Despues de una detención policial o una condena en sentencia penal, quedan unos antecedentes que es posible cancelar pasado un tiempo o si lo han absuelto, siendo varias las consultas recibidas sobre dicho extremo, como puede influir en su trabajo o en una presentacion para oposiciones, etc.

Mas informacion: damian@vazquezabogados.es

Tfno 952215859

MÁLAGA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería andaluza de Salud ha resuelto indemnizar parcialmente con 16.490,24 euros a una paciente por la pérdida de agudeza visual que le ocasionó una intervención de cataratas a la que fue sometida en octubre de 2007 en la clínica Pascual de Málaga, concertada con el SAS.

Según consta en la resolución de Salud, facilitada a Europa Press por la Asociación El Defensor del Paciente, los hechos se remontan al 5 de octubre de 2007 cuando la paciente, P.V., fue derivada por la sanidad pública a la Clínica Pascual de Málaga, con la que mantiene un concierto, a fin de someterla a una operación de cataratas en el ojo derecho.

Como consecuencia de la “defectuosa” intervención, la resolución admite como probado que existió una “no adecuación de la lex artis en el centro concertado”, toda vez que alude al informe que elevó la Inspección, en el que se manifiesta que “con claridad el hecho determinante en el resultado lesivo es que el Hospital Doctor Pascual de Málaga no tomó la decisión correcta de atender las manifestaciones clínicas ocurridas en el postoperatorio precoz de la paciente”.

Así, dicho informe de la inspección admite que, en el caso de haber actuado de forma precoz en el postoperatorio, “podría haberse llegado al juicio diagnóstico de sospecha y al diagnóstico de certeza, lo que a su vez hubiese permitido el establecimiento precoz del tratamiento pertinente que minimizara el daño en el ojo derecho de la paciente”.

La inspección sanitaria también destacó la labor probatoria de la reclamante al manifestar que la interesada “también aportó suficientes elementos probatorios que inducen a considerar la existencia de un mal funcionamiento de los servicios dispensados”.

No obstante, la resolución del SAS no incluye los gastos soportados por la paciente tras acudir la afectada a la asistencia que le prestaron en la sanidad privada, “al no constar en el expediente intento de la reclamante de resolver las complicaciones habidas en la sanidad pública, ni tampoco denegación o desatención injustificada de asistencia sanitaria”.

En cuanto a la cuantía de 16.490 euros que se le concede, y que  en opinión de El Defensor del Paciente es “ridícula a tenor del daño causado”, la resolución detalla que “por los 17 puntos de secuelas y pérdida de agudeza visual en el ojo derecho concede 14.523,44 euros, a razón de 854,32 euros por punto de secuela”.

Además, por los tres días de incapacidad por hospitalización se concedió 198 euros más, a lo que se añadió 1.768,80 euros por los 33 días de incapacidad laboral.

Según explicó a Europa Press el letrado de la Asociación El Defensor del Paciente en Málaga, Damián Vázquez, pese a que la cuantía es con cargo a la Clínica Pascual, subsidiariamente el SAS puede hacerse cargo del pago y, deducirlo posteriormente, al grupo de clínicas Pascual

Defensor del Paciente: 952215859-914653322

Desgraciadamente como casi todos los veranos ha ocurrido otro accidente de avion con fallecidos, en este caso un Airbus, con mas de 150 personas a bordo, en Pakistan. Adjuntamos video de la noticia

Un avión se estrella en Pakistán con 152 pasajeros a bordo

Un avión comercial pakistaní con más de 150 personas a bordo se ha estrellado este miércoles en las colinas cercanas a la capital, Islamabad [ver mapa], según ha confirmado un portavoz de aviación a Reuters, y la Policía ha declarado que espera que pocos hayan sobrevivido.

“Había 146 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Estamos recopilando información”, ha señalado Shah Mubarik, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil del país.

Los equipos de rescate han recuperado, hasta el momento, al menos seis supervivientes que se encuentran heridos y también entre 45 y 50 cadáveres, según informan fuentes oficiales.

“Los cinco heridos han sido trasladados en helicóptero a un hospital de Islamabad”, ha indicado el ministro del Interior pakistaní, Rehman Malik, quien ha añadido que “estamos tratando de obtener información sobre los pasajeros pero, verdaderamente, esto ha sido una tragedia”.

El fuego y la niebla dificultan las tareas de los equipos de rescate, que trabajan entre el fuego y la niebla excavando con sus propias manos para encontrar a posibles supervivientes. El lugar del accidente, en una colina, no tiene acceso por carretera y el personal de emergencia sólo puede llegar a través de helicópteros.

El aparato siniestrado, un Airbus 321, de la compañía privada AirBlue, cubría la ruta entre la ciudad paquistaní de Karachi (sur) e Islamabad, informan los canales de televisión del país. Según Express TV llevaba 152 personas a bordo -aunque otras cadenas dicen que este dato está por determinar- y se ha estrellado en las Colinas de Margala, donde caía una fuerte lluvia y había niebla en el momento del siniestro.

Malas condiciones meteorológicas
El avión perdió el contacto con la torre de control a las 6.43 hora española peninsular. “Estaba lloviendo. Ví al avión volando muy bajo desde la ventana de mi oficina”, señala el testigo Khadim Hussain a Reuters.

La televisión paquistaní Aaj ha mostrado imágenes de al menos un helicóptero suspendido sobre lo que parece ser el lugar del accidente, donde una gran columna de humo y llamas se elevaba desde la colina. Por el momento se desconoce la causa del accidente.

“No estoy sorprendido por lo ocurrido”, ha declarado Ahmed Fairuz, un pasajero que espera en el aeropuerto internacional de Islamabad a que salga su vuelo. “El tiempo es bastante malo como para volar”, ha añadido mientras observa en una de las pantallas de televisión imágenes del siniestro.

El último accidente de avión en Pakistán ocurrió el 10 de julio de 2006 y en él murieron 45 personas.

El accidental más letal de un Airbus civil tuvó lugar en septiembre de 1992 cuando un avión de la compañía francesa se estrelló en Katmandú, la capital nepalí, matando a 167 personas.
VAZQUEZ ABOGADOS
damian@vazquezabogados.es

Igualmente cuando un español se casa con un extranjero, se deben realizar una serie de tramites en el consulado para conseguir la inscripcion del matrimonio en el Registro Civil Central.

Por ejemplo el Consulado Español en Santo Domingo tras entrevista a los conyuges, etc, en ocasiones deniega dicha incripcion, lo que motiva que haya que presentar los correspondientes recursos.

Email: damian@vazquezabogados.es

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y a la compañía de seguros Zurich España a indemnizar con 115.321 euros a la viuda de J.J.D.J, que falleció por una “mala praxis asistencial” del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Según reza la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en mayo de 2006 cuando el Servicio de Urgencias de dicho hospital diagnosticó a J.J.D.J. una sinusitis, prescribiéndole una tratamiento de antibióticos, analgésicos, y antiflamatorios, y remitiéndole al médico de cabecera, que se limitó a recetar medicamentos y sugerirle un día de reposo.

Como el paciente no estaba reaccionando bien a ese tratamiento acudió en repetidas ocasiones al hospital talaverano, donde le realizaron un TAC, el 7 de junio,  y le dieron cita para hacerle una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) el 17 de julio, con carácter preferente, para recoger los resultados el 1 de agosto.

El juez considera que aquí hay una primera negligencia médica o actuación contraria pues además existían sospechas de absceso cerebral.

Mientras, en ese periodo los médicos del centro talaverano le recomendaron viajar a la playa, pues el mar podría ser beneficioso. El paciente haciendo caso de esa recomendación viajó a Palma de Mallorca, junto a su esposa, donde empeoraron los dolores y tuvo que ser atendido en el Policlínica Miramar, donde le recomendaron que regresara a su ciudad para practicarle un TAC y cirugía.

Así, el 4 de julio fue ingresado en el hospital Nuestra Señora del Prado, donde permaneció hasta el 14 del mismo mes, tiempo en el que no se realizó ninguna prueba, pese a que el 5 de julio se solicitó al Servicio de Radiología que se adelantase la RMN que tenía para el 17 de julio, alegando desde el centro no era posible porque el médico que debía realizar la prueba estaba de vacaciones.

El 14 de julio el paciente empeoró, y cuando su estado era irreversible se le traslado al hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde permaneció en estado clínico de muerte encefálica hasta el 15 de julio, que falleció.

La viuda demandó al centro considerando que había existido una negligencia médica y una mala praxis asistencial, pero la administración demandada, en este caso el SESCAM, se opuso a ese recurso alegando que no existía una relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efecto entre la asistencia sanitaria prestada en el hospital talaverano y la muerte de J.J.D.J.

La sentencia, que aunque data de diciembre del 2009 se ha hecho pública ahora, también recoge el informe del perito judicial que establece que “existe una relación de causalidad entre la demora en le realización de la prueba diagnóstica y el resultado producido”, del tal modo que “la muerte no se hubiera producido si no hubiera realizado la prueba diagnóstica a su debido tiempo, pues ello hubiera permitido o intervenir quirúrgicamente y drenar el material purulento a tiempo”.

Email: damian@vazquezabogados.es

The parents of a baby who fell victim to the A flu in Granada have accused the paediatrician who attended her at the city’s Maternity Hospital of negligence in failing to detect the virus in time to save her life. It was confirmed last Saturday in a telephone call from the hospital that the cause of death was the H1N1 virus.

The parents had taken their 10 month old baby, Sheila, to paediatrics emergency last Thursday after Paracetamol had failed to bring down the high fever she had been suffering for more than 24 hours. They had previously found there to be no paediatrician on duty at their local health centre in Albolote that day.

They told Ideal newspaper that, despite their concerns over the child’s history of the rare epileptic disorder West syndrome, they were given instructions at the hospital to continue with the same medication, as well as medicine to help his breathing. The paediatrician is understood to have diagnosed a probable seasonal virus, telling the couple to return if the baby’s condition had not improved within the next 24 hours.

They returned that afternoon when her condition worsened, but the baby died in Intensive Care later that night after failed attempts to intubate her to open her airway.

The grieving parents, José Manuel Cortés González and Carolina Ribes Sánchez, have now contracted the services of a lawyer to claim liability for their daughter’s death.

Vazquez Abogados, medical malpractice attorneys with 16 years experience.

Importante la sentencia dictada que concede una indemnización a una paciente, pese a que tuviera firmado un consentimiento informado, cuando existe una mala praxis medica.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y a una compañía aseguradora a indemnizar con 95.212 euros a una mujer por las secuelas que sufre tras una colecistectomía laparoscopica.

El Sermas denegó la reclamación patrimonial alegando que la fístula biliar y otras complicaciones que presentó la paciente en el postoperatorio figuraban como posibles riesgos en el consentimiento informado que firmó antes de entrar en el quirófano. La sentencia del TSJ de Madrid se centra en demostrar si existió una mala praxis médica, para lo que tiene en cuenta los informes periciales presentados por las parte y un relato minucioso de los hechos avalados con informes médicos.

Según lo probado, la paciente, que sufría una colelitiasis, fue intervenida sin aparente complicación, aunque en el postoperatorio padeció varias recaídas que retrasaron el alta un mes. Antes de enviarla a su casa, la mujer fue sometida a una ecografía abdominal en la que se apreció una ascitis de predominio perihepático, diagnosticándole colecistectomía, hígado congénico y ascitis. La mujer salió del hospital con un cita para consulta en una semana, pero no pudo esperar ese tiempo y acudió a urgencias con un cuadro que obligó a una intervención inmediata en la que “se identificó una grapa en el conducto hepático”.

El informe aportado por el perito especialista en Medicina Interna es especialmente duro con la actuación del cirujano al frente del acto enjuiciado, pues señala que “supone un error inexcusable que un médico especialista en Cirugía General y de Aparato Digestivo se confundiera de vía a grapar, siendo el momento más importante de la intervención la realización del grapado de la arteria cística y del conducto cístico”, pues “se deberían haber identificado correctamente todas las estructuras del campo operatorio [...] por tanto se objetiva negligencia por parte del cirujano que realizó la intervención”. Además, por si no había quedado suficientemente claro, la sentencia reproduce otra parte del informa del perito en el que éste afirma que “existe una inequívoca relación causa-efecto entre la obstrucción y rotura de la vía biliar y el clipado o grapado del conducto hepático común [...] que fue colocado erróneamente en la primera intervención quirúrgica”. La sentencia también encuentra que existió una actuación negligente en el postoperatorio: “no se debió dar el alta a la paciente sino mantenerla en el hospital y realizarle alguna de las pruebas [...] para objetivar la obstrucción de la vía biliar y la fuga de bilis fuera de ella”.

Info  negligencias medicas: damian@vazquezabogados.es

Son numerosas las reclamaciones y consultas que recibimos en VAZQUEZ ABOGADOS, sobre la posibilidad de reclamar paralisis braquial en recien nacidos, y la respuesta es que si es recomendable reclamar, como cualquier otra negligencia medica. Reproducimos sentencia dictada por el TS Sala Primera, de 30-01-03, cuyo texto citamos:

PRIMERO La demandante en la instancia y ahora parte recurrida en casación, ejercitó acción en reclamación de indemnización por la llamada responsabilidad médica extracontractual, o con mayor precisión, de cumplimiento de la obligación de reparar el daño causado, que proclama como principio el artículo 1902 del Código Civil y ha desarrollado con reiteración numerosa jurisprudencia. La base del hecho es la lesión que sufrió su hija en el momento del parto y que le ha quedado como secuela irreversible: al salir la cabeza de la niña se produjo una distocia de hombros (retención de los mismos una vez expulsada la cabeza) y, presionando materialmente, se consiguió la salida del cuerpo entero, sufriendo una lesión de plexo braquial derecho que le ha producido una parálisis braquial obstétrica del brazo derecho, por arrancamiento de las raíces nerviosas. Siga leyendo….

La Audiencia Provincial, Sección 2ª, de Sevilla revocó la sentencia desestimatoria de la demanda dictada en primera instancia y condenó al médico, codemandado y recurrente ahora en casación, a indemnizar; asimismo absolvió a la sociedad propietaria del centro médico y a la entidad de asistencia sanitaria, pronunciamientos desestimatorios de la demanda, que han sido consentidos por la demandante al no haber recurrido en casación.

La base jurídica de la condena, según la sentencia de la Audiencia Provincial objeto de esta casación, es que el médico «tiene obligación de proporcionar al paciente todos los cuidados que requiere según el estado de la ciencia … atención individualizada que exige tener presente, para la aplicación de esos cuidados, las concretas circunstancias de cada enfermo … era previsible la distocia cuando resultaba difícil la extracción siendo el resultado también previsible de la secuela a un ser humano…». En el caso enjuiciado, la misma sentencia declara insuficiente la atención prestada a esa paciente desde la entrada en el hospital («… le prestó no una atención individualizada como le es obligado, sino genérica sin ponderar las concretas circunstancias de la paciente») y declara incorrecta a actuación del médico en el transcurso del parto («… resulta negligente la forma de producirse el médico durante el parto ya en el quirófano … existen otros métodos que tirar y empujar en el abdomen la enfermera, pues con ello incluso a un profano se le presenta la posibilidad de cualquier tipo de desgarro, como se produjo»).

El médico codemandado y condenado en la instancia ha interpuesto el recurso de casación, articulado en cuatro motivos formulados todos ellos al amparo del núm. 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el primero y el segundo, denunciando la infracción del artículo 1902 del Código Civil expone la versión de los hechos, para negar la concurrencia de culpa y de nexo causal, respectivamente. En el tercero se alega infracción del artículo 24 de la Constitución Española y de doctrina del Tribunal Constitucional al referirse a que es cuestión nueva el planteamiento y enjuiciamiento de la forma de actuar en el parto. El motivo cuarto denuncia infracción de los artículos 1249 y 1253 del Código Civil relativos a la prueba de presunciones. Y, por último, el motivo quinto se centra en el «quantum» indemnizatorio.

SEGUNDO Los dos primeros motivos de casación, como se ha apuntado, alegan la infracción del artículo 1902 del Código Civil y de la jurisprudencia que lo aplica, refiriéndose, el primero al presupuesto de la culpabilidad y el segundo al nexo causal. Uno y otro dan la versión de los hechos, con todas sus implicaciones técnicas desde el punto de vista médico, lógicamente interesada, del codemandado, médico, condenado.

Este punto de partida fáctico bastaría para rechazar ambos motivos, pues se ha dicho e insistido que la casación tiene una función de revisión de la aplicación de la norma, «enjuiciar lo enjuiciado», sin ser una tercera instancia y sin permitir hacer supuesto de la cuestión, lo que resume la sentencia de 31 de mayo de 2000 en estos términos: «Conviene hacer unas precisiones previas sobre el recurso de casación: la función de ésta es el velar por la aplicación del derecho, revisar el juicio emitido sobre el fondo del asunto y comprobar que la Ley adjetiva y material se ha aplicado correctamente, es el juicio jurídico sobre el enjuiciamiento (así lo expresa la sentencia de 25 de enero de 1999); de lo que deriva que no es una tercera instancia, por lo que no cabe entrar en los hechos, revisar la prueba, mantener una versión fáctica favorable a sus intereses (en este sentido, sentencia de 9 de febrero de 1999 y también, las de 13 de julio de 1999, 19 de octubre de 1999, 21 de enero del 2000); lo que implica que no cabe pretender una nueva valoración de la prueba (sentencia de 16 de noviembre de 1999 y las anteriores de 11 de noviembre de 1997, 25 de noviembre de 1997 y 2 de diciembre de 1997); ni tampoco, hacer supuesto de la cuestión en el sentido de partir de datos fácticos distintos a los declarados probados en la instancia (tal como dicen las sentencias de 18 de octubre de 1999, 26 de noviembre de 1999 y 23 de diciembre de 1999)».

El punto de vista jurídico que expresa la sentencia recurrida, lo acepta esta Sala y coincide con su jurisprudencia. Tal como exponen las sentencias, entre otras, de 29 de junio de 1999, 9 de diciembre de 1999 y 29 de noviembre de 2002 el profesional médico debe responder de un resultado desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del mismo, que corresponde a la regla «res ipsa liquitur» (la cosa habla por sí misma) de la doctrina anglosajona, a la regla «Anscheinsbeweis» (apariencia de la prueba) de la doctrina alemana y a la regla de la «faute virtuelle» (culpa virtual), que significa que si se produce un resultado dañoso que normalmente no se da más que cuando media una conducta negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de acción.

TERCERO El motivo tercero de casación denuncia la infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española y doctrina del Tribunal Constitucional alegando que la sentencia recurrida «reconoce que la forma de actuar en el parto, lo que precisamente fundamenta el reconocimiento de responsabilidad del recurrente, es una cuestión nueva que se plantea en la apelación». El motivo se desestima por:

… en primer lugar, no es una cuestión nueva (ni lo dice la sentencia recurrida, que expresa literalmente: «aun cuando se refiera por la parte apelada [la actual recurrente en casación] que es una cuestión nueva la forma de actuar ya en el parto, que no lo es …»), sino que insistentemente en la demanda se mantiene la incorrecta forma de actuar en el parto;

… en segundo lugar, porque la cuestión no es la actuación médica que hubiera debido tener lugar, lo cual no corresponde decidir a una resolución de contenido jurídico, sino que la cuestión que se plantea en el proceso y llega a casación es la obligación de indemnizar por el resultado dañoso causado por la incorrecta actuación del sujeto; es decir, se enjuicia lo que hizo y produjo el daño, no se dice lo que hubiera debido hacer para no producirlo.

En definitiva, la sentencia de la Audiencia Provincial objeto de casación, ha partido de unos hechos acreditados y ha llegado a la calificación jurídica de que se ha producido la obligación del médico de indemnizar el daño que ha causado.

CUARTO El motivo cuarto denuncia la infracción de los artículos 1249 y 1253 del Código Civil y de la jurisprudencia que los desarrolla, todo relativo a la prueba de presunciones, ya que afirma que «el procedimiento de la Sala (de instancia) se basa en mera presunción». No es así y el motivo se desestima.

La sentencia recurrida no emplea la prueba de presunciones sino que parte de unos hechos acreditados por medios de prueba y llega a la calificación de negligencia del actuar médico, cuyo resultado es desproporcionado. Por tanto, no ha habido, ni pudo haberla habido, infracción de la normativa sobre la prueba de presunciones al no haberse ésta utilizado.

Como dice la sentencia de 23 de noviembre de 2000, «Como ha reiterado esta Sala, la prueba de presunciones tiene un carácter supletorio de los demás medios de prueba y no se debe acudir a ella cuando los hechos han quedado probados por otros medios de prueba: sentencia de 26 abril 1999, 27 septiembre 1999, 27 diciembre 1999, 16 marzo 2000. Lo que no ocurre en el presente caso, por lo que no se ha acudido a tal prueba».

Y con mucho mayor detalle y cita de jurisprudencia, la de 16 de febrero de 2002 reiterando la de 5 de marzo de 2001, añade: «Es doctrina reiterada y constante que el art. 1253 CC, autoriza al Juez, mas no le obliga, a utilizar la prueba de presunciones, por lo que cuando el juzgador de instancia no hace uso del mismo para fundamentar su fallo y sí de lo que resulta de las pruebas directas obrantes en los autos, no resulta infringido dicho precepto (SS. 3-12-1988, 7-7-1989, 21-12-1990 y 17-7-1991). La censura del proceso hermenéutico no es lícito verificarla a través de denuncia de la vulneración del art. 1253 CC aduciendo que la Sala de instancia debió seguir aplicando dicho artículo, un proceso presuntivo (SS. 23-9 y 4-11-1988), pues no se infringe el precepto por su no aplicación máxime cuando los hechos que se declaran probados lo han sido por pruebas directas y no hay necesidad de acudir al medio indirecto de las presunciones (SS. 22-2, 16-3, 5 y 24-5, 2-6 y 2-11-1989). También es doctrina reiterada que por su especial naturaleza (deducción personal del Juez), es difícil que pueda exigírsele su aplicación y excepcional que en casación pueda impugnarse haberse omitido su empleo, a menos que esta prueba hubiera sido propuesta por las partes y discutido en el pleito (SS. 30-4 y 11-10-1990), … en todo caso, hay que insistir en que esta Sala descarta que se le pueda exigir que emplee dicho medio probatorio (SS. 5-2, 11-3, 6 y 27-10, 11-11 y 9-12-1988)».

QUINTO El motivo quinto acusa infracción del artículo 1902 en relación con el 1101 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial y se refiere al «quantum» indemnizatorio. La Sala de instancia acepta la cantidad que se reclama en la demanda y el recurrente estima «no acertada esta decisión por no estar expresados los daños y su atribución económica».

En la demanda, la demandante -parte recurrida en casación- no reclama la obligación de reparar el daño causado a su hija menor de edad, en nombre y por representación legal de la misma, sino que reclama por sí misma y en su propio nombre. Por tanto, no se plantea reclamación por el daño a la integridad física de la menor, sino únicamente por el daño a sí misma, que no puede ser otro que el daño moral. Así, se trata de una indemnización compensatoria del daño moral por razón del daño personal sufrido por su hija, ya que no se reclama en nombre de ésta por el daño personal. Con todo ello, la Sala estima prudencial la cantidad media, es decir, la aproximada mitad de lo que reclama.

En este único sentido, procede estimar el recurso de casación asumiendo la instancia y acordando dicha cantidad en concepto de daño moral sufrido por la madre. No procede, por ello, condena en costas en ninguna de las instancias ni en este recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación formulado por el Procurador don Juan Ignacio A. H., en nombre y representación de don Mohamed B. N., contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, en fecha 18 de enero de 1997, que casamos y anulamos y, en su lugar, condenamos al demandado en la instancia, el indicado recurrente en casación, a indemnizar a doña Rosa Francisca D. M., en la cantidad de 45.000 euros, con los intereses legales incrementados en dos puntos desde la fecha de esta sentencia.

Tfno ayuda negligencias medicas: 609610197

The majority of the companies were based in Spain and the Canary Islands although a small number operated in the UK, where an increasing number of sales offices are opening.

As part of its own enforcement programme, RDO appointed an ex-police inspector from Spain and he has worked closely with the authorities over the past 3 years, providing them with crucial information to help their investigations, with the ultimate aim of having fraudulent companies closed down.

List from Gotimeshare

More information: VAZQUEZ ABOGADOS LAWYER SPAIN.

Email: damian@vazquezabogados.es