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QUEDÓ PARAPLÉJICO El Gobierno tendrá que pagar 400.000 euros por un retraso diagnóstico El Tribunal Supremo considera probado que los facultativos del Hospital Valdecilla tardaron tres años en diagnosticar su enfermedad. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía, que condena al Gobierno cántabro a indemnizar con 400.000 euros a un paciente que quedó parapléjico después de que facultativos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tardaran 3 años en diagnosticar su enfermedad. La sentencia considera que ha existido “error de diagnóstico y deficiente y escasa práctica de pruebas médicas diagnósticas, a fin de descartar otros diagnósticos”, en el caso de F.J.G.G, quien acudió el 21 de junio de 2001 a las Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla con una fístula arteriovenosa dural medular que se le diagnosticó e intervino en 2004, retraso que generó sus secuelas. No obstante, desestima la existencia de mala praxis en la intervención quirúrgica del 3 de noviembre de 2004, considerando lo ocurrido como “una complicación posible para este tipo de intervenciones”. “Tampoco se estima la pretensión de falta de consentimiento informado valorando todos los elementos probatorios que se contienen en las actuaciones”, añaden.
Denuncian por supuesta negligencia al equipo que atendió un parto en el que falleció el bebé. La familia de la parturienta acusa a las matronas del comarcal de La Axarquía de no avisar a tiempo al médico al surgir complicaciones .
La familia de una parturienta que el viernes pasado ingresó en el hospital comarcal de La Axarquía para dar a luz ha presentado una denuncia por supuesta negligencia médica contra el equipo que atendió el alumbramiento al fallecer el bebé durante el parto o inmediatamente después del mismo. El escrito, registrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, en funciones de guardia, recoge la versión de los familiares que acompañaban a la mujer, que ayer seguía ingresada en el citado hospital. El centro aún no ha emitido un informe oficial sobre los hechos, pero fuentes del mismo aseguraron ayer que no se detectó ninguna anomalía en el parto. Mientras tanto, el cuerpo del bebé ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Málaga para practicarle la autopsia y dictaminar las causas exactas de su fallecimiento. Los hechos Según el relato de los hechos facilitado por el padre de S. C. D. en el acta de denuncia verbal, la mujer fue trasladada desde planta a los paritorios en la tarde del viernes después de que la familia alertara a los equipos sanitarios de que la paciente «tenía un coágulo de sangre», a lo que según la versión de los denunciantes, les respondieron que «eso era una cosa normal y así podría estar hasta tres días». No obstante, una vez efectuada la revisión médica pertinente y comprobado el facultativo que había comenzado la dilatación previa al alumbramiento -estaba de tres centímetros-, este decidió que se quedara en el paritorio bajo cuidado de las matronas hasta alcanzar la dilatación adecuada, hecho que, según los allegados de la mujer, ocurrió a las tres de la madrugada. Al sentir la mujer que el bebé, una vez encajado «volvió a desencajarse», dio aviso a los familiares que la acompañaban, que recurrieron a la matrona y exigieron a su vez que ésta avisara a un médico tras ponerle en antecedente de que en los dos partos anteriores había requerido cesárea. Tras reiteradas llamadas a la calma por parte de la administración del hospital, siempre según la versión que consta en la denuncia, el médico se habría personado en el paritorio a las 4.40 de la madrugada, y habría indicado a las matronas que no podían instar a la parturienta a empujar «si el niño estaba cruzado», por lo que hubieron de recurrir al uso de fórceps.
Condenados dos médicos por los malos resultados de una liposucción y una reducción de mama La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos médicos por los malos resultados de una operación de cirugía estética a una mujer, a la que la dejaron cicatrices y que le causaron un agravamiento de la depresión que sufría por su bulimia.
La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos médicos por los malos resultados de una operación de cirugía estética a una mujer, a la que la dejaron cicatrices y que le causaron un agravamiento de la depresión que sufría por su bulimia.
La Sección Segunda de la Audiencia les condena a ambos a indemnizar a la paciente con 24.305 euros, pero absuelve en cambio al responsable del tratamiento y a la clínica a la que ella acudió, que fue quien le recomendó a estos doctores.
En 2005, la mujer inició un tratamiento en una clínica que no contaba con la autorización de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria para publicitar cirugía estética.
En 2007 César Cepeda se operó en el Hospital Montepríncipe de una lesión en su mano izquierda; sin embargo, por error, le intervinieron la derecha. Avisó en pleno quirófano, le volvieron a anestesiar y le operaron la otra mano. Cuatro años después, César ha dejado de boxear porque su mano izquierda sigue lesionada y la derecha, casi inservible.
Año 2006. César Cepeda es subcampeón nacional de boxeo amateur y pelea en su último combate antes de convertirse en profesional. Pero se lesiona la mano izquierda: una de las vainas que sujeta los tendones se descoloca y no puede pegar. De hecho, no puede separar sus dedos anular y corazón.
Después de varias pruebas, César acudió al Hospital Montepríncipe de Madrid, donde le aconsejan operarse para seguir boxeando. Pero el 21 de abril de 2007, César se despierta en medio del quirófano. Le habían operado la mano que no era y, tras el error, le vuelven a dormir y le intervienen la izquierda.
A partir de ahí comenzó un calvario de recuperaciones… para nada. César ya no puede golpear, sigue con la lesión en la mano izquierda pero en la derecha ha perdido casi toda la fuerza.
De momento no hay versión del Hospital, debido al proceso judicial abierto, aunque en el escrito de defensa se alega que César tenía la misma lesión en ambas manos. Además, según el ex boxeador, el Hospital le ha amenazado con denunciarle por atentar contra el honor del centro.
El juicio va lento, se espera para dentro de dos años, pero César quiere que su historia sea un ejemplo para dar a conocer estos casos.
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Una mujer ha sido indemnizada con 28.876 euros por las complicaciones que sufrió a partir del mismo día que fue operada de cataratas en el ojo izquierdo, por lo que tuvo que volver a ser intervenida posteriormente, según la resolución del Servicio Andaluz Sanitario a la que ha tenido acceso Efe.
La resolución, que ha sido facilitada por el Defensor del Paciente, detalla que la paciente fue intervenida de cataratas en el ojo izquierdo en 2007, en el Hospital Costa del Sol (Marbella), por un facultativo de los equipos volantes de cirugía oftalmológica de la Consejería de Salud de Andalucía, y sufrió complicaciones.
Sin informe clínico ni protocolo quirúrgico
Tras la intervención, de la cual no constaba ningún informe clínico, ni protocolo quirúrgico, ni posibles complicaciones preoperatorias, ni hoja de tratamiento, la paciente quedó ingresada, sin existir documentación que lo acredite, al padecer dolor intenso en el ojo, además de vómitos y náuseas, según asegura la resolución.
Posteriormente, fue trasladada al Hospital Marítimo de Torremolinos para una nueva intervención a causa del mal resultado de la operación de cataratas y su agravante posterior.
La defensa de la paciente, el letrado Francisco Damián Vázquez Jiménez, alegó la falta de diligencia y coordinación de carácter administrativo como médico, tras la operación que dejó “en un completo desamparo” a la mujer tras sufrir las complicaciones.
De igual forma denunció la existencia de negligencia médica, ya que el facultativo que realizó la operación no dejó ningún informe sobre la asistencia médica, lo que conllevó a desconocer el procedimiento llevado a cabo al realizar la segunda operación.
Además de ello, también señaló que el facultativo se marchó tras la intervención sin dejar datos personales o teléfono de contacto en caso de urgencia.
La policía de Bristol ha detenido a cuatro trabajadores de un hospital privado británico por supuestas “torturas” a pacientes a raíz de una investigación de la BBC. Castlebeck, empresa propietaria del hospital Winerbourne View, que trata a autistas e individuos con problemas de aprendizaje, se ha visto obligada a disculparse públicamente y ha despedido a trece miembros del personal.
Un equipo del programa de investigación ‘Panorama’ filmó clandestinamente durante cinco semanas el trato recibido por algunos de los pacientes más vulnerables del centro. En la filmación puede verse cómo algunos de ellos son abofeteados, llevados por la fuerza a las duchas totalmente vestidos y hostigados reiteradamente. Andrew McDonnell, psicólogo clínico a quien se ha mostrado la filmación, ha expresado a la BBC su horror y ha señalado que los malos tratos equivalían a “torturas”.
Patadas y duchas frías
La paciente objeto de abusos, una joven de dieciocho años, fue insultada, la tiraron de los pelos, le dieron patadas y le arrojaron encima agua fría mientras estaba vestida para castigarla. Según ha denunciado el profesor Jim Mansell, de la Universidad de Kent, asesor del Gobierno en temas relacionados con el trato a personas vulnerables, tratos como éstos prevalecían a finales de los años sesenta y es lo que hizo que el Reino Unido cerrase gradualmente los grandes hospitales donde los pacientes pasaban años,
Un enfermero veterano ha declarado a la BBC haber visto “muchas cosas en treinta y cinco años, pero esto lo supera todo. Se trata de hijos, hijas, de gente que tiene familias… y éstas no saben lo que pasa dentro”. El hospital denunciado cobra al erario público 3.500 libras (más de 4.000 euros) por paciente a la semana y la empresa propietaria tiene un volumen anual de negocios de 90 millones de libras (104 millones de euros).
La familia de un enfermo ingresado en Urgencias del hospital Clínico de Málaga ha denunciado ante los tribunales al centro hospitalario por lo que consideran que pudiera ser una supuesta negligencia médica. Los hechos se remontan al pasado 8 de abril cuando el hombre ingresó en Urgencias siendo dado de alta al día siguiente y falleciendo a las pocas horas ya en su casa.
Miguel Ruiz Rey, de 78 años, se encontraba el pasado jueves 7 de abril en su residencia con su mujer, Ana Campos Romero, de 65 años, cuando de repente sufrió un fuerte golpe de tos. Al día siguiente sobre la misma hora, las cinco de la tarde, volvió a aparecer la tos y Miguel comenzó a vomitar. Pronto se encontró indispuesto, hasta tal punto que él y su esposa se fueron a las Urgencias del Clínico donde el hombre ingresó a las 20.05 horas de ese día 8 de abril.
Cuando el médico pasó a reconocer a Miguel, al tocarle el vientre éste manifestó un dolor «terrible», relata su mujer. «Yo no soy médico, pero sé lo que vi. Empezó a gritar con desesperación y el médico le puso un tratamiento. Parecía que se trataba de un cólico», explica…. (más…)
El Servicio Extremeño de Salud (SES) indemnizará con 45.000 euros a los familiares de M.R. que murió en 2007 aquejado de Mieloma Múltiple sin que le realizaran en el plazo establecido, dentro del protocolo para este tipo de pacientes, un trasplante de médula, como se había previsto en su seguimiento.
Así lo ha expuesto a Europa Press TV la esposa del fallecido, Manuela, quien ha lamentado que “no” trataran “correctamente” a su marido y que “no” se respetara “el protocolo de actuación que hay para el tipo de cáncer” que padecía el mismo.
Por ello, decidió demandar al Servicio Extremeño de Salud (SES) por no realizar “el trasplante correspondiente en los protocolos que tienen establecidos” para este tipo de patologías. “Pasó mucho durante nueve meses con quimioterapia y radioterapia y cuando llegó la hora de hacer el trasplante se olvidaron de que había que hacerlo”, ha precisado.
Según ha explicado Manuela, a su cónyuge se le diagnosticaron Mieloma Múltiple, por lo que en julio de 2007 comienzan a tratarle con quimioterapia y en ese mismo mes se procede a la fase de movilización, que consiste en la obtención de células madres para practicarle el trasplante con posterioridad, que según ha especificado debería haberse llevado a cabo entre “15 y 30 días después”, aunque la doctora que lo atendió les comunicó, según ha recodado, que el plazo “era de tres o seis” meses.
Pese a que tenían que haberle intervenido en agosto de ese mismo año, su esposo muere el 6 de noviembre de 2007 tras ingresar en urgencia, sin tener fecha de quirófano. “No cumplieron con él”, ha dicho. “Se les había olvidado por completo que había un enfermo y una familia alrededor pasándolo muy mal”, ha criticado Manuela.
RECONOCIMIENTO
Tras la demanda formulada en 2010 ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el mes de julio de este año en un informe firmado la Inspección de Servicios Sanitario de la Consejería de Sanidad se reconoce que “el trasplante no se llega a realizar” en el tiempo conveniente “por motivos que se desconocen”, tal y como recoge el documento.
Como consecuencia de esta comunicación se ha llegado a un acuerdo negociado con la aseguradora del Servicio Extremeño de Salud para indemnizar a los parientes del fallecido con un total de 45.000 euros por lo ocurrido.
“No queríamos el dinero, sólo quería el reconocimiento de lo que habían hecho mal con mi marido”, ha aclarado Manuela, al tiempo que ha explicado que en dos día aceptaron llegar a un acuerdo, puesto que lo que busca con ello es que “reconocieran” que los sanitarios que atendieron a su esposo “lo habían hecho mal”.
Para esta mujer, el fallecido “no se merecía estar donde está ahora, por culpa de unas personas irresponsables y por falta de coordinación”, ha lamentado. “Mi marido ya no vuelve de donde está”, ha reprochado.
Solidaridad de aseguradora con el médico que no informó de malformación detectada en las ecografías
TS, Sala Primera, de lo Civil, 4-11-2010
En esta sentencia sobre responsabilidad médica de la Sala Primera del Tribunal Supremo, se ejercitan unas acciones de responsabilidad extracontractual solidaria por hecho ajeno y contractual contra la compañía “Sanitas”, con la que se había celebrado un contrato de seguro de asistencia sanitaria, y de responsabilidad extracontractual contra el médico especialista en ginecología y obstetricia al haberse privado a la madre de su facultad de abortar por la falta de información debida a la mala praxis médica. El médico no sólo no informó de las dudas surgidas en las ecografías morfológicas, sino que tampoco agotó todas las posibilidades técnicas posibles, al no realizar las pruebas necesarias, para descartar el acortamiento de las extremidades del feto y de otras malformaciones con las que finalmente nació.
La demanda es estimada en ambas instancias, pero en 1.ª, la indemnización se fija en 300.000 euros frente al criterio de la Audiencia Provincial de Salamanca, que eleva la cantidad hasta 739.463,97 euros, por embarazo injusto, y al tener en cuenta los gastos que los progenitores tendrán que hacer frente para la adecuada atención de la niña. El Alto Tribunal opta por el criterio de la Audiencia y condena solidariamente al médico y a la compañía con la que se concertó el seguro de asistencia sanitaria, por culpa en la elección, así como por existir una relación de dependencia entre el profesional de la medicina y la aseguradora.
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VAZQUEZ ABOGADOS como especialistas en Negligencias Medicas y Derecho sanitario pertenece al Servicio Juridico de la Asociación del Defensor del Paciente
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