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Vazquez Abogados Málaga, ejercitara la acusación particular en nombre de los familiares del preso fallecido en Málaga, toda vez que estaba bajo la guardia y custodia de Instituciones Penitenciarias cuando ocurrio dicho fallecimiento, dandose la circunstancia que es el segundo preso fallecido en el centro penitenciario de Málaga por causas no naturales.

Funcionarios de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga) hallaron muerto la pasada madrugada en su celda, en el módulo de ingresos, a un interno de origen marroquí.

El cadáver fue encontrado sobre las 04.00 horas. Se trataba, según señalaron a Europa Press desde la cárcel, de un interno que llegó el pasado sábado, procedente de Melilla, a la prisión malagueña, donde iba a permanecer de manera provisional, ya que en los próximos días estaba previsto su traslado a Puerto III (Cádiz).

Tras el levantamiento del cadáver y el análisis de la celda, se procedió a su traslado para efectuarle la autopsia, según detallaron las fuentes consultadas, que apuntaron que, aunque se desconocen las causas del fallecimiento, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Al respecto, desde el sindicato de prisiones Acaip señalaron en un comunicado que “algunas fuentes apuntan al abuso en el consumo de drogas” como causa de la muerte.

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Diario Sur

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La fiscalía de seguridad vial quiere continuar con su política de mano dura tanto con los conductores irresponsables como con las administraciones que no colaboren en la reducción del número de accidentes. El fiscal de sala especializado en la materia, Bartolomé Vargas, ha anunciado la intención del Ministerio Público de empezar a perseguir, por la vía penal, acusando de delito de homicidio, a aquellos automovilistas que por no haber colocado la sillita infantil adecuada o el cinturón de seguridad hayan causado la muerte o la lesión de niños. La medida se aplicará como “último recurso” y en los casos que se trate de personas unidas al menor por vínculos parentales o desempeñe funciones de tutor, el caso se remitirá a la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, según han comunicado a EFE. “Los menores se encuentran en una situación de absoluta indefensión y sufren elevadísimos riesgos”, ha señalado Vargas en Santiago de Compostela al término de las jornadas anuales de fiscales de seguridad vial. En este grupo indefenso, el fiscal ha añadido a personas discapacitadas, ancianos, ciclistas y motoristas. Automóvil en buenas condiciones Para evitarlo, siguen apostando porque las administraciones realicen campañas de formación y concienciación. Pero, “en último término”, ha explicado Vargas, “si se tiene constancia de que la muerte o lesión de un menor se podría haber evitado con el sistema de retención adecuado” solicitarán que se ejerza la acción penal contra un conductor por el delito de homicidio o lesiones imprudentes. Según los datos de la fiscalía, 40 de los 76 niños fallecidos en accidente de tráfico en el 2008 no llevaban el cinturón o la sillita adecuada. Además, los fiscales han analizado la nueva ley de seguridad vial, que entrará en vigor en su mayor parte en mayo, y especialmente el artículo que obliga a todos los conductores a mantener su vehículo en adecuadas condiciones. En virtud de este precepto, y en casos graves, si se demuestra que la deficiencia de un automóvil (que tenga por ejemplo las ruedas excesivamente desdibujadas) ha causado la muerte o lesión de un tercero, también solicitarán la aplicación del delito de homicidio o lesión imprudente contra el conductor. En los casos en que el automóvil sea un vehículo de empresa el responsable del mantenimiento será la propia empresa, que podrá ser acusada de explotación laboral si el trabajador se ve “obligado” a viajar en un vehículo de la compañía en un estado inadecuado. Coto a los ayuntamientos Por otra parte, la fiscalía actuará contra aquellos ayuntamientos que no comuniquen a la Dirección General de Tráfico la pérdida de puntos en sus municipios. “En casos selectivos y de mayor gravedad en que haya un rechazo a las fórmulas legales de facilitación de medios, siempre que existan en la realidad, y exista una voluntad consciente y deliberada de no remitir las detracciones de puntos, los fiscales examinarán la posibilidad de ejercer acciones penales por el delito de prevaricación omisiva”, ha explicado Vargas. Casi cuatro años después de la implantación del nuevo permiso, aún quedan ayuntamientos de un volumen de población importante, como Getafe, cuyo alcalde preside precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias, que no comunican las sanciones a la Dirección General Tráfico (DGT). Todas las capitales de provincia facilitan ya los datos, según fuentes de la DGT. Por último, la fiscalía exigirá a los consistorios la correcta aplicación del catálogo oficial de señalización de badenes, resaltos y bandas transversales. Como en el caso de los puntos, el ministerio público intentará que los ayuntamientos colaboren en primer lugar por vías pacíficas. Pero, si persisten en su intención de no colaborar con la DGT o no retirar el badén o la banda transversal ilegal, recurrirán a la jurisdicción contencioso-administrativa y, en último término, a la vía penal.

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En los folletos repartidos por una Asociacion de Consumidores  se recuerda que el precio del billete debe ser el mismo que se ofertaba al comienzo del proceso de compra, o en la publicidad de la compañía. En el caso se que la aerolínea lo incremente con importes adicionales como tasas por embarque o por llevar una maleta, se puede reclamar la diferencia.

Además, la compañía tampoco debe preseleccionar importes o servicios adicionales, debe ser el usuario quien elija añadir esos extras al billete. Si estaban preseleccionados al hacer la compra porInternet y el cliente no se dio cuenta, también puede reclamar esos importes. 

Los retrasos son otra fuente de conflicto en la que los usuarios pueden hacer valer sus derechos. Si el cliente llega a su destino al menos con tres horas de retraso le corresponde una indemnización de al menos 125 euros, que puede crecer hasta los 600 dependiendo de la cantidad de horas de retraso y la distancia del viaje.

Si la compañía vende más plazas de las que dispone, y un viajero se queda en tierra en lo que se conoce como overbooking o el vuelo se cancela, excluyendo las causas de fuerza mayor, la aerolínea debe ofrecerle un vuelo alternativo u otro medio de transporte y tiene que ocuparse de suministrar comida, bebida y hasta alojamiento y transporte al usuario cuando es necesario.

Si además el retraso nos hace perder días de vacaciones o jornadas de trabajo, se pueden pedir indemnizaciones adicionales.

En caso de la pérdida del equipaje por parte de la compañía se debe reclamar en el propio aeropuerto, antes de abandonarlo y conservar una copia de la queja. Además, la aerolínea deberá abonar al usuario los gastos que la pérdida genere en productos de primera necesidad, para lo cual se deben presentar las facturas. Si finalmente no aparece la maleta, deben indemnizarnos por su contenido, hasta un máximo de 1.100 euros.

Mas informacion:

damian@vazquezabogados.es