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El dueño de Aifos se desdice y afirma ahora que sí hubo pagos a Roca

Ruiz Casado responsabiliza a otro directivo de su empresa y dice que él no autorizó ningún abono sin recibos o documentación

Segunda jornada de declaración en el juicio por el ‘caso Malaya’ de Jesús Ruiz Casado, el dueño de la promotora Aifos, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por delitos de cohecho continuado y fraude.

Un promotor de pisos deberá devolver el depósito a cuenta del comprador al que se le negó la hipoteca
Incluye la sentencia
El Juzgado de Primera Instancia de Logroño ha condenado a la promotora inmobiliaria ‘Levalta, S.A.’ a devolver el depósito a cuenta de un comprador (39.550,01 euros) al que no le concedieron la hipoteca para adquirir la vivienda.

Según la sentencia, el comprador firmó el 6 de octubre de 2006 un contrato de compraventa de una vivienda, trastero y garaje, con la promotora. Por el mismo, el comprador se comprometió a pagar 36.962 euros más IVA, antes de la firma de la escritura, algo que cumplió.

Posteriormente, acordaron el abono de más de 253.374 euros a la firma de escritura, indicando la promotora que se podría subrogar al préstamo hipotecario que tenía suscrito la promotora con Caja Madrid. Al no acudir a la cita con el notario, prevista el 27 de mayo de 2009, la constructora presentó demanda contra el comprador.

Según recoge la sentencia, cuando éste fue a Caja Madrid le fue denegada la hipoteca. Además, señala que “no consta que por la vendedora se hicieran gestiones oportunas para conceder la opción de subrogación, lo que conlleva un palmario incumplimiento de una obligación esencial del contrato, toda vez que en la adquisición de viviendas el elemento financiero ordinariamente es necesario e imprescindible en la generalidad de los supuestos, y la parte compradora sí que acudió a Caja Madrid a solicitar financiación que no le fue concedida, pese a concedérsele tal opción o derecho en el contrato y pretender hacer uso del mismo”.

Por ello, ha absuelto a la parte compradora de la vivienda y resuelve el contrato de compraventa suscrito entre las partes el 6 de octubre de 2006, condenando a la promotora al pago de 39.550,01 euros, la parte entregada en depósito por el comprador.
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Vazquez Abogados Malaga Intervencion Programa RTVE

Esta noche se emite en el programa Televisión Española COMANDO ACTUALIDAD un reportaje sobre la situación de los juzgados en España.

Se realiza una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde los reporteros de Comando Actualidad entrevistan al Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez, de VAZQUEZ ABOGADOS, y un grupo de consumidores afectados por Aifos, con una visita al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga. Mas informacion Telefono 952215859.

¿Se ha visto cara a cara con la Justicia?, ¿ha tenido que esperar años para que se resuelva su caso?, ¿cuántas causas es capaz de llevar un juez al mismo tiempo?.

Jueces, fiscales, abogados y presuntos delincuentes acompañan a los reporteros de Comando en un recorrido por juzgados saturados, detenciones inesperadas, juzgados de guardia, la prisión de Valdemoro…

Uno de cada cuatro asuntos judiciales se resuelve en los juzgados de Plaza de Castilla, unas instalaciones donde cada día hacen cola decenas de personas para saldar sus cuentas con la Justicia. En uno sólo de estos juzgados se llevan más de seis mil causas. Su magistrada nos acompaña en un recorrido desde los despachos, donde se amontonan decenas de miles de expedientes en papel, hasta el garaje, que también sirve de almacén y archivo.

La noche es cuando se desarrolla la actividad más intensa en un juzgado de guardia. Sus funcionarios tienen habilitada una pequeña habitación con cama. Fallecimientos, detenciones, denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento… un abogado de oficio nos acompaña por los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla. Los presuntos delincuentes llevan horas esperando para declarar ante el juez.

En Algeciras el grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional se reúne con la fiscal. Se han autorizado las escuchas telefónicas a unos presuntos traficantes de cocaína y a quienes van a recibir el cargamento oculto entre plátanos. Acompañamos a los agentes en el dispositivo que permite encontrar los seiscientos kilos de droga y la detención de los presuntos receptores.

Enlace a la web COMANDO ACTUALIDAD RTVE

Enlace al video con la entrevista a VAZQUEZ ABOGADOS EN COMANDO ACTUALIDAD RTVE

AIFOS CONCURSO VAZQUEZ ABOGADOS TFNO 609610197
www.vazquezabogados.es representa a mas de 40 familias afectadas por el concurso de Aifos y en procedimientos penales para intentar recuperar el dinero abonado a Aifos.

AIFOS INMOBILIARIA CONCURSO ACREEDORES

Cuando Antonio y Erika firmaron en 2003 el contrato de compraventa del dúplex de la promoción Cortijo de Torreblanca (Fuengirola) en el que pretendían formar una familia jamás habrían imaginado que lo que empezó como un sueño acabaría convirtiéndose en su peor pesadilla. Esta pareja respondió religiosamente con los pagos a cuenta hasta desembolsar los 52.000 euros estipulados, pero la promotora Aifos jamás cumplió con su parte. Ocho años después, estos jóvenes han conseguido crear una familia, pero ni han recibido la vivienda ni le han devuelto su dinero. «Nos costó mucho esfuerzo pagar y ahora estamos sin casa y sin dinero, y encima pagando 240.000 euros por otro piso que tuvimos que comprar cuando el primero costaba la mitad», afirma Erika, quien pese a las dificultades y el paso del tiempo, se niega a perder la esperanza de recuperar lo que es suyo. Ésta es una de las historias que se esconden detrás del tormentoso declive de la promotora Aifos, que arrancó con la imputación de su propietario, Jesús Ruiz Casado, en el ‘caso Malaya’, se agravó con la crisis del ladrillo y desembocó en julio de 2009 en un concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de la compañía de hacer frente a los casi 900 millones que adeudaba a bancos, proveedores y clientes.
Dos años después, el horizonte se presenta igual de incierto para las 6.234 personas físicas y jurídicas que figuran en la lista provisional de acreedores de la que es, con diferencia, la mayor suspensión de pagos de una empresa andaluza. Esas son las credenciales de un proceso concursal que ha contribuido sobramanera al colapso del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, que tiene el dudoso honor de ser el más saturado del país (solo en los primeros cinco meses de 2011 ha registrado medio millar de asuntos cuando el máximo recomendado para todo el año es de 350) y que además también lleva otros ‘macroprocesos’ como los de Evemarina, Aurigacrown y Borca 2000. «Nos han llegado muchos asuntos que destacan por su complejidad y su conflictividad, pero sin duda el de Aifos es el que más trabajo está generando al juzgado por el elevado número de acreedores», reconoce el magistrado Antonio Fuentes. Aun así, el titular del juzgado de lo Mercantil confía en tener resueltas a lo largo de 2012 las cerca de 700 incidencias presentadas contra el informe provisional de la administración concursal, incluidas las de la propia compañía.
La consecuencia de este volumen de trabajo es que hasta dentro de dos años no se conocerá el informe definitivo de los administradores, documento que recogerá con exactitud el alcance del concurso, aunque no se esperan grandes diferencias con respecto al provisional emitido en febrero de 2010 y que en sus 2.211 páginas contabiliza 6.234 acreedores y deudas por valor de 884.148,82 euros, excluidas las cantidades entregadas a cuenta por los miles de compradores de viviendas que se han personado en el proceso para tratar de recuperar su dinero.
Acuerdo o liquidación
Una vez esté listo el análisis final, el procedimiento avanzará a mayor ritmo, puesto que la Ley Concursal establece un plazo de 40 días para la presentación de un convenio entre empresa y acreedores en el que se establezca un calendario de pagos o una solución similar que satisfaga a los afectados y garantice la viabilidad de la compañía. Si no hay acuerdo, Aifos quedará condenada a la liquidación, de forma que el dinero que se obtenga por la venta de sus bienes se destinará a saldar la deuda con los acreedores, que irán cobrando en orden de prioridad hasta que se agoten los fondos. Los que más posibilidades tendrían serían los créditos privilegiados, entre los que se encuentran los de entidades financieras, Hacienda, Seguridad Social, comunidades de propietarios y la plantilla sumando un total de 643 ,7 millones. Si quedara dinero disponible, pasarían a abonarse los 189,4 millones adeudados a acreedores ordinarios (empresas proveedoras, entre otros), quedando en el último escalafón los catalogados como subordinados, con un montante de 50,9 millones y que incluye a las personas y empresas relacionadas con la sociedad, los intereses y las comunicaciones tardías de crédito.

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Nuestro despacho defiende en la actualidad un colectivo importante de afectados por el concurso de acreedores de Aifos. Ante la dilación de dicho caso en el juzgado, y dificiles perspectivas de cobro en el concurso, consideramos que otra alternativa para esclarecer dichos hechos, solicitar justicia, y tener la posibilidad de reintegro de los pagos efectuados es mediante la interposicion de querella o denuncia penal por presunta apropiacion indebida, etc. En el caso de que esten interesados, como el caso que se comenta en esta noticia, rogamos contacten a la mayor brevedad con VAZQUEZ ABOGADOS.

El fiscal pide cuatro años de cárcel para el dueño de Aifos por apropiación indebida.

El Ministerio Público acusa a Ruiz Casado y a su esposa de no devolver 1,1 millones a un grupo de compradores de una promoción en Casares .
Entregaron una suma de dinero, que osciló entre los 50.000 y 70.000 euros, para adquirir una vivienda en una promoción inmobiliaria que, según creían, se estaba levantando en la localidad de Casares. Las obras de construcción del complejo residencial, a cargo del grupo Aifos, deberían haberse iniciado en noviembre de 2004, pero, seis años y medio después, cerca de una veintena de compradores -la mayoría de ellos, parejas de extranjeros- siguen reclamando la devolución de la cuantía que confiaron a la promotora por unas viviendas que nunca llegaron a percibir. La suma supera los 1,1 millones de euros.
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un presunto delito continuado de apropiación indebida que el Ministerio Público atribuye al propietario de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y a su esposa, Teresa Maldonado, para los que pide una pena de cuatro años de prisión. La acusación particular considera que existe también un supuesto delito continuado de estafa, por lo que solicita un total de ocho años de cárcel para cada uno de los imputados.
Según recoge el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, Aifos desarrolló una promoción inmobiliaria denominada ‘Hacienda Casares’ y dividida en varias fases en la localidad malagueña que da nombre al complejo. Los afectados, entre los que se encuentra también una mercantil, adquirieron entre noviembre de 2003 y junio de 2004 cerca de una veintena de inmuebles, para lo que entregaron diversas cuantías económicas. El resto del importe hasta completar el precio de las viviendas estaba supeditado a la concesión de un crédito hipotecario a Aifos al que se subrogarían los adquirientes.
En los contratos, según destaca el Ministerio Público, se fijaba de manera expresa que las cantidades entregadas serían devueltas con el interés correspondiente en el caso de que los compradores lo solicitaran por incumplirse el plazo de inicio o de finalización de las obras. «La construcción nunca se alzó», señala en su escrito el fiscal, que indica que Aifos no ha podido acreditar que empleara el dinero recibido de los compradores en las necesidades del proceso de edificación. Según el Ministerio Público, si la promotora hubiera abierto una cuenta donde ingresar las sumas recibidas, «sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto». «Mas no lo hizo, ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces», añade el escrito.
Para la acusación particular, los afectados firmaron los contratos de compra e hicieron frente a las obligaciones económicas «bajo un claro y evidente engaño, ya que se les hizo pensar que se estaba construyendo» la promoción. «No había ni licencia de obras», destaca en su escrito la representación legal de los denunciantes, que estima que los hechos, por tanto, son también constitutivos de un presunto delito continuado de estafa. La acusación particular eleva la petición de pena hasta los ocho años de prisión y solicita una multa económica mayor para los dos imputados. Coincide con la Fiscalía al demandar la restitución de las sumas de dinero entregadas por los compradores.

Vazquez Abogados como especialistas en reclamaciones de daños y perjuicios, por accidentes de trafico, caidas, negligencias medicas, accidentes laborales, Gran Invalidez, estando siempre en el lado de la parte mas debil: LA VICTIMA, para ayudarles en su defensa, se ha asociado como miembro fundador y perteneciente a la Junta Directiva, a ADEVI, Asociación de Abogados Victimas de Responsabilidad Civil, en su empeño por seguir mejorando nuestro servicio y atención a nuestros clientes y victimas en estos casos.

Vázquez Abogados Malaga esta tramitando en la actualidad reclamaciones contra Aifos, recomendando a los afectados iniciar la vía penal por presunta apropiación indebida.Mas info: 952215859
JOSÉ ANTONIO SAU La Fiscalía de Málaga pide tres años de prisión para Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado, matrimonio que administra de forma mancomunada la constructora Aifos, por un supuesto delito de apropiación indebida cometido al quedarse con los 72.131,50 euros entregados por el comprador de una vivienda que jamás se ha construido.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía de Málaga, Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias vendió a Carlos P. V. un inmueble «en fase de proyecto constructivo» que debía ubicarse en el edificio Las Arenas, en la urbanización Hacienda Marina de Benalmádena. La fecha de la adquisición es el 1 de marzo de 2005. Desde ese día y hasta noviembre de 2006, el comprador entregó, «en diferentes momentos y en cumplimiento riguroso por su parte de los plazos establecidos en contrato, la cantidad de 72.131 euros».

Pese a que en ninguna parte del documento se fijó una fecha exacta para la entrega de la vivienda adquirida, los comerciales de Aifos, siempre según la Fiscalía, le dijeron al cliente que «la entrega de llaves estaba prevista para noviembre de 2006, coincidiendo con el último de los pagos parciales que, por medio de la aceptación de letras de cambio, efectuaría el afectado antes de que se entregaran las llaves y se firmara el préstamo hipotecario para el pago de la suma restante».

En agosto de 2007, es decir, casi dos años y medio después de la compra, «el alzado del bloque donde iría ubicada la vivienda no se había iniciado».

El cliente se enteró de que la empresa no contaba, aun en esa fecha, «con la licencia de obras». Debido a ello, «la eventual entrega se dilataría de manera extraordinaria», añade el acusador público.

El comprador entendió resuelto el contrato y reclamó las cantidades hasta entonces entregadas, con los intereses correspondientes. Lo mismo pidió en septiembre.

«Lejos de avenirse los acusados a aceptar la razonable postura del comprador, le ofertan inmuebles en otras promociones, no siendo éstos del interés de quien ha adquirido en un lugar y por un precio concretos», añade.

De la misma forma, «dilataron una solución a la problemática generada, aduciendo que contaban ya con la correspondiente licencia, circunstancia que no se acomoda a la realidad, pues frente a la solicitud, se contestó a Aifos que no se tramitaría la licencia hasta que no se abonaran las tasas correspondientes, que no se hicieron efectivas sino por compensación de un crédito frente al Consistorio benalmadense hasta diciembre de 2008», explica el acusador.

Con posterioridad, indica, «consta certificado por el Ayuntamiento que a finales de 2010 todavía no se habían iniciado las obras, por lo que resulta evidente que el dinero recibido por Aifos del comprador no se ha destinado al fin para el que se entregó».
Eso sí, reconoce el fiscal, no ha quedado acreditado que la promotora no quisiera construir, puesto que contrató a otra mercantil para que urbanizara el sector, con la que, por cierto, mantuvo discrepancias sobre el precio final.

«Ello supuso la dilatación del proyecto, pero no es menos cierto que el comprador es ajeno a tales vicisitudes y que su dinero se esfumó», subraya, al tiempo que apunta: «Aifos no tenía la posibilidad de argumentar que lo ha invertido en un edificio que nunca se acometió».
Los hechos han sido calificados como un supuesto delito de apropiación indebida por el que se solicitan tres años de prisión y una multa de 7.500 euros, amén de una responsabilidad civil de más de 86.000 euros de la que debe responder la sociedad.

La Fiscalía potenciará la sección civil creando una nueva especialización dentro de este área, dedicada especialmente a la atención de las quejas y los problemas jurídicos de los consumidores y usuarios, según ha informado el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales.

Morales ha explicado, en una entrevista con Europa Press, que se centrará en la protección de los derechos de lo consumidores y usuarios de forma que se iniciarán los trámites incoando diligencias de investigación en la Fiscalía, que, según los casos, “se remitirán a los correspondientes juzgados para continuar la investigación”.

Ha explicado que esta especialización se estructurará a nivel nacional, aunque en el ámbito provincial están previstos encuentros con los responsables de la Junta de Andalucía con competencia, fundamentalmente Sanidad, aunque, según ha señalado, “también con Turismo por la competencia en cuanto a la organización de viajes”.

Ha manifestado que esta especialización se enmarca dentro del área de civil, en concreto en la relacionada con la protección de víctimas, que cuenta con un fiscal encargado, al tiempo que ha indicado que se establecerán reuniones periódicas con responsables de asociaciones relacionadas con esta materia.

La Fiscalía General del Estado dictó a finales del pasado año una circular en la que se concluía que el ministerio fiscal está legitimado por diferentes legislaciones y normativas en materia de consumo para “tomar la iniciativa en el ejercicio de la acción colectiva de cesación”.

Asimismo, en dicho escrito se precisa que el ministerio público podrá personarse y ser parte en defensa del interés social en determinados procedimientos colectivos. Además, se determina que en las fiscalías cuyo volumen de trabajo los justifique, se designará un fiscal.

Éste realizará tareas de coordinación de las diligencias informativas y los procedimientos judiciales de esta naturaleza en el ámbito civil, “a fin de facilitar su registro y el seguimiento de las intervenciones del ministerio público y de las resoluciones que los órganos judiciales adopten en los procedimientos”.

CAMBIOS EN LA FISCALÍA

En opinión del fiscal jefe, “los grandes cambios” para la Fiscalía “ya se han producido” con la creación de especialidades. Así, ha afirmado que a las que ya existían, como siniestralidad laboral, medio ambiente o drogas, se han unido otras como la de delitos tecnológicos, seguridad vial y protección de víctimas.

Ha precisado que “como se van ampliando los campos de especialización, en una sociedad tan global como ahora, en la que no sólo los cambios sociales sino sus consecuencias económicas, jurídicas, sociales, van en constante evolución, se necesita una adaptación constante”.

Como ejemplo, el responsable de la Fiscalía malagueña ha puesto las nuevas tecnologías, “porque una parte importante de la economía, del comercio y también ya de los trámites jurídicos se realizan de esta forma”, por lo que ha considerado que “es una materia en la que tenemos que estar atentos”.
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La Policía detiene al ‘mini-Madoff’ español, que estafó a 110.000 afectados de 110 países
La CNMV advirtió en 2008 sobre Finanzas Forex, la sociedad a través de la cual defraudó 215 millones mediante un sistema piramidal que negociaba con divisas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia al máximo responsable de una estafa piramidal que defraudó más de 300 millones de dólares (215 millones de euros), que consiguió de 110.000 personas de 110 países. El detenido,conocido como mini-Madoff español, captaba fondos prometiendo altas rentabilidades -de entre el 10% y el 20%- que invertía en el mercado forex, un mercado electrónico que especula con las divisas internacionales, pero no devolvía la mayor parte de los fondos captados sino que los empleaba en la compra de inmuebles a su nombre.
Elpresunto defraudador se llama Germán Cardona Soler, un empresario valenciano que utilizó la firma Finanzas Forex para captar clientes quea su vez convertía en captadores de clientes ofreciéndoles un porcentaje de la cantidades que consiguieran de los nuevos inversores, y así sucesivamente, hasta el séptimo escalón.
Lo sorprendente es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió en 2008 (ver documento adjunto) que la sociedad Finanzas Forex, de la compañía panameña Evolution Market Group, a través de la que operaba el empresario valenciano no tenía licencia de inversión. En ese aviso, la CNMV detallaba pormenorizadamente el modus operandi de los estafadores, que ofrecían cantidades crecientes a los clientes en función del número de inversores que consiguieran atraer mediante el llamado esquema Ponzi, propio de un fraude piramidal.
Pese a esa advertencia, Finanzas Forex consiguió atraer a numerosos clientes que se convirtieron en activos promotores de su negocio en Madrid, Barcelona y Bilbao. Pero los investigadores estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran, además de España y Colombia, donde el fraude es más cuantioso, México, Eslovenia, EE UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.
Con los fondos crecientes que iba consiguiendo pagaba a los primeros promotores con rentabilidades del 10%, para cantidades de entre 100 y 4.000 dólares; del 14% hasta 20.000 dólares; del 16% hasta 50.000 dólares, y del 20% para cantidades superiores. Además, parapropiciar la labor de los promotores, con el fin de que atrajeran a nuevos e incautos inversores, les otorgaba periódicamente premios como coches de alta cilindrada y”60.000 euros para la ayuda de la compra de una vivienda”, según consta en la documentación de la CNMV.
La CNMV informaba también que el promotor más operativo en el negocio de Cardona era Santiago Fuentes Jover, que desde el año 2002 en adelante, en distintos negocios por Internet (telefonía, apuestas, juego, etcétera) que “han provocado importantes pérdidas a los clientes captados”.
La mayor parte de los fondos captados no retornaban a los inversores y con ellos realizaban importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de Forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas, según la nota de la Policía.
La investigación ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre las que está el principal responsable en España, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos.
Además, se han bloqueado saldos en doce entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se ha realizado la prohibición de disponer sobre más de veinte inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados en 14 millones de euros aproximadamente. Se ha constatado que habían reservado la compra de 140 inmuebles en España valorados en más de 30millones de eurosmediante el anticipo de cerca de 2 millones de euros.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Físcalía de la Audiencia Nacional.
Aunque la Policía habla del detenido como el mini Madoff español, en honor al financiero estadounidense Bernard Madoff, actualmente en prisión, el perfil de ambos estafadores en bastante distinto. En el caso del estadounidense, sus clientes no eran particulares sino grandes entidades financieras como el Banco Santander e inversores internacionales y la cuantía del fraude, el mayor de la historia, alcanzó los 50.000 millones de dólares.
El mercado forex con el que operaba el estafador español es un mercado mundial, sin ubicación física, que opera como una red electrónica global y en el que se negocia con la variación de las divisas. El volumen de negociación es enorme, y el riesgo es muy elevado, por lo que han surgido una serie de empresas intermediarias que son las que canalizan las inversiones de los particulares.
Ayuda legal afectados estafa contactar email:
damian@vazquezabogados.es

VAZQUEZ ABOGADOS desea a todos sus clientes y amigos una FELIZ NAVIDAD y un prospero año 2011, donde les seguiremos ayudando a resolver sus problemas legales.