VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA LABORAL E INVALIDEZ TFNO 952215859 Salud eliminará los partes de confirmación de las bajas laborales.Con la supresión de ese trámite burocrático los médicos de familia dispondrán de más tiempo para atender otras consultas.

 La burocracia es una declarada enemiga de la medicina. Una parte del tiempo de trabajo de los facultativos se emplea en cumplimentar trámites administrativos que poco o nada tienen que ver con la atención sanitaria. Para lograr una mayor desburocratización, la Consejería de Salud ha decidido suprimir los partes semanales de incapacidad temporal (baja laboral) que los médicos de familia se ven en la obligación de cumplimentar. El proyecto (denominado IT 21) está en este momento en su fase de pilotaje. El rodaje se realiza en ocho centros de salud andaluces, uno por cada provincia. En el caso de Málaga, el elegido es el centro de salud Victoria.

ABOGADO MALAGA ACCIDENTES RECLAMACION CONTACTE TFNO 609610197

Una mujer, cuarta víctima mortal por atropello en menos de una semana El accidente, que se produjo a la altura del Centro de Transporte de Mercancías, también deja un herido, que se recupera en el hospital.

La fatalidad en el asfalto se ha cebado esta semana con Málaga. Ayer, una mujer fallecía y un hombre resultaba herido en un nuevo atropello. Y ya van tres con cuatro víctimas mortales los que se producen en la provincia en menos de siete días. En total, se han registrado cuatro atropellos, con el resultado de cuatro muertos y tres heridos.

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La tasa de litigiosidad de la provincia de Málaga supera la media nacional en casi un 45%. Este es uno de los datos más relevantes que se ofrecieron ayer en la presentación del último Informe de la Abogacía.

El decano del Colegio de Abogado de Málaga, Manuel Camas, precisó que si la media española de asuntos por cada 1.000 habitantes se sitúa en 198,80, en Málaga la cifra llega a los 286,32. A nivel regional, el dato está en los 230,90. La tasa malagueña siempre es superior en todos los campos (civil, penal, social) salvo en contencioso-administrativo. Además del alto volumen de trabajo, el decano señaló como una de las principales causas de la alta litigiosidad el hecho de que la provincia tenga una población mayor a la que oficialmente se reconoce, tanto nacional como extranjera.

El informe recoge otros datos como las principales quejas de los ciudadanos. Según los datos nacionales que aporta, hasta un 75% de estas quejas se refieren al funcionamiento de juzgados y tribunales, sobre todo reclamando una justicia ágil y tecnológicamente avanzada, aunque también se producen porque es una justicia poco atenta con el ciudadano. En este sentido, el decano de los abogados de Málaga indicó que los usuarios se quejan «de los tiempos de espera» que sufren para que se resuelvan sus procedimientos, como cuando visitan las oficinas judiciales. «Los ciudadanos entienden perfectamente lo que pasa y saben que la tecnología tiene que tomar la administración de justicia», apuntó. En otra de las conclusiones, el informe señala que hay un sentimiento generalizado entre los ciudadanos y los profesionales sobre la necesidad de modernizar la justicia, «de forma que sea más ágil y cuente con sistema tecnológicamente avanzados de gestión».

Falta de control

Tanto el decano del Colegio de Abogados de Málaga como el diputado responsable del área de relaciones con la Administración de Justicia, Salvador Ruiz Menacho, lamentaron las «detenciones espectaculares», al tiempo que lamentaron que estas situaciones ponen en evidencia la «falta de control judicial». Al respecto, ambos hablaron de «falta de intervención» de la Fiscalía en estos casos, a pesar de tener una instrucción concreta para estos supuestos, según recordó el decano, quien indicó que «echamos de menos una actitud beligerante de la Fiscalía» en cuanto a este tipo de actuaciones. En cuanto al acuerdo con la Fiscalía para llegar a conformidades, desde que se suscribió el protocolo sólo se han producido 17 acuerdos previos al juicio. Los abogados han apostado por acabar por las conversaciones en la sala y establecer reuniones sistemáticas entre las partes previas a la vista oral.

Camas indicó que son ya más de 5.000 colegiados en la provincia y explicó que aunque de 2008 a 2009, cuando «se inició la crisis», el número de expedientes de orientación jurídica creció en un 10%, en 2010 se ha estabilizado, aunque «la cifra sigue siendo elevada con 36.193 solicitudes de abogado de oficio».

El informe anual de la abogacía malagueña contabiliza la asistencia a detenidos en 42.831, cifra que el decano calificó de «realmente importante» aunque suponga un descenso del 5% respecto a 2009. En este punto, el gremio mantiene la vieja reivindicación de una «asistencia efectiva y real», con la posibilidad de acceder al detenido y al atestado policial antes de que preste su primera declaración. Los abogados también incidieron en la necesidad de contar con más jueces y funcionarios, «así como con una oficina judicial común que trabaje aprovechando todas las sinergias y los recursos, para que la administración funcione con criterios modernos y no pensando en juzgados aislados.

Cada semana unas treinta familias se ven obligadas a dejar su vivienda por una orden judicial de desahucio en Málaga. Aunque la mayoría de los desalojos se deben al impago de las rentas de alquiler, cada día son más los embargos de los bancos por préstamos hipotecarios no satisfechos. Estos desahucios representa ya más de una tercera parte del total.
Durante el primer semestre del año los juzgados del partido judicial de Málaga -que engloba además de la capital a otros quince municipios con una población de más de 600.000 habitantes- recibieron 600 demandas de embargo de viviendas por ejecuciones hipotecarias y casi las mismas (611) que de desahucios por impago de alquileres. Estas elevadas cifras son prácticamente iguales a las registradas durante el mismo periodo del año 2010, lo que confirma que la salida de la crisis económica, la gran culpable de esta situación, no se vislumbra a corto plazo.
La velocidad de los embargos sentenciados choca, no obstante, con los limitados recursos humanos para ejecutarlos.El Servicio Común de Actos y Comunicaciones (SCAC), dependiente del Juzgado Decano de la capital que se encarga de realizarlos no tiene hueco ya en la agenda de lanzamientos (desahucios) hasta enero de 2012, según explica su secretaria Pilar Martín. Al SCAC le hacen falta más funcionarios, no solo para los desahucios sino para todas las notificaciones judiciales que generan los órganos judiciales malagueños.
La comisión judicial que practica los desalojos está formada por un gestor y un funcionario del cuerpo auxiliar. Está presente también el procurador de la parte demandante y un cerrajero. «Normalmente los desahucios se desarrollan sin incidentes, por lo que no se precisa de intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», añade Martín.
Pero el panorama puede cambiar si el Movimiento 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aumentan su presión sobre las viviendas embargadas por los bancos. De momento en apenas un mes, los ‘indignados’ han conseguido aplazar dos desalojos, uno en Rincón de la Victoria y otro en Torre del Mar.
La PAH viene reclamando desde hace un año un cambio legal para que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda hipotecaria contraída con él. De momento, la Audiencia Provincial de Navarra ya ha dictado una sentencia en ese sentido.
En Málaga, la segunda provincia del país con mayor índice de desempleo, el drama de la pérdida de la vivienda ha golpeado desde finales de 2007 a algo más de cuatro mil familias en la capital. Los juzgados, sin embargo, no han dictado, de momento, ninguna resolución a favor de la dación en pago de la vivienda. «Es posible que se haya presentado alguna demanda en ese sentido, pero la sobrecarga de trabajo puede haber retrasado una valoración de los jueces sobre esta cuestión», aclara el magistrado Joaquín Delgado, presidente en funciones de la Sección 4ª de la Audiencia de Málaga.
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VAZQUEZ ABOGADOS www.vazquezabogados.es especialistas en derecho inmobiliario y del consumidor, ha conseguido en una sentencia dictada recientemente por un Juzgado de Málaga, que condenen a Prienesur, antigua Arenal 21, a que devuelvan todas las cantidades abonadas por un comprador de vivienda, mas un 10 % de penalización a su favor e intereses, por los incumplimientos y retrasos de dicha promotora a la hora de entregar la vivienda de Arenal Golf.

En estos casos es aconsejable presentar reclamacion extrajudicial y en su caso judicial, ya que es muy habitual que los vendedores de vivienda no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de las viviendas.

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NEGLIGENCIAS MEDICAS VAZQUEZ ABOGADOS. CONDENA CIRUGIA ESTETICA CLINICA DORSIA.

El Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Madrid ha estimado parcialmente la demanda presentada por los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente en representación de Doña Y. A. S. C., por la cual se condena a la Clínica DORSIA y al Doctor D. M. C., a abonar a ésta la cantidad de 60.182 Euros, todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Doña Y. A. S. C. de 23 años de edad en la actualidad, padece trastorno de personalidad y venía siendo tratada desde hace mucho tiempo de una importante depresión.

Con fecha 12 de enero de 2007 Doña Y. A. S. C. quería mejorar su apariencia física, y contrató los servicios de la Clínica DORSIA MADRID I (Causarina Beach S.L. – Actividad de “…Peluquería y otros tratamientos de belleza…”), para reducción de sus mamas y gran liposucción. Se propone una gran modificación quirúrgica corporal contraindicada en paciente, con sólo 20 años, en tratamiento por depresión y obesa, sin más estudios, ni informes psiquiátricos, sin ser urgente ni necesaria en ese momento. Sólo por el criterio de unos comerciales que asume un médico desconocido.

Con fecha 2 de febrero de 2007 Doña Y. A. S. C. se realiza a la paciente gran liposucción de muslos, glúteos, rodillas, flancos, brazos y abdomen. Poco después, el 20 de abril de 2007 es ingresada para tratamiento quirúrgico de reducción mamaria con mala evolución y necrosis por incorrecta técnica de sutura tras la reducción mamaria. Y así, llegamos al 6 de julio de 2007, fecha en la que la paciente además se somete a Cirugía de Aumento de Pecho asimétrica, colocándose implantes submusculares, presentando contractura capsular en ambos pechos. Pendiente de capsulectomía.

Doña Y. A. S. C. se ha realizado tres grandes cirugías, en cinco meses, en una paciente anémica con grave trastorno psiquiátrico que afecta a la capacidad para discernir, sin la información y con consentimientos inexistentes o incompletos, pues además de los graves defectos de estos documentos, la cliente (paciente psiquiátrica) no tenía la capacidad para ponderarlos. No se practica radiografía, ni se valora analítica, por lo que no se puede indicar la cirugía sin riesgos. Los implantes están en posición “submuscular” no consentida por la paciente. No se aclara el motivo del implante asimétrico tan notorio, 100 cc más en la mama derecha. Finalmente la afectada presenta contractura capsular, hay una discreta deformidad y arrugamiento de la capsula de la prótesis, con deformidad de la misma en contorno. La paciente queda tan afectada que acude en numerosas ocasiones a Psiquiatría de Urgencias.

Con fecha 30 de mayo de 2008 se emite informe del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental Área 7 que dice: “Paciente derivada por Urgencias en enero de 2007 presentaba cuadro de años de evolución caracterizado por inestabilidad afectiva con alta reactividad y tendencia de ánimo depresivo, conducta impulsiva con autolesiones e intentos autolíticos sentimientos de vacío, ideación autolítica recurrente…” Se le pautó tratamiento e ingreso. Se le diagnostica de TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD.

Con fecha 9 de junio de 2008 se emite Informe por el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del HOSPITAL SAN CARLOS DE MADRID manifestando: “Secuelas de Mamoplastia en T invertida hipertrófica, asimetría mamaria y contractura capsular con implantes subpectorales muy altos, lo que ocasiona un defecto estético severo”.

Doña Y. A. S. C. actualmente padece la amputación de cuadrantes inferiores en ambas mamas y atrofia, por lo que la sección definitiva de conductos galactóforos afectara a una futura lactancia en paciente muy joven, además de un agravamiento de síndrome ansioso depresivo.

En definitiva, la Sentencia establece que: “El hecho de que existan las mencionadas secuelas, de por si, genera una actitud negligente del codemandado Sr. M. C. al no haber obtenido el resultado perseguido mediante su intervención… se concluye que el resultado que se ha obtenido dista mucho, del que, lógicamente, se perseguía, lo cual no supone sino una frustración del fin negocial querido por la demandante…”. En torno al consentimiento informado la Sentencia asevera: “Como ya se ha razonado, el resultado obtenido no puede considerarse normal, siendo manifiestamente deficiente, excediendo los parámetros de la normalidad propios de la intervención y por tanto carece de todo fundamento alegar que aquél fue aceptado por aquella al tiempo de otorgar su consentimiento contractual, máxime cuando resulta acreditado, que la demandante se encontraba sometida a tratamiento por depresión tomando medicación; no resultando claro que se le hubiera explicado la posible secuela…”.

En opinión de Carmen Flores, Presidenta de El Defensor del Paciente:“Este es otro desagraciado ejemplo, de las terribles consecuencias que conlleva el escaso control que existe en España en torno a la cirugía estética y los pocos escrúpulos que tienen algunos comerciales de determinadas clínicas de estética donde por encima de la salud de los pacientes mayoritariamente prima el dinero y vender el mayor número de intervenciones, da igual el que estén contraindicadas o no, tampoco importa la información veraz que el paciente reciba antes de operar. Lo cierto, es que una chica de poco más de 20 años, ha quedado marcada de por vida”.

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Hoy entra en vigor la nueva Oficina Judicial, que supondrá para todos los profesionales jurídicos y Abogacía un nuevo reto, ya que supone la modificación de numeroso articulado, con variaciones procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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NEGLIGENCIA MEDICA

La Fiscalía de Granada ha detectado indicios de manipulación en la gestión de las listas de espera del hospital Virgen de las Nieves, una práctica que considera extensiva a todos los hospitales andaluces.

El fiscal abrió diligencias tras la denuncia presentada hace dos años por la doctora que se encargaba de gestionar estas listas de espera en el centro hospitalario granadino. Decía haber recibido presiones por no haber querido seguir participando en una serie de tretas administrativas encaminadas presuntamente a ocultar los retrasos de operaciones quirúrgicas.

La denuncia alertaba de la existencia de reevaluaciones médicas in extremis para no dejar de cumplir los plazos en los que los pacientes tenían que ser intervenidos en quirófano de sus dolencias. La funcionaria incluso se tuvo que dar de baja, según fuentes de su entorno, por las presiones que recibió de la dirección del centro.Ahora, el Ministerio Público dice encontrar indicios de este falseamiento de las listas de espera de forma «continuada en el tiempo» en el hospital granadino. La situación podría ser extensible, además, a todos los centros hospitalarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y, lo más importante al fin y al cabo, haber afectado a la salud de los pacientes.

El fiscal ordena sobreseer las diligencias, de todas formas, hasta que la Agencia de Protección de Datos pueda certificar en un informe «una auditoría completa de miles de historias clínicas» que pudiera probar la «falsedad documental denunciada».

La investigación se halla, pues, en una fase delicada pues ésta «supondría una afectación grave a la intimidad sanitaria de miles de ciudadanos, cuyas historias clínicas tendrían que ser sometidas a escrutinio» por «miembros ajenos a la Administración sanitaria».

Por tanto, el fiscal se ha visto en la obligación de confrontar la gravedad de los hechos denunciados por la funcionaria del hospital granadino con la posible infracción al régimen de tratamiento de los datos personales sanitarios, algo de lo que ya advirtió el SAS en su día.

De este modo, el fiscal no reabrirá las actuaciones hasta que la Agencia de Protección de Datosno proceda a una investigación conforme a la cual se verá si el caso, que podría poner en jaque la gestión de las listas de espera de los hospitales andaluces, puede tener relevancia penal.

Al fiscal, sin embargo, «no le cabe duda», según el escrito de diligencias previas del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, «de la realización continuada en el tiempo de las irregularidades detectadas por la denunciante en le tratamiento de información sanitaria de los pacientes del hospital Virgen de las Nieves». Y añade su sospecha de que estas malas prácticas en la gestión de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas sean comunes a «todos los restantes hospitales dependientes del Servicio Andaluz de Salud». Lo fundamenta en las «resoluciones administrativas dictadas por los servicios centrales» de la Consejería de Salud para la gestión de dichas listas.

Sobre las posibles infracciones cometidas en el tratamiento de los datos sanitarios de las listas de espera, son muy graves aquellas en las que se traten los «datos de carácter personal de forma ilegítima» cuando todo ello suponga un atentado «contra el ejercicio de los derechos fundamentales». El fiscal justifica de esta forma la solicitud de informe a la Agencia de Protección de Datos pues no existen normas propias en la Ley de Enjuiciamiento Criminal acerca del tratamiento que se ha de dar a la «información personal sensible» incluida en los historiales clínicos. Deja en el tejado de dicha agencia las actuaciones que considere oportunas para posteriormente explorar las medidas «más proporcionadas de investigación penal a los hechos denunciados».

La funcionaria del SAS denunció en su día que el maquillaje de listas de espera era la norma común del hospital granadino. Lo sabía bien, ella era quien gestionaba estas listas de espera en contacto directo con la dirección del hospital. Esta médico está hoy reincorporada a su trabajo en el hospital, aunque con algunos problemas en su día a día laboral derivados de este caso, siempre según las fuentes de su entorno consultadas. Pero el fiscal necesita más datos para decidir acerca del posible delito que habría cometido el SAS contra la integridad moral de la doctora. Por ello, será citada para declarar ante el fiscal con el objetivo de «poder conocer los ámbitos o aspectos concretos en que la perjudicada se ha visto sometida a trato degradante». El juez instructor abrirá una pieza separada en el proceso de instrucción para incluir este testimonio así como los «documentos relativos a la situación administrativa y sanitaria de la denunciante», quien se habría visto sometida a presiones por negarse a continuar falseando las listas de espera con reevaluaciones clínicas que se realizaban presuntamente a los pacientes justo antes de que se cumplieran los plazos establecidos para ser intervenidos de sus dolencias. El SAS atribuyó en su día la denuncia a motivos laborales y políticos.

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La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al cirujano P.B.R., al pago de 57.425 euros más intereses como concepto de indemnización por los daños provocados a una paciente a la que le practicó una mamoplastia de aumento, dándose además la circunstancia de que el galeno sólo era licenciado en Medicina, careciendo por tanto de la especialidad de Cirugía Estética y Reparadora necesaria para poder ejercer este tipo de intervenciones.

Este sentencia, facilitada a Europa Press por la asociación El Defensor del Paciente, que ha defendido a la perjudicada, viene a confirmar otro dictamen anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vélez-Málaga, por el que se estima parcialmente la demanda interpuesta por Dolores C.T., contra el mencionado médico.

La sentencia declara de esta forma probada que la cirugía de aumento de mamas practicada por este doctor no obtuvo el resultado estético prometido por el mismo médico, hasta el punto de que a la paciente le quedaron unas “visibles cicatrices, con mamas ptósicas con asimetría y presentando la mama izquierda asimetría areolar”.

Además, la intervención le provocó una disminución de la sensibilidad (hipestesia) en ambas areolas, en sus mitades inferiores, siendo casi anestesia –falta total de sensibilidad– en la izquierda, entre otros defectos. De hecho, la sentencia sostiene que la intervención practicada, además de no obtener el resultado esperado, ha producido a la perjudicada unas secuelas de carácter estético, funcional y psíquico.

En concreto, alude a la existencia del llamado ‘daño desproporcionado’, ya que presenta “evidentes cicatrices” que en modo alguno pueden relacionarse con el aumento de peso que haya podido experimentar, conclusión que alcanza a la vista de los informes periciales y de las propias fotografías aportadas por la paciente antes y después de las operaciones de aumento mamario con prótesis de gel de silicona a la que fue sometida.

Además, la sentencia establece probado en su fundamentos de derecho que el médico que la operó sólo estaba en posesión del título de Licenciado en Medicina, no así del de la especialidad en Cirugía Estética y Reparadora, lo cual, de por sí, “podría estar incurriendo incluso en un presunto delito de intrusismo, previsto y penado” para una cirugía invasiva.

Además, recoge que la paciente no prestó con conocimiento de causa el consentimiento informado, por lo que “no pudo prever los riesgos y complicaciones que podrían surgir y que de hecho surgieron”.

Según el Defensor del Paciente, la perjudicada “no sólo no obtuvo los resultados, sino que precisó de hasta seis operaciones de reconstrucción de cicatrices y asimetrías mamarias, quedándole una verdadera patología física y psíquica con tratamiento psiquiátrico, por lo que puede hablarse con todo rigor de daño desproporcionado, con independencia de la falta de técnica quirúrgica del referido licenciado en Medicina”.

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DEUDAS ADMINISTRACION SANITARIA

Que la crisis ha llegado a la Administración autonómica es algo que han reconocido hasta en la Junta de Andalucía. Pero la prueba de ese recorte presupuestario se traduce en la falta de solvencia que tiene últimamente el Ejecutivo andaluzcuando se trata de pagar sus deudas con los proveedores.

Así sólo el Servicio Andaluz de Salud tenía a finales del pasado año una deuda contraída con sus proveedores sanitarios que ascendía a más de 649 millones de euros.

Normalmente son empresas que proporcionan a la sanidad pública andaluza tiritas, jeringuillas, agujas, guantes. bandas magnéticas, aparatos para hacer ecografías o radiografías y muchos otros productos necesarios para atender a los pacientes. También entran marcapasos y otros aparatos que suelen tener un coste bastante más elevado.

En otras comunidades autonomas las deudas de las administraciones publicas con sus proveedores son incluso mayores.

Si necesita reclamar ante los Juzgados una deuda frente a una administración, particular, o empresa puede hacerlo a traves de VAZQUEZ ABOGADOS.

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