Hemeroteca de la sección “abogado inmobiliario”
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Vazquez Abogados Las viviendas “han de estar habitables, y no solo terminadas” para que los promotores inmobiliarios cumplan con los contratos de compraventa, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que ha dado la razón a la compradora de una casa a la empresa “Promovimur, S.L.”.
La sala desestima así el recurso presentado por esta empresa contra una resolución de un juzgado de Primera Instancia de Murcia, que en mayo de 2010 declaró resuelto “por incumplimiento de la demandada” el contrato de compraventa firmado en Alcantarilla en abril de 2006 y condenó a ésta a devolver a la adquirente 25.830 euros, más los intereses legales devengados desde el uno de enero de 2009.
El tribunal indica que según el contrato de compraventa, la promotora se comprometía a terminar las obras el 31 de diciembre de 2008, “añadiendo su enunciado que si no se produjese la entrega en la fecha prevista, la compradora podrá resolver el contrato, previo aviso por escrito con quince días”.
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El dueño de Aifos se desdice y afirma ahora que sí hubo pagos a Roca
Ruiz Casado responsabiliza a otro directivo de su empresa y dice que él no autorizó ningún abono sin recibos o documentación
Segunda jornada de declaración en el juicio por el ‘caso Malaya’ de Jesús Ruiz Casado, el dueño de la promotora Aifos, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por delitos de cohecho continuado y fraude.
La Fiscalía Anticorrupción vincula a Aifos con el pago de más de 4,8 millones de euros a Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama de corrupción, para obtener favores urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella. El dueño de Aifos negó ayer una y otra vez la existencia de estos pagos y rechazó que su empresa hubiera contratado a Roca como asesor urbanístico, como el mismo Roca declaró ante el juez hace algunos meses.
Pero Ruiz Casado ha cambiado hoy su declaración, solo 24 horas después, y sí ha dicho hoy que pudo haber pagos en metálico al que fuera asesor urbanístico de Marbella. El letrado José Manuel Delgado, en representación de la Junta de Andalucía, preguntó al dueño de Aifos sobre por qué en su propio escrito de defensa hay referencias a pagos a Roca, cuando él lo negó durante toda la jornada de ayer.
Esa contradicción es la que provocó que el acusado se desdijera. Ruiz Casado explicó que en el informe que ha presentado su defensa se ha detectado “un desfase de 135.000 euros” en las cuentas de su empresa, es decir que esta cantidad de dinero está sin justificar. “Por eso no sé si las instrucciones que yo dí se han cumplido perfectamente”, dijo el presidente de Aifos, que admitió que pudo haber un “descontrol”. “¿Reconoce usted que se han entregado cantidades en efectivo a Roca, con el motivo que sea?”, preguntó el abogado de la Junta de Andalucía. “Reconozco, según las conversaciones que he tenido con García Lebrón (otro directivo de Aifos), que entregó alguna cantidad al señor Roca, provenientes de ese descuadre”. Según el dueño de Aifos, este pago se hizo sin recibo ni documentación, pese a que llevan “solicitando los recibos durante bastante tiempo”.
Patrocinios al Ayuntamiento
El dueño de Aifos ha seguido mostrando hoy a su empresa como una víctima de la “presión” que ejercía el Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca, sobre los constructores que tenían intereses en la ciudad. Y pese a admitir que hubo pagos por parte de Javier García Lebrón, responsable en Andalucía de Aifos, el dueño de la constructora sigue asegurando que él solo autorizó pagos al Ayuntamiento de Marbella para patrocinios de “actos sociales, actos benéficos, carnavales, ferias…” para evitar “enfrentamientos” con el Ayuntamiento que habían tenido en otras ocasiones. “Siempre con toda la documentación y facturas de todos los patrocinios”, dice el presidente de Aifos.
“Entonces no sabía que el señor García Lebrón le pagaba cantidades en metálico a Roca. Y él me decía que pensaba que le darían facturas”, concluyó el presidente de Aifos, responsabilizando al director de su empresa en Andalucía de todos los contactos con Roca. García Lebrón, conocido como ‘Kiko’ García y también imputado, declarará en las próximas sesiones del juicio por ‘Malaya’
VAZQUEZ ABOGADOS DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ADQUIRENTES DE VIVIENDAS DE AIFOS
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La Junta aprobará en enero el decreto para regularizar las viviendas ilegales Griñán anuncia para el día 10 el visto bueno del Gobierno al texto que abre la puerta a la legalización de miles de casas en Málaga El próximo martes 10 de enero. Esta es la fecha en la que la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar el decreto que permitirá regularizar las viviendas ilegales construidas en las últimas décadas en el suelo no urbanizable de la comunidad, unos inmuebles que en el caso de la provincia se estiman en unos 50.000 y que en el cómputo de la región podrían superar las 300.000. El anuncio lo hizo ayer el presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, con motivo de su visita a Torrox para participar en la XXX Fiesta de las Migas. A escasos tres meses de las elecciones andaluzas -previstas para el 25 de marzo, aunque ayer Griñán no quiso confirmar esta ni ninguna otra fecha y reiteró que serán «cuando toque»-, en las que el PSOE se juega conservar el único gobierno autonómico que mantiene tras el ‘tsunami’ del PP, el anuncio pone fin a más de siete años de indefinición jurídica, tras la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que vio la luz en 2003 para frenar este tipo de construcciones. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, esta norma ha hecho que decenas de alcaldes acaben imputados por dar licencias irregulares, y algunos de ellos, como los ex regidores de Canillas de Aceituno, La Viñuela, Cómpeta o Canillas de Albaida, entre otros, condenados. El decreto es en la práctica una amnistía, un término que niega la consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, que calificó en marzo pasado, cuando anunció la elaboración del documento, como «un paso para reconocer una realidad que está ahí y a la que hay que de dar respuestas, pero con condiciones».
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VAZQUEZ ABOGADOS DEFIENDE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES TELEFONO 952215859
Las entidades financieras suman 403 sentencias en su contra frente a 72 a favor por las demandas presentadas por particulares y pymes para la anulación de los productos de intercambio de tipos de interés en las hipotecas, los llamados ‘swaps’.
Se calcula que en España existen entre 200.000 y 400.000 particulares y minoristas con este tipo de productos financieros de intercambio de tipos de interés, ‘swaps’, permutas financieras o ‘clips’, entre otras denominaciones comerciales, vendidos antes del estallido de la crisis en septiembre de 2008.
Estos productos fueron vendidos como seguros que protegían al cliente contra las eventuales subidas de los tipos de interés de sus hipotecas, pero les han impedido beneficiarse de la bajada de los tipos, porque los clientes han tenido que abonar al banco la diferencia entre el porcentaje fijado y la caída.
Por el momento, solo tres del total de las 475 sentencias han llegado al Tribunal Supremo, ya que los recursos de casación están limitados a cantidades superiores a los 150.000 euros, según los datos de la asociación.
En estas tres ocasiones, el Supremo aceptó contabilizar el nocional del contrato (el total de la hipoteca que se asegura) y no las liquidaciones y penalizaciones (lo que el banco ha cobrado efectivamente al cliente) por la diferencia entre el límite mínimo de interés establecido y los actuales niveles de los tipos.
BANKINTER, POPULAR Y BANESTO ENCABEZAN LA LISTA.
Bankinter es la entidad española con más sentencias en contra tanto en los Juzgados de Primera Instancia (118 en contra y 19 a favor) como en segunda instancia, dictadas por las Audiencias Provinciales (36 en contra y cuatro a favor) por la comercialización del producto ‘Clip Bankinter’, que incluía un tipo fijo a pagar del 4% referenciado al Euríbor.
Por su parte, el Banco Popular se sitúa en segundo lugar con un total de 82 sentencias en contra, sumadas las de primera y segunda instancia, frente a tres a favor. Banesto suma 47 resoluciones judiciales en contra frente a siete a favor.
En cuarto lugar se encuentra el Banco Sabadell con 28 sentencias en contra y una a favor. Por su parte, el BBVA cuenta con 22 fallos judiciales en contra y tres a favor. Según los datos de Ausapedefin, esta entidad cuenta con cerca de 18.000 clientes con liquidaciones negativas por los ‘swaps’.
Por último, Novacaixagalicia reúne 15 sentencias en contra frente a tres a favor cuando la entidad vendió cerca de 11.000 ‘swaps’ a particulares y pymes. Los tribunales están dictando las sentencias basándose en si el cliente fue suficientemente informado y si comprendía el producto que estaba contratando.
El Euríbor, principal indicador al que están referenciadas las hipotecas en España, registró su nivel máximo en julio de 2008 (5,39%). En septiembre de ese año, momento de la quiebra de Lehman Brothers, el Euríbor aún registró una media mensual del 5,38%, y a partir de entonces inició su descenso, hasta llegar al 1,21% en marzo de 2010.
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VAZQUEZ ABOGADOS RECLAMAMOS DEUDAS A LA ADMINISTRACIÓN. Tfno 952215859. La crisis del ladrillo y la falta de liquidez de las administraciones públicas han dado pie a un binomio fatal para las pequeñas y medianas constructoras de la provincia. Ante el parón del sector inmobiliario, la única vía de subsistencia estaba en la obra pública, pero este clavo ardiendo al que se agarraron para mantenerse a flote también puede ser el que les acabe condenando a la extinción. El desplome generalizado de las inversiones en infraestructuras es algo que veían venir, pero lo que realmente está conduciendo a medio millar de empresas malagueñas al borde de la quiebra son los impagos por los trabajos realizados a cuenta de los organismos públicos. El grifo empezó a cerrarse en 2008. Desde entonces, la deuda de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con las constructoras no ha parado de crecer hasta alcanzar en la actualidad la cifra récord de 327 millones de euros.
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El día 20 y 21 octubre 2011 se va a celebrar el CONGRESO ABOGACIA MALAGUEÑA en Torremolinos. Como responsable de la sección de Consumidores del Colegio de Abogados de Malaga nos hemos encargado de preparar unas interesantes ponencias. Animamos a todos los abogados a participar en tan importante evento que cada año se consolida como uno de los mas importantes y referente a nivel nacional gracias al buen hacer de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Malaga. Saludos FCO. DAMIAN VAZQUEZ JIMENEZ. ABOGADO
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COLEGIO ABOGADOS DE MALAGA VAZQUEZ ABOGADOS TELEFONO 952215859
La tasa de litigiosidad de la provincia de Málaga supera la media nacional en casi un 45%. Este es uno de los datos más relevantes que se ofrecieron ayer en la presentación del último Informe de la Abogacía.
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GESEDUMA PLATAFORMA AFECTADOS COOPERATIVAS VIVIENDAS
Vazquez Abogados ha iniciado demandas judiciales contra varias Cooperativas de Viviendas gestionadas por Geseduma, ya que no han procedido a la devolución de las cantidades abonadas en su momento por los compradores de viviendas de dichas cooperativas.
Plataforma Afectados Cooperativas Viviendas contactar Tfno 609610197

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Un promotor de pisos deberá devolver el depósito a cuenta del comprador al que se le negó la hipoteca Incluye la sentencia El Juzgado de Primera Instancia de Logroño ha condenado a la promotora inmobiliaria ‘Levalta, S.A.’ a devolver el depósito a cuenta de un comprador (39.550,01 euros) al que no le concedieron la hipoteca para adquirir la vivienda.
Según la sentencia, el comprador firmó el 6 de octubre de 2006 un contrato de compraventa de una vivienda, trastero y garaje, con la promotora. Por el mismo, el comprador se comprometió a pagar 36.962 euros más IVA, antes de la firma de la escritura, algo que cumplió.
Posteriormente, acordaron el abono de más de 253.374 euros a la firma de escritura, indicando la promotora que se podría subrogar al préstamo hipotecario que tenía suscrito la promotora con Caja Madrid. Al no acudir a la cita con el notario, prevista el 27 de mayo de 2009, la constructora presentó demanda contra el comprador.
Según recoge la sentencia, cuando éste fue a Caja Madrid le fue denegada la hipoteca. Además, señala que “no consta que por la vendedora se hicieran gestiones oportunas para conceder la opción de subrogación, lo que conlleva un palmario incumplimiento de una obligación esencial del contrato, toda vez que en la adquisición de viviendas el elemento financiero ordinariamente es necesario e imprescindible en la generalidad de los supuestos, y la parte compradora sí que acudió a Caja Madrid a solicitar financiación que no le fue concedida, pese a concedérsele tal opción o derecho en el contrato y pretender hacer uso del mismo”.
Por ello, ha absuelto a la parte compradora de la vivienda y resuelve el contrato de compraventa suscrito entre las partes el 6 de octubre de 2006, condenando a la promotora al pago de 39.550,01 euros, la parte entregada en depósito por el comprador. Vazquez Abogados Especialistas en Derecho Inmobiliario y Resolución Contratos Vivienda. Mas info: 952215859
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Vazquez Abogados Tfno 609610197 Cuatro detenidos por una trama de estafas hipotecarias con 400 afectados La Policía ha arrestado en varias ciudades españolas a 16 personas y que ha permitido desarticular una organización que operaba en todo el territorio nacional
La Policía ha detenido en varias ciudades españolas a 16 personas relacionadas con una trama de estafas en contrataciones de hipotecas, créditos e inversiones que ha perjudicado a unas 400 personas y que hubiera reportado a sus integrantes un beneficio de 250.000 euros en un año. Se trata de la operación “M. Drack”, iniciada por el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas el pasado mes de febrero y que ha permitido desarticular una organización que operaba en todo el territorio nacional, según ha informado hoy en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias. La banda realizaba estafas a través de contrataciones de hipotecas, rehipotecas, operaciones de reunificación de deudas y pólizas de crédito e inversiones de alta rentabilidad denominadas “SKR” que nunca se materializaban y por las que cobraba diferentes cantidades de dinero en concepto de tasaciones y gastos de gestión.
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