Hoy el Diario Sur publica una entrevista al padre del fallecido en la prision de Malaga, acompañado de su Abogado Damian Vazquez, especialistas en derecho penal Telefono 952215859.
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En el dia de hoy se presenta denuncia ante los Juzgados de Malaga para averiguar los hechos.
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Vazquez Abogados Málaga, ejercitara la acusación particular en nombre de los familiares del preso fallecido en Málaga, toda vez que estaba bajo la guardia y custodia de Instituciones Penitenciarias cuando ocurrio dicho fallecimiento, dandose la circunstancia que es el segundo preso fallecido en el centro penitenciario de Málaga por causas no naturales.
Funcionarios de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga) hallaron muerto la pasada madrugada en su celda, en el módulo de ingresos, a un interno de origen marroquí.
El cadáver fue encontrado sobre las 04.00 horas. Se trataba, según señalaron a Europa Press desde la cárcel, de un interno que llegó el pasado sábado, procedente de Melilla, a la prisión malagueña, donde iba a permanecer de manera provisional, ya que en los próximos días estaba previsto su traslado a Puerto III (Cádiz).
Tras el levantamiento del cadáver y el análisis de la celda, se procedió a su traslado para efectuarle la autopsia, según detallaron las fuentes consultadas, que apuntaron que, aunque se desconocen las causas del fallecimiento, el cuerpo no presentaba signos de violencia.
Al respecto, desde el sindicato de prisiones Acaip señalaron en un comunicado que “algunas fuentes apuntan al abuso en el consumo de drogas” como causa de la muerte.
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La fiscalía de seguridad vial quiere continuar con su política de mano dura tanto con los conductores irresponsables como con las administraciones que no colaboren en la reducción del número de accidentes. El fiscal de sala especializado en la materia, Bartolomé Vargas, ha anunciado la intención del Ministerio Público de empezar a perseguir, por la vía penal, acusando de delito de homicidio, a aquellos automovilistas que por no haber colocado la sillita infantil adecuada o el cinturón de seguridad hayan causado la muerte o la lesión de niños. La medida se aplicará como “último recurso” y en los casos que se trate de personas unidas al menor por vínculos parentales o desempeñe funciones de tutor, el caso se remitirá a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, según han comunicado a EFE. “Los menores se encuentran en una situación de absoluta indefensión y sufren elevadísimos riesgos”, ha señalado Vargas en Santiago de Compostela al término de las jornadas anuales de fiscales de seguridad vial. En este grupo indefenso, el fiscal ha añadido a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas y motoristas. Automóvil en buenas condiciones Para evitarlo, siguen apostando porque las administraciones realicen campañas de formación y concienciación. Pero, “en último término”, ha explicado Vargas, “si se tiene constancia de que la muerte o lesión de un menor se podría haber evitado con el sistema de retención adecuado” solicitarán que se ejerza la acción penal contra un conductor por el delito de homicidio o lesiones imprudentes. Según los datos de la fiscalía, 40 de los 76 niños fallecidos en accidente de tráfico en el 2008 no llevaban el cinturón o la sillita adecuada. Además, los fiscales han analizado la nueva ley de seguridad vial, que entrará en vigor en su mayor parte en mayo, y especialmente el artículo que obliga a todos los conductores a mantener su vehículo en adecuadas condiciones. En virtud de este precepto, y en casos graves, si se demuestra que la deficiencia de un automóvil (que tenga por ejemplo las ruedas excesivamente desdibujadas) ha causado la muerte o lesión de un tercero, también solicitarán la aplicación del delito de homicidio o lesión imprudente contra el conductor. En los casos en que el automóvil sea un vehículo de empresa el responsable del mantenimiento será la propia empresa, que podrá ser acusada de explotación laboral si el trabajador se ve “obligado” a viajar en un vehículo de la compañía en un estado inadecuado. Coto a los ayuntamientos Por otra parte, la fiscalía actuará contra aquellos ayuntamientos que no comuniquen a la Dirección General de Tráfico la pérdida de puntos en sus municipios. “En casos selectivos y de mayor gravedad en que haya un rechazo a las fórmulas legales de facilitación de medios, siempre que existan en la realidad, y exista una voluntad consciente y deliberada de no remitir las detracciones de puntos, los fiscales examinarán la posibilidad de ejercer acciones penales por el delito de prevaricación omisiva”, ha explicado Vargas. Casi cuatro años después de la implantación del nuevo permiso, aún quedan ayuntamientos de un volumen de población importante, como Getafe, cuyo alcalde preside precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias, que no comunican las sanciones a la Dirección General Tráfico (DGT). Todas las capitales de provincia facilitan ya los datos, según fuentes de la DGT. Por último, la fiscalía exigirá a los consistorios la correcta aplicación del catálogo oficial de señalización de badenes, resaltos y bandas transversales. Como en el caso de los puntos, el ministerio público intentará que los ayuntamientos colaboren en primer lugar por vías pacíficas. Pero, si persisten en su intención de no colaborar con la DGT o no retirar el badén o la banda transversal ilegal, recurrirán a la jurisdicción contencioso-administrativa y, en último término, a la vía penal.
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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha admitido la reclamación presentada a través de la Asociación El Defensor del Paciente en Málaga, acordando el pago de 21.157,10 euros a un paciente malagueño de 60 años de edad como consecuencia del olvido de una gasa en su cuerpo tras una intervención quirúrgica por un accidente de trafico sufrido.
Según informaron desde el colectivo, se ha dictado una resolución estimatoria parcial por parte del SAS en la que “se reconoce mala praxis por dejarse olvidada una gasa en el cuerpo de un paciente”. Los hechos tuvieron lugar el 20 de noviembre de 2005, cuando el afectado tuvo un accidente de trafico en compañía de su esposa en las inmediaciones del municipio malagueño de Vélez-Málaga, siendo trasladado al hospital Comarcal de la Axarquía.
Esa misma noche, según explica la asociación a través de un comunicado remitido, se le traslada al hospital Carlos Haya de Málaga, donde es intervenido de rotura de colón. El juicio clínico fue traumatismo abdominal cerrado y otras afecciones por las que se le practicó una intervención y se le dio el alta hospitalaria provisional el día 1 de diciembre de 2005.
Posteriormente, se le cita para el 30 de enero de 2006 para darle el alta definitiva, y en todo ese periodo de tiempo, “el paciente no se encontraba bien”, señala el colectivo, aunque se le dio el alta definitiva “sin realizarle prueba alguna, lo cual hubiera sido preceptivo para conocer su verdadero estado de salud en ese momento”.
Debido al politraumatismo, el paciente tenía pendientes unas radiografías de cadera y zona lumbar, que fueron realizadas en febrero de 2006. Ese mismo día, acude al traumatólogo, que le indica que tiene una costilla rota, pero le dice que vaya a urgencias rápidamente porque se le había detectado en las radiografías “una gasa o compresa olvidada de su anterior operación”.
Así, fue a urgencias del Carlos Haya donde le comentaron que tenía una infección y que debía ser intervenido de urgencias, según dijeron desde El Defensor del Paciente, al tiempo que recalcaron que el propio dictamen del Servicio Andaluz de Salud “reconoce la existencia de una relación de causalidad”.
Asimismo, se indica que se produjo por error el olvido de una gasa abdominal y se considera que “no deben ser asumidos por el paciente las consecuencias derivadas de este hecho”. La representación del paciente fue dirigida por el letrado Francisco Damián Vázquez, especialista en derecho sanitario y adscritos a los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente en Málaga.
Tfno contacto Asociacion Defensor del Paciente 914653322
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