NEGLIGENCIA MEDICA

La Fiscalía de Granada ha detectado indicios de manipulación en la gestión de las listas de espera del hospital Virgen de las Nieves, una práctica que considera extensiva a todos los hospitales andaluces.

El fiscal abrió diligencias tras la denuncia presentada hace dos años por la doctora que se encargaba de gestionar estas listas de espera en el centro hospitalario granadino. Decía haber recibido presiones por no haber querido seguir participando en una serie de tretas administrativas encaminadas presuntamente a ocultar los retrasos de operaciones quirúrgicas.

La denuncia alertaba de la existencia de reevaluaciones médicas in extremis para no dejar de cumplir los plazos en los que los pacientes tenían que ser intervenidos en quirófano de sus dolencias. La funcionaria incluso se tuvo que dar de baja, según fuentes de su entorno, por las presiones que recibió de la dirección del centro.Ahora, el Ministerio Público dice encontrar indicios de este falseamiento de las listas de espera de forma «continuada en el tiempo» en el hospital granadino. La situación podría ser extensible, además, a todos los centros hospitalarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y, lo más importante al fin y al cabo, haber afectado a la salud de los pacientes.

El fiscal ordena sobreseer las diligencias, de todas formas, hasta que la Agencia de Protección de Datos pueda certificar en un informe «una auditoría completa de miles de historias clínicas» que pudiera probar la «falsedad documental denunciada».

La investigación se halla, pues, en una fase delicada pues ésta «supondría una afectación grave a la intimidad sanitaria de miles de ciudadanos, cuyas historias clínicas tendrían que ser sometidas a escrutinio» por «miembros ajenos a la Administración sanitaria».

Por tanto, el fiscal se ha visto en la obligación de confrontar la gravedad de los hechos denunciados por la funcionaria del hospital granadino con la posible infracción al régimen de tratamiento de los datos personales sanitarios, algo de lo que ya advirtió el SAS en su día.

De este modo, el fiscal no reabrirá las actuaciones hasta que la Agencia de Protección de Datosno proceda a una investigación conforme a la cual se verá si el caso, que podría poner en jaque la gestión de las listas de espera de los hospitales andaluces, puede tener relevancia penal.

Al fiscal, sin embargo, «no le cabe duda», según el escrito de diligencias previas del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, «de la realización continuada en el tiempo de las irregularidades detectadas por la denunciante en le tratamiento de información sanitaria de los pacientes del hospital Virgen de las Nieves». Y añade su sospecha de que estas malas prácticas en la gestión de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas sean comunes a «todos los restantes hospitales dependientes del Servicio Andaluz de Salud». Lo fundamenta en las «resoluciones administrativas dictadas por los servicios centrales» de la Consejería de Salud para la gestión de dichas listas.

Sobre las posibles infracciones cometidas en el tratamiento de los datos sanitarios de las listas de espera, son muy graves aquellas en las que se traten los «datos de carácter personal de forma ilegítima» cuando todo ello suponga un atentado «contra el ejercicio de los derechos fundamentales». El fiscal justifica de esta forma la solicitud de informe a la Agencia de Protección de Datos pues no existen normas propias en la Ley de Enjuiciamiento Criminal acerca del tratamiento que se ha de dar a la «información personal sensible» incluida en los historiales clínicos. Deja en el tejado de dicha agencia las actuaciones que considere oportunas para posteriormente explorar las medidas «más proporcionadas de investigación penal a los hechos denunciados».

La funcionaria del SAS denunció en su día que el maquillaje de listas de espera era la norma común del hospital granadino. Lo sabía bien, ella era quien gestionaba estas listas de espera en contacto directo con la dirección del hospital. Esta médico está hoy reincorporada a su trabajo en el hospital, aunque con algunos problemas en su día a día laboral derivados de este caso, siempre según las fuentes de su entorno consultadas. Pero el fiscal necesita más datos para decidir acerca del posible delito que habría cometido el SAS contra la integridad moral de la doctora. Por ello, será citada para declarar ante el fiscal con el objetivo de «poder conocer los ámbitos o aspectos concretos en que la perjudicada se ha visto sometida a trato degradante». El juez instructor abrirá una pieza separada en el proceso de instrucción para incluir este testimonio así como los «documentos relativos a la situación administrativa y sanitaria de la denunciante», quien se habría visto sometida a presiones por negarse a continuar falseando las listas de espera con reevaluaciones clínicas que se realizaban presuntamente a los pacientes justo antes de que se cumplieran los plazos establecidos para ser intervenidos de sus dolencias. El SAS atribuyó en su día la denuncia a motivos laborales y políticos.

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