MAC ANTHONY REAL ESTATE COURT Pese a las muchas horas de vuelo acumuladas en el cuerpo y los 3.000 euros gastados en los billetes de avión para él y su mujer, John Andrews no perdía ayer la sonrisa cuando se le preguntaba por qué había decidido volar desde Tailandia, donde reside, hasta Marbella. «Quiero recuperar los 30.000 euros que me han estafado», comentaba a las puertas de los juzgados de la ciudad donde, junto a casi medio centenar de afectados, protagonizaba una pacífica concentración.

El dueño de Aifos se desdice y afirma ahora que sí hubo pagos a Roca

Ruiz Casado responsabiliza a otro directivo de su empresa y dice que él no autorizó ningún abono sin recibos o documentación

Segunda jornada de declaración en el juicio por el ‘caso Malaya’ de Jesús Ruiz Casado, el dueño de la promotora Aifos, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por delitos de cohecho continuado y fraude.

Vazquez Abogados Malaga Intervencion Programa RTVE

Esta noche se emite en el programa Televisión Española COMANDO ACTUALIDAD un reportaje sobre la situación de los juzgados en España.

Se realiza una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde los reporteros de Comando Actualidad entrevistan al Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez, de VAZQUEZ ABOGADOS, y un grupo de consumidores afectados por Aifos, con una visita al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga. Mas informacion Telefono 952215859.

¿Se ha visto cara a cara con la Justicia?, ¿ha tenido que esperar años para que se resuelva su caso?, ¿cuántas causas es capaz de llevar un juez al mismo tiempo?.

Jueces, fiscales, abogados y presuntos delincuentes acompañan a los reporteros de Comando en un recorrido por juzgados saturados, detenciones inesperadas, juzgados de guardia, la prisión de Valdemoro…

Uno de cada cuatro asuntos judiciales se resuelve en los juzgados de Plaza de Castilla, unas instalaciones donde cada día hacen cola decenas de personas para saldar sus cuentas con la Justicia. En uno sólo de estos juzgados se llevan más de seis mil causas. Su magistrada nos acompaña en un recorrido desde los despachos, donde se amontonan decenas de miles de expedientes en papel, hasta el garaje, que también sirve de almacén y archivo.

La noche es cuando se desarrolla la actividad más intensa en un juzgado de guardia. Sus funcionarios tienen habilitada una pequeña habitación con cama. Fallecimientos, detenciones, denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento… un abogado de oficio nos acompaña por los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla. Los presuntos delincuentes llevan horas esperando para declarar ante el juez.

En Algeciras el grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional se reúne con la fiscal. Se han autorizado las escuchas telefónicas a unos presuntos traficantes de cocaína y a quienes van a recibir el cargamento oculto entre plátanos. Acompañamos a los agentes en el dispositivo que permite encontrar los seiscientos kilos de droga y la detención de los presuntos receptores.

Enlace a la web COMANDO ACTUALIDAD RTVE

Enlace al video con la entrevista a VAZQUEZ ABOGADOS EN COMANDO ACTUALIDAD RTVE

AIFOS CONCURSO VAZQUEZ ABOGADOS TFNO 609610197
www.vazquezabogados.es representa a mas de 40 familias afectadas por el concurso de Aifos y en procedimientos penales para intentar recuperar el dinero abonado a Aifos.

AIFOS INMOBILIARIA CONCURSO ACREEDORES

Cuando Antonio y Erika firmaron en 2003 el contrato de compraventa del dúplex de la promoción Cortijo de Torreblanca (Fuengirola) en el que pretendían formar una familia jamás habrían imaginado que lo que empezó como un sueño acabaría convirtiéndose en su peor pesadilla. Esta pareja respondió religiosamente con los pagos a cuenta hasta desembolsar los 52.000 euros estipulados, pero la promotora Aifos jamás cumplió con su parte. Ocho años después, estos jóvenes han conseguido crear una familia, pero ni han recibido la vivienda ni le han devuelto su dinero. «Nos costó mucho esfuerzo pagar y ahora estamos sin casa y sin dinero, y encima pagando 240.000 euros por otro piso que tuvimos que comprar cuando el primero costaba la mitad», afirma Erika, quien pese a las dificultades y el paso del tiempo, se niega a perder la esperanza de recuperar lo que es suyo. Ésta es una de las historias que se esconden detrás del tormentoso declive de la promotora Aifos, que arrancó con la imputación de su propietario, Jesús Ruiz Casado, en el ‘caso Malaya’, se agravó con la crisis del ladrillo y desembocó en julio de 2009 en un concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de la compañía de hacer frente a los casi 900 millones que adeudaba a bancos, proveedores y clientes.
Dos años después, el horizonte se presenta igual de incierto para las 6.234 personas físicas y jurídicas que figuran en la lista provisional de acreedores de la que es, con diferencia, la mayor suspensión de pagos de una empresa andaluza. Esas son las credenciales de un proceso concursal que ha contribuido sobramanera al colapso del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que tiene el dudoso honor de ser el más saturado del país (solo en los primeros cinco meses de 2011 ha registrado medio millar de asuntos cuando el máximo recomendado para todo el año es de 350) y que además también lleva otros ‘macroprocesos’ como los de Evemarina, Aurigacrown y Borca 2000. «Nos han llegado muchos asuntos que destacan por su complejidad y su conflictividad, pero sin duda el de Aifos es el que más trabajo está generando al juzgado por el elevado número de acreedores», reconoce el magistrado Antonio Fuentes. Aun así, el titular del juzgado de lo Mercantil confía en tener resueltas a lo largo de 2012 las cerca de 700 incidencias presentadas contra el informe provisional de la administración concursal, incluidas las de la propia compañía.
La consecuencia de este volumen de trabajo es que hasta dentro de dos años no se conocerá el informe definitivo de los administradores, documento que recogerá con exactitud el alcance del concurso, aunque no se esperan grandes diferencias con respecto al provisional emitido en febrero de 2010 y que en sus 2.211 páginas contabiliza 6.234 acreedores y deudas por valor de 884.148,82 euros, excluidas las cantidades entregadas a cuenta por los miles de compradores de viviendas que se han personado en el proceso para tratar de recuperar su dinero.
Acuerdo o liquidación
Una vez esté listo el análisis final, el procedimiento avanzará a mayor ritmo, puesto que la Ley Concursal establece un plazo de 40 días para la presentación de un convenio entre empresa y acreedores en el que se establezca un calendario de pagos o una solución similar que satisfaga a los afectados y garantice la viabilidad de la compañía. Si no hay acuerdo, Aifos quedará condenada a la liquidación, de forma que el dinero que se obtenga por la venta de sus bienes se destinará a saldar la deuda con los acreedores, que irán cobrando en orden de prioridad hasta que se agoten los fondos. Los que más posibilidades tendrían serían los créditos privilegiados, entre los que se encuentran los de entidades financieras, Hacienda, Seguridad Social, comunidades de propietarios y la plantilla sumando un total de 643 ,7 millones. Si quedara dinero disponible, pasarían a abonarse los 189,4 millones adeudados a acreedores ordinarios (empresas proveedoras, entre otros), quedando en el último escalafón los catalogados como subordinados, con un montante de 50,9 millones y que incluye a las personas y empresas relacionadas con la sociedad, los intereses y las comunicaciones tardías de crédito.

Cada semana unas treinta familias se ven obligadas a dejar su vivienda por una orden judicial de desahucio en Málaga. Aunque la mayoría de los desalojos se deben al impago de las rentas de alquiler, cada día son más los embargos de los bancos por préstamos hipotecarios no satisfechos. Estos desahucios representa ya más de una tercera parte del total.
Durante el primer semestre del año los juzgados del partido judicial de Málaga -que engloba además de la capital a otros quince municipios con una población de más de 600.000 habitantes- recibieron 600 demandas de embargo de viviendas por ejecuciones hipotecarias y casi las mismas (611) que de desahucios por impago de alquileres. Estas elevadas cifras son prácticamente iguales a las registradas durante el mismo periodo del año 2010, lo que confirma que la salida de la crisis económica, la gran culpable de esta situación, no se vislumbra a corto plazo.
La velocidad de los embargos sentenciados choca, no obstante, con los limitados recursos humanos para ejecutarlos.El Servicio Común de Actos y Comunicaciones (SCAC), dependiente del Juzgado Decano de la capital que se encarga de realizarlos no tiene hueco ya en la agenda de lanzamientos (desahucios) hasta enero de 2012, según explica su secretaria Pilar Martín. Al SCAC le hacen falta más funcionarios, no solo para los desahucios sino para todas las notificaciones judiciales que generan los órganos judiciales malagueños.
La comisión judicial que practica los desalojos está formada por un gestor y un funcionario del cuerpo auxiliar. Está presente también el procurador de la parte demandante y un cerrajero. «Normalmente los desahucios se desarrollan sin incidentes, por lo que no se precisa de intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», añade Martín.
Pero el panorama puede cambiar si el Movimiento 15-M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aumentan su presión sobre las viviendas embargadas por los bancos. De momento en apenas un mes, los ‘indignados’ han conseguido aplazar dos desalojos, uno en Rincón de la Victoria y otro en Torre del Mar.
La PAH viene reclamando desde hace un año un cambio legal para que la entrega de la vivienda al banco salde la deuda hipotecaria contraída con él. De momento, la Audiencia Provincial de Navarra ya ha dictado una sentencia en ese sentido.
En Málaga, la segunda provincia del país con mayor índice de desempleo, el drama de la pérdida de la vivienda ha golpeado desde finales de 2007 a algo más de cuatro mil familias en la capital. Los juzgados, sin embargo, no han dictado, de momento, ninguna resolución a favor de la dación en pago de la vivienda. «Es posible que se haya presentado alguna demanda en ese sentido, pero la sobrecarga de trabajo puede haber retrasado una valoración de los jueces sobre esta cuestión», aclara el magistrado Joaquín Delgado, presidente en funciones de la Sección 4ª de la Audiencia de Málaga.
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30-05-11 El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha declarado en concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos, a la empresa láctea Clesa, con un ‘agujero’ patrimonial superior a los 800 millones de euros, y ha decidido apartar de la gestión a la familia Ruiz Mateos, que adquirió esta compañía a Parmalat en 2007.

Según el auto, el juez ha acordado la suspensión de las facultades de administración y disposición del patrimonio a los Ruiz Mateos, ya queconsidera que han adoptado decisiones empresariales “perjudiciales” para el patrimonio de la concursada, incrementando cada año el importe del pasivo.

De la documentación aportada se deduce que el pasivo inicial asciende a 1.112,36 millones de euros, lo que convierte este concurso en el mayor tramitado hasta el momento en el sector alimentario, frente a un activo inicial de 304,76 millones de euros.

De esta forma, según se desprende del auto, el desfase patrimonial de Clesa se sitúa en 807,6 millones de euros, una cifra que podría variar en función del informe de la administración concursal. Los datos iniciales indican que los activos cubren solo la cuarta parte de la deuda.

Asimismo, el juez considera que la situación financiera se ha visto agravada por la existencia de numerosas operaciones de afianzamiento a favor de empresas ajenas a la concursada y sin más vínculos entre ellas, salvo en los escasos supuestos de participaciones directas mayoritarias, que las personales o familiares entre sus directivos, llegando a multiplicar por cuatro el pasivo de explotación ordinaria de Clesa.

El juez justifica asimismo su decisión de apartar a la familia Ruiz Mateosde la gestión de Clesa, al estimar que la protección de los intereses de las masas, la protección y conservación de los bienes y derechos durante la sustanciación del concurso hace aconsejable esta medida.

El concurso de acreedores, que había sido presentado en primera instancia en la localidad gallega de Pontevedra para pasar posteriormente a la capital y someterse a un proceso de subsanación, entra en vigor desde este lunes tras el auto publicado por el juez.

630 empleados afectados

Actualmente, la compañía tiene en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que afecta a unos 630 trabajadores, incluidos los de Helados Royne (marca comercial de Clesa).

Los acreedores de Clesa tienen un mes para comunicar la existencia de sus créditos a contar desde la última publicación de los anuncios de declaración del concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el tablón de anuncios del juzgado y el Registro Público Concursal. La administración concurasl realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores.

Hasta el momento, además de Clesa, la familia Ruiz-Mateos ha sido apartada de la gestión de Grupo Dhul, Carcesa, Hibramer y Quesería Menorquina y, en esta última, la administración concursal ha acordado la venta a directivos y trabajadores.

En Cacaolat, Elgorriaga, Complejo Bodeguero Bellavista (Garvey), Bodegas Valdivia, Zoilo Ruiz-Mateos, Bodegas Teresa Rivero, Unión de Grandes Bodegas y Helados Dhul, la compañía mantiene sus facultades de gestión y administración de su patrimonio.

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La familia Sánchez Ramade, que a través de su sociedad Compañía Meridional de Inversiones controla uno de los mayores conglomerados empresariales de Andalucía, ha solicitado amparo concursal para Urende, la cadena de tiendas de electrodomésticos. La medida, confirmada ayer por la compañía a este diario, supone que la empresa dispone ahora de tres meses, ampliable a cuatro, para negociar un convenio con sus acreedores una vez reconocida su situación de insolvencia.
La petición de acogerse al punto 5.3 de la Ley Concursal se produce poco más de un año después de que Sánchez Ramade lograra un préstamo de 12 millones entregado por la Junta de Andalucía a la empresa. El préstamo fue otorgado el 2 de marzo de 2010 por el Soprean (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía), la institución que entrega los préstamos del programa Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) en teoría destinado para empresas de pequeño tamaño.

La portavoz de Sánchez Ramade explicó ayer que el préstamo de 12 millones, que vencía en enero de este año, ya ha sido devuelto. Este diario ha tratado en los dos últimos días de que el Soprean ampliara la información al respecto y argumentara el préstamo otorgado, pero no ha sido posible.
De acuerdo a las cuentas presentadas por el Soprean, el organismo entregó los 12 millones a Urende a pesar de que en diciembre de 2009 la institución dependiente de la Junta de Andalucía tenía un fondo de maniobra negativo de 21,9 millones de euros.
Urende era la última de las empresas conocidas de Sánchez Ramade en evitar la insolvencia. Las sociedades dependientes de su rama inmobiliaria y de construcción, Noriega, se encuentran en concurso de acreedores, el mayor proceso concursal de un grupo andaluz. La familia también ha vendido en los últimos meses Diasa y Diasoft, de informática, y Cinesur, una de las principales cadenas nacionales de salas de cines.
De acuerdo a las últimas cuentas depositadas por Urende en el Registro Mercantil, del ejercicio 2009, aprobadas en septiembre de 2010, la cadena de tiendas de electrodomésticos perdió ese año 56,9 millones. Urende registró deuda con empresas del grupo a largo plazo de 132,5 millones; la deuda con proveedores a corto plazo ascendía a 69 millones.
Investigación de Hacienda
Compañía Meridional de Inversiones, la sociedad matriz de los negocios de la familia Sánchez Ramade, explica en sus cuentas de 2009 que la Agencia Tributaria inició actuaciones de investigación sobre Noriega en 2008.
La compañía admite que “existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse de dicha inspección”. Ernst & Young, auditor de la empresa, apunta en su auditoría que el grupo no ha provisionado cantidad alguna al respecto.

Vazquez Abogados como especialistas en reclamaciones de daños y perjuicios, por accidentes de trafico, caidas, negligencias medicas, accidentes laborales, Gran Invalidez, estando siempre en el lado de la parte mas debil: LA VICTIMA, para ayudarles en su defensa, se ha asociado como miembro fundador y perteneciente a la Junta Directiva, a ADEVI, Asociación de Abogados Victimas de Responsabilidad Civil, en su empeño por seguir mejorando nuestro servicio y atención a nuestros clientes y victimas en estos casos.

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Vazquez lawyers malaga marbella contact phone (+34) 952215859 clients escape legal action by the bank when it comes to mortgage default. Not even property owners who hand over their keys to the bank and return to their home countries, victims of the financial situation in Spain and with no family or social resources here to fall back on. But the banks have all the time in the world and the law does not prevent them from following up a legal judgement in another country.
In no more than three years the number of mortgage foreclosures in Spain (the final legal step to repossess a property in the case of default) has almost multiplied by four, reaching 93,622 cases in 2010, according to statistics from the CGPJ (General Council for the Judiciary). “The majority involve foreign citizens” maintain sources, both from the association for those affected by property seizure and auction, AFES, and from certain financial institutions that have dealt significantly with foreign property buyers during the boom years.

“When the time comes for the foreclosure on the mortgage to be finalised, they go back to their home countries”, explain AFES sources who warn families in this situation that this is “not a solution in the long term”.
This is because when a court has authorised the foreclosure, the bank or savings bank “has the action in personam which is recognised regardless of the country you are in”, state judicial sources. This means that legally speaking the banks can chase their former clients wherever they are in the world.
The legal concept of “recognition and enforcement of foreign court orders” allows a sentence delivered in Spain to be recognised in different countries such as Ecuador or Romania, where many of Spain’s foreign residents come from. It is necessary to wait until the legal system in these countries recognises the Spanish sentence “depending on Spain’s agreement with each country”, continue the judicial sources.
In the case of citizens from EU countries, this process is easier and faster, say the sources, thanks to the EU regulation 44/2001 which states that judgements given in EU countries are to be recognised without special proceedings.
Sources from a savings bank admit that it is costly enough to chase up a debt in Spain, and so “the idea can end up being abandoned when there are thousands of kilometres involved”. However AFES warns that “banks have all the time in the world to enforce a sentence”.
The main problem Spanish banks face is that their debtors could live in countries, such as the United States, that recognise the concept of ‘deed in lieu of foreclosure’, where the debt is considered cleared when the property is handed over. In these cases the Spanish law ought to be applied, although on US territory the American legal system does not have to recognise a judgement that goes against US law in this type of case.