Vazquez Abogados Malaga Intervencion Programa RTVE

Esta noche se emite en el programa Televisión Española COMANDO ACTUALIDAD un reportaje sobre la situación de los juzgados en España.

Se realiza una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde los reporteros de Comando Actualidad entrevistan al Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez, de VAZQUEZ ABOGADOS, y un grupo de consumidores afectados por Aifos, con una visita al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga. Mas informacion Telefono 952215859.

¿Se ha visto cara a cara con la Justicia?, ¿ha tenido que esperar años para que se resuelva su caso?, ¿cuántas causas es capaz de llevar un juez al mismo tiempo?.

Jueces, fiscales, abogados y presuntos delincuentes acompañan a los reporteros de Comando en un recorrido por juzgados saturados, detenciones inesperadas, juzgados de guardia, la prisión de Valdemoro…

Uno de cada cuatro asuntos judiciales se resuelve en los juzgados de Plaza de Castilla, unas instalaciones donde cada día hacen cola decenas de personas para saldar sus cuentas con la Justicia. En uno sólo de estos juzgados se llevan más de seis mil causas. Su magistrada nos acompaña en un recorrido desde los despachos, donde se amontonan decenas de miles de expedientes en papel, hasta el garaje, que también sirve de almacén y archivo.

La noche es cuando se desarrolla la actividad más intensa en un juzgado de guardia. Sus funcionarios tienen habilitada una pequeña habitación con cama. Fallecimientos, detenciones, denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento… un abogado de oficio nos acompaña por los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla. Los presuntos delincuentes llevan horas esperando para declarar ante el juez.

En Algeciras el grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional se reúne con la fiscal. Se han autorizado las escuchas telefónicas a unos presuntos traficantes de cocaína y a quienes van a recibir el cargamento oculto entre plátanos. Acompañamos a los agentes en el dispositivo que permite encontrar los seiscientos kilos de droga y la detención de los presuntos receptores.

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Enlace al video con la entrevista a VAZQUEZ ABOGADOS EN COMANDO ACTUALIDAD RTVE

Vazquez Abogados como especialistas en reclamaciones de daños y perjuicios, por accidentes de trafico, caidas, negligencias medicas, accidentes laborales, Gran Invalidez, estando siempre en el lado de la parte mas debil: LA VICTIMA, para ayudarles en su defensa, se ha asociado como miembro fundador y perteneciente a la Junta Directiva, a ADEVI, Asociación de Abogados Victimas de Responsabilidad Civil, en su empeño por seguir mejorando nuestro servicio y atención a nuestros clientes y victimas en estos casos.

Vazquez Lawyers Malaga Spain. Help in your legal problems. Contact: damian@vazquezabogados.es
The Torreblanca Residents Association (ASTOR) organised a press conference last week to highlight their concerns over town planning decisions in the area and the lack of municipal services.
“For many years now Torreblanca has been used as a dumping ground for the cheapest and worst-constructed buildings, many of which do not fulfil all the legal requirements,” said ASTOR president, Brian O’Carroll.
“In addition, there’s no bus service, the roads are never cleaned, the refuse service is minimal, there’s hardly any street lighting or pavements, and most parts are not connected to the municipal sewage system, so septic tanks have to be used. We pay our local taxes like everyone else, yet we do not receive the same services. How can that be fair?” he asked.
ASTOR, a non-political association, currently represents 9,000 out of the 25,000 people who live in Torreblanca, a Fuengirola suburb popular with British and Scandinavian residents.
One homeowner told SUR in English that the value of their property has been compromised due to the building of apartments near their villa. “The flats are so close that the tenants could dive into our swimming pool if they wanted!” he said. “Before there was a lovely little stream and lots of trees, but they have now all been removed. On top of it, at first we were told that the building would have two storeys but in actual fact it has three.”
The crop of unfinished, abandoned buildings is one of the key issues for residents, said Brian O’Carroll: “There are major safety and security issues regarding these buildings as anyone can have access to them. Plus they’re an eyesore and block out views. Some have been left as they were built illegally, or the company has gone bankrupt. And some of those that are occupied have not got a First Occupation Licence. Many of our members came to live here for a peaceful retirement and now they have to worry about the investment they have made in property here, the security of the homes, and put up with sub-standard municipal services.”
He added: “We demand that something be done to resolve these issues which are ruining our quality of life here. And at the very least we would like to have our concerns acknowledged by the Town Hall who’ve been dismissive of our pleas.
One resident said: “It seems that they’re happy to take our taxes but then we’re left to our own devices.”

La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por estafar a una pareja británica en la venta de una parcela que no estaba inscrita en el Registro y formaba parte de suelo no urbanizable, con una vivienda sin terminar, que no respetaba las distancias mínimas y que había sido levantada sin licencia.
Según se declara probado en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el acusado se dedicaba al negocio de la intermediación inmobiliaria, anunciándose a través de publicaciones y una página web como especialista en propiedades rurales para captar compradores entre el público inglés.
Una pareja británica se interesó por un anuncio en el que se ofrecía una parcela con agua y luz de 1.900 metros cuadrados, con una casa de 120 metros cuadrados, aunque no se decía que “no estaba inscrita” en el registro y formaba parte de suelo no urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, según se dice.

Además, según se indica en la resolución, carecía de la superficie mínima que permitiera la construcción de una vivienda, construcción que debía respetar una distancia mínima desde los linderos, lo que no sucedía con el edificio “no terminado” que había en la parcela, pues “había sido levantado sin licencia alguna”.
Pese a tales deficiencias, señala la Sala, “el acusado nada dijo y al amparo de la imagen de seriedad que desde su oficina inmobiliaria ofrecía, convenció a los perjudicados no sólo para adquirir la parcela sino para encargarle a él mismo las obras necesarias para finalizar la construcción que había”.
Para ello, firmó dos contratos privados, habiendo entregado el matrimonio algo más de 60.000 euros, cantidad a la que se le condena a pagar al acusado. Los compradores, según la sentencia, “no han podido inscribir la propiedad ni construir casa alguna, no habiendo tampoco recuperado el dinero entregado”.
El acusado dijo, como en su momento también su hermano, ya juzgado por esta causa, que la situación de la parcela era legalizable. Al hombre se le condena por un delito de estafa. Además de los cinco años de prisión impuestos y la indemnización de 60.700 euros que deberá pagar, se le condena a una multa de 10.800 euros.

Jose Luis Garcia Maseda, 69, appeared at Court Number 4 at Torremolinos Crown Court, on Spain’s Costa del Sol, today (Thursday) to face the accusations of the first 45 victims.
In a committal hearing that lasted for over three hours he was accused of embezzlement and fraudulently taking ‘at least 1.8m euros’ from the string of mostly British clients.
Arriving in a police van, he was kept in handcuffs throughout the hearing, that involved three separate class actions.
Maseda, who claimed to be a lawyer, financial consultant and tax advisor, convinced hundreds of clients to invest their money from his Eurobrokers office, in Benalmadena.
In many cases he even persuaded his victims to sign over power of attorney which enabled him to take out massive mortgages in their names.
The lawyer is accused alongside six others, including a British businessman, who referred many of the clients to him, as well as his wife.
The others – along with various witnesses and further victims – will testify from Monday.
A detective at Benalmadena Police explained: “As the investigation has gone on, more and more people have come forward saying they have lost money, and Masada’s name is mentioned.”
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La Policía Nacional ha detenido al dueño de una inmobiliaria de Benalmádena en relación a una presunta estafa millonaria a inversores. El montante de lo supuestamente defraudado ascendería a 1.485.000 euros, mientras que el número de denuncias presentadas supera ya la veintena, según ha podido saber SUR.
La investigación gira en torno a la actividad de la inmobiliaria Eurobrokers, con sede en Benalmádena, que actualmente está cerrada al público. Al frente de esta empresa se encontraba el arrestado, J. L. G. M., un gestor de 69 años con más de tres décadas de experiencia en el sector. Según las fuentes consultadas, se presentaba como licenciado en Derecho y como «bróker experto en temas inmobiliarios y de inversiones» para ganarse la confianza de sus clientes. En la operación han sido interrogados algunos de sus colaboradores o exempleados.
La comisaría de Torremolinos-Benalmádena abrió una investigación a finales del año 2009 al recibir a través de Interpol varias denuncias de ciudadanos extranjeros que aseguraban haber perdido bienes o dinero que habían depositado en manos del detenido.
Con el paso del tiempo y el avance de las pesquisas, el número de casos creció hasta superar los veinte, que son los que se han incorporado al atestado que el pasado jueves se entregó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos, donde se siguen las diligencias. Hay dos grandes grupos de afectados, uno formado por inversores ingleses e irlandeses y el otro por españoles. La cuantía de lo presuntamente defraudado varía según el caso, aunque hay familias que aseguran haber perdido hasta 200.000 euros.
Así, la policía ha observado varios modus operandi diferentes en las denuncias analizadas. Algunos de los perjudicados habrían confiado a la inmobiliaria importantes cantidades de dinero para invertir en bienes inmuebles sin que aparentemente hayan recibido el resultado de esos negocios.
El supuesto gancho para esas inversiones eran unos terrenos en Villanueva del Rosario, donde anunciaban entre sus clientes un gran proyecto urbanístico que giraba en torno a un campo de golf. Así, según las pesquisas, los denunciantes habrían entregado a la inmobiliaria dinero en concepto de reserva para la adquisición de estos inmuebles que al parecer nunca se formalizaron. Una variante de esta modalidad consistiría en una presunta apropiación indebida de estas sumas mediante la promesa de un gran interés anual que luego no habrían obtenido.
En otros casos, las víctimas habrían puesto en manos de la inmobiliaria sus propiedades para que fuesen vendidas. Para ello, tal y como se desprende de las pesquisas policiales, la empresa les habría solicitado poderes notariales generales alegando como motivo aligerar «trámites y papeleo» y evitar molestias a los clientes.
Según los denunciantes, estos poderes supuestamente se utilizaron para obtener hipotecas sobre los inmuebles. Los afectados descubrieron esta situación cuando empezaron a llegarles los plazos de los préstamos otorgados por los bancos.
Los perjudicados manifestaron ante la policía que la única respuesta que habrían obtenido por parte del detenido y sus colaboradores fueron excusas y evasivas. Afirmaron que desde hace varios meses ni siquiera les contestan al teléfono o les responden a los correos electrónicos que envían. De hecho, debido a la multitud de afectados que se presentaban diariamente en la oficina de Eurobrokers, decidieron echar el cierre.
Registro en su domicilio
Tras una compleja investigación que se prolongó año y medio, la policía procedió el miércoles a la detención de J. L. G. M. por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Fue arrestado a las nueve de la mañana en su domicilio, situado en Benalmádena.
Los investigadores registraron el apartamento, en el que hallaron abundante documentación que está siendo analizada. El gestor pasó al día siguiente a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos, que lo dejó en libertad mientras se prosigue con las diligencias del caso.

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Posible Decreto para legalizar viviendas rurales e ilegales.

Las hay aisladas en el campo y agrupadas en diseminados rurales. Igualmente, hay algunas que fueron levantadas por sus propietarios para crear una familia y otras concebidas como segunda residencia e incluso para el turismo rural; las hay con vistas al mar y mirando a la sierra; también hay finalizadas y otras que se han quedado a medio hacer; están las que se construyeron en zonas protegidas y aquéllas en la que la calificación ambiental del terreno llegó a posteriori; y por último, las que durante décadas han poblado los montes en suelo no urbanizable. El perfil de la vivienda irregular en la provincia es tan amplio y variado como complejo es el proceso para dar solución a las cerca de 50.000 casas sobre las que pesa la espada de Damocles de las impugnaciones de licencias, las multas coercitivas y la amenaza de una posible demolición desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002, con la que la Junta quiso poner freno a las construcciones indiscriminadas en el campo.

La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los ‘campitos’ de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección.

Ésa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para abrir la vía de la regularización mediante un decreto (estará redactado en un plazo máximo de seis meses) que permitirá el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios y equipamientos básicos que ahora son en muchos casos inexistentes. Aunque no será gratuito, puesto que la actuación deberá salir del bolsillo de los propietarios en concepto de compensaciones.

«La hoja de ruta empieza por el inventario, algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución prácticamente personalizada», apunta el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Benítez.

Se podrán salvar la mayoría de las casas que se encuentran fuera de ordenación, las construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y aquéllas a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior. Pero no todas. La sombra del derribo rondará a las levantadas en suelo protegido y las edificadas al margen de la ley no prescritas. «No es imposible, pero sí que la solución va a ser más complicada», reconoce Benítez. Bien distinto será el panorama de las que se realicen a partir de ahora al margen de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) o los planeamientos de rango superior. «Seremos tajantes y contundentes», advierte el dirigente de Obras Públicas.

La nueva normativa, anunciada para la Axarquía aunque extensible a todo el ámbito regional, ha sido recibida por los propietarios con optimismo, pero también con cautela y escepticismo por haberse hecho pública a dos meses de unas elecciones municipales. «Lo único que pedimos es que no hagan política con nosotros. Si hasta ahora no había forma de solucionar el problema, ¿por qué ahora sí se puede si la LOUA sigue siendo la misma?», se pregunta María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI).

La entidad constituida el pasado mes de diciembre y que ya agrupa a 65 colectivos vecinales aboga directamente por modificar la ley, una propuesta que pretende llevar al Parlamento autonómico, si es posible, con el respaldo de los dos grandes partidos (PSOE y PP). El mensaje es claro: «Legalizar todas las casas en las que se pueda cambiar la calificación del suelo y dotar los servicios básicos a aquéllas que se queden fuera de ordenación y estén ocupadas», explica Vázquez, quien recalca que los vecinos no son los únicos responsables de esta situación. «Ha habido mucha permisividad. Durante años, los ayuntamientos se han lavado las manos, han cobrado el IBI y demás impuestos para luego abrir expedientes y ordenar derribos», subraya.

La elección de la Axarquía para dar a conocer el decreto no fue casual. La comarca ha llevado la voz cantante en los últimos años exigiendo soluciones, hasta el punto de que los 31 alcaldes axárquicos han llegado a solicitar reiteradamente la reforma y modificación de la LOUA como vía para la normalización urbanística. El plante ha sido tal que varios regidores están imputados e incluso condenados por dar licencias o haber mirado para otro lado. De momento, 11.025 viviendas son susceptibles de ser legalizadas, aunque en el horizonte aún pueden quedar otras tantas a juicio de los grupos ecologistas.

No son las únicas. En Mijas, la presión vecinal ha ido ‘in crescendo’ en los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento optó por paralizar el envío de multas coercitivas. Esta misma semana se ha dado luz verde a la revisión del PGOU en suelo no urbanizable, lo que conduciría a la regularización de la inmensa mayoría de las 3.000 casas ‘ilegales’ existentes, quedándose al margen las que invaden el dominio público y las zonas de especial protección. «La ley no lo permite en ningún caso», resalta el alcalde mijeño, Antonio Sánchez.

La misma solución es la que plantean en Estepona para los ‘campitos’, como se conocen popularmente los diseminados rurales. En los últimos años se han multiplicado hasta superar las 3.000 construcciones, de las que unas 800 están en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental.

El interior tampoco es ajeno a esta problemática, especialmente en los pueblos regados por el Guadalhorce. Uno de los puntos más calientes es Cártama, donde se han ejecutado varias órdenes de demolición y se han producido manifestaciones de afectados reclamando soluciones para las más de 3.500 edificaciones. Ni siquiera la capital se escapa, con 44 núcleos de población asentados fundamentalmente en Campanillas, Los Montes y Puerto de la Torre en los que cerca de 1.200 casas se han quedado fuera de ordenación en el nuevo PGOU. En Antequera, las estimaciones apuntan a 800, una cifra que se duplicaría si el radio de búsqueda se amplía a toda la comarca.

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La crisis ha tocado techo. Al menos, en los juzgados de Marbella. Tres de cada cuatro litigios presentados en los órganos judiciales de Primera Instancia de la ciudad están directamente relacionados con la morosidad, pero los números registrados en 2010 poco tienen que ver con el incremento de asuntos registrados en los últimos años. Todo lo contrario. Las reclamaciones de cantidad y ejecuciones por impago siguen copando casi el 75 por ciento de las cerca de 16.100 nuevas causas civiles que entraron en los juzgados el pasado año, pero la cifra de litigios de este tipo refleja un ligero descenso respecto al ejercicio anterior por primera vez en el último lustro.

Los juzgados constituyen un fiel reflejo de la realidad económica, cuya frágil situación ha disparado en los últimos años el volumen de asuntos civiles vinculados a la morosidad. Las ejecuciones hipotecarias, uno de los litigios tipo en época de depresión financiera, se multiplicaron alrededor de un 500 por ciento entre 2006 y 2009. Lo mismo ha ocurrido con los pleitos por reclamación de cantidad o las ejecuciones de pólizas bancarias, según los datos del Decanato de Marbella. Los litigios por impago siguen colapsando los órganos judiciales de Primera Instancia. Sin embargo, su crecimiento parece haberse detenido para iniciar un ligera curva descendente.

«Cada año existe más litigiosidad, eso es imparable, pero no puede haber una progresión geométrica continua», explica el juez decano de la ciudad, Ángel Sánchez, que recuerda que «tanto de 2007 a 2008 como de 2008 a 2009 se produjo un incremento brutal» en el número de asuntos ingresados en los juzgados como consecuencia directa de la precaria situación financiera. «La crisis económica y los litigios derivados de la crisis no han desaparecido, pero los números de 2010 sí ofrecen la sensación de que no se ha seguido agravando», destaca el magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella.

Hace cinco años, la cifra de ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles registradas en los órganos judiciales de Marbella ascendía a 140 y su crecimiento ha sido imparable hasta el pasado ejercicio. En 2007, este tipo de asuntos se elevó a 260 y un año después se duplicó hasta alcanzar los 540. En 2009 se registraron 730 ejecuciones de hipoteca.El número de litigios ante el impago de propietarios de viviendas se situó en el año que acaba de concluir en torno a los 700. El primer descenso desde 2006, aunque, eso sí, con un volumen de asuntos que multiplica por cinco los registrados entonces.

Las ejecuciones de pólizas bancarias -de créditos, préstamos o leasing- han experimentado una situación idéntica. Los juzgados de Primera Instancia de Marbella han pasado de tramitar 160 asuntos de este tipo en 2006 a cerca de 700 en 2009. En este caso, la caída en 2010 ha sido significativa. El pasado año se registraron 560 ejecuciones de pólizas bancarias, según los datos del Decanato. También han descendido de manera apreciable los juicios moritorios -por reclamaciones de cantidad-, que en 2010 alcanzaron la cifra de 870 por juzgado, frente al millar del ejercicio anterior.

Cada uno de los siete órganos de Primera Instancia tramitó en 2010 alrededor de 2.300 asuntos nuevos, de los que cerca de 1.700 se correspondieron con pleitos de morosidad. En dicho segmento no se enmarcan los desahucios, aunque constituyen otro de los elementos en el barómetro judicial de la crisis económica. Su progresión no ha sido paralela a los litigios por impago, dado que, aunque pudiera parecer la contrario, no han registrado un incremento desmesurado en los últimos años. Sin embargo, sí coincide su caída a lo largo de 2010, ejercicio en el que se registraron cerca de 60 desahucios frente a los 75 de 2009 y a los 73 de 2008.

Las cifras no dejan lugar a dudas. El volumen de procedimientos judiciales derivados de la crisis alcanzó su máximo histórico en 2009, un registro que no se ha reeditado en los últimos doce meses. Los interrogantes surgen a la hora de descubrir los motivos e interpretar el carácter del descenso de cifras.

Una cuestión «compleja», a juicio del juez decano, que apunta la posibilidad de que la propia crisis haya motivado la reducción de los litigios por morosidad registrada en 2010, al dispararse en los últimos años los procedimientos por impago. Es decir, ha sido tan cuantioso el número de procedimientos de este tipo entre 2007 y 2009 que la evolución no podía mantenerse.

«Aquellos que han ido entrando en morosidad hipotecaria durante los años anteriores ya no han entrado este año y, llevándolo al absurdo, de seguir la misma progresión llegaría un punto en el que ya no habría hipotecas que impagar», indica Sánchez. El magistrado señala además la caída en la concesión de hipotecas por parte de las entidades bancarias y la firma de menos contratos de alquiler como otros de los posibles elementos que hayan incidido en el descenso de ejecuciones hipotecarias y de desahucios durante 2010.

Si tiene un procedimiento judicial en Marbella contacte:

damian@vazquezabogados.es

VAZQUEZ ABOGADOS desea a todos sus clientes y amigos una FELIZ NAVIDAD y un prospero año 2011, donde les seguiremos ayudando a resolver sus problemas legales.

El Diario Sur publica en su portada del dia de hoy una Entrevista a Francisco Damian Vazquez Jimenez, Abogado y Director de VAZQUEZ ABOGADOS, que ha sido incluido en el Canal Juridico de Diario Sur.

Entrevista realizada por Diario Sur:

¿Cuánto tiempo lleva su despacho trabajando en Málaga?

Vázquez Abogados viene prestando asesoramiento jurídico desde el año 1993, por lo que la experiencia acumulada durante todos estos años repercute en un mejor servicio legal y satisfacción para nuestros clientes.

¿Tiene implantación fuera de la provincia?

Vázquez Abogados tiene despacho abierto al público en Málaga y Torremolinos, y atiende toda la provincia de Málaga (Axarquia, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Antequera, Ronda, etc.), desarrollando además nuestra labor como abogados no sólo en Málaga, sino en toda España, Ceuta y Melilla. También ofrecemos asistencia jurídica a extranjeros residentes y no residentes, siendo atendidos en inglés y francés.

¿Qué objetivos se plantean cara al cliente?

Vázquez Abogados tiene como principal objetivo ser sus abogados de confianza, proporcionándoles tranquilidad y ayuda ante sus problemas, ofreciendo a su clientela el mejor servicio legal, y asistiéndoles en todo el proceso (asesoramiento jurídico previo y posterior, presentación de reclamaciones, denuncias y demandas, defensa y asistencia a juicio, etc).

¿En qué se distingue el suyo de otros despachos?

Vázquez Abogados busca la excelencia y diferenciación de otros despachos de abogados, basándose sobre todo en nuestra alta especialización, siendo nuestro objetivo ser el despacho de referencia en aquellos casos y asuntos que los clientes nos demandan. Participamos como conferenciantes en materias jurídicas especializadas, publicamos ponencias y trabajos, y los medios de comunicación habitualmente se hacen eco de nuestros casos de interés y nos solicitan opinión en temas jurídicos, además de tener presencia en Internet desde hace años en temas de actualidad legal en nuestro blog:www.vazquezabogados.es/abogadosmalaga

¿Qué servicios jurídicos prestan? ¿Cuáles son los más demandados actualmente? ¿A quiénes va dirigido mayoritariamente?

Vázquez Abogados presta un servicio jurídico integral y completo, atendiendo consultas, presentando demandas y denuncias, asistiendo a juicios, etc. Estamos especializados en negligencias médicas, accidentes de tráfico, indemnizaciones de daños y perjuicios,  Civil, invalidez penal (asistencia a detenidos), laboral, consumidores, divorcios, vivienda, concursal, multipropiedad….. contando en dichas materias con un equipo de letrados y colaboradores especializados. En esta época de crisis ha aumentado la necesidad de contar con un buen abogado ante cualquier problema que se le pueda presentar a nuestros clientes, apreciando que han aumentado los casos de impagos y reclamaciones de cantidad, concurso de acreedores, desahucios de viviendas, reclamaciones de consumidores, hipotecas, seguros y de reclamaciones relacionadas con viviendas (cooperativas, resoluciones de compraventas por falta de entrega en plazo), despidos y asuntos laborales, accidentes de trafico, etc.

Nuestros servicios jurídicos abarcan a toda la población, y van dirigidos a particulares y empresas, siendo nuestro trato cercano y directo.

¿Utilizan algún sistema de control de calidad?

Vázquez Abogados, en su afán de buscar la excelencia en la prestación de servicios legales, tiene un plan de calidad, cuyo objetivo es la plena satisfacción de nuestros clientes,  siendo su abogado director Francisco Damián Vázquez Jiménez, miembro de la Sección de Gestión de Despachos y Coordinador de la Sección de Consumo del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, estando especializado por tanto en dichas materias.

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías para el contacto con el cliente sobre todo?

Vázquez Abogados desde hace tiempo aplica las nuevas tecnologías en la relación con sus clientes, con un buen posicionamiento y presencia en Internet, pudiendo contactar con facilidad a través de la web del despacho (www.vazquezabogados.es) y su blog (www.vazquezabogados.es/abogadosmalaga), o en el email: damian@vazquezabogados.es, también en Twitter, Facebook, redes sociales y profesionales, Linkedin, Skype, messenger, etc…Podemos decir con toda rotundidad que somos Abogados 2.0.

¿Qué cualidades definen a un buen abogado?

Un buen abogado es aquel que el cliente percibe como merecedor de su confianza, y que le proporcione tranquilidad y seguridad ante cualquier problema, y que conoce perfectamente la Ley para aplicarla en defensa de los intereses de su cliente, con justicia y ética.