trata de situaciones sanitarias de menor gravedad, según datos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Epes).

El Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez ha sido entrevistado en directo esta mañana por el programa de Antena 3 Television ESPEJO PUBLICO, en relación a la posible negligencia medica del caso aborto de un niño en Málaga, ya que advirtieron a los padres de malformaciones, llevandose la sorpresa de que les llega una carta a su domicilio indicando que la autopsia del feto indicaba que el niño estaba sano y sin malformaciones.

Puestos los hechos en conocimiento de la Fiscalia de Málaga, y solicitado explicaciones por los padres, se ha enviado un segundo informe de autopsia donde se desdicen de lo anterior.

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Una discusión de tráfico acabó con un agente de la Policía Local agredido y hospitalizado, con fracturas en la nariz, uno de los pómulos y una brecha en la ceja que precisó de siete puntos de sutura, mientras que su presunto agresor fue enviado a prisión por orden del juez de Primera Instancia e Instrucción de Torrox. Esto fue lo que ocurrió en la tarde noche del pasado lunes en pleno centro de Nerja, en la avenida de Pescia, después de que un agente de la Policía Local se dispusiera a denunciar al propietario de un vehículo que se encontraba mal aparcado sobre la acera.

Según ha podido saber este periódico de diversas fuentes cercanas al caso, el policía iba patrullando en solitario, sobre las 21.15 horas del pasado lunes, repartiendo notificaciones de vecinos a los que les ha tocado por sorteo acudir como miembros de mesas electorales en los comicios locales del próximo domingo 22 de mayo.

Cuando pasó a la altura del conocido como bar de Rufino observó que había un coche mal estacionado sobre la acera, y paró para advertir a su dueño de que lo quitara de allí. Tras pedirle la documentación, el hombre, de 58 años y con iniciales J. J. P. P., le arrebató de las manos al agente los documentos, se subió rápidamente a su coche, y al dar marcha atrás, supuestamente atropelló al policía, que cayó al suelo herido.

Justo en ese momento pasó por el lugar de los hechos el hijo del conductor, de 37 años y con iniciales J. F. P. J., conduciendo un ciclomotor, y casi sin mediar palabra, presuntamente se quitó el casco que llevaba y la emprendió a golpes con el policía local, que por suerte llevaba puesto todavía su casco de protección obligatorio.

Testigos de lo ocurrido

Los golpes le ocasionaron lesiones de gravedad en la cara, con una fractura de los huesos de la nariz, del hueso de uno de los pómulos y una brecha en una de las cejas que precisó de siete puntos de sutura. Al instante, se desplazaron hasta el lugar de los hechos varios agentes más de la plantilla policial nerjeña, que tiene su jefatura principal situada precisamente a escasos metros de donde ocurrieron los hechos. También hubo varios vecinos que fueron testigos de lo ocurrido.

El supuesto agresor fue detenidos inmediatamente por la Policía Local, en el lugar de los hechos y sin oponer resistencia. Su padre, que huyó en primera instancia, se entregó voluntariamente a los pocos minutos en la jefatura. Tras ser puestos a disposición de la Guardia Civil del puesto de Nerja, a última hora de la noche del pasado lunes, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox decretó ayer el ingreso en prisión sin fianza del hijo, acusado de los supuestos delitos de atentado a la autoridad y de lesiones. El padre ha quedado en libertad con cargos.

Muere un niño de 6 años atropellado accidentalmente por su madre
El menor, que iba en una minimoto, se incorporó a un camino y se cruzó con el todoterreno que conducía su progenitora.
La Guardia Civil investiga la muerte de un niño de 6 años que fue atropellado por su madre cuando él circulaba en una minimoto y ella en un pequeño todoterreno, en un accidente ocurrido a mediodía de ayer en una finca privada del municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany.
El incidente ocurrió alrededor de las 13.00 horas cuando el menor que iba en un biciclo a motor se incorporó a un camino y se cruzó con el ‘boogie’ que conducía su madre, según ha informado el instituto armado. El padre del niño lo trasladó al Hospital de Can Misses donde ya ingresó cadáver.
La finca donde ocurrió el accidente se encuentra situada en la zona de Sa Forada de Sant Antoni de Portmany.
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El primer caso de un bebé robado llega a los tribunales. Un juez de Málaga abrirá una causa por la sustracción de un recién nacido ocurrida en el Hospital Civil de la ciudad en 1970. Tras siete meses de investigación, la Fiscalía Provincial ha concluido las pesquisas y ha remitido la denuncia de un particular al juzgado tras apreciar indicios penales. Considera que los delitos no han prescrito y que los supuestos responsables que aún viven podrían haber cometido usurpación de identidad y falsedad documental. Las diligencias llegarán esta semana al Juzgado Decano de Málaga para su reparto entre los órganos de instrucción. Su tramitación abre la puerta de los tribunales al medio centenar de denuncias que ya investigan cinco fiscalías territoriales.

La denuncia de Isabel Agüera Vázquez llegó a las manos del fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, el pasado 6 de julio. Esta mujer de Estepona tenía fundadas sospechas de que su hermana no falleció en el parto, sino que fue dada en adopción o vendida a otra familia por las redes que se dedicaban al tráfico de bebés en toda España desde la década de los 40.

Agüera aportó pruebas documentales que contradecían la versión dada por el centro sanitario sobre el fallecimiento de su hermana. En el Registro Civil halló un parte de defunción fechado a 15 de agosto de 1970. Allí se reflejaba que la causa de la muerte había sido «la rotura de la cicatriz de la cesárea». Pero otro documento del hospital, datado el 19 de agosto, aludía a «la rotura de la bolsa amniótica».

Otra sombra de sospecha es que no existía ningún registro funerario sobre el lugar en donde fue enterrado el cuerpo. La denunciante recorrió los cementerios de Málaga y ninguno tenía constancia del caso. Ello pese a que los implicados en la trama dijeron a su familia que el bebé, al que nunca llegaron a ver, fue enterrado en el mismo panteón que un acaudalado malagueño. La denuncia también incluía un listado con nombres y apellidos del personal médico que atendió el parto.

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VAZQUEZ ABOGADOS por su evidente interes publicamos interes legal dinero y demora para 2011 y cuantia salario minimo interprofesional.

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2011 (BOE n.º 311, de 23 de diciembre de 2010).

El interés legal del dinero queda establecido en el 4 % hasta el 31 de diciembre del año 2011 (Disposición Adicional Decimoséptima.Uno).

Durante el mismo período, el interés de demora a que se refiere el art. 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 5 % (Disposición Adicional Decimoséptima.Dos).

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2 del Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante el 2011:

a) El IPREM diario, 17,75 euros.

b) El IPREM mensual, 532,51 euros.

c) El IPREM anual, 6.390,13 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros, cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros (Disposición Adicional Decimoctava).

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ESTAFA PENAL
Si un simple dibujo infantil es digno de permanecer colgado en la nevera durante años, ¿qué no harían unos padres por ver publicado un relato de su hijo? Cuando además el precio a pagar es de sólo 13 euros, el reclamo es irresistible. Al menos lo fue para los cientos de personas de toda España afectadas por una supuesta estafa de la que ya ha alertado la Guardia Civil. Se trata de progenitores que respondieron al atractivo ofrecimiento que les hacía la empresa marbellí Forward Press. Durante el curso pasado, dicha firma organizó concursos de relatos en colegios bajo la marca Jóvenes Escritores. Los libros donde se iban a ver plasmados los mejores cuentos no han visto la luz, pese a que los clientes los pagaron por anticipado.
El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil llama a los afectados a comunicar su caso para agrupar las denuncias «y poder demostrar un delito continuado de estafa». Y es que el Código Penal establece un mínimo de 400 euros para considerar que existe delito, por lo que es necesario sumar las cantidades pagadas por los afectados para demostrar que existe un fraude masivo. «Es la técnica del minifraude, hacer muchas estafas de pequeñas cantidades de forma que las víctimas desisten de denunciar. Y contra eso sólo cabe organizarse», explica el instituto armado a través de su página web. Los afectados se están organizando a través del blog ‘estafajovenesescritores.blogspot.com’.
La convocatoria del concurso ‘Jóvenes Escritores’ llegó a colegios de todo el país a principios del curso pasado. «En junio, junto con las notas le entregaron a mi hijo un diploma y una nota en la que nos daban la enhorabuena porque había ganado un concurso de relatos cortos. Además, nos ofrecían la posibilidad de comprar el libro donde iba a publicarse el texto. ¿Qué papás no van a comprar al menos uno? Nosotros pedimos dos y pagamos 22,95 euros», explica Marisol, una afectada de Torre del Mar. «Sólo en la clase de la que soy tutor los padres pidieron más de veinte copias», indica el secretario del colegio Ramón Pérez de Ayala de Madrid, Luis Pérez.
Origen británico
Los libros, pagados a través de transferencia bancaria o Internet, deberían haber llegado a los domicilios de los clientes en septiembre, pero a día de hoy ningún padre ha recibido su ejemplar y la empresa no da señales de vida: nadie contesta al teléfono y su web está deshabilitada. Se da la circunstancia de que Forward Press es filial de una firma homónima británica que se dedicaba desde 1989 a publicar libros de autores ‘amateur’. Dicha empresa, cuyo administrador único es el mismo que el de su sucursal española, Ian Robert Walton, dejó de operar en el Reino Unido el pasado mes de noviembre.

Periodista Nuria Triguero.

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ACCIDENTES DE TRAFICO TELEFONO 952215859 VAZQUEZ ABOGADOS.

Es sorprendente que fallezca una persona por dejar una calle cortada sin señalizacion precipitandose al vacio el vehiculo, falleciendo una mujer, por lo que deberan responder los responsables.

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Ocurrió anoche mientras llovía al salirse el vehículo en una calle y caer por un desnivel de cinco metros, en una carretera sin salida y sin señalización. El conductor resultó herido.

El accidente ocurrió hacia las 21,45 horas de este sábado 18 de diciembre en la urbanización Retamar de Alhaurín de la Torre, concretamente en la prolongación de calle Catamarán, en calle Buque cerca del supermercado Mercadona de esta barriada.

En el turismo viajaban dos personas, un varón de 67 años que conducía  y una mujer en torno a esa edad, que al caer por una pendiente de unos 5 metros mientras llovía copiosamente, provocó el fallecimiento de la acompañante y resultó herido el hombre, que arrastrándose fuera de la trampa mortal consiguió ayuda de otro conductor que avisó a los servicios de emergencias, Policía Local, bomberos y sanitarios, que no pudieron hacer nada por la ya entonces fallecida y avisaron al juez, que se personó en el lugar y ordenó el levantamiento del cadáver sobre las 1:15 de la madrugada.

El lugar del accidente es un barranco con un arroyo que separa diferentes calles de Retamar y la urbanización Santa Clara, de reciente construcción. Las calles están cortadas con unos tubos bloqueando el tráfico, pero anoche en la calle Buque no había balizamiento o señalización por olvido o por robo del mismo, por lo que en la oscuridad de la noche y bajo la lluvia, el conductor no se percató de que era una vía cortada y posiblemente arrastró uno de los tubos que cortaban la calle cayendo al vacío.

Esta mañana una valla cortaba el acceso en esta calle mientras en la adyacente eran unos tubos bloqueando el tráfico.