VAZQUEZ ABOGADOS www.vazquezabogados.es especialistas en derecho inmobiliario y del consumidor, ha conseguido en una sentencia dictada recientemente por un Juzgado de Málaga, que condenen a Prienesur, antigua Arenal 21, a que devuelvan todas las cantidades abonadas por un comprador de vivienda, mas un 10 % de penalización a su favor e intereses, por los incumplimientos y retrasos de dicha promotora a la hora de entregar la vivienda de Arenal Golf.
En estos casos es aconsejable presentar reclamacion extrajudicial y en su caso judicial, ya que es muy habitual que los vendedores de vivienda no cumplan con los plazos establecidos para la entrega de las viviendas.
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El Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Madrid ha estimado parcialmente la demanda presentada por los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente en representación de Doña Y. A. S. C., por la cual se condena a la Clínica DORSIA y al Doctor D. M. C., a abonar a ésta la cantidad de 60.182 Euros, todo ello sin hacer expresa condena en costas.
Doña Y. A. S. C. de 23 años de edad en la actualidad, padece trastorno de personalidad y venía siendo tratada desde hace mucho tiempo de una importante depresión.
Con fecha 12 de enero de 2007 Doña Y. A. S. C. quería mejorar su apariencia física, y contrató los servicios de la Clínica DORSIA MADRID I (Causarina Beach S.L. – Actividad de “…Peluquería y otros tratamientos de belleza…”), para reducción de sus mamas y gran liposucción. Se propone una gran modificación quirúrgica corporal contraindicada en paciente, con sólo 20 años, en tratamiento por depresión y obesa, sin más estudios, ni informes psiquiátricos, sin ser urgente ni necesaria en ese momento. Sólo por el criterio de unos comercialesque asume un médico desconocido.
Con fecha 2 de febrero de 2007 Doña Y. A. S. C. se realiza a la paciente gran liposucción de muslos, glúteos, rodillas, flancos, brazos y abdomen. Poco después, el 20 de abril de 2007 es ingresada para tratamiento quirúrgico de reducción mamaria con mala evolución y necrosis por incorrecta técnica de sutura tras la reducción mamaria. Y así, llegamos al 6 de julio de 2007, fecha en la que la paciente además se somete a Cirugía de Aumento de Pecho asimétrica, colocándose implantes submusculares, presentando contractura capsular en ambos pechos. Pendiente de capsulectomía.
Doña Y. A. S. C. se ha realizado tres grandes cirugías, en cinco meses, en una paciente anémica con grave trastorno psiquiátrico que afecta a la capacidad para discernir, sin la información y con consentimientos inexistentes o incompletos, pues además de los graves defectos de estos documentos, la cliente (paciente psiquiátrica) no tenía la capacidad para ponderarlos. No se practica radiografía, ni se valora analítica, por lo que no se puede indicar la cirugía sin riesgos. Los implantes están en posición “submuscular” no consentida por la paciente. No se aclara el motivo del implante asimétrico tan notorio, 100 cc más en la mama derecha. Finalmente la afectada presenta contractura capsular, hay una discreta deformidad y arrugamiento de la capsula de la prótesis, con deformidad de la misma en contorno. La paciente queda tan afectada que acude en numerosas ocasiones a Psiquiatría de Urgencias.
Con fecha 30 de mayo de 2008 se emite informe del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental Área 7 que dice: “Paciente derivada por Urgencias en enero de 2007 presentaba cuadro de años de evolución caracterizado por inestabilidad afectiva con alta reactividad y tendencia de ánimo depresivo, conducta impulsiva con autolesiones e intentos autolíticos sentimientos de vacío, ideación autolítica recurrente…” Se le pautó tratamiento e ingreso. Se le diagnostica de TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD.
Con fecha 9 de junio de 2008 se emite Informe por el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del HOSPITAL SAN CARLOS DE MADRID manifestando: “Secuelas de Mamoplastia en T invertida hipertrófica, asimetría mamaria y contractura capsular con implantes subpectorales muy altos, lo que ocasiona un defecto estético severo”.
Doña Y. A. S. C. actualmente padece la amputación de cuadrantes inferiores en ambas mamas y atrofia, por lo que la sección definitiva de conductos galactóforos afectara a una futura lactancia en paciente muy joven, además de un agravamiento de síndrome ansioso depresivo.
En definitiva, la Sentencia establece que: “El hecho de que existan las mencionadas secuelas, de por si, genera una actitud negligente del codemandado Sr. M. C. al no haber obtenido el resultado perseguido mediante su intervención… se concluye que el resultado que se ha obtenido dista mucho, del que, lógicamente, se perseguía, lo cual no supone sino una frustración del fin negocial querido por la demandante…”. En torno al consentimiento informado la Sentencia asevera: “Como ya se ha razonado, el resultado obtenido no puede considerarse normal, siendo manifiestamente deficiente, excediendo los parámetros de la normalidad propios de la intervención y por tanto carece de todo fundamento alegar que aquél fue aceptado por aquella al tiempo de otorgar su consentimiento contractual, máxime cuando resulta acreditado, que la demandante se encontraba sometida a tratamiento por depresión tomando medicación; no resultando claro que se le hubiera explicado la posible secuela…”.
En opinión de Carmen Flores, Presidenta de El Defensor del Paciente:“Este es otro desagraciado ejemplo, de las terribles consecuencias que conlleva el escaso control que existe en España en torno a la cirugía estética y los pocos escrúpulos que tienen algunos comerciales de determinadas clínicas de estética donde por encima de la salud de los pacientes mayoritariamente prima el dinero y vender el mayor número de intervenciones, da igual el que estén contraindicadas o no, tampoco importa la información veraz que el paciente reciba antes de operar. Lo cierto, es que una chica de poco más de 20 años, ha quedado marcada de por vida”.
Hoy entra en vigor la nueva Oficina Judicial, que supondrá para todos los profesionales jurídicos y Abogacía un nuevo reto, ya que supone la modificación de numeroso articulado, con variaciones procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Fiscalía de Granada ha detectado indicios de manipulación en la gestión de las listas de espera del hospital Virgen de las Nieves, una práctica que considera extensiva a todos los hospitales andaluces.
El fiscal abrió diligencias tras la denuncia presentada hace dos años por la doctora que se encargaba de gestionar estas listas de espera en el centro hospitalario granadino. Decía haber recibido presiones por no haber querido seguir participando en una serie de tretas administrativas encaminadas presuntamente a ocultar los retrasos de operaciones quirúrgicas.
La denuncia alertaba de la existencia de reevaluaciones médicas in extremis para no dejar de cumplir los plazos en los que los pacientes tenían que ser intervenidos en quirófano de sus dolencias. La funcionaria incluso se tuvo que dar de baja, según fuentes de su entorno, por las presiones que recibió de la dirección del centro. (más…)
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al cirujano P.B.R., al pago de 57.425 euros más intereses como concepto de indemnización por los daños provocados a una paciente a la que le practicó una mamoplastia de aumento, dándose además la circunstancia de que el galeno sólo era licenciado en Medicina, careciendo por tanto de la especialidad de Cirugía Estética y Reparadora necesaria para poder ejercer este tipo de intervenciones.
Este sentencia, facilitada a Europa Press por la asociación El Defensor del Paciente, que ha defendido a la perjudicada, viene a confirmar otro dictamen anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vélez-Málaga, por el que se estima parcialmente la demanda interpuesta por Dolores C.T., contra el mencionado médico.
La sentencia declara de esta forma probada que la cirugía de aumento de mamas practicada por este doctor no obtuvo el resultado estético prometido por el mismo médico, hasta el punto de que a la paciente le quedaron unas “visibles cicatrices, con mamas ptósicas con asimetría y presentando la mama izquierda asimetría areolar”.
Además, la intervención le provocó una disminución de la sensibilidad (hipestesia) en ambas areolas, en sus mitades inferiores, siendo casi anestesia –falta total de sensibilidad– en la izquierda, entre otros defectos. De hecho, la sentencia sostiene que la intervención practicada, además de no obtener el resultado esperado, ha producido a la perjudicada unas secuelas de carácter estético, funcional y psíquico.
En concreto, alude a la existencia del llamado ‘daño desproporcionado’, ya que presenta “evidentes cicatrices” que en modo alguno pueden relacionarse con el aumento de peso que haya podido experimentar, conclusión que alcanza a la vista de los informes periciales y de las propias fotografías aportadas por la paciente antes y después de las operaciones de aumento mamario con prótesis de gel de silicona a la que fue sometida.
Además, la sentencia establece probado en su fundamentos de derecho que el médico que la operó sólo estaba en posesión del título de Licenciado en Medicina, no así del de la especialidad en Cirugía Estética y Reparadora, lo cual, de por sí, “podría estar incurriendo incluso en un presunto delito de intrusismo, previsto y penado” para una cirugía invasiva.
Además, recoge que la paciente no prestó con conocimiento de causa el consentimiento informado, por lo que “no pudo prever los riesgos y complicaciones que podrían surgir y que de hecho surgieron”.
Según el Defensor del Paciente, la perjudicada “no sólo no obtuvo los resultados, sino que precisó de hasta seis operaciones de reconstrucción de cicatrices y asimetrías mamarias, quedándole una verdadera patología física y psíquica con tratamiento psiquiátrico, por lo que puede hablarse con todo rigor de daño desproporcionado, con independencia de la falta de técnica quirúrgica del referido licenciado en Medicina”.
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Que la crisis ha llegado a la Administración autonómica es algo que han reconocido hasta en la Junta de Andalucía. Pero la prueba de ese recorte presupuestario se traduce en la falta de solvencia que tiene últimamente el Ejecutivo andaluzcuando se trata de pagar sus deudas con los proveedores.
Así sólo el Servicio Andaluz de Salud tenía a finales del pasado año una deuda contraída con sus proveedores sanitarios que ascendía a más de 649 millones de euros.
Normalmente son empresas que proporcionan a la sanidad pública andaluza tiritas, jeringuillas, agujas, guantes. bandas magnéticas, aparatos para hacer ecografías o radiografías y muchos otros productos necesarios para atender a los pacientes. También entran marcapasos y otros aparatos que suelen tener un coste bastante más elevado.
En otras comunidades autonomas las deudas de las administraciones publicas con sus proveedores son incluso mayores.
Si necesita reclamar ante los Juzgados una deuda frente a una administración, particular, o empresa puede hacerlo a traves de VAZQUEZ ABOGADOS.
Hoy el Diario Sur publica una entrevista al padre del fallecido en la prision de Malaga, acompañado de su Abogado Damian Vazquez, especialistas en derecho penal Telefono 952215859.
Puede leer el texto completo de la noticia en este enlace Diario Sur
En el dia de hoy se presenta denuncia ante los Juzgados de Malaga para averiguar los hechos.
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Vazquez Abogados Málaga, ejercitara la acusación particular en nombre de los familiares del preso fallecido en Málaga, toda vez que estaba bajo la guardia y custodia de Instituciones Penitenciarias cuando ocurrio dicho fallecimiento, dandose la circunstancia que es el segundo preso fallecido en el centro penitenciario de Málaga por causas no naturales.
Funcionarios de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga) hallaron muerto la pasada madrugada en su celda, en el módulo de ingresos, a un interno de origen marroquí.
El cadáver fue encontrado sobre las 04.00 horas. Se trataba, según señalaron a Europa Press desde la cárcel, de un interno que llegó el pasado sábado, procedente de Melilla, a la prisión malagueña, donde iba a permanecer de manera provisional, ya que en los próximos días estaba previsto su traslado a Puerto III (Cádiz).
Tras el levantamiento del cadáver y el análisis de la celda, se procedió a su traslado para efectuarle la autopsia, según detallaron las fuentes consultadas, que apuntaron que, aunque se desconocen las causas del fallecimiento, el cuerpo no presentaba signos de violencia.
Al respecto, desde el sindicato de prisiones Acaip señalaron en un comunicado que “algunas fuentes apuntan al abuso en el consumo de drogas” como causa de la muerte.
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La fiscalía de seguridad vial quiere continuar con su política de mano dura tanto con los conductores irresponsables como con las administraciones que no colaboren en la reducción del número de accidentes. El fiscal de sala especializado en la materia, Bartolomé Vargas, ha anunciado la intención del Ministerio Público de empezar a perseguir, por la vía penal, acusando de delito de homicidio, a aquellos automovilistas que por no haber colocado la sillita infantil adecuada o el cinturón de seguridad hayan causado la muerte o la lesión de niños. La medida se aplicará como “último recurso” y en los casos que se trate de personas unidas al menor por vínculos parentales o desempeñe funciones de tutor, el caso se remitirá a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, según han comunicado a EFE. “Los menores se encuentran en una situación de absoluta indefensión y sufren elevadísimos riesgos”, ha señalado Vargas en Santiago de Compostela al término de las jornadas anuales de fiscales de seguridad vial. En este grupo indefenso, el fiscal ha añadido a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas y motoristas. Automóvil en buenas condiciones Para evitarlo, siguen apostando porque las administraciones realicen campañas de formación y concienciación. Pero, “en último término”, ha explicado Vargas, “si se tiene constancia de que la muerte o lesión de un menor se podría haber evitado con el sistema de retención adecuado” solicitarán que se ejerza la acción penal contra un conductor por el delito de homicidio o lesiones imprudentes. Según los datos de la fiscalía, 40 de los 76 niños fallecidos en accidente de tráfico en el 2008 no llevaban el cinturón o la sillita adecuada. Además, los fiscales han analizado la nueva ley de seguridad vial, que entrará en vigor en su mayor parte en mayo, y especialmente el artículo que obliga a todos los conductores a mantener su vehículo en adecuadas condiciones. En virtud de este precepto, y en casos graves, si se demuestra que la deficiencia de un automóvil (que tenga por ejemplo las ruedas excesivamente desdibujadas) ha causado la muerte o lesión de un tercero, también solicitarán la aplicación del delito de homicidio o lesión imprudente contra el conductor. En los casos en que el automóvil sea un vehículo de empresa el responsable del mantenimiento será la propia empresa, que podrá ser acusada de explotación laboral si el trabajador se ve “obligado” a viajar en un vehículo de la compañía en un estado inadecuado. Coto a los ayuntamientos Por otra parte, la fiscalía actuará contra aquellos ayuntamientos que no comuniquen a la Dirección General de Tráfico la pérdida de puntos en sus municipios. “En casos selectivos y de mayor gravedad en que haya un rechazo a las fórmulas legales de facilitación de medios, siempre que existan en la realidad, y exista una voluntad consciente y deliberada de no remitir las detracciones de puntos, los fiscales examinarán la posibilidad de ejercer acciones penales por el delito de prevaricación omisiva”, ha explicado Vargas. Casi cuatro años después de la implantación del nuevo permiso, aún quedan ayuntamientos de un volumen de población importante, como Getafe, cuyo alcalde preside precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias, que no comunican las sanciones a la Dirección General Tráfico (DGT). Todas las capitales de provincia facilitan ya los datos, según fuentes de la DGT. Por último, la fiscalía exigirá a los consistorios la correcta aplicación del catálogo oficial de señalización de badenes, resaltos y bandas transversales. Como en el caso de los puntos, el ministerio público intentará que los ayuntamientos colaboren en primer lugar por vías pacíficas. Pero, si persisten en su intención de no colaborar con la DGT o no retirar el badén o la banda transversal ilegal, recurrirán a la jurisdicción contencioso-administrativa y, en último término, a la vía penal.
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www.vazquezabogados.es especializados en derecho laboral, despidos y solicitud de Invalidez, se hace eco del anuncio del Colegio de Abogados de Málaga, que en epoca de crisis es muy habitual: los problemas laborales y gran numero de despidos en las empresas.
Ante un despido, sepa que hay un plazo de 20 dias para interponer papeleta de conciliación y demanda de despido para no perder sus derechos.
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