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Importantisima sentencia dictada por el Tribunal Supremo que reconoce la posibilidad de solicitar el lucro cesante (perdida económica futura dejada de obtener) en casos de accidente de trafico, pero que también puede aplicarse a otros supuestos de responsabilidad civil, negligencia medica, etc.

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El Supremo reconoce el derecho de las víctimas de tráfico a percibir el lucro cesante

El Alto Tribunal ha condenado a una aseguradora y a los herederos del causante de un accidente a resarcir a la víctima por los ingresos que dejó de obtener por incapacidad tras el siniestro.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una víctima de un accidente de tráfico a obtener una indemnización mayor por las ganancias que ha dejado de percibir en el caso de que los daños sufridos le incapaciten de forma permanente para ejercer su profesión, lo que se conoce como “lucro cesante”. 

En una sentencia que crea jurisprudencia, la Sala de lo Civil fija que cuando la compensación por perjuicios económicos o por incapacidad permanente no baste para compensar el lucro cesante, la cuantía a pagar se podrá elevar acudiendo a otro concepto indemnizatorio del baremo de valoración de daños personales de accidentados de tráfico, que utilizan los jueces y las aseguradoras para establecer los importes a pagar. 

Siguiendo ese criterio, el Supremo condena a la aseguradora Zurich y a los herederos del causante del accidente a pagar a la víctima 33.338,8 euros, más los intereses legales desde 2003, para resarcirle por los ingresos que dejó de obtener tras el siniestro. La víctima reclamaba no obstante 148.516 euros al argumentar que había pasado de ingresar un sueldo de 299.000 pesetas (1.800 euros) a percibir una pensión vitalicia por invalidez permanente de 608,31 euros tras el accidente, acaecido en mayo del año 2000. 

La sentencia, en la que ha actuado como ponente el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, presidente de la Sala de lo Civil, admite que el baremo se orienta en cierta medida a reparar el lucro cesante al fijar incrementos de la indemnización en función del nivel de ingresos de la víctima (aunque no tiene en cuenta exactamente lo que podría llegar a ganar). No obstante, considera que el sistema de cálculo establecido -basado en porcentajes de incremento de la indemnización básica- arroja cantidades que “no resultan proporcionales y pueden dar lugar a notables insuficiencias”. En cualquier caso, recuerda que el baremo no contempla la “reparación íntegra” del lucro cesante y que este fin tampoco es “exigible constitucionalmente”. 

Aunque la víctima no pueda percibir todo lo que dejará de ganar por su incapacidad para poder trabajar, el Supremo considera que sí debe ser compensada  “proporcionalmente”, por encima de lo establecido por el concepto incluido dentro del baremo de “perjuicios económicos”, siempre que concurran circunstancias “excepcionales”. 

El Supremo señala varios requisitos para percibir esta compensación, entre los que destacan que debe probarse la existencia de un “grave desajuste” entre la indemnización establecida y el lucro cesante futuro realmente padecido, y que éste no haya sido subsanado mediante la aplicación de otros factores de corrección. “La corrección debe hacerse en proporción al grado de desajuste probado, con un límite máximo (en el caso analizado) del 75% de incremento de la indemnización básica”, indica el fallo. 

La decisión del Alto Tribunal se produce en un momento en el que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía han empezado los trabajos para revisar este baremo, que desde 1995 se actualiza sólo conforme a los movimientos del IPC. El objetivo de esa revisión es mejorar las compensaciones por el lucro cesante y, sobre todo, incrementar sustancialmente las indemnizaciones a los accidentados con secuelas más graves, como los lesionados medulares, grandes quemados y aquellos que sufren un coma cerebral.

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VAZQUEZ ABOGADOS ESPECIALISTAS RECLAMACION ACCIDENTES DE TRAFICO

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó hoy al Gobierno la revisión urgente de las indemnizaciones económicas a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre todo de aquellos casos en los que la persona damnificada queda en situación de discapacidad, ya que son “muy inferiores” en cuantía a la media de las compensaciones europeas.

En este sentido, la organización señaló que estas indemnizaciones no se revisan desde 1995, puesto que el Estado simplemente “se ha limitado” a actualizarlas con arreglo a la inflación, y ahora “no alcanzan a reparar los efectos económicos de todo tipo que el accidente representa para las víctimas y sus familias”.

“La insuficiencia del baremo actual de indemnizaciones por accidentes ha sido señalada incluso por la Fiscalía de Seguridad Vial, por lo que existe una gran coincidencia en plantear una completa revisión de estas tablas, para que se acerquen a las necesidades actuales de las víctimas”, explicó en una nota de prensa el comité.

Asimismo, CERMI exigió ser la plataforma representativa de las personas con discapacidad y sus familias en el  proceso de revisión del baremo, junto con las demás instancias con interés directo en esta materia, para que la voz de la discapacidad “sea escuchada y tenida en cuenta”.

De esta forma, según la organización, “el nuevo cuadro indemnizatorio no sólo ha de ser digno y suficiente, sino que ha de ir orientado a dar cobertura y apoyo de todo tipo a las víctimas, de tal forma que puedan reincorporarse activamente a la vida en comunidad potencien al máximo su autonomía personal”.

Vazquez Abogados se une a dicha reclamación solicitando que se eleven las indemnizaciones a las victimas de accidentes de trafico para reparar integramente el daño causado.

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Cinturon Niños Accidentes Trafico

La fiscalía de seguridad vial quiere continuar con su política de mano dura tanto con los conductores irresponsables como con las administraciones que no colaboren en la reducción del número de accidentes. El fiscal de sala especializado en la materia, Bartolomé Vargas, ha anunciado la intención del Ministerio Público de empezar a perseguir, por la vía penal, acusando de delito de homicidio, a aquellos automovilistas que por no haber colocado la sillita infantil adecuada o el cinturón de seguridad hayan causado la muerte o la lesión de niños. La medida se aplicará como “último recurso” y en los casos que se trate de personas unidas al menor por vínculos parentales o desempeñe funciones de tutor, el caso se remitirá a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, según han comunicado a EFE. “Los menores se encuentran en una situación de absoluta indefensión y sufren elevadísimos riesgos”, ha señalado Vargas en Santiago de Compostela al término de las jornadas anuales de fiscales de seguridad vial. En este grupo indefenso, el fiscal ha añadido a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas y motoristas. Automóvil en buenas condiciones Para evitarlo, siguen apostando porque las administraciones realicen campañas de formación y concienciación. Pero, “en último término”, ha explicado Vargas, “si se tiene constancia de que la muerte o lesión de un menor se podría haber evitado con el sistema de retención adecuado” solicitarán que se ejerza la acción penal contra un conductor por el delito de homicidio o lesiones imprudentes. Según los datos de la fiscalía, 40 de los 76 niños fallecidos en accidente de tráfico en el 2008 no llevaban el cinturón o la sillita adecuada. Además, los fiscales han analizado la nueva ley de seguridad vial, que entrará en vigor en su mayor parte en mayo, y especialmente el artículo que obliga a todos los conductores a mantener su vehículo en adecuadas condiciones. En virtud de este precepto, y en casos graves, si se demuestra que la deficiencia de un automóvil (que tenga por ejemplo las ruedas excesivamente desdibujadas) ha causado la muerte o lesión de un tercero, también solicitarán la aplicación del delito de homicidio o lesión imprudente contra el conductor. En los casos en que el automóvil sea un vehículo de empresa el responsable del mantenimiento será la propia empresa, que podrá ser acusada de explotación laboral si el trabajador se ve “obligado” a viajar en un vehículo de la compañía en un estado inadecuado. Coto a los ayuntamientos Por otra parte, la fiscalía actuará contra aquellos ayuntamientos que no comuniquen a la Dirección General de Tráfico la pérdida de puntos en sus municipios. “En casos selectivos y de mayor gravedad en que haya un rechazo a las fórmulas legales de facilitación de medios, siempre que existan en la realidad, y exista una voluntad consciente y deliberada de no remitir las detracciones de puntos, los fiscales examinarán la posibilidad de ejercer acciones penales por el delito de prevaricación omisiva”, ha explicado Vargas. Casi cuatro años después de la implantación del nuevo permiso, aún quedan ayuntamientos de un volumen de población importante, como Getafe, cuyo alcalde preside precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias, que no comunican las sanciones a la Dirección General Tráfico (DGT). Todas las capitales de provincia facilitan ya los datos, según fuentes de la DGT. Por último, la fiscalía exigirá a los consistorios la correcta aplicación del catálogo oficial de señalización de badenes, resaltos y bandas transversales. Como en el caso de los puntos, el ministerio público intentará que los ayuntamientos colaboren en primer lugar por vías pacíficas. Pero, si persisten en su intención de no colaborar con la DGT o no retirar el badén o la banda transversal ilegal, recurrirán a la jurisdicción contencioso-administrativa y, en último término, a la vía penal.

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