Vazquez Abogados Accidente Laborál

Un joven de 28 años que quedó tetrapléjico en 2004 como consecuencia del accidente laboral que sufrió cuando estaba trabajando en una obra aceptó una indemnización de 660.000 euros. La juez que instruye el caso condenó al jefe de la obra a seis meses de prisión, sustituidos por una multa a razón de seis euros diarios, y al administrador de la empresa para la que trabajaba a un año de prisión y a abonar a la víctima 7.000 euros.

Por lo que se refiere a la indemnización, el joven cobró 360.000 euros, y los 300.000 que restan los percibirá en base a un acuerdo extrajudicial por el que la acusación particular retiró los cargos al arquitecto, el aparejador y la coordinadora de seguridad, y del que responderán las compañías aseguradoras Musaat, Además y Zurich.

Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2004 en las obras de construcción de 38 viviendas unifamiliares en las inmediaciones del Hospital de Ciudad Real que realizaba la empresa Aldesa Construcciones. Para la coordinación de la seguridad laboral en estas obras se adoptaron diversas medidas, entre ellas un plan elaborado por la coordinadora y la presencia de un técnico de prevención de Aldesa que informaba periódicamente al jefe de obra condenado.

El técnico de Aldesa había comunicado en diversas ocasiones al jefe de obras la necesidad de adoptar las correspondientes medidas colectivas de riesgo de caída en altura, llegando a elaborar un informe el 9 de noviembre, un día antes del accidente, en el que amenazaba con la paralización de las obras «si no se corregían las graves deficiencias observadas respecto a las medidas de protección colectiva».

Según las conclusiones del fiscal, ese mismo día el jefe de obra comunicó al administrador de la empresa la necesidad de agilizar las obras trabajando por la noche y, sin adoptar las medidas complementarias se comenzó esa misma noche y sin que la coordinadora de seguridad y salud exigiera la corrección de las medidas, «propiciando así el mantenimiento de la situación de peligro y generación de elevado riesgo». Así, el 10 de noviembre de 2004 la víctima, un joven de 21 años que estaba trabajando a siete metros de altura, cayó y se golpeó con el encofrado de la escalera, quedando tetrapléjico.

VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA LABORAL E INVALIDEZ TFNO 952215859 Salud eliminará los partes de confirmación de las bajas laborales.Con la supresión de ese trámite burocrático los médicos de familia dispondrán de más tiempo para atender otras consultas.

 La burocracia es una declarada enemiga de la medicina. Una parte del tiempo de trabajo de los facultativos se emplea en cumplimentar trámites administrativos que poco o nada tienen que ver con la atención sanitaria. Para lograr una mayor desburocratización, la Consejería de Salud ha decidido suprimir los partes semanales de incapacidad temporal (baja laboral) que los médicos de familia se ven en la obligación de cumplimentar. El proyecto (denominado IT 21) está en este momento en su fase de pilotaje. El rodaje se realiza en ocho centros de salud andaluces, uno por cada provincia. En el caso de Málaga, el elegido es el centro de salud Victoria.

VAZQUEZ ABOGADOS RECONOCIMIENTO SITUACIÓN DEPENDENCIA Un juzgado de Sevilla ha condenado a la Junta de Andalucía a pagar el importe de las ayudas de dependencia a la hija de una anciana, reconocida como “gran dependiente”, que falleció un año después de solicitar la prestación sin ver aprobado su expediente.

El juzgado de lo contencioso-administrativo 10, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, dice que este caso “es un claro ejemplo de cómo no debe funcionar una administración” pues “la resolución de este tipo de expedientes exige una especial atención por tratarse en muchos casos de personas ya mayores con cortas expectativas de vida”.

La afectada, María V.G., solicitó el 22 de enero de 2008 a la Consejería para la Igualdad de la Junta el reconocimiento de su situación de dependencia y señalaba como cuidadora a su hija, que cuantificó la prestación no recibida en 5.715 euros.

La Junta le reconoció en octubre de 2008 el grado de “gran dependiente”, pero el expediente seguía sin aprobarse cuando la mujer falleció en enero de 2009, por lo que a continuación el delegado provincial en Sevilla de la citada consejería decretó el archivo del procedimiento “por fallecimiento de la interesada”.

No lo entiende así el juez, quien recoge que la única causa de que el expediente no concluyera fue la “falta de diligencia de la administración”, pues el expediente se encontraba solo a falta de cuantificar la prestación, por lo que ordena retrotraer el expediente a dicha fase, en una sentencia firme al no superar los 30.000 euros.

Según el juez, “el plazo legal para la completa tramitación del expediente era de seis meses”, por lo que “no hay duda de que estamos ante un caso de mala administración por parte de la Junta de Andalucía, que superó con creces el plazo máximo para resolver”.

Explica la sentencia que “una máxima de nuestro ordenamiento jurídico afirma que nadie puede beneficiarse de las irregularidades que él mismo ha cometido” y que “los errores, deficiencias o incumplimientos de la Administración no pueden, a la postre, beneficiarla en modo alguno”.

La Junta, por ello, no puede “ahorrarse una ayuda a todas luces procedente si se hubiera resuelto a tiempo”, lo que sería un “enriquecimiento injusto”, según el juez.

La consejera para la Igualdad, Micaela Navarro, ha anunciado hoy que su departamento va a acatar la sentencia, ha atribuido el retraso a que los hechos se produjeron en una etapa de mucha demanda de estas prestaciones y ha asegurado que otras comunidades autónomas están tardando cuatro años en el mismo trámite.
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La tasa de litigiosidad de la provincia de Málaga supera la media nacional en casi un 45%. Este es uno de los datos más relevantes que se ofrecieron ayer en la presentación del último Informe de la Abogacía.

El decano del Colegio de Abogado de Málaga, Manuel Camas, precisó que si la media española de asuntos por cada 1.000 habitantes se sitúa en 198,80, en Málaga la cifra llega a los 286,32. A nivel regional, el dato está en los 230,90. La tasa malagueña siempre es superior en todos los campos (civil, penal, social) salvo en contencioso-administrativo. Además del alto volumen de trabajo, el decano señaló como una de las principales causas de la alta litigiosidad el hecho de que la provincia tenga una población mayor a la que oficialmente se reconoce, tanto nacional como extranjera.

El informe recoge otros datos como las principales quejas de los ciudadanos. Según los datos nacionales que aporta, hasta un 75% de estas quejas se refieren al funcionamiento de juzgados y tribunales, sobre todo reclamando una justicia ágil y tecnológicamente avanzada, aunque también se producen porque es una justicia poco atenta con el ciudadano. En este sentido, el decano de los abogados de Málaga indicó que los usuarios se quejan «de los tiempos de espera» que sufren para que se resuelvan sus procedimientos, como cuando visitan las oficinas judiciales. «Los ciudadanos entienden perfectamente lo que pasa y saben que la tecnología tiene que tomar la administración de justicia», apuntó. En otra de las conclusiones, el informe señala que hay un sentimiento generalizado entre los ciudadanos y los profesionales sobre la necesidad de modernizar la justicia, «de forma que sea más ágil y cuente con sistema tecnológicamente avanzados de gestión».

Falta de control

Tanto el decano del Colegio de Abogados de Málaga como el diputado responsable del área de relaciones con la Administración de Justicia, Salvador Ruiz Menacho, lamentaron las «detenciones espectaculares», al tiempo que lamentaron que estas situaciones ponen en evidencia la «falta de control judicial». Al respecto, ambos hablaron de «falta de intervención» de la Fiscalía en estos casos, a pesar de tener una instrucción concreta para estos supuestos, según recordó el decano, quien indicó que «echamos de menos una actitud beligerante de la Fiscalía» en cuanto a este tipo de actuaciones. En cuanto al acuerdo con la Fiscalía para llegar a conformidades, desde que se suscribió el protocolo sólo se han producido 17 acuerdos previos al juicio. Los abogados han apostado por acabar por las conversaciones en la sala y establecer reuniones sistemáticas entre las partes previas a la vista oral.

Camas indicó que son ya más de 5.000 colegiados en la provincia y explicó que aunque de 2008 a 2009, cuando «se inició la crisis», el número de expedientes de orientación jurídica creció en un 10%, en 2010 se ha estabilizado, aunque «la cifra sigue siendo elevada con 36.193 solicitudes de abogado de oficio».

El informe anual de la abogacía malagueña contabiliza la asistencia a detenidos en 42.831, cifra que el decano calificó de «realmente importante» aunque suponga un descenso del 5% respecto a 2009. En este punto, el gremio mantiene la vieja reivindicación de una «asistencia efectiva y real», con la posibilidad de acceder al detenido y al atestado policial antes de que preste su primera declaración. Los abogados también incidieron en la necesidad de contar con más jueces y funcionarios, «así como con una oficina judicial común que trabaje aprovechando todas las sinergias y los recursos, para que la administración funcione con criterios modernos y no pensando en juzgados aislados.

Vazquez Abogados Malaga Intervencion Programa RTVE

Esta noche se emite en el programa Televisión Española COMANDO ACTUALIDAD un reportaje sobre la situación de los juzgados en España.

Se realiza una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde los reporteros de Comando Actualidad entrevistan al Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez, de VAZQUEZ ABOGADOS, y un grupo de consumidores afectados por Aifos, con una visita al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga. Mas informacion Telefono 952215859.

¿Se ha visto cara a cara con la Justicia?, ¿ha tenido que esperar años para que se resuelva su caso?, ¿cuántas causas es capaz de llevar un juez al mismo tiempo?.

Jueces, fiscales, abogados y presuntos delincuentes acompañan a los reporteros de Comando en un recorrido por juzgados saturados, detenciones inesperadas, juzgados de guardia, la prisión de Valdemoro…

Uno de cada cuatro asuntos judiciales se resuelve en los juzgados de Plaza de Castilla, unas instalaciones donde cada día hacen cola decenas de personas para saldar sus cuentas con la Justicia. En uno sólo de estos juzgados se llevan más de seis mil causas. Su magistrada nos acompaña en un recorrido desde los despachos, donde se amontonan decenas de miles de expedientes en papel, hasta el garaje, que también sirve de almacén y archivo.

La noche es cuando se desarrolla la actividad más intensa en un juzgado de guardia. Sus funcionarios tienen habilitada una pequeña habitación con cama. Fallecimientos, detenciones, denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento… un abogado de oficio nos acompaña por los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla. Los presuntos delincuentes llevan horas esperando para declarar ante el juez.

En Algeciras el grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional se reúne con la fiscal. Se han autorizado las escuchas telefónicas a unos presuntos traficantes de cocaína y a quienes van a recibir el cargamento oculto entre plátanos. Acompañamos a los agentes en el dispositivo que permite encontrar los seiscientos kilos de droga y la detención de los presuntos receptores.

Enlace a la web COMANDO ACTUALIDAD RTVE

Enlace al video con la entrevista a VAZQUEZ ABOGADOS EN COMANDO ACTUALIDAD RTVE

Vazquez Abogados como especialistas en reclamaciones de daños y perjuicios, por accidentes de trafico, caidas, negligencias medicas, accidentes laborales, Gran Invalidez, estando siempre en el lado de la parte mas debil: LA VICTIMA, para ayudarles en su defensa, se ha asociado como miembro fundador y perteneciente a la Junta Directiva, a ADEVI, Asociación de Abogados Victimas de Responsabilidad Civil, en su empeño por seguir mejorando nuestro servicio y atención a nuestros clientes y victimas en estos casos.

Ofrecían a los seis empleados con contratos indefinidos una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado.

Los trabadores del multicines Larios de la capital malagueña, que cerró sus puertas el pasado 28 de abril, han decidido interponer una querella contra la familia Sánchez Ramade, propietaria del complejo, y aguardarán hasta el próximo día 26 de mayo a un acto de conciliación en el que esperan que la compañía mejore su propuesta de indemnización.

Tras 15 años abiertos en el céntrico centro comercial, sus propietarios, la familia cordobesa Sánchez-Ramade,cerró el multicines hace un par de semanas. Se veía venir. Era la situación a la que se vio abocada su plantilla de 15 empleados, al conocer que el complejo no había sido incluido en la venta de la cadena Cinesur a la inglesa Cineworld. A diferencia de los trabajadores de los 11 multicines vendidos -5 de ellos en la provincia de Málaga- ellos se quedaron sin trabajo.

Los afectados tras la operación han sido los seis empleados con contratos indefinidos, que han interpuesto la querella tras ofrecerle la empresa una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado.

Este cierre ha sido la consecuencia de que estos multicines no hayan sido incluidos en la venta de la empresa andaluza Cinesur a la cadena británica Cineworld, al igual que le ha ocurrido a los cines Cervantes de Jaén, los Alkázar de Córdoba y los multicines Cinesur Plaza boli de Pinto (Madrid).
Vázquez Abogados 952215859 te ayudamos en tus problemas laborales

Vazquez abogados malaga apoya la manifestacion de hoy.Fallece al caer desde una altura de cinco metros cuando limpiaba una nave.
El trabajador pertenecía a la empresa A. Embarba, S.A., que se dedica al montaje y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.

Un trabajador falleció la tarde del pasado lunes al caer desde unos cinco metros de altura al finalizar las tareas de limpieza e impermeabilización de los canalones y techos de una nave industrial, según ha informado este miércoles el sindicato UGT a través de una nota de prensa.

El suceso se produjo en una nave del polígono La Estrella de la capital malagueña, situada en el número 10 de la calle Cuevas del Becerro. El trabajador pertenece a la empresa A. Embarba S.A., que cuenta con una plantilla de 128 empleados y que se dedica al montaje y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.

El fallecido estaba acompañado por un compañero cuando se produjo el accidente, en torno a las 18.00 horas del lunes. La víctima estaba recogiendo las herramientas y útiles del techo de la nave cuando “al parecer tropezó cayendo por una claraboya al interior de una nave”, según UGT, que precisa que el compañero llamó a los servicios de emergencia que evacuaron al hombre, quien falleció en el traslado al centro hospitalario.

Málaga registra el segundo accidente laboral mortal en Andalucía en dos días. El primero ocurrió este martes, cuando otro trabajador murió en Granada al caerle encima el contrapeso de un montacargas.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT en Málaga, María Auxiliadora Jiménez, ha denunciado que este año se ha duplicado el número de víctimas mortales en accidentes de trabajo con respecto al mismo periodo de 2010 y ha pedido una mayor apuesta por la cultura preventiva en las empresas.

Jiménez ha informado de que mañana jueves, a las 12 de la mañana, habrá una concentración en la puerta de la Delegación Provincial de Empleo en señal de protesta por el accidente laboral.

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La crisis ha tocado techo. Al menos, en los juzgados de Marbella. Tres de cada cuatro litigios presentados en los órganos judiciales de Primera Instancia de la ciudad están directamente relacionados con la morosidad, pero los números registrados en 2010 poco tienen que ver con el incremento de asuntos registrados en los últimos años. Todo lo contrario. Las reclamaciones de cantidad y ejecuciones por impago siguen copando casi el 75 por ciento de las cerca de 16.100 nuevas causas civiles que entraron en los juzgados el pasado año, pero la cifra de litigios de este tipo refleja un ligero descenso respecto al ejercicio anterior por primera vez en el último lustro.

Los juzgados constituyen un fiel reflejo de la realidad económica, cuya frágil situación ha disparado en los últimos años el volumen de asuntos civiles vinculados a la morosidad. Las ejecuciones hipotecarias, uno de los litigios tipo en época de depresión financiera, se multiplicaron alrededor de un 500 por ciento entre 2006 y 2009. Lo mismo ha ocurrido con los pleitos por reclamación de cantidad o las ejecuciones de pólizas bancarias, según los datos del Decanato de Marbella. Los litigios por impago siguen colapsando los órganos judiciales de Primera Instancia. Sin embargo, su crecimiento parece haberse detenido para iniciar un ligera curva descendente.

«Cada año existe más litigiosidad, eso es imparable, pero no puede haber una progresión geométrica continua», explica el juez decano de la ciudad, Ángel Sánchez, que recuerda que «tanto de 2007 a 2008 como de 2008 a 2009 se produjo un incremento brutal» en el número de asuntos ingresados en los juzgados como consecuencia directa de la precaria situación financiera. «La crisis económica y los litigios derivados de la crisis no han desaparecido, pero los números de 2010 sí ofrecen la sensación de que no se ha seguido agravando», destaca el magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella.

Hace cinco años, la cifra de ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles registradas en los órganos judiciales de Marbella ascendía a 140 y su crecimiento ha sido imparable hasta el pasado ejercicio. En 2007, este tipo de asuntos se elevó a 260 y un año después se duplicó hasta alcanzar los 540. En 2009 se registraron 730 ejecuciones de hipoteca.El número de litigios ante el impago de propietarios de viviendas se situó en el año que acaba de concluir en torno a los 700. El primer descenso desde 2006, aunque, eso sí, con un volumen de asuntos que multiplica por cinco los registrados entonces.

Las ejecuciones de pólizas bancarias -de créditos, préstamos o leasing- han experimentado una situación idéntica. Los juzgados de Primera Instancia de Marbella han pasado de tramitar 160 asuntos de este tipo en 2006 a cerca de 700 en 2009. En este caso, la caída en 2010 ha sido significativa. El pasado año se registraron 560 ejecuciones de pólizas bancarias, según los datos del Decanato. También han descendido de manera apreciable los juicios moritorios -por reclamaciones de cantidad-, que en 2010 alcanzaron la cifra de 870 por juzgado, frente al millar del ejercicio anterior.

Cada uno de los siete órganos de Primera Instancia tramitó en 2010 alrededor de 2.300 asuntos nuevos, de los que cerca de 1.700 se correspondieron con pleitos de morosidad. En dicho segmento no se enmarcan los desahucios, aunque constituyen otro de los elementos en el barómetro judicial de la crisis económica. Su progresión no ha sido paralela a los litigios por impago, dado que, aunque pudiera parecer la contrario, no han registrado un incremento desmesurado en los últimos años. Sin embargo, sí coincide su caída a lo largo de 2010, ejercicio en el que se registraron cerca de 60 desahucios frente a los 75 de 2009 y a los 73 de 2008.

Las cifras no dejan lugar a dudas. El volumen de procedimientos judiciales derivados de la crisis alcanzó su máximo histórico en 2009, un registro que no se ha reeditado en los últimos doce meses. Los interrogantes surgen a la hora de descubrir los motivos e interpretar el carácter del descenso de cifras.

Una cuestión «compleja», a juicio del juez decano, que apunta la posibilidad de que la propia crisis haya motivado la reducción de los litigios por morosidad registrada en 2010, al dispararse en los últimos años los procedimientos por impago. Es decir, ha sido tan cuantioso el número de procedimientos de este tipo entre 2007 y 2009 que la evolución no podía mantenerse.

«Aquellos que han ido entrando en morosidad hipotecaria durante los años anteriores ya no han entrado este año y, llevándolo al absurdo, de seguir la misma progresión llegaría un punto en el que ya no habría hipotecas que impagar», indica Sánchez. El magistrado señala además la caída en la concesión de hipotecas por parte de las entidades bancarias y la firma de menos contratos de alquiler como otros de los posibles elementos que hayan incidido en el descenso de ejecuciones hipotecarias y de desahucios durante 2010.

Si tiene un procedimiento judicial en Marbella contacte:

damian@vazquezabogados.es

Esta noche el programa de reporteros COMANDO ACTUALIDAD, tratara el tema de la justicia: “Ley y Orden” en el que entrevistan a Damian Vazquez, Letrado de VAZQUEZ ABOGADOS TFNO CONSULTAS 609610197, en relación a los problemas de la justicia.

Mas info:  RTVE.es / COMANDO ACTUALIDAD

¿Se ha visto cara a cara con la Justicia?, ¿ha tenido que esperar años para que se resuelva su caso?, ¿cuántas causas es capaz de llevar un juez al mismo tiempo?.

Jueces, fiscales, abogados y presuntos delincuentes acompañan a los reporteros de Comando en un recorrido por juzgados saturados, detenciones inesperadas, juzgados de guardia, la prisión de Valdemoro…

Uno de cada cuatro asuntos judiciales se resuelve en los juzgados de Plaza de Castilla, unas instalaciones donde cada día hacen cola decenas de personas para saldar sus cuentas con la Justicia. En uno sólo de estos juzgados se llevan más de seis mil causas. Su magistrada nos acompaña en un recorrido desde los despachos, donde se amontonan decenas de miles de expedientes en papel, hasta el garaje, que también sirve de almacén y archivo.

La noche es cuando se desarrolla la actividad más intensa en un juzgado de guardia. Sus funcionarios tienen habilitada una pequeña habitación con cama. Fallecimientos, detenciones, denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento… un abogado de oficio nos acompaña por los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla. Los presuntos delincuentes llevan horas esperando para declarar ante el juez.

En Algeciras el grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional se reúne con la fiscal. Se han autorizado las escuchas telefónicas a unos presuntos traficantes de cocaína y a quienes van a recibir el cargamento oculto entre plátanos. Acompañamos a los agentes en el dispositivo que permite encontrar los seiscientos kilos de droga y la detención de los presuntos receptores.

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