Hemeroteca de la sección “Cooperativa Viviendas”
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Vazquez Abogados Las viviendas “han de estar habitables, y no solo terminadas” para que los promotores inmobiliarios cumplan con los contratos de compraventa, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que ha dado la razón a la compradora de una casa a la empresa “Promovimur, S.L.”.
La sala desestima así el recurso presentado por esta empresa contra una resolución de un juzgado de Primera Instancia de Murcia, que en mayo de 2010 declaró resuelto “por incumplimiento de la demandada” el contrato de compraventa firmado en Alcantarilla en abril de 2006 y condenó a ésta a devolver a la adquirente 25.830 euros, más los intereses legales devengados desde el uno de enero de 2009.
El tribunal indica que según el contrato de compraventa, la promotora se comprometía a terminar las obras el 31 de diciembre de 2008, “añadiendo su enunciado que si no se produjese la entrega en la fecha prevista, la compradora podrá resolver el contrato, previo aviso por escrito con quince días”.
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MAC ANTHONY REAL ESTATE COURT Pese a las muchas horas de vuelo acumuladas en el cuerpo y los 3.000 euros gastados en los billetes de avión para él y su mujer, John Andrews no perdía ayer la sonrisa cuando se le preguntaba por qué había decidido volar desde Tailandia, donde reside, hasta Marbella. «Quiero recuperar los 30.000 euros que me han estafado», comentaba a las puertas de los juzgados de la ciudad donde, junto a casi medio centenar de afectados, protagonizaba una pacífica concentración.
Todos acababan de aterrizar procedentes de sus ciudades de origen. La mayoría son británicos e irlandeses que un día decidieron confiar en la oferta que la empresa inmobiliaria MacAnthony les puso sobre la mesa: muebles para sus nuevas viviendas (adquiridas también a través de la misma firma) a precios ventajosos. El sistema parecía sencillo. El cliente adelantaba el dinero y MacAnthony actuaba de intermediario con empresas de muebles radicadas en Bulgaria y Turquía, principalmente. Los problemas comenzaron cuando, pasado el tiempo, el mobiliario no llegaba. Y el dinero adelantado tampoco aparecía.
«Cuando llamé para quejarme, la empresa me amenazó con quitarme la casa y me exigió que le pidiera disculpas», comentó John Andrews, que pretendía amueblar su nueva casa en Cabo Verde. En Marruecos puso sus ojos Michel Norcup, inglesa. Allí compró una vivienda que MacAnthony debía amueblarle por 40.000 euros. «La táctica que empleaban era presionarte para que compraras los muebles antes incluso de que terminaran las obras de la vivienda. Así cogían el dinero cuanto antes», afirma.
El negocio de Darragh
Los afectados ratificaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad la querella presentada por estafa y apropiación indebida contra el propietario de la empresa, Darragh MacAnthony, y otros exdirectivos a los que confiaron la compra de muebles para viviendas ubicadas en diversas partes del mundo como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde, Italia, Francia, y Marruecos, donde la inmobiliaria tenía presencia.
Los afectados les acusan de quedarse con entre 500.000 y 600.000 euros de las cantidades que dieron a cuenta -unos 15.000 euros por cabeza-. Los querellantes aseguran que los responsables de la inmobiliaria han dejado sin bienes a la sociedad, y han cambiado su domicilio social a una ‘oficina fantasma’ en Madrid de la que figura como administrador un hombre de 90 años sin actividad conocida.
Darragh MacAnthony es actualmente propietario de un club de fútbol de la Primera División Inglesa, el Peterborough United, y en agosto pasado puso en marcha un nuevo proyecto consistente en financiar nueva ideas empresariales rechazadas previamente por entidades bancarias.
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El dueño de Aifos se desdice y afirma ahora que sí hubo pagos a Roca
Ruiz Casado responsabiliza a otro directivo de su empresa y dice que él no autorizó ningún abono sin recibos o documentación
Segunda jornada de declaración en el juicio por el ‘caso Malaya’ de Jesús Ruiz Casado, el dueño de la promotora Aifos, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por delitos de cohecho continuado y fraude.
La Fiscalía Anticorrupción vincula a Aifos con el pago de más de 4,8 millones de euros a Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama de corrupción, para obtener favores urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella. El dueño de Aifos negó ayer una y otra vez la existencia de estos pagos y rechazó que su empresa hubiera contratado a Roca como asesor urbanístico, como el mismo Roca declaró ante el juez hace algunos meses.
Pero Ruiz Casado ha cambiado hoy su declaración, solo 24 horas después, y sí ha dicho hoy que pudo haber pagos en metálico al que fuera asesor urbanístico de Marbella. El letrado José Manuel Delgado, en representación de la Junta de Andalucía, preguntó al dueño de Aifos sobre por qué en su propio escrito de defensa hay referencias a pagos a Roca, cuando él lo negó durante toda la jornada de ayer.
Esa contradicción es la que provocó que el acusado se desdijera. Ruiz Casado explicó que en el informe que ha presentado su defensa se ha detectado “un desfase de 135.000 euros” en las cuentas de su empresa, es decir que esta cantidad de dinero está sin justificar. “Por eso no sé si las instrucciones que yo dí se han cumplido perfectamente”, dijo el presidente de Aifos, que admitió que pudo haber un “descontrol”. “¿Reconoce usted que se han entregado cantidades en efectivo a Roca, con el motivo que sea?”, preguntó el abogado de la Junta de Andalucía. “Reconozco, según las conversaciones que he tenido con García Lebrón (otro directivo de Aifos), que entregó alguna cantidad al señor Roca, provenientes de ese descuadre”. Según el dueño de Aifos, este pago se hizo sin recibo ni documentación, pese a que llevan “solicitando los recibos durante bastante tiempo”.
Patrocinios al Ayuntamiento
El dueño de Aifos ha seguido mostrando hoy a su empresa como una víctima de la “presión” que ejercía el Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca, sobre los constructores que tenían intereses en la ciudad. Y pese a admitir que hubo pagos por parte de Javier García Lebrón, responsable en Andalucía de Aifos, el dueño de la constructora sigue asegurando que él solo autorizó pagos al Ayuntamiento de Marbella para patrocinios de “actos sociales, actos benéficos, carnavales, ferias…” para evitar “enfrentamientos” con el Ayuntamiento que habían tenido en otras ocasiones. “Siempre con toda la documentación y facturas de todos los patrocinios”, dice el presidente de Aifos.
“Entonces no sabía que el señor García Lebrón le pagaba cantidades en metálico a Roca. Y él me decía que pensaba que le darían facturas”, concluyó el presidente de Aifos, responsabilizando al director de su empresa en Andalucía de todos los contactos con Roca. García Lebrón, conocido como ‘Kiko’ García y también imputado, declarará en las próximas sesiones del juicio por ‘Malaya’
VAZQUEZ ABOGADOS DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ADQUIRENTES DE VIVIENDAS DE AIFOS
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La Junta aprobará en enero el decreto para regularizar las viviendas ilegales Griñán anuncia para el día 10 el visto bueno del Gobierno al texto que abre la puerta a la legalización de miles de casas en Málaga El próximo martes 10 de enero. Esta es la fecha en la que la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar el decreto que permitirá regularizar las viviendas ilegales construidas en las últimas décadas en el suelo no urbanizable de la comunidad, unos inmuebles que en el caso de la provincia se estiman en unos 50.000 y que en el cómputo de la región podrían superar las 300.000. El anuncio lo hizo ayer el presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, con motivo de su visita a Torrox para participar en la XXX Fiesta de las Migas. A escasos tres meses de las elecciones andaluzas -previstas para el 25 de marzo, aunque ayer Griñán no quiso confirmar esta ni ninguna otra fecha y reiteró que serán «cuando toque»-, en las que el PSOE se juega conservar el único gobierno autonómico que mantiene tras el ‘tsunami’ del PP, el anuncio pone fin a más de siete años de indefinición jurídica, tras la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que vio la luz en 2003 para frenar este tipo de construcciones. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, esta norma ha hecho que decenas de alcaldes acaben imputados por dar licencias irregulares, y algunos de ellos, como los ex regidores de Canillas de Aceituno, La Viñuela, Cómpeta o Canillas de Albaida, entre otros, condenados. El decreto es en la práctica una amnistía, un término que niega la consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, que calificó en marzo pasado, cuando anunció la elaboración del documento, como «un paso para reconocer una realidad que está ahí y a la que hay que de dar respuestas, pero con condiciones».
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VAZQUEZ ABOGADOS RECLAMAMOS DEUDAS A LA ADMINISTRACIÓN. Tfno 952215859. La crisis del ladrillo y la falta de liquidez de las administraciones públicas han dado pie a un binomio fatal para las pequeñas y medianas constructoras de la provincia. Ante el parón del sector inmobiliario, la única vía de subsistencia estaba en la obra pública, pero este clavo ardiendo al que se agarraron para mantenerse a flote también puede ser el que les acabe condenando a la extinción. El desplome generalizado de las inversiones en infraestructuras es algo que veían venir, pero lo que realmente está conduciendo a medio millar de empresas malagueñas al borde de la quiebra son los impagos por los trabajos realizados a cuenta de los organismos públicos. El grifo empezó a cerrarse en 2008. Desde entonces, la deuda de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con las constructoras no ha parado de crecer hasta alcanzar en la actualidad la cifra récord de 327 millones de euros.
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GESEDUMA PLATAFORMA AFECTADOS COOPERATIVAS VIVIENDAS
Vazquez Abogados ha iniciado demandas judiciales contra varias Cooperativas de Viviendas gestionadas por Geseduma, ya que no han procedido a la devolución de las cantidades abonadas en su momento por los compradores de viviendas de dichas cooperativas.
Plataforma Afectados Cooperativas Viviendas contactar Tfno 609610197

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Un promotor de pisos deberá devolver el depósito a cuenta del comprador al que se le negó la hipoteca Incluye la sentencia El Juzgado de Primera Instancia de Logroño ha condenado a la promotora inmobiliaria ‘Levalta, S.A.’ a devolver el depósito a cuenta de un comprador (39.550,01 euros) al que no le concedieron la hipoteca para adquirir la vivienda.
Según la sentencia, el comprador firmó el 6 de octubre de 2006 un contrato de compraventa de una vivienda, trastero y garaje, con la promotora. Por el mismo, el comprador se comprometió a pagar 36.962 euros más IVA, antes de la firma de la escritura, algo que cumplió.
Posteriormente, acordaron el abono de más de 253.374 euros a la firma de escritura, indicando la promotora que se podría subrogar al préstamo hipotecario que tenía suscrito la promotora con Caja Madrid. Al no acudir a la cita con el notario, prevista el 27 de mayo de 2009, la constructora presentó demanda contra el comprador.
Según recoge la sentencia, cuando éste fue a Caja Madrid le fue denegada la hipoteca. Además, señala que “no consta que por la vendedora se hicieran gestiones oportunas para conceder la opción de subrogación, lo que conlleva un palmario incumplimiento de una obligación esencial del contrato, toda vez que en la adquisición de viviendas el elemento financiero ordinariamente es necesario e imprescindible en la generalidad de los supuestos, y la parte compradora sí que acudió a Caja Madrid a solicitar financiación que no le fue concedida, pese a concedérsele tal opción o derecho en el contrato y pretender hacer uso del mismo”.
Por ello, ha absuelto a la parte compradora de la vivienda y resuelve el contrato de compraventa suscrito entre las partes el 6 de octubre de 2006, condenando a la promotora al pago de 39.550,01 euros, la parte entregada en depósito por el comprador. Vazquez Abogados Especialistas en Derecho Inmobiliario y Resolución Contratos Vivienda. Mas info: 952215859
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Vazquez Abogados Tfno 609610197 Cuatro detenidos por una trama de estafas hipotecarias con 400 afectados La Policía ha arrestado en varias ciudades españolas a 16 personas y que ha permitido desarticular una organización que operaba en todo el territorio nacional
La Policía ha detenido en varias ciudades españolas a 16 personas relacionadas con una trama de estafas en contrataciones de hipotecas, créditos e inversiones que ha perjudicado a unas 400 personas y que hubiera reportado a sus integrantes un beneficio de 250.000 euros en un año. Se trata de la operación “M. Drack”, iniciada por el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas el pasado mes de febrero y que ha permitido desarticular una organización que operaba en todo el territorio nacional, según ha informado hoy en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias. La banda realizaba estafas a través de contrataciones de hipotecas, rehipotecas, operaciones de reunificación de deudas y pólizas de crédito e inversiones de alta rentabilidad denominadas “SKR” que nunca se materializaban y por las que cobraba diferentes cantidades de dinero en concepto de tasaciones y gastos de gestión.
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 Vazquez Abogados Malaga Intervencion Programa RTVE
Esta noche se emite en el programa Televisión Española COMANDO ACTUALIDAD un reportaje sobre la situación de los juzgados en España.
Se realiza una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde los reporteros de Comando Actualidad entrevistan al Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez, de VAZQUEZ ABOGADOS, y un grupo de consumidores afectados por Aifos, con una visita al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga. Mas informacion Telefono 952215859.
¿Se ha visto cara a cara con la Justicia?, ¿ha tenido que esperar años para que se resuelva su caso?, ¿cuántas causas es capaz de llevar un juez al mismo tiempo?.
Jueces, fiscales, abogados y presuntos delincuentes acompañan a los reporteros de Comando en un recorrido por juzgados saturados, detenciones inesperadas, juzgados de guardia, la prisión de Valdemoro…
Uno de cada cuatro asuntos judiciales se resuelve en los juzgados de Plaza de Castilla, unas instalaciones donde cada día hacen cola decenas de personas para saldar sus cuentas con la Justicia. En uno sólo de estos juzgados se llevan más de seis mil causas. Su magistrada nos acompaña en un recorrido desde los despachos, donde se amontonan decenas de miles de expedientes en papel, hasta el garaje, que también sirve de almacén y archivo.
La noche es cuando se desarrolla la actividad más intensa en un juzgado de guardia. Sus funcionarios tienen habilitada una pequeña habitación con cama. Fallecimientos, detenciones, denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento… un abogado de oficio nos acompaña por los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla. Los presuntos delincuentes llevan horas esperando para declarar ante el juez.
En Algeciras el grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional se reúne con la fiscal. Se han autorizado las escuchas telefónicas a unos presuntos traficantes de cocaína y a quienes van a recibir el cargamento oculto entre plátanos. Acompañamos a los agentes en el dispositivo que permite encontrar los seiscientos kilos de droga y la detención de los presuntos receptores.
Enlace a la web COMANDO ACTUALIDAD RTVE
Enlace al video con la entrevista a VAZQUEZ ABOGADOS EN COMANDO ACTUALIDAD RTVE
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Cada semana unas treinta familias se ven obligadas a dejar su vivienda por una orden judicial de desahucio en Málaga. Aunque la mayoría de los desalojos se deben al impago de las rentas de alquiler, cada día son más los embargos de los bancos por préstamos hipotecarios no satisfechos. Estos desahucios representa ya más de una tercera parte del total. Durante el primer semestre del año los juzgados del partido judicial de Málaga -que engloba además de la capital a otros quince municipios con una población de más de 600.000 habitantes- recibieron 600 demandas de embargo de viviendas por ejecuciones hipotecarias y casi las mismas (611) que de desahucios por impago de alquileres. Estas elevadas cifras son prácticamente iguales a las registradas durante el mismo periodo del año 2010, lo que confirma que la salida de la crisis económica, la gran culpable de esta situación, no se vislumbra a corto plazo. La velocidad de los embargos sentenciados choca, no obstante, con los limitados recursos humanos para ejecutarlos.El Servicio Común de Actos y Comunicaciones (SCAC), dependiente del Juzgado Decano de la capital que se encarga de realizarlos no tiene hueco ya en la agenda de lanzamientos (desahucios) hasta enero de 2012, según explica su secretaria Pilar Martín. Al SCAC le hacen falta más funcionarios, no solo para los desahucios sino para todas las notificaciones judiciales que generan los órganos judiciales malagueños. La comisión judicial que practica los desalojos está formada por un gestor y un funcionario del cuerpo auxiliar. Está presente también el procurador de la parte demandante y un cerrajero. «Normalmente los desahucios se desarrollan sin incidentes, por lo que no se precisa de intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», añade Martín. Pero el panorama puede cambiar si el Movimiento 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aumentan su presión sobre las viviendas embargadas por los bancos. De momento en apenas un mes, los ‘indignados’ han conseguido aplazar dos desalojos, uno en Rincón de la Victoria y otro en Torre del Mar. La PAH viene reclamando desde hace un año un cambio legal para que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda hipotecaria contraída con él. De momento, la Audiencia Provincial de Navarra ya ha dictado una sentencia en ese sentido. En Málaga, la segunda provincia del país con mayor índice de desempleo, el drama de la pérdida de la vivienda ha golpeado desde finales de 2007 a algo más de cuatro mil familias en la capital. Los juzgados, sin embargo, no han dictado, de momento, ninguna resolución a favor de la dación en pago de la vivienda. «Es posible que se haya presentado alguna demanda en ese sentido, pero la sobrecarga de trabajo puede haber retrasado una valoración de los jueces sobre esta cuestión», aclara el magistrado Joaquín Delgado, presidente en funciones de la Sección 4ª de la Audiencia de Málaga. Vazquez Abogados Malaga Teléfono 952215859
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