Se tocaron interesantes temas como Los contratos de permuta de tipos de interes, Bonos Lehman, y los SWAPS.

Existen numerosos afectados, tanto particulares como empresas, a las que las entidades bancarias les colocaron en su momento SWAPS, Clips, y otros productos especulativos, casi toxicos, para supuestamente protegerlos de los cambios de interes, no habiendo proporcionado la informacion adecuada a sus clientes, que en la actualidad ven que tras firmar prestamos o hipotecas, junto a SWAPS, estan pagando cantidades muy importantes cada vez que le realizan una liquidacion.

Ya existen sentencias de Tribunales en España que resuelven dichos contratos y condenan a los Bancos.

Mas informacion VAZQUEZ ABOGADOS: Tfno 952215859

La familia del preso que falleció el pasado lunes en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre -Málaga- ha solicitado en los juzgados de la capital malagueña que se investiguen los hechos y que se realicen las diligencias necesarias al respecto, en concreto que se tome declaración a los responsables de su custodia, así como al compañero de celda.

El letrado Damián Vázquez, que ejerce la acusación en nombre de los padres y hermanas del fallecido, ha señalado que se ha presentado una denuncia. En concreto, este escrito va contra “los responsables del centro penitenciario de Málaga y centro penitenciario de Melilla”, de donde procedía el interno, que iba a ser trasladado en los próximos días a la prisión Puerto III, en Cádiz.

No obstante, este documento, al que ha tenido acceso Europa Press y dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, se interpone también contra “cualquier persona o entidad que resultara responsable” de estos hechos ocurridos “y contra Instituciones Penitenciarias (IIPP)”, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Según se relata en el escrito, el joven falleció el pasado lunes, día 15, “mientras se encontraba ingresado en calidad de preso en el centro penitenciario de Málaga”, por lo que se considera que “estaba bajo guardia y custodia de Instituciones Penitenciarias” y se estima que de estos hechos “pueden desprenderse responsabilidades penales, incluso de homicidio imprudente”.

Así, en la denuncia se señala que las primeras investigaciones e informes forenses señalan que la muerte “no ha sido natural”, sino “por reacción adversa a sustancias psicotrópicas”, al tiempo que se apunta a que podría llevar en su cuerpo cápsulas con sustancias estupefacientes, lo que es “del todo incomprensible”, al estar bajo “el control” de IIPP y “en particular” de la cárcel malagueña.

Por esto, se insta a que se inicie la investigación de los hechos y a que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecerlos, como las declaraciones ya dichas; solicitando, además, que se remita al juzgado el informe o investigación realizados por el centro penitenciario malagueño y el atestado de las fuerzas de seguridad que actuaran.

Funcionarios de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre hallaron en la madrugada del lunes a este interno, de origen marroquí, muerto en su celda, en el módulo de ingresos. Según indicaron fuentes sindicales a Europa Press, se actuó “con celeridad extraordinaria y cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos”.

Además, apuntaron a que “no se puede escanear el cuerpo de una persona, salvo que tengamos informaciones certeras al respecto y siempre que exista una autorización judicial” y, señalaron que, en este caso, “no había, además, nada que indicara que fuese necesario realizarlo”.

Mas informacion Diario El Mundo.

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En su momento tras presentar reclamaciones contra fabricantes de protesis de silicona usadas para aumentos de pecho, como Trilucent, se llegaron a acuerdos.

Actualmente otros fabricantes estan teniendo problemas, como los de las protesis mamarias POLY IMPLANT PHROTESE, de origen frances, que abrio una filial en España llamada Poly Implantes Protesis

Se estan dando casos de rotura de dichas protesis, lo que supone la necesidad de explantación y gastos para las pacientes.

En el caso de que necesite reclamar por problemas cirugia estetica, protesis pechos o negligencias médicas, puede contactar con VAZQUEZ ABOGADOS, especialistas en derecho sanitario e indemnizaciones al email:

damian@vazquezabogados.es

Hoy el Diario Sur publica una entrevista al padre del fallecido en la prision de Malaga, acompañado de su Abogado Damian Vazquez, especialistas en derecho penal Telefono 952215859.

Puede leer el texto completo de la noticia en este enlace Diario Sur

En el dia de hoy se presenta denuncia ante los Juzgados de Malaga para averiguar los hechos.

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Vazquez Abogados Málaga, ejercitara la acusación particular en nombre de los familiares del preso fallecido en Málaga, toda vez que estaba bajo la guardia y custodia de Instituciones Penitenciarias cuando ocurrio dicho fallecimiento, dandose la circunstancia que es el segundo preso fallecido en el centro penitenciario de Málaga por causas no naturales.

Funcionarios de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga) hallaron muerto la pasada madrugada en su celda, en el módulo de ingresos, a un interno de origen marroquí.

El cadáver fue encontrado sobre las 04.00 horas. Se trataba, según señalaron a Europa Press desde la cárcel, de un interno que llegó el pasado sábado, procedente de Melilla, a la prisión malagueña, donde iba a permanecer de manera provisional, ya que en los próximos días estaba previsto su traslado a Puerto III (Cádiz).

Tras el levantamiento del cadáver y el análisis de la celda, se procedió a su traslado para efectuarle la autopsia, según detallaron las fuentes consultadas, que apuntaron que, aunque se desconocen las causas del fallecimiento, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Al respecto, desde el sindicato de prisiones Acaip señalaron en un comunicado que “algunas fuentes apuntan al abuso en el consumo de drogas” como causa de la muerte.

Mas informacion en:

Diario Sur

La Opinion de Malaga

Malaga Hoy

Diario Tanger

Cinturon Niños Accidentes Trafico

La fiscalía de seguridad vial quiere continuar con su política de mano dura tanto con los conductores irresponsables como con las administraciones que no colaboren en la reducción del número de accidentes. El fiscal de sala especializado en la materia, Bartolomé Vargas, ha anunciado la intención del Ministerio Público de empezar a perseguir, por la vía penal, acusando de delito de homicidio, a aquellos automovilistas que por no haber colocado la sillita infantil adecuada o el cinturón de seguridad hayan causado la muerte o la lesión de niños. La medida se aplicará como “último recurso” y en los casos que se trate de personas unidas al menor por vínculos parentales o desempeñe funciones de tutor, el caso se remitirá a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, según han comunicado a EFE. “Los menores se encuentran en una situación de absoluta indefensión y sufren elevadísimos riesgos”, ha señalado Vargas en Santiago de Compostela al término de las jornadas anuales de fiscales de seguridad vial. En este grupo indefenso, el fiscal ha añadido a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas y motoristas. Automóvil en buenas condiciones Para evitarlo, siguen apostando porque las administraciones realicen campañas de formación y concienciación. Pero, “en último término”, ha explicado Vargas, “si se tiene constancia de que la muerte o lesión de un menor se podría haber evitado con el sistema de retención adecuado” solicitarán que se ejerza la acción penal contra un conductor por el delito de homicidio o lesiones imprudentes. Según los datos de la fiscalía, 40 de los 76 niños fallecidos en accidente de tráfico en el 2008 no llevaban el cinturón o la sillita adecuada. Además, los fiscales han analizado la nueva ley de seguridad vial, que entrará en vigor en su mayor parte en mayo, y especialmente el artículo que obliga a todos los conductores a mantener su vehículo en adecuadas condiciones. En virtud de este precepto, y en casos graves, si se demuestra que la deficiencia de un automóvil (que tenga por ejemplo las ruedas excesivamente desdibujadas) ha causado la muerte o lesión de un tercero, también solicitarán la aplicación del delito de homicidio o lesión imprudente contra el conductor. En los casos en que el automóvil sea un vehículo de empresa el responsable del mantenimiento será la propia empresa, que podrá ser acusada de explotación laboral si el trabajador se ve “obligado” a viajar en un vehículo de la compañía en un estado inadecuado. Coto a los ayuntamientos Por otra parte, la fiscalía actuará contra aquellos ayuntamientos que no comuniquen a la Dirección General de Tráfico la pérdida de puntos en sus municipios. “En casos selectivos y de mayor gravedad en que haya un rechazo a las fórmulas legales de facilitación de medios, siempre que existan en la realidad, y exista una voluntad consciente y deliberada de no remitir las detracciones de puntos, los fiscales examinarán la posibilidad de ejercer acciones penales por el delito de prevaricación omisiva”, ha explicado Vargas. Casi cuatro años después de la implantación del nuevo permiso, aún quedan ayuntamientos de un volumen de población importante, como Getafe, cuyo alcalde preside precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias, que no comunican las sanciones a la Dirección General Tráfico (DGT). Todas las capitales de provincia facilitan ya los datos, según fuentes de la DGT. Por último, la fiscalía exigirá a los consistorios la correcta aplicación del catálogo oficial de señalización de badenes, resaltos y bandas transversales. Como en el caso de los puntos, el ministerio público intentará que los ayuntamientos colaboren en primer lugar por vías pacíficas. Pero, si persisten en su intención de no colaborar con la DGT o no retirar el badén o la banda transversal ilegal, recurrirán a la jurisdicción contencioso-administrativa y, en último término, a la vía penal.

En los folletos repartidos por una Asociacion de Consumidores  se recuerda que el precio del billete debe ser el mismo que se ofertaba al comienzo del proceso de compra, o en la publicidad de la compañía. En el caso se que la aerolínea lo incremente con importes adicionales como tasas por embarque o por llevar una maleta, se puede reclamar la diferencia.

Además, la compañía tampoco debe preseleccionar importes o servicios adicionales, debe ser el usuario quien elija añadir esos extras al billete. Si estaban preseleccionados al hacer la compra porInternet y el cliente no se dio cuenta, también puede reclamar esos importes. 

Los retrasos son otra fuente de conflicto en la que los usuarios pueden hacer valer sus derechos. Si el cliente llega a su destino al menos con tres horas de retraso le corresponde una indemnización de al menos 125 euros, que puede crecer hasta los 600 dependiendo de la cantidad de horas de retraso y la distancia del viaje.

Si la compañía vende más plazas de las que dispone, y un viajero se queda en tierra en lo que se conoce como overbooking o el vuelo se cancela, excluyendo las causas de fuerza mayor, la aerolínea debe ofrecerle un vuelo alternativo u otro medio de transporte y tiene que ocuparse de suministrar comida, bebida y hasta alojamiento y transporte al usuario cuando es necesario.

Si además el retraso nos hace perder días de vacaciones o jornadas de trabajo, se pueden pedir indemnizaciones adicionales.

En caso de la pérdida del equipaje por parte de la compañía se debe reclamar en el propio aeropuerto, antes de abandonarlo y conservar una copia de la queja. Además, la aerolínea deberá abonar al usuario los gastos que la pérdida genere en productos de primera necesidad, para lo cual se deben presentar las facturas. Si finalmente no aparece la maleta, deben indemnizarnos por su contenido, hasta un máximo de 1.100 euros.

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Las partículas se filtraban a través de los poros de la piel. Envolvían la comida de los operarios. Y se incrustaban entre las fibras de sus uniformes. Inhalaban estas moléculas 43.200 segundos al día, 4.300 minutos a la semana y 2.760 horas al año.

Eran los sesenta, y los trabajadores ignoraban los efectos cancerígenos y letales del material con el que cohabitaban en los astilleros y las fábricas de uralita.Al principio no había información sobre el amianto. Después se ocultó. “Las empresas que distribuían el mineral despegaban las etiquetas en las que se alertaba de su peligrosidad”, explica José Luis Castro. 

La biografía de este ex operario ferrolano de Bazán –hoy Navantia– ilustra un problema que ha germinado en España, pero todavía no ha estallado. La exposición ininterrumpida al amianto durante 30 años en las calderas le ha secado los pulmones. Ha demandado a la empresa. La empresa ha recurrido. Y desde hace 5 años espera junto a una máquina de oxígeno la sentencia del Supremo. 



Legado espeluznante

El asbesto se popularizó en los años sesenta por sus excelentes propiedades aislantes y su bajo coste. Estudios médicos revelaron sus efectos cancerígenos en los seres humanos y EE UU regularizó su uso en los setenta. 

Sin embargo, en España no se prohibió hasta el año 2002. El legado es espeluznante. Más de 60.000 personas están afectadas actualmente y un estudio de la Universitat Pompeu i Fabra revela que hasta 2016 un total de 1.321 personas fallecerán aquejadas de mesotelioma, cáncer incurable asociado a la exposición al amianto.

El periodo de latencia de las enfermedades relacionadas con el asbesto es de 20 años. La situación se agravará en la próxima década.Carneiro calcula que el número de enfermos en 2020 duplicará la cifra actual y alcanzará los 120.000. “La mayoría de los afectados ahora son jubilados que estuvieron expuestos en los ochenta. Pero dentro de diez años aparecerán los casos de los que trabajaron con el amianto hasta 2002″.

La guerra se libra ahora en los tribunales. La oleada de demandas en EE UU provocó la quiebra de empresas y el Gobierno obligó a crear un fondo de compensación común. Las compañías estadounidenses ya aceptan laindemnización automática en los casos de cáncer de pleura (la única de las afecciones que puede causar el amianto). En España todavía no hay jurisprudencia al respecto. Las empresas se resisten a abonar indemnizaciones y existe disparidad de criterios judiciales en los fallos sobre el amianto.   

Hablan los afectados

José Luis Castro, ex bombero de bazán. “La empresa me debe una recompensa”. Sus pulmones secos son la herencia de una vida dedicada al sector naval. 16 años de operario de calderería y 22 como bombero en Bazán le han destrozado los pulmones. Paradójicamente, un accidente laboral en 1994 le salvó la vida. “Las pruebas médicas revelaron que padecía asbestosis con placas pleurales y enquistaciones en el pulmón”. La exposición directa al amianto lo ha unido de por vida a una máquina de oxígeno. Tiene 65 años y espera la sentencia del Supremo desde 2005.

Emilio Rodríguez Espiñeira, ex operario en bazán. “He dado la vida y me han robado la salud”. Emilio padece una fibrosis pulmonar idiopática que le agota. Su enfermedad es el legado de 45 años en las calderas de Bazán expuesto al asbesto. Los médicos le diagnosticaron la afección en 1996, pero nadie vinculó la dolencia al amianto y trabajó hasta la prejubilación, en 1999. Una maniobra de la empresa para “evitar indemnizaciones millonarias”. Sus sentimientos son contradictorios. Siente nostalgia y rabia. “El trabajo me lo dio todo, pero me robó la salud”.

Si necesitan ayuda para reclamar una indemnización judicial contacten VAZQUEZ ABOGADOS. Telefono 952215859

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Si necesita reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros por siniestros no cubiertos por sus seguros, como riesgos extraordinarios: lluvias torrenciales, inundaciones, tempestad, fuertes vientos, accidentes de trafico, seguros agrarios, etc, puede contactar con VAZQUEZ ABOGADOS al Telefono 952215859.

Desgraciadamente este invierno por las fuertes lluvias, vientos, etc, estan resultando afectados muchas empresas en sus negocios y locales y particulares en sus viviendas, vehiculos, etc.

Igualmente cuando existe un accidente de trafico con un vehiculo desconocido, vehiculo sin seguro, vehiculo robado, etc, y necesite reclamar daños personales (lesiones o fallecimiento) y daños materiales al vehiculo.

Telefono directo asistencia accidentes de Trafico y seguros: 609610197

Las nuevas tecnologías nos hacen mas fácil la vida a los abogados y sus clientes a la hora de reclamar mediante una notificacion fehaciente a la parte contraria, para lo que habitualmente se usa el burofax. Existen otros medios como los SMS al movil  o los correos electrónicos certificados.

Manuel hacía tiempo que peleaba por cobrar una cuantiosa deuda de un escurridizo moroso en Lérida. Ni los burofax, ni las llamadas, ni las cartas certificadas, ni las visitas a su domicilio eran efectivas para lograr su propósito. Al deudor parecía habérselo tragado la tierra. Ni siquiera había logrado su primer objetivo: demostrar, con una notificación válida para la justicia, que el individuo en cuestión estaba enterado del dinero que se le exigía. Hasta que la tecnología acudió en su auxilio. Él fue uno de los primeros en España en utilizar un sms certificado, un simple mensaje de texto en el móvil, para comunicar al demandado que se le requería el pago de la deuda, requisito previo para que se pueda iniciar un proceso judicial por impago. Y el juzgado de primera instancia número dos de Lérida aceptó el sms como prueba en un juicio civil que acabó con la condena del acusado.

El caso anterior caso, que tuvo lugar dos años, demuestra que otro avance tecnológico de la mano de los sempiternos móviles irrumpe con fuerza en nuestra sociedad. La empresa responsable, Lleida.net, es sólo un pequeño stand dentro del Mobile World Congress que se celebra estos días en Barcelona, apenas una gota de agua en el gigantesco estanque de empresas de telecomunicaciones presentes en el evento internacional. Pero su producto estrella, los sms certificados, amenaza con desbordar el mercado. Cada mes, la firma catalana lleva a cabo la certificación de 250.000 mensajes de texto. Con la misma validez que un burofax o una carta certificada y con infinidad de usos: reclamar a un moroso el pago de una deuda, notificar a un cónyuge incumplidor que ha llegado tarde a recoger al niño al colegio y que se le va a denunciar por saltarse el régimen de custodia, o comunicar a un inquilino mal pagador que va a ser inmediatamente desahuciado de la vivienda en alquiler.

Tan rápido como pulsar las teclas de nuestro terminal y tan barato como 80 céntimos, cuando un burofax no baja de los seis euros. Antes sólo es preciso abrirse una cuenta de usuario en la web de lleida.net. ¿Y cuál es el papel de la firma en todo esto? «Nos constituimos en lo que se llama tercero de confianza ante el juez en un conflicto», explica Gerardo Neistat, portavoz de la firma. Cuando el mensaje es entregado al destinatario, la empresa genera un documento electrónico en formato PDF. En él constan el contenido del mensaje, la identidad del remitente y el número del receptor. Y lo que es más importante: la firma electrónica del operador y un sello de tiempo (fecha y hora de la entrega) de la Autoridad de Certificación Camerfirma. Ese documento es el que será remitido al emisor del sms «y constituye una prueba con valor legal», sostienen desde Lleida.net. Algunos lo dudan. «Eso es un bluf», aseguraba ayer en un foro legal alguien que decía ser letrado tras conocer la fiebre que está cobrando este procedimiento.

Cataclismo de Air Comet

Pero la Ley de Enjuiciamiento Civil autoriza las notificaciones «por medios electrónicos o telemáticos, siempre que esté garantizada la autenticidad de la comunicación, su contenido y quede constancia de la transmisión y recepción íntegras». Y todo un magistrado, Ángel García Fontanet, ex presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña, ha confirmado en un dictamen la «validez, eficacia y admisibilidad en nuestro ordenamiento legal» del sms certificado.

Administraciones públicas como el Ayuntamiento de Lérida ya emplean este sistema. O incluso la agencia de viajes Rumbo, tras el reciente cataclismo de Air Comet, empleó los sms certificados para alertar a sus clientes de la suspensión de vuelos y cambios de horarios.

Lleida.net no es la única que explora nuevos horizontes en un sector aún sin una regulación legal expresa en España. Certimail es una firma que trabaja en un campo similar: el envío de correos electrónicos certificados con depósito notarial. Algo parecido a lo que hace mailcertificado.com. Todos a la caza del moroso en tiempos de crisis.

Consultas y juicios VAZQUEZ ABOGADOS, contacte: damian@vazquezabogados.es