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Juzgan a siete personas por el accidente mortal de un trabajador en una estación de bombeo
El suceso ocurrió en abril de 2004 cuando se realizaban las obras de desmontaje de compuertas viejas en una estación de la capital
El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga tiene previsto celebrar este jueves día 15 de marzo el juicio en relación con el accidente mortal que sufrió un trabajador en 2004 realizando tareas en la estación de bombeo de aguas residuales de la capital malagueña, encargadas a la sociedad Codesa por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), por lo que están acusadas siete personas.
El juicio se iba a celebrar en julio del pasado año, aunque tuvo que ser aplazado por enfermedad del inspector de trabajo que realizó el informe y levantó el acta del siniestro, que tuvo lugar en abril de 2004 cuando se realizaban las obras de desmontaje de compuertas viejas y el montaje de las nuevas en los canales de entrada a la estación.
Emasa, según el escrito inicial de la Fiscalía, concertó los trabajos con otra empresa y tenía elaborado desde marzo de 2000 un documento con las indicaciones para estas tareas en los lugares concretos, ya que era un espacio que no estaba concebido para la ocupación continuada por trabajadores y existía la posibilidad de acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables.
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Encarcelado en Francia el fabricante de las prótesis mamarias PIP
Jean-Claude Mas ingresa en prisión por su implicación en el escándalo de las prótesis defectuosas tras no haber abonado la fianza que se le había impuesto
El fabricante de los implantes mamarios defectuosos PIP, Jean-Claude Mas, fue encarcelado anoche en Marsella (sureste de Francia) por no haber pagado la fianza que le había impuesto la juez que le imputó por su presunta responsabilidad en este escándalo sanitario de alcance internacional.
Mas, según fuentes de la investigación citadas hoy por los medios franceses, ingresó en la prisión de Baumettes al haberse cumplido el plazo para el pago de la fianza de 100.000 euros que le había impuesto la magistrada Annaick Le Goff.
Alerta sanitaria
Le Goff le acusó de homicidios involuntarios y lesiones el pasado día 26 tras tomarle declaración bajo el estatuto de arrestado. El empresario fue objeto ya de otra investigación judicial por estafa, cuya fase de instrucción se cerró el pasado octubre.
Poly Implant Prothèses (PIP) fue fundada por Mas en 1991 en la Costa Azul y en 2010 se decretó su liquidación judicial. A finales de los años 90 se convirtió en el tercer productor mundial de ese tipo de prótesis, con ventas principalmente a países latinoamericanos y europeos.
En marzo de 2010 las autoridades sanitarias galas decidieron retirar del mercado el gel que utilizaba, tras haber sido alertadas por la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud (AFSSAPS) sobre los “efectos adversos del producto” y su riesgo más elevado de rotura. Varios cientos de miles de mujeres en todo el mundo fueron operadas para implantarles las prótesis fabricadas por PIP
VAZQUEZ ABOGADOS NEGLIGENCIAS MEDICAS
damian@vazquezabogados.es
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VAZQUEZ ABOGADOS TELEFONO 609610197 NEGLIGENCIA MEDICA 450.000 € de indemnización a los padres de una niña por la parálisis cerebral y el 83% de minusvalía producidos por la asistencia recibida en el parto
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RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Administración autonómica. Asistencia sanitaria. Derecho de los recurrentes a obtener la indemnización reclamada por deficiente asistencia sanitaria en un Hospital público con motivo del parto de su hija, que motivó parálisis cerebral con un 83% de minusvalía en la actualidad. Se fija una indemnización de 400.000 € para la menor y de 50.000 € para los padres conjuntamente. PRUEBA. Valoración ilógica en la instancia, donde se debió tener en cuenta y analizar la influencia que podía tener en materia de prueba la imposibilidad de obtener documentos o elementos de prueba al alcance de la Administración demandada y que no fueron aportados a los efectos de que la parte recurrente pudiera construir una hipótesis fáctica y formular pretensión al respecto. Quebranto de la «lex artis», pues al no darle a los recurrentes el derecho a tener una Historia Clínica completa y rigurosa con el seguimiento y lo acontecido en el parto, se les ha impedido acreditar si efectivamente se produjo o no sufrimiento fetal del feto. La actuación de la Administración, causante de la falta de aportación de documentos relevantes de los Informes periciales para la determinación de los hechos, ha privado a los recurrentes de la capacidad de probar y defender una hipótesis respecto de la que la Administración estaba en mejor posición.
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El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia del TSJ Madrid, y declara el derecho de los recurrentes a una indemnización global de 450.000 € por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria como consecuencia de la deficiente asistencia recibida en un Hospital público durante el nacimiento de su hija.
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 2 Ene. 2012, rec. 3156/2010
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Vazquez Abogados Quemaduras Láser Estéticas. Representamos en toda España a afectadas quemaduras foto depilación láser tfno 609610197
Reproducimos Sentencia Estimatoria Indemnizacion
Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4ª, Sentencia de 1 Mar. 2011, rec. 131/2010
Ponente: Corral Losada, María Elena.
Nº de Sentencia: 86/2011
Nº de Recurso: 131/2010
Jurisdicción: CIVIL
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RESPONSABILIDAD CIVIL. Tratamiento de fotodepilación. Quemaduras de segundo grado en las piernas. Responsabilidad de la titular del centro estético que dispensó el tratamiento. Inversión de la carga de la prueba de la culpabilidad. Aplicación de la doctrina jurisprudencial recaída en supuestos de tratamientos estéticos con o sin intervención médica. La actora acredita el hecho causante del daño, el daño y la relación causal entre ambos, y no prueba la demandada que no utilizase una potencia superior a la que admitía la piel de la demandante. Responsabilidad solidaria de la empresa fabricante y distribuidora del aparato utilizado en la sesión de depilación. Suscripción por la misma de un contrato con la actora antes de la presentación de la demanda por el que asumía solidariamente la totalidad de cualesquiera daños ocasionados por el tratamiento realizado por la referida titular. INDEMNIZACIÓN. Cuantía. Secuelas estéticas, días de incapacidad y gastos farmacéuticos.
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La AP Las Palmas revoca la sentencia desestimatoria de instancia y acoge sustancialmente la demanda formulada en reclamación de una indemnización por los daños sufridos por la actora como consecuencia de un tratamiento de fotodepilación.
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 Vazquez Abogados ha conseguido recientemente una sentencia favorable por el Juzgado de lo Social para una Trabajadora que fue despedida sin abonarle indemnizacion alguna ni atrasos. Ademas se encontraba embarazada, por lo que se interpuso demanda por despido nulo contra la empresa, acordando el Juez declarar el despido nulo y la readmisión de la trabajadora con el abono de los salarios de tramitación.
Buena noticia en estos tiempos de crisis.
Mas información VAZQUEZ ABOGADOS 952215859
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AMIANTO RECLAMACION VAZQUEZ ABOGADOS El Juzgado de lo Social número 15 de Madrid ha condenado a la empresa Uralita a pagar 1.727.000 euros a 23 trabajadores de sus fábricas de Getafe y Ciempozuelos,ambos municipios de Madrid, “por no adoptar las medidas de protección necesarias” contra la exposición y la inhalación de amianto.
Eran un total de 40 los trabajadores que se habían presentado como acusación en este juicio, celebrado el 23 de enero pasado, pero el fallo desestima 17 de los casos por prescripción del derecho a reclamar o por haberse juzgado previamente por los mismos actores.
“Los trabajadores han sufrido un grave empeoramiento de su salud y en la mayoría de los casos se ha producido la aparición de nuevas enfermedades”, han alegado.
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 VAZQUEZ ABOGADOS NEGLIGENCIAS MEDICAS TELEFONO 952215859 Defensor del Paciente. Situacion incomprensible en hospitales de Málaga, Pacientes mentales del Clínico tienen que dormir en camas en los pasillos
Un aumento de ingresos llena las habitaciones y satura la unidad de enfermos agudos de psiquiatría del hospital
La saturación de la unidad de pacientes agudos de psiquiatría del Hospital Clínico obliga a situar camas en los pasillos y en otros espacios de las dependencias para que duerman algunos enfermos. Es la solución de urgencia que se arbitra cuando las habitaciones de la unidad están llenas. El pasado fin de semana hubo más ingresos de los esperados. Eso acentuó la falta de camas. Aunque habitualmente por estas fechas se produce un incremento las hospitalizaciones en la unidad, este año el problema es mayor.
El presidente provincial de CSIF-Sanidad, Antonio J. Osorio, dijo que la masificación de la unidad de agudos del Clínico no es un hecho puntual, sino que se ha convertido en algo habitual. Así, recordó que el pasado verano llegó a haber quince pacientes durmiendo en los pasillos. «Las treinta camas que hay son insuficientes; es algo demostrado. Nos parece impropio que algunos enfermos carezcan de una habitación en la que dormir. Ignoro si sus familias saben lo que está ocurriendo», manifestó Osorio.
El dirigente de CSIF-Sanidad aseguró que la masificación provoca que los pacientes tengan que hacer turnos para el desayuno, la comida, la merienda y la cena, con un aumento del nerviosismo que sufren. «Los pacientes están hacinados, circunstancia que incrementa su estrés y produce un efecto iatrogénico (alteración provocada por esa saturación en la unidad), en vez de imperar la calma y la tranquilidad», explicó Osorio.
En ese sentido, añadió que «es absolutamente inadmisible que los enfermos mentales duerman en los pasillos, sin respeto a su intimidad y con un trato vejatorio e impropio de una sociedad que se dice civilizada».
Hospital Costa del Sol
La situación sería mejor si la Consejería de Salud hubiese abierto ya la unidad de pacientes agudos de psiquiatría del Hospital Costa del Sol de Marbella, que dispondrá de treinta camas. Ese dispositivo está previsto desde hace años, pero continúa sin funcionar, lo que repercute negativamente en el Clínico, que debe asumir la hospitalización de personas que le corresponderían al Costa del Sol si la citada unidad ya se hubiese puesto en marcha.
Por su parte, la Delegación Provincial de Salud emitió un comunicado en el que dijo que las afirmaciones de CSIF sobre la permanencia de pacientes en los pasillos o en condiciones inadecuadas de atención «son rotundamente falsas». Otras fuentes consultadas por este periódico ratificaron la versión dada por el sindicato y reconocieron que a veces no queda otra alternativa que poner camas supletorias en pasillos y áreas de la unidad cuando las habitaciones están llenas.
Salud recalcó que ese es un hecho puntual y no habitual. Para paliar el problema, se está trasladando enfermos a la unidad de salud mental del Hospital Marítimo de Torremolinos, que dispone de veinte camas. Ayer en concreto se llevó hasta ese hospital a cinco pacientes procedentes del Clínico. Otras medidas puestas en marcha son el refuerzo del personal de enfermería de la unidad de agudos de psiquiatría y extremar la coordinación con los equipos de salud mental de los centros de atención primaria en relación a los ingresos en la unidad de psiquiatría. Salud destacó que a los pacientes psíquicos se les da una atención integral.
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VAZQUEZ ABOGADOS PENAL ASISTENCIA AL DETENIDO TFNO 609610197 «Voy a recurrir porque lo que he pasado en la cárcel es como para volverse loco»
El empresario malagueño que estuvo 17 días preso por un delito que no cometió afirma que reclamará una indemnización
«Ha sido para volverse loco». Benjamín de la Mata, el empresario malagueño que pasó 17 días en una prisión de Algeciras por un delito que no cometió está decidido a reclamar una indemnización. La Guardia Civil encontró ocho kilos de hachís ocultos en la estructura interna de su coche cuando volvía de Ceuta en un viaje de trabajo. El vehículo fue adquirido de segunda mano en un rent a car hace más de 10 años y él desconocía la existencia de la droga. Finalmente, los análisis demostraron que había pasado tanto tiempo que la droga no tenía ya el principio activo del cannabis, por lo que fue puesto en libertad y la causa sobreseída y archivada.
«El primer día que dormí en casa me desperté fatal, con ansiedad -relata- y me di cuenta de lo mal que lo había pasado mi familia, especialmente mi padre y mi mujer, que está en tratamiento con ansiolíticos». A su hija Paula, de diez años, no le dijeron nada hasta ayer. Tenía la misma versión oficial que el resto de su entorno: estaba en el hospital por una crisis diabética. Su situación era tan rocambolesca que no quiso hacerla pública hasta encontrarse en libertad.
Solo el abogado le ha costado 5.000 euros. Es autónomo y si no trabaja, no cobra. «Las dos empresas que tengo, una de catering y otra de tratamiento de aguas, dependen de mí y mi mujer no trabaja. Si la estancia en prisión se hubiera prolongado dos o tres meses hubiese perdido mi casa, que está hipotecada. Solo los dos primeros días tenía previsto impartir un curso por el que iba a cobrar 1.200 euros. Eso, sin contar los viajes de mi familia, el sufrimiento psicológico derivado de estar encerrado y el miedo que he pasado, explica.
En casos como este puede reclamarse una indemnización por vía administrativa ante el Ministerio de Justicia, que pide un informe al CGPJ y fija una indemnización, normalmente una cantidad a la baja. Si no se estima suficiente puede presentarse un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional, que dicta un auto. También cabe la posibilidad de interponer una querella contra la jueza si se considera que ha incurrido en algún delito. Se trata de un procedimiento bastante excepcional que se vería en el TSJA.
Daños demostrables
Según expertos juristas consultados por este periódico, la cantidad de la indemnización depende más de la incidencia que tengan los días pasados en prisión en la economía y en la integridad moral y física de quien reclama que de la gravedad del hecho. En cualquier caso, es imprescindible que los daños sean demostrables y la cantidad varía. Una sentencia del Supremo de 2010 fijó una cantidad de 50.000 euros por 180 días de prisión y otra de 2007 estableció 59.000 euros por 94 días de cárcel.
Benjamín quiere volver a la normalidad. Se ha pasado el día explicando su caso, que adelantó ayer este periódico, en televisiones y otros medios que se han interesado por su historia. En el escrito que colgó en Facebook para explicar lo que le había ocurrido cuenta que de esta pesadilla se lleva un amigo, el preso que le ayudó, y una enseñanza: «Me he dado cuenta de que una cosa es la ley y otra la Justicia, y que como la familia, nada».
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 VAZQUEZ ABOGADOS NEGLIGENCIA MEDICA
El SAS indemniza a un menor que perdió un testículo por un diagnóstico tardío
Diario Sur Malaga El Servicio Andaluz de Salud ha abonado 56.000 euros al joven al considerar que se debió identificar más rápido la patología que sufría.
El Servicio Andaluz de Salud ha indemnizado con 56.378 euros a un joven malagueño al considerar que perdió un testículo por un retraso en el diagnóstico de la patología que presentaba. El SAS reconoce que se debió identificar lo más rápido posible la torsión testicular que sufría el paciente y que la demora motivó la intervención quirúrgica y la aparición de secuelas.
Los hechos, que han derivado ahora en esta resolución, se remontan a 2009. El joven, que entonces tenía 16 años, acudió la madrugada del 12 de septiembre al Hospital Clínico por un dolor en el testículo izquierdo que le despertó mientras dormía.
Tras consultar diversa bibliografía, un médico de guardia indicó a los padres del joven que se trataba de una infección de orina y pidió un análisis, según la reclamación de la familia, a la que asiste el abogado Francisco Damián Vázquez, que es letrado de la Asociación del Defensor del Paciente. El facultativo le prescribió un tratamiento con un antibiótico y un analgésico, así como un posterior «seguimiento» por parte de su médico de cabecera.
El dolor solo remitió unas horas. A los tres días, y al ver que no cesaba, acudieron a su centro de salud, donde otro facultativo señaló que, en su opinión, no se trataba de una infección. Al parecer, le recetó un antibiótico más fuerte y le citó una vez que concluyera el tratamiento.
El día 6 de octubre, tres semanas después de la primera visita a urgencias, los padres volvieron al hospital para que su hijo fuese examinado en el servicio de Urología. Una ecografía confirmó las sospechas del especialista. Su diagnóstico, según la reclamación, fue que el testículo estaba infartado. Ya no había tratamiento posible.
La familia acudió a un urólogo particular, quien pidió una nueva prueba que ratificó la existencia de una torsión. Esta patología obedece a anomalías en la suspensión del testículo; partiendo de éstas, puede desencadenarse por varios factores, como ejercicio físico, frío, un golpe o, simplemente, al cruzar las piernas. Requiere una atención inmediata. Pasadas 24 horas desde su aparición, el porcentaje de recuperación es nulo.
Operación
Así, volvieron al servicio de Urología del hospital, donde -según la familia- les indicaron que lo más conveniente era extirparlo y colocar una prótesis. La intervención quirúrgica se llevó a cabo el 4 de febrero de 2010. Pero el caso no acabó ahí. En la primera operación le ocasionaron una quemadura con el bisturí eléctrico. Sufrió una herida y una postilla que más tarde se abrió y dejó a la vista el implante testicular. Tiempo después, tuvo que ser intervenido nuevamente para extraerle la prótesis al producirse rechazo de la misma.
A la vista de esta reclamación, el Servicio de Aseguramiento del SAS observó que había una relación de causalidad entre las asistencias sanitarias cuestionadas y el resultado final, «concluyendo que existió un retraso diagnóstico de la patología que presentaba el paciente que condicionó la evolución de la misma».
El Consejo Consultivo de Andalucía, al que corresponde el dictamen final, estimó parcialmente la reclamación presentada por el joven, que solicitaba 76.917 euros. El SAS apreció un daño causado por el funcionamiento del servicio público al no haber realizado las pruebas necesarias para detectar la patología y calculó la indemnización en 56.378 euros. La familia, a través de su abogado, ha mostrado su conformidad con esta suma, que ya ha sido abonada, dado que se reconoce que hubo retraso en el diagnóstico. Fuente Diario SurVazquez Abogados Defensor del Paciente Malaga 952215859
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 ALCOHOL Y SEGUROS ACCIDENTE TRAFICO La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por una entidad aseguradora que reclamaba a uno de sus asegurados 194.321,34 euros, derivados de la responsabilidad civil dimanante del proceso penal en el que se condenó al hijo del asegurado tras provocar el accidente en el que resultaron fallecidas tres personas. Tras la condena penal, la aseguradora reclamó la cantidad al asegurado, que había suscrito un seguro voluntario y complementario, que cubría el riesgo de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La pretensión de repetición de la aseguradora fue estimada en apelación por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, condenando al asegurado al pago de la cantidad. Recurrida en casación, el Alto Tribunal desestima ahora, el recurso interpuesto por la compañía aseguradora, reiterando la doctrina por la que se considera que, amparándose en el principio de libertad de pactos, las partes suscribieron un contrato complementario en el que se cubría el riesgo de la responsabilidad civil por conducción etílica y que, en ese caso, se «hace inoperante la acción de repetición». Por otro lado, declara la Sala, que «no puede equipararse embriaguez en la conducción y mala fe», ya que, sigue afirmando el tribunal, «no toda situación de riesgo es equiparable al dolo». Por todo ello, se revoca la sentencia de la Audiencia balear, desestimando íntegramente la pretensión de la aseguradora.
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