Hemeroteca de la sección “Jurisprudencia”
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DIARIO LA RAZON PROTESIS PIP ANÁLISIS: Debería ser superior la indemnización por Damián Vázquez Abogado
Reproducimos la entrevista publicada en el Diario La Razon con fecha 08-02-11:
¿Es la sentencia en cuestión ejemplarizante?
–Considero que la sentencia que condena a esta clínica por implantar las prótesis PIP es un buen referente para el resto de afectadas. Esta resolución abre una puerta para denunciar por daños morales, aquellos casos en los que no ha habido suficiente consentimiento informado sobre la posibilidad de rotura de las PIP.
- ¿Qué supone esta resolución?
–La sentencia condena a la clínica y al cirujano a devolver a la afectada la cantidad invertida en la implantación de las PIP, unos 7.455 euros. Esto supondrá para las miles de afectadas que acuerden con sus cirujanos el cambio de las prótesis al cien por cien, evitando así que abonen un nuevo gasto. Así se abre una vía para que, en caso de que el cirujano no quiera retirar las PIP, las pacientes puedan reclamar la cantidad que cubre el cambio. Por ello recomiendo que todas hagan una reclamación formal y una demanda judicial.
- ¿Podría quedar inhabilitado el cirujano demandado?
–No, porque es un tema civil. Sólo podría suceder en caso de que el supuesto hubiese incurrido en un delito de mala praxis, cosa que no se ha demostrado. Esto es, que el cirujano hubiese seguido implantando las PIP aún sabiendo que estaban prohibidas, o que no le hubiese comunicado a sus nuevas pacientes que estos implantes no eran cien por cien seguros.
- ¿Es la indemnización demasiado baja?
–La cantidad debería de haber sido muy superior. Por este motivo, yo recurriría a la apelación. Esta cantidad bajo ningún concepto cubre los daños morales y físicos de las pacientes.
Damián Vázquez
Abogado en Derecho Sanitario y Defensor del Paciente
Tfno 609610197
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ACCIDENTES TRAFICO BAREMO 2012 VAZQUEZ ABOGADOS.
En el Boletin Oficial del Estado del dia de hoy se publica la actualización del Baremo utilizado en accidentes de trafico para calcular las indemnizaciones de las victimas de accidentes con lesiones, fallecimientos, invalidez, secuelas, dias impeditivos, Gran Invalidez, Factores de Corrección. Vazquez Abogados es referente a nivel de reclamaciones por accidentes de trafico, altamente especializados en conseguir las mayores indemnizaciones y defensa de los intereses de victimas de accidentes de trafico, miembro de la Asociación Adevi (Abogados de lasVictimas) y tambien utilizado por analogia en negligencias medicas.
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Accidente Laboral Condenado el Servicio Navarro de Salud a indemnizar con más de 138.000 euros a una funcionaria por un accidente laboral
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha condenado al Servicio Navarro de Salud a abonar una indemnización de 138.471,44 euros a una funcionaria de este organismo por un accidente laboral que le provocó una incapacidad permanente.
La sentencia, que estima un recurso de apelación de la funcionaria, da por probado que la demandante, matrona en la unidad de partos del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, intentó el 14 de septiembre de 2006, mientras estaba trabajando, abrir una puerta del centro sanitario con la mano izquierda, al tener ocupada la mano derecha.
Según el fallo, como la parte inferior de la puerta rozaba con el suelo y ofrecía resistencia, notó “un chasquido” en la muñeca que resultó ser una rotura del fibrocartílago triaungular en la muñeca izquierda, lesión por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.
El Instituto Nacional de Seguridad Social, recoge la sentencia, declaró su incapacidad permanente total para ejercer su profesión habitual, además de la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo donde sufrió el accidente.
La funcionaria, al no estar conforme con la declaración de incapacidad permanente total para su profesión habitual, impugnó la misma ante la Jurisdicción Social y el 2 de junio de 2009 el Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona dictó sentencia estimatoria y declaró su incapacidad permanente en grado de absoluta con derecho a percibir la correspondiente pensión vitalicia.
En la demanda, la funcionaria solicitó ser indemnizada con 239.938,7 euros, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona apreció que los 180.600 euros que había percibido ya por el accidente, por parte de una compañía aseguradora y una mutua, eran suficientes para indemnizarla por la incapacidad y las secuelas.
La funcionaria recurrió la sentencia al considerar que quedaban pendientes de indemnizar 138.471,44 euros, una cantidad que, según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, tiene derecho a percibir.
VAZQUEZ ABOGADOS
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Vazquez Abogados Las viviendas “han de estar habitables, y no solo terminadas” para que los promotores inmobiliarios cumplan con los contratos de compraventa, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que ha dado la razón a la compradora de una casa a la empresa “Promovimur, S.L.”.
La sala desestima así el recurso presentado por esta empresa contra una resolución de un juzgado de Primera Instancia de Murcia, que en mayo de 2010 declaró resuelto “por incumplimiento de la demandada” el contrato de compraventa firmado en Alcantarilla en abril de 2006 y condenó a ésta a devolver a la adquirente 25.830 euros, más los intereses legales devengados desde el uno de enero de 2009.
El tribunal indica que según el contrato de compraventa, la promotora se comprometía a terminar las obras el 31 de diciembre de 2008, “añadiendo su enunciado que si no se produjese la entrega en la fecha prevista, la compradora podrá resolver el contrato, previo aviso por escrito con quince días”.
(más…)
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LIPOSUCCION SENTENCIA CONDENATORIA MARBELLA NEGLIGENCIA MEDICA VAZQUEZ ABOGADOS Condenan a indemnizar con 26.000 euros a una paciente por los daños tras una liposucción El juez ha estimado parcialmente la demanda de una mujer de 67 años contra un cirujano estético y un hospital privado El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por una mujer, de 67 años, contra un cirujano estético y un hospital privado, a raíz de las secuelas que sufrió después de someterse a una liposucción, condenándoles a ambos al pago de la cantidad de 26.267 euros, más los intereses. En la demanda, presentada a través de los servicios jurídicos de la Asociación del Defensor del Paciente en Málaga, cuyo letrado es Francisco Damián Vázquez, la afectada alegaba que acudió en junio de 2007 al hospital para asesorarse sobre la posibilidad de realizarse dicha intervención en el abdomen, ya que quería mejorar su aspecto estético. Fue atendida por el codemandado, quien, según la sentencia, le aconseja y convence «con claro animo mercantilista» que, además de quitarse grasa del abdomen, podría también hacerlo en otras zonas del cuerpo en la misma intervención, tales como brazos, axilas, caderas, zona lumbar (lipoescultura), por lo que conseguiría un aspecto estético «estupendo», elaborando el correspondiente presupuesto. En 2007 En la demanda se indicaba que dada la convicción e insistencia del facultativo sobre el éxito de las distintas liposucciones, la mujer accede y el día 12 de junio de 2007 es intervenida por el cirujano estético en el hospital privado, quien le presenta el documento de consentimiento informado momentos antes de su entrada en quirófano, «sin que le diera tiempo ni siquiera a leerlo». Según han señalado desde la asociación en un comunicado, por dicha intervención abonó la cantidad de 6.375 euros, indicando que tras la operación padeció «muchos problemas, dolores», por lo que puso los hechos en conocimiento del hospital, que le cambia de cirujano, quien, una vez transcurrido un año, vuelve a recibir a la paciente. Entonces, sigue el comunicado, éste le comunica que el aspecto de su piel continúa mal y que había daños «irreparables», como la zona de los brazos y la espalda, «y lo que es aún mas sorprendente, se negó a intervenir a la paciente al considerar que quien debía reparar los daños era el facultativo que la había operado». Ante esta situación, se señala, acudió a la Asociación del Defensor del Paciente, cuyo letrado en Málaga interpuso una demanda contra el cirujano y el hospital, que ahora ha sido estimada parcialmente por el juzgado, que establece en la sentencia que la paciente tiene secuelas consistentes en perjuicios estéticos importantes. Así, se señala que deben indemnizar a la mujer por los daños y perjuicios sufridos, considerando que «ante los malos resultados de la liposucción deben reintegrarse a la demandante la cantidad abonada por la intervención, fisioterapia y tratamientos postcirugía» y, además, deben abonar una determinada cantidad por el perjuicio estético. Mas informacion Reclamaciones Negligencias Medicas Telefono 952215859
Fuente Noticia Diario Sur
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NEGLIGENCIAS MEDICAS El fiscal acusa a un cirujano de la muerte de una mujer tras una liposucción. La paciente falleció de un fallo multiorgánico tras las perforaciones intestinales provocadas por la intervención quirúrgica.
Se desplazó a Málaga desde su Ceuta natal para someterse a una reducción mamaria y una liposucción abdominal. Entró en el quirófano del Hospital Doctor Pascual el 7 de noviembre de 2007. Encarnación Salazar, de 44 años y madre de dos hijos, tendría que haberse recuperado en un par de días, pero cinco meses después, en abril de 2008, falleció en el Hospital Carlos Haya a causa de las complicaciones derivadas de la operación de estética.
La familia denunció el caso en el juzgado ya que siempre sostuvo que el fallecimiento se debió a una negligencia médica. El fiscal así lo ha entendido también y ha acusado al cirujano plástico que realizó la intervención de un delito de homicidio por imprudencia, por lo que pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel y a pagar una indemnización de 240.000 euros.
Tras más de un año de parón, a la espera de recibir los informes forenses y toda la documentación médica, el procedimiento echó a andar en el Juzgado de Instrucción número 13 de la capital, que, tras tomar declaración como imputados a tres médicos, dictó auto de apertura de juicio oral. El fiscal, no obstante, acusó sólo al cirujano plástico que le practicó la intervención.
En su escrito de conclusiones provisionales relata que la intervención se llevó a cabo por parte del cirujano acusado «sin la previa realización de una ecografía» con el fin de establecer el grosor de la pared abdominal y la presencia de diastasis de rectos (separación de los músculos del abdomen tras los embarazos, lo que crea una zona de debilidad abdominal). Según el Ministerio Público, durante la operación el médico «manipuló incorrectamente las cánulas de aspiración», que penetraron en la cavidad abdominal de la mujer originándole perforaciones intestinales. Esto le provocó «una peritonitis, arritmia ventricular maligna y un fallo multiorgánico que desembocaron finalmente en el fallecimiento» de Encarnación, lo que se produjo cinco meses después en el Hospital Carlos Haya.
VAZQUEZ ABOGADOS Telefono 952215859 nuestros casi 20 años de experiencia en derecho sanitario y negligencias medicas nos avalan.
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Vazquez Abogados Accidente Laborál
Un joven de 28 años que quedó tetrapléjico en 2004 como consecuencia del accidente laboral que sufrió cuando estaba trabajando en una obra aceptó una indemnización de 660.000 euros. La juez que instruye el caso condenó al jefe de la obra a seis meses de prisión, sustituidos por una multa a razón de seis euros diarios, y al administrador de la empresa para la que trabajaba a un año de prisión y a abonar a la víctima 7.000 euros.
Por lo que se refiere a la indemnización, el joven cobró 360.000 euros, y los 300.000 que restan los percibirá en base a un acuerdo extrajudicial por el que la acusación particular retiró los cargos al arquitecto, el aparejador y la coordinadora de seguridad, y del que responderán las compañías aseguradoras Musaat, Además y Zurich.
Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2004 en las obras de construcción de 38 viviendas unifamiliares en las inmediaciones del Hospital de Ciudad Real que realizaba la empresa Aldesa Construcciones. Para la coordinación de la seguridad laboral en estas obras se adoptaron diversas medidas, entre ellas un plan elaborado por la coordinadora y la presencia de un técnico de prevención de Aldesa que informaba periódicamente al jefe de obra condenado.
El técnico de Aldesa había comunicado en diversas ocasiones al jefe de obras la necesidad de adoptar las correspondientes medidas colectivas de riesgo de caída en altura, llegando a elaborar un informe el 9 de noviembre, un día antes del accidente, en el que amenazaba con la paralización de las obras «si no se corregían las graves deficiencias observadas respecto a las medidas de protección colectiva».
Según las conclusiones del fiscal, ese mismo día el jefe de obra comunicó al administrador de la empresa la necesidad de agilizar las obras trabajando por la noche y, sin adoptar las medidas complementarias se comenzó esa misma noche y sin que la coordinadora de seguridad y salud exigiera la corrección de las medidas, «propiciando así el mantenimiento de la situación de peligro y generación de elevado riesgo». Así, el 10 de noviembre de 2004 la víctima, un joven de 21 años que estaba trabajando a siete metros de altura, cayó y se golpeó con el encofrado de la escalera, quedando tetrapléjico.
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NEGLIGENCIAS MEDICAS Vazquez Abogados pertenece a la Asociación del Defensor del Paciente, dedicada a la defensa de los intereses de los pacientes y ayuda en negligencias medicas.
Como todos los años se ha publicado la memoria anual, en este caso del 2011, donde se constata un aumento de los problemas en materia de sanidad, aumento del numero de reclamaciones por presuntas negligencias medicas, fallecimientos, etc, con respecto al año 2010.
Defensor del Paciente Malaga 952215859
Adjuntamos el texto integro de la: MEMORIA 2011 DEFENSOR DEL PACIENTE VAZQUEZ ABOGADOS
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El dueño de Aifos se desdice y afirma ahora que sí hubo pagos a Roca
Ruiz Casado responsabiliza a otro directivo de su empresa y dice que él no autorizó ningún abono sin recibos o documentación
Segunda jornada de declaración en el juicio por el ‘caso Malaya’ de Jesús Ruiz Casado, el dueño de la promotora Aifos, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por delitos de cohecho continuado y fraude.
La Fiscalía Anticorrupción vincula a Aifos con el pago de más de 4,8 millones de euros a Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama de corrupción, para obtener favores urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella. El dueño de Aifos negó ayer una y otra vez la existencia de estos pagos y rechazó que su empresa hubiera contratado a Roca como asesor urbanístico, como el mismo Roca declaró ante el juez hace algunos meses.
Pero Ruiz Casado ha cambiado hoy su declaración, solo 24 horas después, y sí ha dicho hoy que pudo haber pagos en metálico al que fuera asesor urbanístico de Marbella. El letrado José Manuel Delgado, en representación de la Junta de Andalucía, preguntó al dueño de Aifos sobre por qué en su propio escrito de defensa hay referencias a pagos a Roca, cuando él lo negó durante toda la jornada de ayer.
Esa contradicción es la que provocó que el acusado se desdijera. Ruiz Casado explicó que en el informe que ha presentado su defensa se ha detectado “un desfase de 135.000 euros” en las cuentas de su empresa, es decir que esta cantidad de dinero está sin justificar. “Por eso no sé si las instrucciones que yo dí se han cumplido perfectamente”, dijo el presidente de Aifos, que admitió que pudo haber un “descontrol”. “¿Reconoce usted que se han entregado cantidades en efectivo a Roca, con el motivo que sea?”, preguntó el abogado de la Junta de Andalucía. “Reconozco, según las conversaciones que he tenido con García Lebrón (otro directivo de Aifos), que entregó alguna cantidad al señor Roca, provenientes de ese descuadre”. Según el dueño de Aifos, este pago se hizo sin recibo ni documentación, pese a que llevan “solicitando los recibos durante bastante tiempo”.
Patrocinios al Ayuntamiento
El dueño de Aifos ha seguido mostrando hoy a su empresa como una víctima de la “presión” que ejercía el Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca, sobre los constructores que tenían intereses en la ciudad. Y pese a admitir que hubo pagos por parte de Javier García Lebrón, responsable en Andalucía de Aifos, el dueño de la constructora sigue asegurando que él solo autorizó pagos al Ayuntamiento de Marbella para patrocinios de “actos sociales, actos benéficos, carnavales, ferias…” para evitar “enfrentamientos” con el Ayuntamiento que habían tenido en otras ocasiones. “Siempre con toda la documentación y facturas de todos los patrocinios”, dice el presidente de Aifos.
“Entonces no sabía que el señor García Lebrón le pagaba cantidades en metálico a Roca. Y él me decía que pensaba que le darían facturas”, concluyó el presidente de Aifos, responsabilizando al director de su empresa en Andalucía de todos los contactos con Roca. García Lebrón, conocido como ‘Kiko’ García y también imputado, declarará en las próximas sesiones del juicio por ‘Malaya’
VAZQUEZ ABOGADOS DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ADQUIRENTES DE VIVIENDAS DE AIFOS
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VAZQUEZ ABOGADOS TELEFONO 609610197 Tres años para un ‘kamikaze’ por circular 15 kilómetros en sentido contrario
El acusado llega a un acuerdo con la fiscal, que le rebaja siete años la petición de pena
“No hay ningún tipo de justicia en este país”, dice la víctima, un bombero que quedó incapacitado
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“Le vi venir, pero no me dio tiempo a esquivarle” (26/11/2007)
La Fiscalía de Madrid solicitaba 10 años de prisión para Miguel G.A.. acusado de un delito contra la seguridad del tráfico e intento de homicidio por circular en 2007 durante 15 kilómetros en sentido contrario por la M-30 y colisionar frontalmente contra un vehículo. Su conductor, Gonzalo G.L., un bombero que entonces tenía 31 años, sufre lesiones graves que le impiden seguir ejerciendo su profesión. El juicio, fijado para hoy por la Audiencia Provincial de Madrid, no ha llegado a celebrarse, ya que el abogado defensor y la fiscal hayan han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que el acusado ha recocido los hechos y ha aceptado tres años de cárcel, siete menos de los que se pedían, y la prohibición de conducir durante 10 años.
La Fiscalía le ha retirado el delito de homicidio en grado de tentativa del que le acusaba y se le ha condenado únicamente por un delito de lesiones (dos años) y otro contra la seguridad del tráfico (un año), y se la impuesto además una multa de 2.160 euros. Además, al acusado, que en el momento de los hechos tenía 25 años, se le ha aplicado el atenuante de reparación del daño por haber pagado ya parte de la indemnización que se le pedía. En el escrito de acusación, el fiscal solicitaba una multa de 4.320 euros, privación del permiso de circulación y que indemnizara al afectado con 198.031 euros y a la aseguradora con 6.865 euros.
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