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Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de nacionalidad rusa, Y.S., en Almería por administrar una página ‘web’ en la que se ofertaban fármacos ilegales, del mismo modo que un médico ha sido detenido en Málaga por practicar intervenciones de cirugía menor para el tratamiento de dependencias a opiáceos y al alcohol con estos medicamentos carentes de garantías sobre la calidad de sus componentes y proceso de fabricación.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, el domicilio de Y.S, adonde el Cuerpo localizó un total de 529 unidades de medicamentos por vía oral, 16 implantes de disulfiram, tres implantes de naltrexona, 14 implantes anuales de naltrexona, diverso material informático, 1.630 euros y documentación varia, se encuentra en la calle José Artés de Arcos de la capital almeriense.
Así, los comprimidos implantables fueron importados de Estados Unidos, China y Rusia para su posterior distribución clandestina en España, si bien, hay que destacar que, como ha podido saber la Policía Nacional, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios les había denegado la autorización que solicitaron para poder administrarlos. Además, el Cuerpo ha mencionado que la investigación se inició tras la denuncia formulada por dicha agencia, que ponía en conocimiento de los agentes que a través de Internet se ofrecían medicamentos sin la preceptiva autorización de comercialización en España.
De este modo, y como ha especificado el Cuerpo Nacional de Policía, las sustancias ofertadas en la red eran comprimidos para su implante en el tejido subcutáneo mediante una operación de cirugía menor. Los productos estaban compuestos por principios activos como el disulfiram o la naltrexona, que se emplean en tratamientos para la dependencia a los opiáceos y al alcohol. Dichos medicamentos conllevan un riesgo para la salud de las personas debido a que sobre los mismos no se había efectuado ningún tipo de evaluación acerca de la calidad de sus componentes y su proceso de fabricación, sobre su eficacia para los efectos que publicitan y sobre su seguridad.
Los medicamentos ilegales se ofertaban a través de diversos anuncios publicados en Internet. Además, en una página ‘web’ informaban sobre el abuso, dependencia y tratamientos de desintoxicación y deshabituación a las drogas y al alcohol, y ponían en contacto a los interesados con los médicos que realizaban las intervenciones. Incluso, se podía visionar un vídeo en el que se explicaba cómo se tenía que llevar a cabo la intervención quirúrgica.
En un primer momento, la investigación se centró en la identificación y localización de la administradora de esta ‘web’. Una vez identificada la misma, se averiguó que no tenía ninguna titulación médica ni licencia que la avalase para la importación y distribución de los medicamentos que eran importados de Estados Unidos, China y Rusia sin ningún tipo de control sanitario.
MEDICOS DE MÁLAGA, MADRID Y ASTURIAS
Posteriormente, los investigadores se centraron en la labor desarrollada por los médicos dentro de esta organización. Se comprobó que se trataba de tres doctores, de Málaga, Asturias y Madrid, que realizaban las intervenciones de cirugía menor consistentes en implantes de ‘pellets’ de disulfiram o naltrexona de forma habitual y que en varias ocasiones habían adquirido estos productos a través de la administradora de la ‘web’, efectuándose los tratamientos en clínicas en las que pasaban consultas como médicos externos.

No obstante, los doctores habían solicitado autorización para la importación y uso de dichas sustancias a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, a pesar de que la solicitud había sido denegada, continuaron con estas prácticas. Finalmente, cuando se consiguió reunir toda la información que determinaba la presunta responsabilidad penal de los doctores, se procedió a su detención.
Asimismo, para consultar cualquier medicamento autorizado en España –que solo puede adquirirse en farmacias–, el Cuerpo Nacional de Policía ha recordado que la información se encuentra en la sección ‘CIMA’ de la página ‘www.aemps.es’.
Por último, ha indicado que la investigación ha sido desarrollada por el Grupo Antipiratería de la Brigada de Investigación Tecnológica de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial. En la operación han colaborado la Brigada Provincial de Policía Judicial de Oviedo de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, la Comisaría Provincial de Almería y la Comisaría Provincial de Málaga.

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El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pamplona ha condenado al Servicio Navarro de Salud a indemnizar con 30.000 euros a un diabético al que se amputó una pierna por un “anormal funcionamiento” de la asistencia sanitaria.

El juez considera probado en su fallo que el afectado, P.P.M., sufrió una caída el 24 de mayo de 2007 por la que se le diagnosticó una fractura en el pie izquierdo, por lo que tuvo que ser ingresado con lesiones en el empeine y en el maléolo externo y con una úlcera en el talón. Allí permaneció durante 17 días sometido a un tratamiento que conllevó la consiguiente inmovilización en cama. Ello le provocó la formación de una “escara” en la zona del talón de Aquiles del pie afectado. De modo que, una vez recibió el alta, se le ordenó que permaneciera en reposo durante diez días más y que cada día se realizara curas con supervisión de su médico de cabecera.

Tras el alta hospitalaria, el paciente regresó al Centro Geriátrico La Milagrosa de Olite, en el cual reside. Allí, una religiosa ATS le practicó las curas y constató la mala evolución de las heridas y úlceras al ver cómo iban aumentando progresivamente de tamaño, lo que provocó al afectado una “importante pérdida de tejido cutáneo que dejó a la vista parte del tendón de Aquiles”, lo que unido a la importante inflamación e intenso dolor que padecía en dicha extremidad y a la hiperglucemia que presentaba, tuvo que regresar el 10 de agosto de 2007 a Urgencias. Unos días antes, el 25 de julio, acudió a una revisión, en la que el ATS que le atendió ya comprobó el mal aspecto de las úlceras y la necesidad de una valoración por cirugía vascular, que nunca tuvo lugar.

NUEVO INGRESO HOSPITALARIO

Cuando el 10 de agosto fue ingresado nuevamente en el CHN, se constató inmediatamente la infección que presentaba la escara o ulceración y se acordó su ingreso en el Servicio de Enfermedades Infecciosas. Como consecuencia de las diferentes medidas terapéuticas adoptadas, se consiguió la estabilización del paciente, con “buena evolución clínica de la úlcera”, por lo que el día 6 de septiembre se acordó su derivación al Servicio de Cirugía Plástica para proceder a la cobertura de las úlceras “con un injerto de piel propia que evolucionó adecuadamente”. El 3 de octubre recibió el alta.

Sin embargo, días más tarde se volvió a producir el necrosamientode la zona afectada por las úlceras y se le detectó una” persistente falta de circulación en el pie izquierdo“, lo que originó un nuevo traslado al CHN, donde fue intervenido quirúrgicamente el 26 de noviembre. Allí se procedió, finalmente, a la amputación de la extremidad afectada.

CONCLUSIONES DEL JUEZ

Según el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pamplona, se entiende acreditada la relación de causalidad entre la “deficiente” actuación desarrollada por parte de la Administración demandada y los “lamentables daños físicos” sufridos por P.P.M. como consecuencia del “retraso en el diagnóstico y la consecuente falta de cuidados de la infección de la úlcera vascular” sufrida por el paciente.

También señala que con un seguimiento “más diligente” del afectado tras la formación de la úlcera se hubiese evitado el “progresivo aumento de tamaño de la misma, así como su posterior infección y necrosis hasta acabar siendo inevitable tener que proceder a la amputació”. Se evidencia así una “omisión de actuaciones” que se hace “más censurable” si se tiene en cuenta que el paciente tenía antecedentes de diabetes, lo que obligaba a adoptar “un mayor cuidado y diligencia en su asistencia”.

Por consiguiente, el juez estima que P.P.M no recibió la asistencia que le correspondía por parte de su médico de cabecera para el cuidado y control de su úlcera, lo que facilitó la “tórpida evolución” de las heridas. Incluso llega a afirmar que el paciente no fue valorado lo suficiente por su médico de cabecera, tal y como estaba expresamente indicado y, sobre todo, teniendo en cuenta los antecedentes personales del enfermo.

El magistrado concluye que se cumplen los requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, por cuanto el daño resulta imputable a un “funcionamiento anormal” del Servicio Navarro de Salud.

CIRUGIA ESTETICA NEGLIGENCIAS MEDICAS

Ante las numerosas consultas de afectadas por protesis mamarias con problemas utilizadas para mamoplastias o aumentos de pecho en cirugia estetica, incluso con rotura, VAZQUEZ ABOGADOS recomienda efectuar las correspondientes reclamaciones, asi como consultar con un cirujano plastico especializado para comprobar el estado de dichas protesis.

En el caso de roturas, dolores, problemas de salud, etc, podemos ayudarles en su reclamación, debiendo dirigir un email a: damian@vazquezabogados.es

Actualmente se esta dando el caso de las protesis PIP, y tambien hemos recibido consultas sobre las protesis EUROSILICONE.

VAZQUEZ ABOGADOS ESPECIALISTAS EN RECLAMACION INDEMNIZACIONES, ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 111.317,93 euros a la hija de un recluso que murió acuchillado el 15 de enero de 1995 en la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid) tras participar en una pelea con otros internos, al entender que estos hechos delictivos son imputables a “un defectuoso funcionamiento del servicio público penitenciario”.

Así lo establece una sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que atiende el recurso de casación planteado por la madre de la joven, que es menor de edad, y anula una sentencia dictada en noviembre de 2007 por la Audiencia Nacional que avalaba una resolución aprobada dos años antes por el Ministerio del Interior en la que se negaba a aceptar la responsabilidad patrimonial del Estado.

La resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez, reconoce el “perjuicio económico y el daño moral” que “originó y origina” a la hija del interno el fallecimiento de su padre, que considera imputable al centro penitenciario, “sobre el que pesa el deber de velar por la integridad de detenidos, presos y penados”.

Según el alto tribunal, el Centro Penitenciario Madrid II “no fue capaz de controlar de modo eficaz una situación de discusión, riña y agresión entre internos” ni de impedir que los reclusos tuvieran a su “disposición” hasta cuatro armas blancas que fueron halladas en los registros efectuados tras la reyerta.

NO HAY PRESCRIPCIÓN

Los magistrados del Supremo también desestiman el argumento esgrimido por la Audiencia Nacional, que alegó que la responsabilidad patrimonial del Estado había prescrito un año después de sucedidos los hechos y consideró “irrelevante” que la apertura de la causa penal que habría interrumpido la prescripción se produjo en 1997 y la menor no recibió notificación de su existencia hasta noviembre de 2004.

A este respecto, la defensa de la recurrente recordó la existencia de cuatro sentencias dictadas por el Supremo entre 2000 y 2007 que establecieron que la iniciación de un proceso penal por los mismos hechos de los que se deriva un daño o perjuicio interrumpe el plazo de prescripción, que la no personación en ese proceso del perjudicado no equivale a “la renuncia de la acción civil” y que, tras la interrupción, el inicio del referido plazo no debe computarse desde el auto de sobreseimiento de la citada causa.

Así, la sentencia establece que en el caso analizado la existencia del procedimiento fue notificada en noviembre de 2004 y la demanda de responsabilidad patrimonial se formalizó en enero del año siguiente, por lo que no habría pasado el plazo de un año que habría provocado su prescripción.

En todo caso, señala que el argumento de que la mujer debería haber reclamado dentro del plazo de un año posterior a la muerte del interno o del sobreseimiento de la causa es “inconsistente”, pues “la no personación en ese proceso es compatible con el conocimiento de su existencia, constituye una facultad y no un deber u obligación y no presupone abandono o renuncia del derecho a la indemnización”.

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La familia del preso que falleció el pasado lunes en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre -Málaga- ha solicitado en los juzgados de la capital malagueña que se investiguen los hechos y que se realicen las diligencias necesarias al respecto, en concreto que se tome declaración a los responsables de su custodia, así como al compañero de celda.

El letrado Damián Vázquez, que ejerce la acusación en nombre de los padres y hermanas del fallecido, ha señalado que se ha presentado una denuncia. En concreto, este escrito va contra “los responsables del centro penitenciario de Málaga y centro penitenciario de Melilla”, de donde procedía el interno, que iba a ser trasladado en los próximos días a la prisión Puerto III, en Cádiz.

No obstante, este documento, al que ha tenido acceso Europa Press y dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, se interpone también contra “cualquier persona o entidad que resultara responsable” de estos hechos ocurridos “y contra Instituciones Penitenciarias (IIPP)”, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Según se relata en el escrito, el joven falleció el pasado lunes, día 15, “mientras se encontraba ingresado en calidad de preso en el centro penitenciario de Málaga”, por lo que se considera que “estaba bajo guardia y custodia de Instituciones Penitenciarias” y se estima que de estos hechos “pueden desprenderse responsabilidades penales, incluso de homicidio imprudente”.

Así, en la denuncia se señala que las primeras investigaciones e informes forenses señalan que la muerte “no ha sido natural”, sino “por reacción adversa a sustancias psicotrópicas”, al tiempo que se apunta a que podría llevar en su cuerpo cápsulas con sustancias estupefacientes, lo que es “del todo incomprensible”, al estar bajo “el control” de IIPP y “en particular” de la cárcel malagueña.

Por esto, se insta a que se inicie la investigación de los hechos y a que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecerlos, como las declaraciones ya dichas; solicitando, además, que se remita al juzgado el informe o investigación realizados por el centro penitenciario malagueño y el atestado de las fuerzas de seguridad que actuaran.

Funcionarios de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre hallaron en la madrugada del lunes a este interno, de origen marroquí, muerto en su celda, en el módulo de ingresos. Según indicaron fuentes sindicales a Europa Press, se actuó “con celeridad extraordinaria y cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos”.

Además, apuntaron a que “no se puede escanear el cuerpo de una persona, salvo que tengamos informaciones certeras al respecto y siempre que exista una autorización judicial” y, señalaron que, en este caso, “no había, además, nada que indicara que fuese necesario realizarlo”.

Mas informacion Diario El Mundo.

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ABOGADOS MALAGA EXPERTOS EN ACCIDENTES, PENAL Y CIVIL (Tfno 952215859)

El proximo mes de septiembre se celebrara el juicio por la muerte de un trabajador en las obras de instalacion de las gradas de la Copa Davis del año 2003 en Málaga.

La fiscalia acusa a 5 personas como responsables de la muerte de un operario sin contrato y sin estar dado de alta en la seguridad social, ademas de no tener medidas de protección o seguridad.

No entendemos como a estas alturas y para una obra de dicha envergadura se puede actuar de esa forma, causando la muerte de un trabajador.

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Cada año fallecen 500 personas por siniestros y patologias profesionales en Málaga y cerca de 3.000 en Andalucia.

El pasado año 2009 existe un descenso del 25% en los siniestros mortales de accidentes de trabajo, cuyo origen puede estar en el descenso de la actividad, sobre todo en el sector de la construccion por la crisis.

Si ud ha tenido un accidente de trabajo, enfermedad profesional, despidos, reclamacion de cantidad o quiere solicitar una Invalidez a la seguridad social contacte con www.vazquezabogados.es Tfno 952215859