Vazquez Abogados Las viviendas “han de estar habitables, y no solo terminadas” para que los promotores inmobiliarios cumplan con los contratos de compraventa, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que ha dado la razón a la compradora de una casa a la empresa “Promovimur, S.L.”.

La sala desestima así el recurso presentado por esta empresa contra una resolución de un juzgado de Primera Instancia de Murcia, que en mayo de 2010 declaró resuelto “por incumplimiento de la demandada” el contrato de compraventa firmado en Alcantarilla en abril de 2006 y condenó a ésta a devolver a la adquirente 25.830 euros, más los intereses legales devengados desde el uno de enero de 2009.

El tribunal indica que según el contrato de compraventa, la promotora se comprometía a terminar las obras el 31 de diciembre de 2008, “añadiendo su enunciado que si no se produjese la entrega en la fecha prevista, la compradora podrá resolver el contrato, previo aviso por escrito con quince días”.

La Audiencia afirma que “constituye un dato incuestionado que no ya al demandar, en 19 de febrero de 2009, sino al tiempo de recurrir la sentencia, en julio de 2010, aún no se ha obtenido la licencia de primera ocupación, lo que arruina la tesis de la promotora acerca de que las obras se terminaron en diciembre de 2008″.

El tribunal concluye que “cuando se adquiere una vivienda no se piensa en un edificio terminado, sino en una casa habitable, algo imposible en aquellas fechas al carecer de la correspondiente cédula”.

Al desestimar su recurso, la Audiencia ha condenado a la empresa al pago de las costas causadas por el mismo.

Vazquez Abogados Malaga Intervencion Programa RTVE

Esta noche se emite en el programa Televisión Española COMANDO ACTUALIDAD un reportaje sobre la situación de los juzgados en España.

Se realiza una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde los reporteros de Comando Actualidad entrevistan al Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez, de VAZQUEZ ABOGADOS, y un grupo de consumidores afectados por Aifos, con una visita al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga. Mas informacion Telefono 952215859.

¿Se ha visto cara a cara con la Justicia?, ¿ha tenido que esperar años para que se resuelva su caso?, ¿cuántas causas es capaz de llevar un juez al mismo tiempo?.

Jueces, fiscales, abogados y presuntos delincuentes acompañan a los reporteros de Comando en un recorrido por juzgados saturados, detenciones inesperadas, juzgados de guardia, la prisión de Valdemoro…

Uno de cada cuatro asuntos judiciales se resuelve en los juzgados de Plaza de Castilla, unas instalaciones donde cada día hacen cola decenas de personas para saldar sus cuentas con la Justicia. En uno sólo de estos juzgados se llevan más de seis mil causas. Su magistrada nos acompaña en un recorrido desde los despachos, donde se amontonan decenas de miles de expedientes en papel, hasta el garaje, que también sirve de almacén y archivo.

La noche es cuando se desarrolla la actividad más intensa en un juzgado de guardia. Sus funcionarios tienen habilitada una pequeña habitación con cama. Fallecimientos, detenciones, denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento… un abogado de oficio nos acompaña por los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla. Los presuntos delincuentes llevan horas esperando para declarar ante el juez.

En Algeciras el grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional se reúne con la fiscal. Se han autorizado las escuchas telefónicas a unos presuntos traficantes de cocaína y a quienes van a recibir el cargamento oculto entre plátanos. Acompañamos a los agentes en el dispositivo que permite encontrar los seiscientos kilos de droga y la detención de los presuntos receptores.

Enlace a la web COMANDO ACTUALIDAD RTVE

Enlace al video con la entrevista a VAZQUEZ ABOGADOS EN COMANDO ACTUALIDAD RTVE

AIFOS CONCURSO VAZQUEZ ABOGADOS TFNO 609610197
www.vazquezabogados.es representa a mas de 40 familias afectadas por el concurso de Aifos y en procedimientos penales para intentar recuperar el dinero abonado a Aifos.

AIFOS INMOBILIARIA CONCURSO ACREEDORES

Cuando Antonio y Erika firmaron en 2003 el contrato de compraventa del dúplex de la promoción Cortijo de Torreblanca (Fuengirola) en el que pretendían formar una familia jamás habrían imaginado que lo que empezó como un sueño acabaría convirtiéndose en su peor pesadilla. Esta pareja respondió religiosamente con los pagos a cuenta hasta desembolsar los 52.000 euros estipulados, pero la promotora Aifos jamás cumplió con su parte. Ocho años después, estos jóvenes han conseguido crear una familia, pero ni han recibido la vivienda ni le han devuelto su dinero. «Nos costó mucho esfuerzo pagar y ahora estamos sin casa y sin dinero, y encima pagando 240.000 euros por otro piso que tuvimos que comprar cuando el primero costaba la mitad», afirma Erika, quien pese a las dificultades y el paso del tiempo, se niega a perder la esperanza de recuperar lo que es suyo. Ésta es una de las historias que se esconden detrás del tormentoso declive de la promotora Aifos, que arrancó con la imputación de su propietario, Jesús Ruiz Casado, en el ‘caso Malaya’, se agravó con la crisis del ladrillo y desembocó en julio de 2009 en un concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de la compañía de hacer frente a los casi 900 millones que adeudaba a bancos, proveedores y clientes.
Dos años después, el horizonte se presenta igual de incierto para las 6.234 personas físicas y jurídicas que figuran en la lista provisional de acreedores de la que es, con diferencia, la mayor suspensión de pagos de una empresa andaluza. Esas son las credenciales de un proceso concursal que ha contribuido sobramanera al colapso del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que tiene el dudoso honor de ser el más saturado del país (solo en los primeros cinco meses de 2011 ha registrado medio millar de asuntos cuando el máximo recomendado para todo el año es de 350) y que además también lleva otros ‘macroprocesos’ como los de Evemarina, Aurigacrown y Borca 2000. «Nos han llegado muchos asuntos que destacan por su complejidad y su conflictividad, pero sin duda el de Aifos es el que más trabajo está generando al juzgado por el elevado número de acreedores», reconoce el magistrado Antonio Fuentes. Aun así, el titular del juzgado de lo Mercantil confía en tener resueltas a lo largo de 2012 las cerca de 700 incidencias presentadas contra el informe provisional de la administración concursal, incluidas las de la propia compañía.
La consecuencia de este volumen de trabajo es que hasta dentro de dos años no se conocerá el informe definitivo de los administradores, documento que recogerá con exactitud el alcance del concurso, aunque no se esperan grandes diferencias con respecto al provisional emitido en febrero de 2010 y que en sus 2.211 páginas contabiliza 6.234 acreedores y deudas por valor de 884.148,82 euros, excluidas las cantidades entregadas a cuenta por los miles de compradores de viviendas que se han personado en el proceso para tratar de recuperar su dinero.
Acuerdo o liquidación
Una vez esté listo el análisis final, el procedimiento avanzará a mayor ritmo, puesto que la Ley Concursal establece un plazo de 40 días para la presentación de un convenio entre empresa y acreedores en el que se establezca un calendario de pagos o una solución similar que satisfaga a los afectados y garantice la viabilidad de la compañía. Si no hay acuerdo, Aifos quedará condenada a la liquidación, de forma que el dinero que se obtenga por la venta de sus bienes se destinará a saldar la deuda con los acreedores, que irán cobrando en orden de prioridad hasta que se agoten los fondos. Los que más posibilidades tendrían serían los créditos privilegiados, entre los que se encuentran los de entidades financieras, Hacienda, Seguridad Social, comunidades de propietarios y la plantilla sumando un total de 643 ,7 millones. Si quedara dinero disponible, pasarían a abonarse los 189,4 millones adeudados a acreedores ordinarios (empresas proveedoras, entre otros), quedando en el último escalafón los catalogados como subordinados, con un montante de 50,9 millones y que incluye a las personas y empresas relacionadas con la sociedad, los intereses y las comunicaciones tardías de crédito.

Vazquez Abogados como especialistas en reclamaciones de daños y perjuicios, por accidentes de trafico, caidas, negligencias medicas, accidentes laborales, Gran Invalidez, estando siempre en el lado de la parte mas debil: LA VICTIMA, para ayudarles en su defensa, se ha asociado como miembro fundador y perteneciente a la Junta Directiva, a ADEVI, Asociación de Abogados Victimas de Responsabilidad Civil, en su empeño por seguir mejorando nuestro servicio y atención a nuestros clientes y victimas en estos casos.

AFECTADOS VIVIENDAS AVILAS ROJAS CONTACTEN VAZQUEZ ABOGADOS TELEFONO 952215859

La Fiscalía de Málaga solicita una pena de siete años de prisión para el empresario José Ávila Rojas, al que acusa de un delito continuado de estafa por supuestamente seguir vendiendo viviendas y aparcamientos de una promoción cuyas obras continuaron a pesar de no tener licencia concedida, lo que presuntamente ocultó a los compradores.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, una de las sociedades vinculadas al promotor, también acusado en el caso ‘Malaya’, contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), proyectó la edificación de sótanos, aparcamientos y 63 viviendas en la zona conocida como ‘Carril de Relojero’ de dicha ciudad.

Inicialmente, explica el ministerio público, el Ayuntamiento concedió en abril de 2003 licencia al proyecto básico condicionado a cumplimentar determinadas deficiencias y a la obtención previa a las obras de la licencia de tala y repoblación del arbolado. No obstante, la Junta de Andalucía interpuso recurso contencioso-administrativo contra este permiso.

Así, en julio de 2004, el Consistorio acordó denegar la licencia de obras “por no ajustarse a la ordenación urbanística vigente”, dice el fiscal, aunque para esa fecha la empresa había vendido algunos apartamentos y presuntamente había recibido en reserva dinero por otros, por lo que el acusado, que tenía “pleno” control de la empresa, “decidió continuar la ejecución de las obras”, añade.

Además, relata el escrito de conclusiones iniciales, también siguió la venta de los inmuebles “con la intención de enriquecerse en perjuicio de los compradores, por lo que hizo ocultar a éstos la denegación de la licencia”, de forma que se afirmó “falsamente” y “de manera expresa”, en los contratos privados que la empresa continuó celebrando, “que el solar contaba con licencia de obras”.

De esta forma, “confiando en la apariencia de legalidad creada”, tres personas adquirieron apartamentos entregando a la firma del contrato la cantidad total de 121.300 euros y 79.000 euros mediante pagarés satisfechos a su vencimiento. La acusación pública señala que la empresa “siguió cobrando el importe de los pagarés a su vencimiento ejecutando las obras”.

Esto se hizo, indica la Fiscalía, “pese a que por auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de noviembre de 2004 se acordó la suspensión de la ejecutividad de la licencia impugnada y que por decretos de Alcaldía de Marbella de enero y agosto de 2005 se había acordado el precinto de las obras”, que, finalmente, terminaron.

Además, añade el ministerio público, la empresa fue requiriendo a los compradores para el otorgamiento de escritura y pago del precio restante, ocultándoles las referidas paralizaciones y precintos y continuó simulando la legalidad de su actuación”. Finalmente, en mayo de 2006, la comisión gestora de Marbella denegó el otorgamiento de la licencia de primera ocupación.

También se suspendió cautelarmente la tramitación del expediente administrativo hasta que hubiera una resolución judicial “sin que en consecuencia puedan ser legalmente ocupados los inmuebles vendidos”, indica el fiscal, que acusa al empresario por un delito continuado de estafa, por el que está previsto que sea juzgado el próximo día 27 en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga.

La Fiscalía solicita una pena de siete años de cárcel y multa de 12.000 euros, de la que respondería de manera directa y solidaria la empresa. Además, insta a que se decrete la nulidad de los contratos privados celebrados con los tres compradores y a que el acusado y la empresa restituyan el dinero entregado por éstos.

Si tiene retrasos en su vivienda, no se la han entregado ni devuelto las cantidades abonadas contacte con un despacho de abogados especialista en derecho de consumo, inmobiliario, civil y penal al email:

damian@vazquezabogados.es

VAZQUEZ ABOGADOS por su evidente interes publicamos interes legal dinero y demora para 2011 y cuantia salario minimo interprofesional.

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2011 (BOE n.º 311, de 23 de diciembre de 2010).

El interés legal del dinero queda establecido en el 4 % hasta el 31 de diciembre del año 2011 (Disposición Adicional Decimoséptima.Uno).

Durante el mismo período, el interés de demora a que se refiere el art. 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 5 % (Disposición Adicional Decimoséptima.Dos).

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2 del Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante el 2011:

a) El IPREM diario, 17,75 euros.

b) El IPREM mensual, 532,51 euros.

c) El IPREM anual, 6.390,13 euros.

d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 euros, cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros (Disposición Adicional Decimoctava).

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VAZQUEZ ABOGADOS ESPECIALISTAS CONCURSO ACREEDORES

La situación concursal del grupo Nozar amenaza con pasar una factura muy alta a la familia Nozaleda, la propietaria del conglomerado empresarial. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que asegura haber hallado “indicios suficientes” de un presunto delito de insolvencia punible en Lena, su empresa constructora.

El juez investigará así si los Nozaleda han arrastrado a la empresa a la quiebra de forma deliberada desviando fondos a otras empresas del grupo y ocultándoselo a sus proveedores.

En el auto, al que ha tenido acceso elEconomista, los magistrados Arturo Beltrán, Pascual Fabiá y María Lus Almeida, estiman parcialmente el recurso de apelación.

Aunque rechazan la comisión de una posible estafa, encuentran indicios de la culpabilidad de los Nozaleda en la insolvencia en perjuicio de terceros.

Vaciamiento patrimonial

En la querella se asegura que los gestores de Nozar y Lena -los hermanos Luis, Juan Carlos, Clara y Blanca Nozaleda- habrían llevado a cabo un vaciamiento patrimonial de la filial, utilizando sus activos para pagar las deudas tanto de la matriz como de otras empresas del grupo. En la querella, a la que ha tenido acceso elEconomista, se aportan facturas que demostrarían la salida irregular de, al menos, nueve millones, pero los querellantes advierten que “el fraude puede ser mucho mayor”.

La cúpula de Nozar habría utilizado pagarés propiedad de Lena para realizar pagos a favor de Nozar, Nozesba Desarrollos y NZ Patrimonio. Además, habría aplicado un crédito tributario a favor de la constructora para satisfacer deudas tributarias de Nozaceck y NZ Patrimonio. “La empresa se ha vaciado patrimonialmente por acudir en auxilio financiero de la sociedad dominante o de otras sociedades pertenecientes a este mismo grupo”, se asegura en la querella.

Si el juez logra demostrar que se desplazaban de manera gratuita dinero o créditos de Lena a favor de Nozar o viceversa se probará la insolvencia punible con el consiguiente perjuicio para los acreedores reales, ya que el capital se utilizó para satisfacer a acreedores ficticios. Los querellantes aseguran que “Lena estaba en estado de insolvencia, con un pavoroso déficit (4,4 millones de euros), con anterioridad a la fecha de solicitud del concurso (…,) con motivo del saqueo patrimonial y literal vaciamiento de que había sido objeto” por los Nozaleda.

Por eso explican que Lena “presentó datos falsos relativos al estado contable para lograr indebidamente la declaración de concurso“. Y todo ello con el consiguiente daño a los proveedores ya que, según denuncia este damnificado, “los querellados han estado adquiriendo bienes y servicios de sus proveedores, que sabían perfectamente que no podían pagar, ni tenían la menor intención de hacerlo, utilizando como pantalla a Lena”.

Este hecho ya lo dio conocer la administración concursal de Lena cuando en su informe aseguró que Nozar utilizaba los recursos de su filial (Lena) para pagar deudas contraídas por otras compañías o por la propia matriz. Da fe del listado de transacciones bancarias que se han registrado en todo el entramado empresarial que conforma el imperio de los Nozaleda.

VAZQUEZ ABOGADOS desea a todos sus clientes y amigos una FELIZ NAVIDAD y un prospero año 2011, donde les seguiremos ayudando a resolver sus problemas legales.

VAZQUEZ ABOGADOS, que se dedica a defender los intereses de cooperativistas y compradores de vivienda, esta constatando la dificultad que tienen muchos compradores de viviendas para que le devuelvan las cantidades abonadas cuando quieren resolver el contrato (por ejemplo por incumplimientos retraso entrega viviendas) o por bajas en cooperativas de viviendas.

En este caso ud tiene sus derechos, por lo que aconsejamos se asesore por un abogado especializado en la materia que le podra ayudar a solventar el problema y recuperar las cantidades invertidas, mas penalizaciones e intereses.

Mas informacion: damian@vazquezabogados.es

Vazquez Abogados Malaga, expertos en reclamación de cantidad, indemnizaciones, deudas e impagados, reclamaciones accidentes trafico, divorcios, negligencias medicas… contacte al Telefono 952215859.

Las nuevas tecnologías nos hacen mas fácil la vida a los abogados y sus clientes a la hora de reclamar mediante una notificacion fehaciente a la parte contraria, para lo que habitualmente se usa el burofax. Existen otros medios como los SMS al movil  o los correos electrónicos certificados.

Manuel hacía tiempo que peleaba por cobrar una cuantiosa deuda de un escurridizo moroso en Lérida. Ni los burofax, ni las llamadas, ni las cartas certificadas, ni las visitas a su domicilio eran efectivas para lograr su propósito. Al deudor parecía habérselo tragado la tierra. Ni siquiera había logrado su primer objetivo: demostrar, con una notificación válida para la justicia, que el individuo en cuestión estaba enterado del dinero que se le exigía. Hasta que la tecnología acudió en su auxilio. Él fue uno de los primeros en España en utilizar un sms certificado, un simple mensaje de texto en el móvil, para comunicar al demandado que se le requería el pago de la deuda, requisito previo para que se pueda iniciar un proceso judicial por impago. Y el juzgado de primera instancia número dos de Lérida aceptó el sms como prueba en un juicio civil que acabó con la condena del acusado.

El caso anterior caso, que tuvo lugar dos años, demuestra que otro avance tecnológico de la mano de los sempiternos móviles irrumpe con fuerza en nuestra sociedad. La empresa responsable, Lleida.net, es sólo un pequeño stand dentro del Mobile World Congress que se celebra estos días en Barcelona, apenas una gota de agua en el gigantesco estanque de empresas de telecomunicaciones presentes en el evento internacional. Pero su producto estrella, los sms certificados, amenaza con desbordar el mercado. Cada mes, la firma catalana lleva a cabo la certificación de 250.000 mensajes de texto. Con la misma validez que un burofax o una carta certificada y con infinidad de usos: reclamar a un moroso el pago de una deuda, notificar a un cónyuge incumplidor que ha llegado tarde a recoger al niño al colegio y que se le va a denunciar por saltarse el régimen de custodia, o comunicar a un inquilino mal pagador que va a ser inmediatamente desahuciado de la vivienda en alquiler.

Tan rápido como pulsar las teclas de nuestro terminal y tan barato como 80 céntimos, cuando un burofax no baja de los seis euros. Antes sólo es preciso abrirse una cuenta de usuario en la web de lleida.net. ¿Y cuál es el papel de la firma en todo esto? «Nos constituimos en lo que se llama tercero de confianza ante el juez en un conflicto», explica Gerardo Neistat, portavoz de la firma. Cuando el mensaje es entregado al destinatario, la empresa genera un documento electrónico en formato PDF. En él constan el contenido del mensaje, la identidad del remitente y el número del receptor. Y lo que es más importante: la firma electrónica del operador y un sello de tiempo (fecha y hora de la entrega) de la Autoridad de Certificación Camerfirma. Ese documento es el que será remitido al emisor del sms «y constituye una prueba con valor legal», sostienen desde Lleida.net. Algunos lo dudan. «Eso es un bluf», aseguraba ayer en un foro legal alguien que decía ser letrado tras conocer la fiebre que está cobrando este procedimiento.

Cataclismo de Air Comet

Pero la Ley de Enjuiciamiento Civil autoriza las notificaciones «por medios electrónicos o telemáticos, siempre que esté garantizada la autenticidad de la comunicación, su contenido y quede constancia de la transmisión y recepción íntegras». Y todo un magistrado, Ángel García Fontanet, ex presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña, ha confirmado en un dictamen la «validez, eficacia y admisibilidad en nuestro ordenamiento legal» del sms certificado.

Administraciones públicas como el Ayuntamiento de Lérida ya emplean este sistema. O incluso la agencia de viajes Rumbo, tras el reciente cataclismo de Air Comet, empleó los sms certificados para alertar a sus clientes de la suspensión de vuelos y cambios de horarios.

Lleida.net no es la única que explora nuevos horizontes en un sector aún sin una regulación legal expresa en España. Certimail es una firma que trabaja en un campo similar: el envío de correos electrónicos certificados con depósito notarial. Algo parecido a lo que hace mailcertificado.com. Todos a la caza del moroso en tiempos de crisis.

Consultas y juicios VAZQUEZ ABOGADOS, contacte: damian@vazquezabogados.es