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www.vazquezabogados.es representa a mas de 40 familias afectadas por el concurso de Aifos y en procedimientos penales para intentar recuperar el dinero abonado a Aifos.

AIFOS INMOBILIARIA CONCURSO ACREEDORES

Cuando Antonio y Erika firmaron en 2003 el contrato de compraventa del dúplex de la promoción Cortijo de Torreblanca (Fuengirola) en el que pretendían formar una familia jamás habrían imaginado que lo que empezó como un sueño acabaría convirtiéndose en su peor pesadilla. Esta pareja respondió religiosamente con los pagos a cuenta hasta desembolsar los 52.000 euros estipulados, pero la promotora Aifos jamás cumplió con su parte. Ocho años después, estos jóvenes han conseguido crear una familia, pero ni han recibido la vivienda ni le han devuelto su dinero. «Nos costó mucho esfuerzo pagar y ahora estamos sin casa y sin dinero, y encima pagando 240.000 euros por otro piso que tuvimos que comprar cuando el primero costaba la mitad», afirma Erika, quien pese a las dificultades y el paso del tiempo, se niega a perder la esperanza de recuperar lo que es suyo. Ésta es una de las historias que se esconden detrás del tormentoso declive de la promotora Aifos, que arrancó con la imputación de su propietario, Jesús Ruiz Casado, en el ‘caso Malaya’, se agravó con la crisis del ladrillo y desembocó en julio de 2009 en un concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de la compañía de hacer frente a los casi 900 millones que adeudaba a bancos, proveedores y clientes.
Dos años después, el horizonte se presenta igual de incierto para las 6.234 personas físicas y jurídicas que figuran en la lista provisional de acreedores de la que es, con diferencia, la mayor suspensión de pagos de una empresa andaluza. Esas son las credenciales de un proceso concursal que ha contribuido sobramanera al colapso del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que tiene el dudoso honor de ser el más saturado del país (solo en los primeros cinco meses de 2011 ha registrado medio millar de asuntos cuando el máximo recomendado para todo el año es de 350) y que además también lleva otros ‘macroprocesos’ como los de Evemarina, Aurigacrown y Borca 2000. «Nos han llegado muchos asuntos que destacan por su complejidad y su conflictividad, pero sin duda el de Aifos es el que más trabajo está generando al juzgado por el elevado número de acreedores», reconoce el magistrado Antonio Fuentes. Aun así, el titular del juzgado de lo Mercantil confía en tener resueltas a lo largo de 2012 las cerca de 700 incidencias presentadas contra el informe provisional de la administración concursal, incluidas las de la propia compañía.
La consecuencia de este volumen de trabajo es que hasta dentro de dos años no se conocerá el informe definitivo de los administradores, documento que recogerá con exactitud el alcance del concurso, aunque no se esperan grandes diferencias con respecto al provisional emitido en febrero de 2010 y que en sus 2.211 páginas contabiliza 6.234 acreedores y deudas por valor de 884.148,82 euros, excluidas las cantidades entregadas a cuenta por los miles de compradores de viviendas que se han personado en el proceso para tratar de recuperar su dinero.
Acuerdo o liquidación
Una vez esté listo el análisis final, el procedimiento avanzará a mayor ritmo, puesto que la Ley Concursal establece un plazo de 40 días para la presentación de un convenio entre empresa y acreedores en el que se establezca un calendario de pagos o una solución similar que satisfaga a los afectados y garantice la viabilidad de la compañía. Si no hay acuerdo, Aifos quedará condenada a la liquidación, de forma que el dinero que se obtenga por la venta de sus bienes se destinará a saldar la deuda con los acreedores, que irán cobrando en orden de prioridad hasta que se agoten los fondos. Los que más posibilidades tendrían serían los créditos privilegiados, entre los que se encuentran los de entidades financieras, Hacienda, Seguridad Social, comunidades de propietarios y la plantilla sumando un total de 643 ,7 millones. Si quedara dinero disponible, pasarían a abonarse los 189,4 millones adeudados a acreedores ordinarios (empresas proveedoras, entre otros), quedando en el último escalafón los catalogados como subordinados, con un montante de 50,9 millones y que incluye a las personas y empresas relacionadas con la sociedad, los intereses y las comunicaciones tardías de crédito.

Damian Vazquez, participo en el programa de televisión Onda Azul, tratando casos de consumo, como abogado experto en la materia.

El Derecho de Consumo, en el programa “Abogados de Málaga” de Onda Azul TV

El Derecho de Consumo es el tema elegido para abordar el próximo martes 28 de junio a partir de las 21,35 horas en el programa “Abogados de Málaga” de Onda Azul TV.
En la tertulia participan los letrados María Huelin, Susana Ranea, Francisco Damián Vázquez y Alfredo Martínez.
Conducido por el periodista Santiago Souvirón, el espacio pretende dar a conocer la figura del profesional del Derecho y su relación con la sociedad malagueña. En formato tertulia y durante unos 30 minutos, cuatro abogados departirán sobre los principales campos del Derecho el cuarto martes de cada mes.
El programa de Consumo podrá verse también en diferido el jueves 30 a las 11 horas y el domingo 3 de julio a las 20 horas.

Vazquez Abogados como especialistas en reclamaciones de daños y perjuicios, por accidentes de trafico, caidas, negligencias medicas, accidentes laborales, Gran Invalidez, estando siempre en el lado de la parte mas debil: LA VICTIMA, para ayudarles en su defensa, se ha asociado como miembro fundador y perteneciente a la Junta Directiva, a ADEVI, Asociación de Abogados Victimas de Responsabilidad Civil, en su empeño por seguir mejorando nuestro servicio y atención a nuestros clientes y victimas en estos casos.

Vazquez lawyers malaga marbella contact phone (+34) 952215859 clients escape legal action by the bank when it comes to mortgage default. Not even property owners who hand over their keys to the bank and return to their home countries, victims of the financial situation in Spain and with no family or social resources here to fall back on. But the banks have all the time in the world and the law does not prevent them from following up a legal judgement in another country.
In no more than three years the number of mortgage foreclosures in Spain (the final legal step to repossess a property in the case of default) has almost multiplied by four, reaching 93,622 cases in 2010, according to statistics from the CGPJ (General Council for the Judiciary). “The majority involve foreign citizens” maintain sources, both from the association for those affected by property seizure and auction, AFES, and from certain financial institutions that have dealt significantly with foreign property buyers during the boom years.
(más…)

Vázquez Abogados en su afán de formación continua y especialización en beneficio de sus clientes esta asistiendo al Congreso de abogados especializados en Responsabilidad civil que se esta celebrando en estos momentos en Cordoba.
Programa Congreso Abogados Responsabilidad Civil y Seguro

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Como responsable de la Sección de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga difundimos el programa de unas Jornadas sobre reclamaciones de viviendas a celebrar el proximo dia 12 de Mayo de 2011.

Damian Vazquez. Socio Director de www.VAZQUEZABOGADOS.es

Jornada de Formación de la Sección de Consumo: El abogado ante las reclamaciones relacionadas con la vivienda

Jornada de la Sección de Consumo. Los abogados ante las reclamaciones relacionadas con la vivienda

La Sección de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga, organiza una Jornada dedicada a las reclamaciones relacionadas con la vivienda, siendo una de las cuestiones que con más asiduidad solicitan consejo y ayuda a los clientes con problemas a los Abogados. Por ello al ser conscientes de la necesidad del Abogado de estar al día en este campo, se ha organizado dicha jornada con una visión jurisprudencial y práctica para mejorar nuestra formación. En esta época de crisis ha aumentado la litigiosidad respecto a los concursos de acreedores de promotoras de viviendas que han dejado en la estacada a numerosos compradores de viviendas, y también desde el punto de vista civil y penal, con incumplimientos contractuales, retrasos de entrega de viviendas, estafas, etc. Igualmente los problemas derivados de los defectos de construcción están a la orden del día.

Jueves 12 de Mayo

PROGRAMA

10:30 h. El abogado ante los vicios y defectos de construcción.

Ponente: D. Javier Herrera Llamas. Abogado.

11:30 h. Pausa-Café.

12:00 h. La acción penal ante el grave incumplimiento del promotor en la construcción de viviendas. La dificultad para acreditar el ilícito penal por el principio de intervención mínima. Diferencias del tipo agravado de apropiación indebida y de estafa. Criterio de la Jurisprudencia.

Ponente: D. Daniel García Prieto.Abogado.

16:30 h. El comprador de vivienda ante el concurso de promotoras.

Ponente: D. Antonio Fuentes Bujalance. Titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Málaga.

17:30 h. Pausa.

18:00 h. Derechos de los consumidores en la compraventa de viviendas. Consecuencias de la falta de entrega. Cumplimiento o resolución del contrato. Casos prácticos.

Ponente: Dña- María Isabel Gómez Bermúdez. Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Málaga.

La Fiscalía potenciará la sección civil creando una nueva especialización dentro de este área, dedicada especialmente a la atención de las quejas y los problemas jurídicos de los consumidores y usuarios, según ha informado el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales.

Morales ha explicado, en una entrevista con Europa Press, que se centrará en la protección de los derechos de lo consumidores y usuarios de forma que se iniciarán los trámites incoando diligencias de investigación en la Fiscalía, que, según los casos, “se remitirán a los correspondientes juzgados para continuar la investigación”.

Ha explicado que esta especialización se estructurará a nivel nacional, aunque en el ámbito provincial están previstos encuentros con los responsables de la Junta de Andalucía con competencia, fundamentalmente Sanidad, aunque, según ha señalado, “también con Turismo por la competencia en cuanto a la organización de viajes”.

Ha manifestado que esta especialización se enmarca dentro del área de civil, en concreto en la relacionada con la protección de víctimas, que cuenta con un fiscal encargado, al tiempo que ha indicado que se establecerán reuniones periódicas con responsables de asociaciones relacionadas con esta materia.

La Fiscalía General del Estado dictó a finales del pasado año una circular en la que se concluía que el ministerio fiscal está legitimado por diferentes legislaciones y normativas en materia de consumo para “tomar la iniciativa en el ejercicio de la acción colectiva de cesación”.

Asimismo, en dicho escrito se precisa que el ministerio público podrá personarse y ser parte en defensa del interés social en determinados procedimientos colectivos. Además, se determina que en las fiscalías cuyo volumen de trabajo los justifique, se designará un fiscal.

Éste realizará tareas de coordinación de las diligencias informativas y los procedimientos judiciales de esta naturaleza en el ámbito civil, “a fin de facilitar su registro y el seguimiento de las intervenciones del ministerio público y de las resoluciones que los órganos judiciales adopten en los procedimientos”.

CAMBIOS EN LA FISCALÍA

En opinión del fiscal jefe, “los grandes cambios” para la Fiscalía “ya se han producido” con la creación de especialidades. Así, ha afirmado que a las que ya existían, como siniestralidad laboral, medio ambiente o drogas, se han unido otras como la de delitos tecnológicos, seguridad vial y protección de víctimas.

Ha precisado que “como se van ampliando los campos de especialización, en una sociedad tan global como ahora, en la que no sólo los cambios sociales sino sus consecuencias económicas, jurídicas, sociales, van en constante evolución, se necesita una adaptación constante”.

Como ejemplo, el responsable de la Fiscalía malagueña ha puesto las nuevas tecnologías, “porque una parte importante de la economía, del comercio y también ya de los trámites jurídicos se realizan de esta forma”, por lo que ha considerado que “es una materia en la que tenemos que estar atentos”.
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Vazquez Abogados Malaga Especialistas Derecho de Familia
Se acabo vivir de papa.
Demandó a sus padres porque éstos se negaban a darle dinero, aunque le mantenían y le pagaban la letra del coche
Un juez ordena a un joven ‘ni-ni’ de 25 años a abandonar el domicilio paterno

Un juez de Málaga ha dado un plazo de un mes a un joven de 25 años para abandonar el domicilio de sus padres a los que demandó porque se negaban a darle dinero, aunque le mantenían y le estaban pagando la letra del coche. La sentencia del Juzgado de Familia número 5 considera que el chico puede vivir por su cuenta, ya que tiene edad suficiente para trabajar y además posee conocimientos y habilidades en un sector tan especializado como la inversión en bolsa. No obstante, para no provocarle «una situación repentina de inasistencia», acuerda que los padres les abonen una pensión temporal de 200 euros mensuales durante dos años.
Rafael (nombre ficticio del joven) tiene 25 años. No trabaja y está matriculado en la Facultad de Derecho, aunque con un expediente académico deficiente, ya que solo tiene aprobadas tres asignaturas de toda la carrera. En definitiva, da el perfil de lo que se ha llamado generación ‘ni-ni’, jóvenes mayores de edad que viven con sus padres y que ni estudian ni tienen un empleo.
Además, la convivencia familiar era ya insostenible por el alto grado de tensión y conflictividad que había alcanzado. En este ambiente de hostilidad llegó un momento en que los progenitores se negaron a entregar el dinero que les exigía su hijo. La reacción de éste no se hizo esperar. El joven presentó una demanda en el juzgado en la que exigía a sus padres que le pagaran 400 euros mensuales además de seguir viviendo en el domicilio.
Los padres declararon ante el juez que el chico les maltrataba psicológicamente y les insultaba, lo que en la sentencia se considera acreditado por la declaración de otro hijo. Los progenitores explicaron que el joven no trabajaba, que con 25 años estaba todavía en primer curso de Derecho y que solo había aprobado tres asignaturas. Además, le habían venido manteniendo durante todo este tiempo e incluso le habían comprado un coche por el que estaban pagando 235 euros al mes.
Pensión de 200 euros al mes
Dado que el ambiente ya era muy conflictivo, pidieron al juez que obligara a Rafael a dejar el domicilio, ya que consideraban que podía vivir por su cuenta, argumentando que, incluso, tenía conocimientos en el sector bursátil, al que se había dedicado en alguna ocasión realizando operaciones a corto plazo. No obstante, los progenitores, con tal de acabar con esa situación, mostraron su voluntad de abonarle una pensión temporal de 200 euros durante dos años a su hijo.
El juez ha desestimado las pretensiones de Rafael, al que reprocha su mala conducta y la falta de respeto a sus padres provocando «una convivencia insostenible que no están obligados a soportar». Igualmente la sentencia califica de «inconsistentes» las excusas dadas por el joven para tratar de justificar su deficiente expediente académico alegando que el retraso se debía que sus padres no le habían pagado la matrícula «algún año», excusa que el juez considera «hiriente» teniendo en cuenta el nivel económico de los progenitores, que «son dos trabajadores sin cualificación».
Por todo ello, el magistrado declara el cese de la obligación de alimentos de los padres para con su hijo y le comunica a éste que tiene un plazo de 30 días para recoger todos su efectos personales y abandonar el hogar familiar.
No obstante, atendiendo a la propuesta de los progenitores y para no generar en Rafael «una situación de repentina de inasistencia», acuerda que le abonen temporalmente una pensión de doscientos euros al mes durante dos años. Diario Sur